Organizaciones piden al Banco Mundial suspender proyecto de captura de carbono

Durante una actividad de la PRE-COP 25 sobre cambio climático, en Costa Rica, el Grupo Cocibolca, la Articulación de Movimientos Sociales (AMS), la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y la Alianza de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua (APIAN), entregaron tres cartas al Banco Mundial (BM), donde le exigen que el fondo de carbono no sea utilizado para financiar la deforestación y los crímenes del régimen Ortega-Murrillo.

Según la carta presentada por la UNAB, a inicios del pasado mes de julio el Fondo del Carbono del Banco Mundial (FCPF) por sus siglas en inglés, aprobó en forma preliminar una propuesta de proyecto presentada por el Gobierno de Nicaragua para la conservación de bosques y reducción de emisiones de carbón. A quienes integran la UNAB les pareció inaudito que una agencia del Banco Mundial haya dado paso a dicha propuesta en momentos en que el gobierno de Ortega había demolido la institucionalidad democrática y cometido graves violaciones a los derechos humanos, dado que tanto la institucionalidad democrática y el respeto a los Derechos Humanos son requisitos fundamentales para la implementación de los proyectos auspiciados por el BM.

APIAN sostuvo que el 20 de agosto de 2019, vieron una entrevista en el Canal 12 de Nicaragua, en la cual Norwin Torres, de la Fundación Amigos del Río San Juan (FUNDAR) que el Banco Mundial aprobará 55 millones de dólares para el programa captura de carbono”.  Además, APIAN señaló que el proyecto en mención ha sido incluido en el plan quinquenal de los gobiernos regionales de la Costa Caribe Norte y Sur. De esta forma, los gobiernos regionales y locales han creado un conflicto serio en las comunidades al usurpar la representación de las autoridades tradicionales, comunales y territoriales, así como al principio del consentimiento previo, libre e informado. “Tememos que dicha propuesta sea finalmente aprobada en los últimos meses de este año 2019 (...) solicitamos que la aprobación de dicho proyecto sea temporalmente suspendida, mientras se resuelve la presente crisis política y humanitaria en nuestro país”, señaló la UNAB.

UNAB: “Les solicitamos (…) que la aprobación del proyecto para la conservación de bosques y reducción de emisiones de carbono presentada por el Gobierno de Nicaragua sea temporalmente suspendida, mientras se encuentra una salida con justicia y democracia a la crisis política y humanitaria que sufre nuestro país”.

Las organizaciones reiteraron a la representación del Fondo del Carbono que el Gobierno de Daniel Ortega está inhabilitado para cumplir los estándares ambientales y sociales que requiere la implementación de dicho proyecto, mientras no se restauren las condiciones de gobernabilidad y la institucionalidad democrática.

Además, manifestaron que el régimen de Ortega tampoco cumple con las reglas establecidas por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, menos con el marco jurídico medioambiental de Nicaragua. “El proyecto propuesto no pasó por la etapa de consulta previa, libre e informada con las comunidades indígenas y afrodescendientes, según lo prevé el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”.

“Nos oponemos a dicho financiamiento y pedimos que se suspenda debido a que no cuenta con nuestro consentimiento efectivo y real”, señaló APIAN.  

La UNAB expresó su preocupación de que, si se aprueban los fondos previstos en el proyecto, puedan ser desviados a financiar la represión e incentivar más la corrupción, en lugar de atender a los supuestos beneficiarios, comunidades indígenas, pequeños y medianos propietarios de bosque. 

Añadió que la comunidad internacional sabe que el pueblo nicaragüense está sometido a una dictadura, lo cual “se hizo más evidente a partir de la sangrienta represión de la protesta estudiantil iniciada en abril 2018, la que a su vez generó la indignación popular expresada en la sublevación cívica que aún no cesa, a pesar de las masacres de la Policía, sus paramilitares y las fuerzas de choque del partido en el Gobierno que hasta hoy han dejado más de 350 asesinatos, persiste en retener a más de 120 presos políticos, y más de 60 mil exiliados políticos y cientos de desaparecidos en nuestro país, lo que consta en informes presentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus mecanismos de seguimiento, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos (OHCHR), así como por organizaciones independientes especialistas como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.