Orteguismo continúa violentando derechos humanos

Representantes de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), la Unidad Médica Nicaragüense (UMN) e integrantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, informaron durante una conferencia de prensa, denunciaron la violación a sus derechos que viven 13 líderes de la Articulación de Movimientos Sociales, quienes fueron detenidos de manera arbitraria la noche del 14 de noviembre, cuando se dirigían a la iglesia San Miguel en Masaya, para  llevar suministros y agua a las más de siete madres que permanecen en huelga de hambre por la liberación de sus hijos.  

En la lista de personas detenidas se encuentran: Amaya Coppens, Neyma Hernández, Hansel Quintero, Roberto Büshting, Olga Valle, Jesús Tefel Amador, Ivania Álvarez, Atahualpa Quintero, Olama Hurtado, Wendy Juárez y José Medina, quienes fueron trasladados al “Chipote Nuevo”.

Familiares de las y los secuestrados hicieron presencia en las instalaciones de El Chipote, pero no recibieron ningún tipo de información de su situación, negándoles el ingreso de alimentos u otro tipo de insumo.

Asimismo, madres de presas y presos políticos, mencionaron la difícil situación que enfrenta, entre ellos maltrato, aislamiento en celdas de castigo, negación de atención médica y el suministro de medicamentos.  

                          

 

El doctor Luis Borge, presidente de la Unidad Médica Nicaragüense brindó detalles acerca del estado de salud en la que se encuentran madres y ciudadanos en huelga de hambre, quienes presentan altos niveles presión arterial y anomalías en sus niveles de glucosa, debido a que la mayoría son hipertensos y tienen entre 35 y 50 años de edad. Borges destacó que otro factor que les afecta la salud emocional y mental, es el asecho que reciben de la policía orteguista y paramilitares, quienes mantienen rodeada los alrededores de la iglesia San Miguel y que ilegalmente cortaron los servicios de agua y luz.

Azahalea Solís representante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), comentó que el régimen Ortega-Murillo continúa criminalizando los actos de apoyo que realizan ciudadanos que no pertenecen a sus adeptos, por lo tanto, reitera el compromiso de los distintos movimientos sociales hacia el país, para continuar exigiendo la justicia y la devolución de los derechos que han sido violentados.

Madres y familiares junto a las organizaciones que fomentan la vía pacífica para salir de la crisis, invitaron a la población a respaldar y apoyar la lucha civil que sostienen desde abril de 2018.

Niegan a la CPDH ingresar a Masaya

Por otra parte, abogadas y abogados de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), denunciaron la negación de información legal sobre las personas detenidas. Los equipos de abogados se trasladaron a El Chipote, con el fin de dar acompañamiento a familiares. Pese a solicitar reportes de la situación en la que se encontraban las y los detenidos, no hubo respuestas.

Viajaron hasta Masaya, para dar respaldo a la madres y civiles que realizan huelga de hambre, pero la Policía también les negó el ingreso a la ciudad, sin ningún argumento legal, orillando a los defensores de derechos humanos a retornar con resguardo policial.

 Pablo Cuevas, abogado de la CPDH, reiteró el compromiso que tiene esta organización en seguir brindando apoyo a la población en casos de violaciones de derechos humanos. Califico el accionar policial como otro acto más de represión de la dictadura Ortega-Murillo.  

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