Ejército de Nicaragua rechaza responsabilidades en crímenes ocurridos en el campo en 12 años

“El día que salgamos del campo Nicaragua se sumará al caos como el que existe en el Triángulo Norte de Centroamérica o como áreas de México”, alega el Ejército de Nicaragua.

La justificación del cuerpo castrense fue recogida en un documento que de forma selectiva fue distribuida en respuesta al informe sobre Situación de Derechos Humanos de la Población Campesina, presentado durante el 173 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 25 de septiembre de 2019 por tres organizaciones peticionarias. A esa fecha en ese informe se menciona unos 30 campesinos asesinados.

Actualmente el Movimiento Campesino ya registra más de 90 crímenes ocurridos en diferentes partes del país, sin que hayan investigaciones sobre esos hechos, asegura su coordinador y expreso político Medardo Mairena.

En el documento conocido recientemente y remitido de forma selectiva semanas después de la audiencia de la CIDH, el Ejército no solo rechaza el informe presentado ante la CIDH, por el Movimiento Campesino, Acción Penal y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, sino que lo descalifica y atribuye al Movimiento Renovador Sandinista y al Movimiento Rescate al Sandinismo Histórico.

“Acción Penal de forma categórica expresa que ese informe fue elaborado de forma objetiva, sin sesgos de ninguna naturaleza y establece que no es cierto que hayan participado miembros de expresiones políticas del MRS y MPRS; cabe señalar que Acción Penal es apolítica y no tiene vinculación con ninguna organización política formal o informal”, sostuvo su coordinador Boanerges Fornos.

En agosto de 2012, Fornos fue condecorado por esa institución castrense Medalla en Honor al Mérito Naval en primera clase, cuando fungía como Fiscal Regional del en el Caribe Sur, explica que el objetivo del informe fue “evidenciar la situación que han vivido y continúan viviendo los campesinos en las profundidades de las montañas de la Nicaragua rural y jamás ha sido con el objetivo de desprestigiar a ninguna Institución”.

El informe tiene sustento en testimonios de campesinos a quienes se les ha violado sus derechos humanos y la demanda es una investigación profesional, imparcial, objetiva y sin obstáculos, dice Fornos, tras referir que requieren de una investigación que determine las responsabilidades de los involucrados “ya sea por acción u omisión en la violación de derechos humanos a la población campesina”.

En un pronunciamiento el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, señaló por su parte, que “la entidad militar miente deliberadamente, con el propósito de desacreditar y distraer el tema de fondo que son las graves violaciones a los derechos humanos, por cuanto dichos defensores no pertenecen a los citados movimientos”. Aunque el Ejército alega en su documento que los peticionarios “pretenden retrotraer situaciones de vieja data no vinculantes con la situación actual”, no ofrece una explicación real de esos casos que aún esperan una investigación de la justicia y que han quedado en la impunidad.

En su momento el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), contabilizó 25 asesinatos de líderes campesinos opositores o alzados en armas entre 2008 y 2017 y esas organizaciones retoman los casos en su informe.

Según explican las organizaciones, doce de los mismos fueron perpetrados en territorio hondureño, otros catorce crímenes fueron reportados por las instituciones como “enfrentamientos” u operaciones contra supuestos grupos de delincuentes.

Alegato sin contenido profundo

Además, el Ejército en su documento solo hizo referencia a uno de los casos recientes mencionados en el informe por las organizaciones, como es el caso de Juan Gabriel Cordero y únicamente para alegar que “no se especifica lugar, fecha y nombres de los afectados, ni detalles de los mismos”.

En su testimonio ante el Colectivo de Derechos Humanos Cordero refirió “que resultó herido por arma de fuego en sus rodillas cuando escapaba del Ejército, quienes habían llegado a buscarlo a su casa, días después de la operación limpieza”.

También exponen la versión de la esposa de Cordero, de la que no aparece su nombre, la que señala que los militares capturaron en el campo a su hijo de 14 años, “lo amarraron y lo obligaron a guiarlos a su casa, donde se encontraba ella con sus otros 7 hijos, entre las edades de 1 a 14 años de edad”.

Todos ellos fueron amenazados con armas de fuego para obligarlos a salir de la vivienda, con excepción de una niña de siete años que se encontraba muy mal de salud y falleció tres días después de este incidente. Tras cuatro meses escondido en la montaña, Cordero fue sacado en hamaca a la frontera con Costa Rica, donde lo operaron y le salvaron la vida.

Casos anteriores

Los casos del período 2008-2017, según el Colectivo, “forman parte de un antecedente grave e inmediato al estallido social de abril de 2018”, y “evidencian una tendencia en el comportamiento de las fuerzas armadas y Policía en las violaciones a los derechos humanos y que no han sido investigados, evidenciando el sometimiento de las instituciones al poder ejecutivo”.

De forma coincidente la mayoría aparece implicado en delitos tales como abigeato o narcotráfico “con el objetivo de no tener que reconocer que fueron asesinatos selectivos que ponen en evidencia una letalidad desmedida de la represión gubernamental que es propia de tiempos de guerra”, destaca el informe.

Operación de inteligencia militar

Entre los casos que aparecen en el informe de las tres organizaciones está la muerte José Gabriel Garmendia, alias Yajob, exsegundo jefe de las tropas especiales de la contra revolución, quien en 2010 se declaró públicamente alzado en armas contra el gobierno de Daniel Ortega como protesta por la reelección presidencial inconstitucional y el fraude electoral que se vislumbraba en 2011.

En febrero de 2011 fue asesinado por un francotirador cuando se encontraba en una finca de la zona de Santa Teresa del Kilambé en el municipio de El Cua. El Ejército lo que hizo fue retomar una nota de LA PRENSA en la que aparece unas declaraciones de autoridades de la Policía que aseguraban haber esclarecido el crimen al haber arrestado al supuesto autor con quien Yajob tenía rencillas personales.

Ese Colectivo señala que ese hecho fue “una operación de inteligencia del Ejército”, de la que la institución militar busca desvincularse para lo cual cita reportes periodísticos “que recogían una investigación de la Policía y la posterior acusación al ciudadano Apolinar Hernández. El documento del Ejército alude esto, como una forma de deslegitimar al Colectivo y de aparentar una investigación, proceso y justicia en el asesinato de Garmendia, sin embargo, el crimen siguió en la impunidad”.

Ataque en El Carrizo

Otro caso que aparece fue El 8 de noviembre de 2011, en la comunidad indígena de El Carrizo, ubicada en San José de Cusmapa, departamento de Madriz, fueron asesinados Mercedes Pérez Torres (70 años), Josué Ariel Torres (22 años) y Elmer Torres Cruz (35 años), estos dos últimos fiscales de la Alianza PLI; y resultaron lesionados José Francisco Torres Cruz (18 años) y José Moisés Pérez Cruz (30 años).

El ataque fue perpetrado por militantes del FSLN liderados por el Secretario Político del FSLN de San José de Cusmapa el Delegado Municipal del Consejo Supremo Electoral (CSE), con el respaldo del Jefe Municipal y varios miembros de la Policía Nacional. La sentencia fue de tres años “lo que constituyó una burla para las víctimas”. Pero el documento del Ejército no hace referencia al mismo.

Asesinato de refugiado

Destaca el informe ante la CIDH que la persecución y el asedio de la Policía y el Ejército en el campo, provocó que muchos campesinos que estuvieron alzados en armas se refugiaran en Honduras.

Uno de ellos fue Alberto José Midence López conocido como “el Flaco Midence”, quien pertenecía al Comando Patriótico Nicaragüense una organización que defendía el derecho al levantamiento armado como única manera para detener la consolidación del gobierno de Daniel Ortega en una dictadura. El 22 de diciembre de 2013, fue asesinado a balazos en El Paraíso, Honduras. Igualmente, en este caso como el Ejército anexó la copia de un medio de comunicación hondureño que publica sobre el hecho.

Explosión de mochila bomba

A su vez sobre el estallido ocurrido el 20 de enero de 2015 en la comunidad El Portal, Santa María de Pantasma, Jinotega, la institución militar utiliza una publicación de la época de un medio televisivo en la que destacaba la versión oficial de que se trataba de un enfrentamiento entre delincuentes hondureños con nicaragüenses vinculados al tráfico de droga, y en la que alega que no había presencia militar en el sitio.

En un primer momento en ese lugar murieron dos personas desconocidas, producto de la explosión de una bomba que les habían enviado en una mochila como si se tratara de una encomienda. Horas después fue asesinado el dueño de la propiedad, Modesto Duarte Altamirano, cuando se presentó al sitio de la explosión y fue capturado por las tropas del Ejército.

El Colectivo destaca que Duarte apareció muerto, presentando dos orificios de bala y fracturas en su brazo y pie derecho, así como una estocada de arma blanca en el costado derecho.

Asesinato de promotor de paz

Otro caso mencionado en el informe presentado ante la CIDH en septiembre pasado fue el de Andrés Cerrato, un promotor de paz de la comunidad de San Martín de Daca, en la microrregión de Ayapal, que después de haber denunciado el acoso del Ejército, fue ejecutado la madrugada del 18 de abril de 2016.

En su documento el Ejército alega nuevamente que en una publicación del Diario LA PRENSA del 16 de abril de 2016, “durante la entrevista no menciona ningún acoso de parte del Ejército”.

No obstante, la institución militar no hace referencia a otras publicaciones de ese mismo rotativo en el que fue abordado el tema, como la publicación del 21 de abril de ese mismo año en el cual el obispo de Estelí, monseñor Abelardo Marta asegura que en una reunión que el religioso presidió el 12 de marzo de ese año, Cerrato denunció “que miembros del Ejército de Nicaragua no solo le habían amenazado a él, sino que le habían puesto un arma en la boca a su hijo”.

Durante la década de los ochenta Cerrato integró la contrarrevolución, y al momento de su asesinato era militante y dirigente de base del Partido Liberal Independiente (PLI). “Sus familiares informaron que a la 1 de la mañana un grupo de hombres armados llegó a la casa y se lo llevaron. A cinco kilómetros de distancia fue encontrado muerto ese día por la mañana. Su cuerpo presentaba diversos signos de tortura, incluyendo la lengua cortada”, menciona el informe.

También en Ciudad Antigua

El informe incluye el triple crimen ocurrido en el Cerro El Coyol, Ciudad Antigua, Nueva Segovia, el 6 de noviembre de 2016, el día de las elecciones nacionales, donde fallecieron José Nahúm Mendoza Arriola de 47 años de edad Margarito Mendoza Sevilla de 35 año y Santos Pérez López de 19.

“Según declaraciones de los pobladores, las muertes ocurrieron como consecuencia de un enfrentamiento con el Ejército”, indica el informe en poder de la CIDH el que refiere además que “en el caso de José Nahúm, su esposa refirió que tenía seis meses que él había decidido alzarse en armas contra el Gobierno porque el Ejército y la Policía llegaban hasta la finca buscándolo y que por miedo dormía en la montaña”.

En ese entonces el CENIDH conoció que los cuerpos presentaban evidencias de haber sido ejecutados, con señales de torturas, heridas en el cuello con signos de degollamiento y también cuchilladas en los pies y otras partes del cuerpo. Dos de ellos tenían las piernas y los pies quebrados. Además, presentaban varias perforaciones por balazos y charneles de granada, según las fotografías proporcionadas como evidencias, indica el informe.

La explicación que ofrece el Ejército en su documento fue que sobre ese hecho la Policía refirió que “los fallecidos estaban involucrados en actividades de trasiego de marihuana de Nicaragua a Honduras y durante una transacción de droga se dio el hecho”.

No obstante, menciona que en el lugar encontraron 16.4 kilogramos de marihuana que es una porción pequeñísima.

Matanza en comunidad de La Cruz de Río Grande

Mientras el 12 de noviembre de 2017 en la comunidad San Pablo 22, en La Cruz de Río Grande (RACCS), fueron ejecutados en un operativo militar seis personas entre ellos los menores de edad, Yojeisel Elizabeth, de 16 años y Francisco Alexander, de 12, los cuales se encontraban con su padre Francisco Dávila Pérez, alzado en armas contra el régimen.

Dos días después el jefe de la Región, coronel Marvin Paniagua declaró al Diario LA PRENSA, que durante nueve días habían dado persecución a los que calificó “elementos delincuenciales”.

La explicación que ofreció el Ejército en su documento fue que investigaciones en el lugar de distintos medios de comunicación aseguraban que “los fallecidos eran parte de un grupo delincuencial que incidía en la zona”.

Al tiempo que anexa fotografías que fueron publicadas en ese entonces por 100 % Noticias en la que aparece un menor vestido de ropa militar y portando un fusil y asegura es el hijo de Valle.

Es de resaltar que en ese documento el Ejército hace referencia que fueron publicadas en el medio de “oposición” 100 % Noticias, pero el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más hace la aclaración en su pronunciamiento que, es una información “fuera de contexto porque en el período señalado dicho medio se identificaba como afín al gobierno Ortega Murillo”.

Y apunta. “Aquí se refleja la complejidad de los múltiples esfuerzos con que el Estado pretende la anulación del derecho a la libertad de prensa y expresión”.

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