Defensores de derechos humanos condenan ataque de colonos a comunidad mayagna
- 30 Ene 2020
- 4:15 p.m.
- Comunidad de Alal
La vida, la paz y la seguridad de las comunidades Indigenas deben estar garantizadas por las autoridades nicaragüense. • Foto: Cejudhcan Derechos Humanos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional y el Colectivo de Derechos Humanos "Nicaragua nunca +", se pronunciaron este 30 de enero para condenar el asesinato de seis comunitarios y la desaparición de diez personas en la comunidad de Alal, ubicada en la zona núcleo de la Reserva de Biósfera de Bosawás, en el Caribe Norte, tras conocer las denuncias públicas de las autoridades comunales y del Gobierno Territorial de Sauni As.
Marconi Jarquín Rener, de 26 años y Maynor Will Fernández, de 23, heridos de bala durante el ataque de los colonos, llegaron al hospital de Bonanza en busca de atención médica, después de haber transcurrido más de 14 horas del ataque. Jarquín Rener declaró que cuando estaba pescando en el río, llegaron los armados y le dispararon.
Logró sobrevivir al ataque de los colonos. Fotografía / Sistema de Noticias del Caribe
Ataque de colonos mató a seis indígenas en Bosawas
Vía Twitter la CIDH escribió: "El Estado incumple obligaciones internacionales de proteger integridad, vida y territorios indígenas si no previene, investiga y castiga estos hechos". También recordó que a través de los años este tipo de ataques se han repetido en Nicaragua e instaron al Estado "adoptar con urgencia políticas integrales para proteger el derecho de los pueblos indígenas a la vida, la integridad y el territorio", finaliza el mensaje.
"Este ataque es una muestra más de la continua indolencia estatal sufrida por las comunidades de pueblos indígenas nicaraguenses frente a los intentos de ocupación ilegal de sus territorios", expresó Ericka Guevara Rosas, directora para las Américas de Aministía Internacional a través de un mensaje en la cuenta oficial de Amnistía. También, instaron a las autoridades nicaragüenses investigar los hechos y establecer medidas que protejan a la comunidad.
Por su parte el Colectivo de Derechos Humanos "Nicaragua nunca +" promotor de derechos humanos de personas en el exilio declaró a través de un vídeo su indignación y repudio frente a esta masacre.
En el vídeo, el Colectivo declaró que estas comunidades han sido sujetas de protección de medidas cautelares de la CIDH y la Corte IDH. Sin embargo, "el Estado calla impunemente y es responsable, por acción u omisión de los graves crímenes cometidos por los civiles que operan, por la permicibilidad cómplice del Estado de Nicaragua y a través de las fuerzas destinadas para permitir delitos como este".
Aunque Norman Davis, líder territorial expresó vía telefónica que aún están confirmando el número de víctimas y de desaparecidos, la Policía Nacional emitió un comunicado en el que informan del asesinato de dos personas.
Instituto Raza e Igualdad llamó al Estado de Nicaragua a garantizar justicia
A través de un comunicado el organismo denunció que “la invasión de territorios indígenas en la Costa Caribe de Nicaragua continúa generando violencia con consecuencias letales para la vida, integridad física y derechos humanos de los pueblos indígenas”.
En el documento, realizaron un llamado al Estado de Nicaragua para que protejan los derechos de los pueblos indígenas "garantizar el respeto a la propiedad colectiva y las condiciones de seguridad para proteger sus vidas e integridad personal ante la violencia a la que continúan expuestos".
Además, destacaron que la zona en la que ocurrieron los sucesos está protegida desde 2003 por la Ley 445, Ley del Régimen de la Propiedad Comunal de las Comunidades Indígenas y Étnicas de la Costa Caribe de Nicaragua. Sin embargo, "los pueblos indígenas han denunciado que no hay garantías estatales para que usen y gocen efectivamente de sus territorios frente a la ocupación de colonos o terceros".
Es importante mencionar que entre 2011 y 2018 el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN) documentó un total de 34 comunitarios asesinados, 44 lesionados, 25 secuestrados y 4 desaparecidos a causa de invasiones realizadas por colonos.