“Exilio, cárcel o muerte”, la política establecida en Nicaragua después de agosto de 2018, según EE.UU

El informe anual de Estados Unidos sobre derechos humanos en Nicaragua, resalta que durante el recién pasado año no hubo indicios de que el régimen haya investigado crímenes cometidos por la Policía y grupos parapoliciales relacionados con el estallido de abril de 2018.

A partir de agosto de 2018, el régimen instituyó una política de “exilio, cárcel o muerte” para cualquier persona percibida como opositora, modificó las leyes de terrorismo para incluir actividades prodemocracia y utilizó el sistema de justicia para caracterizar a los actores de la sociedad civil como terroristas, asesinos y golpistas, asegura el informe anual 2019 del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre los derechos humanos en Nicaragua. 

El mismo indica que prevalecen los informes de ejecuciones ilegales o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, señalamientos de torturas en las cárceles, abuso físicos, incluido violaciones, por parte de la Policía, funcionarios del régimen y parapolicías.

Durante el recién pasado año no hubo indicios de que el régimen haya investigado crímenes cometidos por la Policía y grupos parapoliciales relacionados con el levantamiento prodemocracia de 2018, revela el infome.

Recuerda el informe, que en abril de 2018  Ortega y  Murillo ordenaron a la Policía y a las fuerzas  parapoliciales sofocar con violencia las protestas pacíficas, que comenzaron por el descontento con una decisión del régimen de reducir los beneficios de la seguridad social. 

A fines de noviembre de 2018, la represión había dejado al menos 325 personas muertas; más de 2,000 heridas; cientos detenidas ilegalmente, torturadas y desaparecidas; y más de 80,000 exiliadas en países vecinos.  Aunque la Policía y la Fiscalía detuvieron, llevaron a juicio y encarcelaron a muchos miembros de la oposición prodemocracia, las organizaciones de derechos humanos documentaron ampliamente que las investigaciones y los cargos no se ajustaban al estado de derecho.

Esta vez las secciones 1, sobre respeto por la integridad de la persona, incluida la libertad y la 5, sobre la actitud gubernamental con respecto a la investigación internacional y no gubernamental de presuntos abusos de los derechos humanos, ocupan un amplio espacio en el informe, con abundante información. Destaca que hubo condiciones carcelarias severas y potencialmente mortales; prisioneros políticos; interferencia arbitraria e ilegal con la privacidad; graves problemas con la independencia del Poder Judicial. Así como restricciones a la libre expresión y a la prensa, incluidas amenazas de violencia, censura y difamación criminal e interferencia sustancial con los derechos de reunión pacífica y la libertad de asociación, incluidos los ataques contra la Iglesia Católica y el clero. 

Nueve ONG despojadas de personería jurídica
A su vez, incluye que el régimen continuó impidiéndole operar a nueve organizaciones no gubernamentales (ONG) al impedirles que pudiesen recuperen su estatus legal y retenerles ilegalmente sus activos.  A su vez resalta, que hubo corrupción generalizada; trata de personas; ataques contra personas LGBTI; discriminación contra minorías étnicas y comunidades indígenas; y trabajo infantil. 

También le señala al régimen que no tomó medidas para identificar, investigar, enjuiciar o castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, incluidos los responsables de al menos 325 asesinatos y cientos de desapariciones durante el estallido de abril de 2018. Y por el contrario, dice el informe, Daniel Ortega fortaleció activamente la impunidad por los derechos humanos a los abusadores que fueron leales a él.

Mientras los parapolicías  y las personas vinculadas al régimen de Ortega llevaron a cabo una campaña de hostigamiento, intimidación y violencia hacia los considerados por el régimen como sus enemigos, como expresos políticos, activistas campesinos o campesinos, grupos de oposición prodemocracia y el clero católico.

Asesinatos en el campo
También refiere que según grupos de derechos humanos entre octubre de 2018 y agosto de 2019, los parapolicias asesinaron entre 20 y 30 campesinos considerados opositores del partido gobernante FSLN, sin que hubiese una investigación o procesos judiciales en contra de los hechores.

El informe destaca que “Nicaragua tiene un sistema político autoritario altamente centralizado” dominado por Daniel Ortega Saavedra y su esposa, Rosario Murillo Zambrana. Y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Ortega ejerce un control total sobre las funciones ejecutivas, legislativas, judiciales y electorales. Mientras la Policía y el Ejército informan directamente a Ortega  de conformidad con los cambios en las leyes orgánicas de ambas instituciones realizados en 2014.

El informe señala que además de la Policía y el Ejércitotambién están los grupos de parapolicías “no uniformados, enmascarados y armados con entrenamiento y organización tácticos, actúan en coordinación con las fuerzas de seguridad del gobierno, bajo el control directo de gobierno, e informan directamente a la Policía”.  

Igualmente menciona el informe que de febrero a junio, el régimen liberó a 494 presos políticos y “algunos de los liberados parecían haber sido delincuentes comunes”, y organizaciones de derechos humanos afirmaron que solo 344 de los liberados eran en realidad presos políticos.  Luego desde abril, el régimen detuvo a 161 nuevos prisioneros políticos, incluido el encarcelamiento de algunas personas que fueron liberadas previamente, luego el 30 de diciembre liberó a 91 presos políticos, dejando 70 encarcelados.

Asesinato de Eddy Montes
En lo referido a la sección Uno, Respeto por la integridad de la persona, señala que hubo numerosos informes de que el régimen o sus agentes cometieron asesinatos arbitrarios o ilegales.

Uno de los casos destacados fue el asesinato del ciudadano nicaragüenses estadounidense Eddy Montes, ocurrido el 16 de mayo, a quien “los guardias dispararon y mataron”, cuando estaba bajo custodia en la prisión de La Modelo. 

Además resalta que Montes fue encarcelado en circunstancias muy irregulares por participar en protestas prodemocracia, pero fue puesto en libertad como parte de un proceso de negociación. 

Un informe policial emitido el día del asesinato y la información posterior del régimen afirman que Montes recibió un disparo debido a una pelea con un guardia durante un intento de motín en la prisión.  Sin embargo, informes forenses y relatos de testigos presenciales contradicen esta versión y culpaban del asesinato de Montes a los guardias de la prisión de La Modelo, refiere el informe de derechos humanos.