Organizaciones denuncian aumento de la represión de la dictadura de Daniel Ortega durante segundo aniversario de las protestas en Nicaragua

Periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos, familiares de víctimas, personas excarceladas y activistas han sido víctimas de la escalada de agresiones y asedio policial en el marco del segundo aniversario de la grave crisis de derechos humanos en Nicaragua, denunció un grupo de organizaciones nacionales e internacionales.

A dos años de las protestas cívicas iniciadas el 18 de abril de 2018, organizaciones sociales nicaragüenses han denunciado un recrudecimiento de la represión por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y grupos paramilitares como parte de su estrategia para inhibir la conmemoración del segundo aniversario de la lucha cívica del pueblo azul y blanco.

Las personas excarceladas, familiares de víctimas, defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, organizaciones sociales y de derechos humanos y activistas en general han denunciado un incremento en las acciones estatales de hostigamiento y amedrentamiento, incluyendo asedio a sus viviendas y comercios, amenazas, acoso, allanamientos irregulares y detenciones ilegales por parte de la policía.  

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), ha recibido denuncias de citaciones policiales donde se obliga a las personas a firmar un documento en el que se comprometen a abstenerse de criticar al Gobierno y de participar en actos conmemorativos del aniversario de las protestas sociales.

De acuerdo con información recopilada por las organizaciones nacionales, entre la noche del 17 de abril y la madrugada del 19 se reportaron 65 incidentes, que incluyen agresiones físicas, amenazas, asedio y ataques a viviendas, así como detenciones ilegales de personas. Dentro de estos, 32 fueron agresiones dirigidas a activistas mujeres y sus familias, incluyendo insultos y amenazas de tipo sexual.

Aestos dados se suma el último reporte del Monitoreo Azul y Blanco, que da cuenta de la situación crítica que incluye heridos, detenidos, asedio y represión en la comunidad de Esquipulas, municipio de Moyogalpa, isla de Ometepe.  De acuerdo con el monotoero, hubo un incremento de detenciones arbitrarias, duplicando el número de detenciones de los días anteriores, entre las personas detenidas este 19 de abril se encuentran líderes opositores de Juigalpa y San Pedro de Lóvago en Chontales, un periodista de la cadena Notimat, un joven de Diriamba y pobladores de la comunidad de Esquipulas en Moyogalpa, una de ellas embarazada. 

Entre las 6 am del 19 de abril y las 6 am del 20 de abril, el Monitoreo Azul y Blanco, recibió  41 denuncias, un reporte de asesinato no confirmado, asedio a al menos 17 viviendas, 4 agresiones físicas directas de oficiales de policía, 2 heridos de arma de fuego por parte de la policía y 17 detenciones ilegales.

En el reporte de Amnistía Internacional, las organizaciones firmantes mencionan que uno de los hechos más preocupantes es la agresión física sufrida por Luis Potosme, padre del periodista independiente exiliado Winston Potosme, el pasado 17 de abril.  

Para las organizaciones, esta escalada de agresiones forma parte de la estrategia reiterativa del régimen para desarticular la protesta ante acontecimientos relevantes para la crítica social en Nicaragua. En la víspera de la movilización convocada por personas críticas al gobierno en febrero pasado, la policía nicaragüense acorraló a figuras opositoras en sus domicilios para impedir la protesta pública.

Las organizaciones añaden que esta estrategia refuerza un escenario de continua represión estatal prevaleciente en Nicaragua desde abril de 2018. A la fecha, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) identifica por lo menos 328 personas asesinadas como consecuencia de la represión estatal, más de 2000 heridas y al menos 100 mil desplazadas forzosamente por violencia política.

Recuerda que, la personería jurídica y bienes confiscados de las organizaciones civiles y de derechos humanos canceladas en diciembre de 2018 siguen sin restablecerse; y continúa la clausura y toma de instalaciones de algunos medios independientes. Al menos 70 personas siguen privadas de libertad por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica en medio de una crisis sanitaria que les deja en particular vulnerabilidad, tal como lo ha reconocido la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos (OACNUDH) y la CIDH.

Las organizaciones firmantes hacen un llamado enfático a los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos y a la comunidad internacional en general a mantener un monitoreo atento a la situación de derechos humanos en Nicaragua. Particularmente, a los acontecimientos de represión tanto suscitados como previsibles en el marco del segundo aniversario de las protestas cívicas de abril de 2018.

Reiteraron su compromiso con la lucha legítima del pueblo nicaragüense por el restablecimiento pleno de sus derechos, con la búsqueda de libertad de las personas detenidas por motivos políticos y excarceladas, así como con todas las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en su búsqueda de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

La Articulación de Movimientos Sociales, condenó los actos de represión, asedio y hostigamiento a la población de Juigalpa, Chontales. Tipitapa, Managua. San Carlos, Río San Juan. Boaco y exigió cesar la represión en la isla de Ometepe.

Por su parte, la Iniciativa Nicaraguense de Defensaroas de Derechos Humanos denucnió que al menos 70 mujeres activistas y defensoras de derechos humanos han sido agredidas por policías y apramilitares desde el 15 de abril de 2020, en el marco del segundo aniversario de la crisis en Nicaragua.

La alerta de la Iniciativa señala que, lejos de cesar la campaña de represión y hostigamiento contra activistas, periodistas y defensoras iniciada por el gobierno nicaragüense se ha recrudecido. La población de Esquipulas, en la isla de Ometepe, amaneció este lunes 20 de abril con una brutal represión por parte de policías antimotines.

En total, desde el 15 de abril se han registrado al menos 70 mujeres activistas y defensoras de derechos humanos agredidas, entre ellas dos trans y dos embarazadas. Las agresiones, que incluyen insultos y amenazas de tipo sexual, se han dirigido especialmente contra personas presas políticas excarceladas y sus familias, así como contra madres de personas presas políticas y asesinadas en abril de 2018. 

La IM-Defensoras condenó todos estos hechos y exigió el cese inmediato de la violencia policial y paramilitar en contra de activistas, personas presas políticas ex-carceladas, periodistas, defensoras de derechos humanos y población en general.

Las organizaciones firmantes son: Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) - Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) - Organización Mundial contra la Tortura - Front Line Defenders - Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos - Fundación Acceso - Amnistía Internacional - Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) - The International Institute on Race, Equality and Human Rights (Race & Equality) - Unidad de Defensa Jurídica - Colectivo Nicaragua Nunca Más - Iniciativa Mesoamericana de Defensoras (IMD) - Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses – Asociadas por lo Justo (JASS).