Nicaragua tiene presos políticos desde antes de abril de 2018

El sistema de justicia de Nicaragua ha sido utilizado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, para criminalizar y judicializar a quienes no concuerdan con sus ideales políticos. Desde antes del 18 de abril de 2018, al menos 10 personas han sido privadas de libertad por razones políticas, según un estudio realizado por actores sociales y personas defensoras de derechos humanos. 

Para estas organizaciones, desde antes del 18 de abril de 2018 ya existían reos políticos detenidos, procesados y condenados de forma arbitraria e injusta, por estar vinculados a protestas sociales o bien por su participación en grupos políticos.

Ricardo Baltodano, secretario del Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX), expresó en conferencia virtual que por acuerdos con el Meseni congeniaron que la lista de presos políticos se iba a construir a partir del 18 de abril, “estos casos que la dictadura ocultó y han quedado ahí, pero en la conciencia y en la solidaridad del pueblo no se han olvidado nunca y era necesario hacer un proceso de investigación consistente, de tal manera que esta etapa que hoy se inicia vaya avanzando a paso firme” agregó.

La inclusión de estas diez personas como presos políticos se da luego de un proceso de investigación, constatación, documentación y construcción de expedientes individuales realizada por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX) y personas defensoras de derechos humanos.

Marvin Vargas Herrera, Wilfredo Balmaceda Castillo, Walter José Balmaceda Ruíz, Eddy Antonio Gutiérrez Delgadillo, Jairo Antonio Obando Delgadillo, Leodonel Antonio Poveda Palacios, Zacarías Isabel Cano Angulo, Rosendo Antonio Huerta González, José Ricardo Cortes Dávila y José Oliver Meza Ráudez; son los diez casos que evidencian la criminalización de la protesta social ya que se encontraron nexos de detención por ejercicios de derechos fundamentales, abusos de poder como detención prolongada, aplicación desigual de la ley y manifiesta violación de los abusos de poder.

La investigación demostró que las motivaciones políticas del régimen para privar a esas personas de su libertad, eran las siguientes:

1. La necesidad de sustentar una campaña y una determinada narrativa política de poder, con respecto a las determinadas situaciones de trascendencia nacional en ese momento como eran las elecciones de 2016.

2. Muchas de las detenciones están relacionadas como forma de amenaza a opositores, espacios organizados de oposición de la localidad y mensajes de amedrentamiento de otros sectores sociales.

Además, las detenciones estudiadas presentan las mismas características, “los detenidos fueron trasladados desde su municipio hasta Managua, llevados a las celdas policiales de la dirección de Auxilio Judicial El Chipote, donde fueron aislados, sin acceso a familiares, abogados, defensores de derechos humanos, sometidos a golpes e incluso actos de tortura denunciados en audiencias judiciales, funcionando como mensajes que paralizaron las protestas o movilizaciones ciudadanas en donde ellos participaban”, aseguró el informe presentado. 

Baltodano manifestó que con este reconocimiento se pretenden dos cosas, “primero llamar a todas las organizaciones a sumarse y adherirse a este reconocimiento y también llamar a todos los familiares de los perseguidos, condenados por la dictadura antes del 18 de abril de 2018, para que se expresen, remuevan los casos y se hagan sentir nuevamente, que a pesar de la dictadura estos casos no deben quedar ocultos”, aseveró.

En la conferencia, informaron sobre la precaria situación carcelaria de estos presos políticos, recluidos todos en el Centro Penitenciario de Tipitapa Jorge Navarro, La Modelo y en las celdas de máxima seguridad del país.