ONU insta a Daniel Ortega a terminar con actos de represión

El consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó este viernes una resolución que ratifica que aún persisten las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua por parte del régimen de Daniel Ortega.

La resolución “Promoción y protección de los DDHH en Nicaragua” fue aprobada con 24 votos a favor, 4 en contra y 19 abstenciones. Esta nueva resolución, expresa la preocupación por las continúas denuncias de graves violaciones de derechos humanos.

“Condenando todo acto de intimidación o represalia, tanto en línea como por otros medios, cometido por agentes estatales y no estatales contra personas y grupos que tratan de cooperar o que han cooperado con las Naciones Unidas, sus representantes y mecanismos en la esfera de los derechos humanos o con la Organización de los Estados Americanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) en su portal web se pronuncia a favor de la aprobación de la resolución “Esta importante resolución da continuidad a la ya tomada por el organismo en marzo de 2019 y refuerza el mandato a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas para priorizar el seguimiento de la situación en Nicaragua, quien deberá preparar un informe detallado de la situación de derechos humanos en Nicaragua, incluyendo los avances y los desafíos, que deberá ser presentado al consejo, para debatirlo entre los Estados”.

En esta resolución, el Consejo de Derechos Humanos aprueban trece puntos:

1. Expresa   gran   preocupación por   las   continuas   denuncias   de   graves violaciones   y   abusos   de   los   derechos   humanos   desde   abril   de   2018   y   de   uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía para reprimir las protestas sociales y la comisión  de  actos  de  violencia  por  grupos  armados,  así  como  por  las  denuncias  de constantes casos de detención ilegal y prisión arbitraria, hostigamiento, y torturas y actos de violencia sexual y de género durante la reclusión.
2. Expresa preocupación por la persistencia de las restricciones al espacio cívico y la represión de la disidencia en Nicaragua contra la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos, incluidas las defensoras de los derechos humanos, los líderes comunitarios y religiosos, los periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación, los estudiantes, las víctimas y sus familiares, y otras personas que expresan opiniones críticas respecto del Gobierno.
3. Insta al Gobierno de Nicaragua a que respete los derechos a la libertad de reunión pacífica, de asociación y de expresión, así como la independencia de los medios de comunicación, la fiscalía y el poder judicial, autorizando las manifestaciones pacíficas y públicas, restableciendo la personalidad jurídica de las organizaciones de la sociedad civil y de los medios de comunicación independientes que habían sido disueltos, y devolviendo los bienes incautados.
4. Exhorta al  Gobierno de Nicaragua  a  que  deje de recurrir a las detenciones  y reclusiones arbitrarias o a las medidas alternativas a la privación de libertad para reprimir la disidencia,  ponga  en  libertad  sin  condiciones  a  todas  las  personas  detenidas  arbitraria  o ilegalmente,  respete  las  debidas  garantías  procesales,  vele  por  que  las  condiciones  de reclusión  se  ajusten  a  las  Reglas  Mínimas  para  el  Tratamiento  de  los  Reclusos  (Reglas Nelson Mandela) y a las obligaciones y normas aplicables en materia de derechos humanos, realice  investigaciones  diligentes e  imparciales  de  todas  las  alegaciones  de  ejecuciones extrajudiciales, tortura o malos tratos, y adopte medidas eficaces contra la violencia sexual y de género.
5. Insta al Gobierno de Nicaragua a que garantice un entorno seguro y propicio para los defensores de los derechos humanos, incluidas las defensoras de los derechos humanos, y condiciones adecuadas para que puedan realizar su labor libremente.
6. Exhorta al Gobierno de Nicaragua a que adopte medidas eficaces para garantizar la independencia e imparcialidad del sistema de justicia y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
7. Insta al Gobierno de Nicaragua a que adopte un plan de acción integral orientado a la rendición de cuentas que sea inclusivo y se centre en las víctimas y en los supervivientes, como recomendó la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su informe, y que contemple, entre otros, investigaciones y actuaciones judiciales penales rápidas, exhaustivas y transparentes de todas las denuncias de abusos y violaciones de los derechos humanos ocurridos desde 2018; medidas que garanticen el acceso a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición; consultas participativas e inclusivas con el fin de reformar el sector judicial; y una reforma integral del sector de la seguridad, en particular la desarticulación y el desarme de los grupos armados. 

   Nicaragua tiene presos políticos desde antes de abril de 2018

   Onda Local

8. Exhorta al Gobierno de Nicaragua a que reanude su cooperación con la Oficina del Alto Comisionado, el Consejo de Derechos Humanos y sus mecanismos, la Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otras cosas permitiendo el acceso sin trabas a todo el país y facilitando las visitas, y considere favorablemente las recomendaciones formuladas en sus informes y los ofrecimientos de asistencia técnica, y a que refuerce su cooperación con los órganos de tratados pertinentes. 
9. Exhorta también al Gobierno de Nicaragua a que impida, evite, condene públicamente, investigue y sancione todo acto de intimidación o represalia, incluidos los actos cometidos contra quienes cooperan o intentan cooperar con los órganos internacionales y regionales, en particular las Naciones Unidas, sus representantes y sus mecanismos en la esfera de los derechos humanos, o con la Organización de los Estados Americanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
10. Exhorta además al Gobierno de Nicaragua a que vele por un diálogo nacional amplio, creíble, representativo, inclusivo y transparente en el que participen todas las partes, e insta al Gobierno a que aplique plenamente los acuerdos alcanzados con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en marzo de 2019, y, a este respecto, solicita a la comunidad internacional que apoye esos esfuerzos.
11. Insta al Gobierno de Nicaragua y a las instituciones electorales pertinentes a que emprendan e implementen reformas jurídicas e institucionales a fin de garantizar la celebración de elecciones libres, justas, transparentes y creíbles de conformidad con las normas internacionales, con la presencia de observadores electorales nacionales e internacionales independientes.
12. Alienta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Consejo de Derechos Humanos y sus mecanismos a que prosigan e intensifiquen su cooperación con miras la promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua.
13. Solicita a la Alta Comisionada que refuerce el seguimiento llevado a cabo por la Oficina del Alto Comisionado y siga informando de la situación de los derechos humanos en Nicaragua, entre otros medios preparando un informe exhaustivo por escrito en el que se evalúen los avances y los desafíos al respecto, y que someta dicho informe al Consejo de Derechos Humanos en su 46º período de sesiones, seguido de un diálogo interactivo, y presente oralmente al Consejo, en sus período de sesiones 44º y 45º, información actualizada sobre la situación de los derechos humanos.

Descargar proyecto de resolución

Esta resolución llega en una semana en la que el Senado de Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA) han puesto en agenda la crisis que atraviesa Nicaragua.