¿Dónde está la justicia?

La comunidad lucía dolida, en silencio, con pánico. Era el ambiente en Las Magdalenas, Ciudad Antigua, en noviembre de 2016. Una comisión de pobladores de Nueva Segovia llegó a la comunidad para acompañar a las familias a poner la cruz donde fueron asesinados Nahúm Mendoza, Margarito Mendoza y Armando López. La mayoría eran ancianos y ancianas, mujeres con faldas y chinelas.

La visita fue un bálsamo de aliento. Conservo la imagen de cómo la gente salía de sus casas y bajaba como desgranándose de las montañas, luego que el miedo les tenía paralizados.

Parecía una escena de tiempos de la guerra, decían algunos. Mujeres con caras desdibujadas, analfabetas algunas, la mamá de uno de los asesinados, no sabía leer. Wendy Elizabeth Mendoza, con la mirada perdida. La policía la llevó a reconocer a los asesinados. “Aquí está tu otra comunidad, estamos con vos, vamos hacia dentro, porque hay que levantar ese maíz, hay que levantar esos frijoles y hay que hacer valer esas vidas” le dijeron las y los comunitarios.

En medio del maizal y los frijoles, nos mirábamos incrédulos. Un militarismo que nadie quiere que regrese. Necesitamos olvidar las torturas de los ochentas o los tiempos de Somoza, comentaban en voz alta. La gente era categórica en afirmar que había sido el ejército, y no les temblaba la voz para decirlo, se lo pregunté al hermano de Margarito, y respondió con un sí seco. Vimos los casquillos, los recogieron entre todos ¿Por qué la policía no levantó la escena?

Mientras caminábamos, escuchaba las preguntas de la gente: ¿por qué vino la policía donde la esposa de Margarito y le dijo “andá reconocé a tu esposo”, ¿cómo sabían? ¿cómo encontró los cuerpos, quién le avisó, por qué dicen que eran narcotraficantes, que estaban cerca de la frontera? ¿Por qué no los llevaron al forense? ¿Por qué no están los muertos del lado que dicen que se fueron los narcotraficantes?  ¿Y la droga? ¿Por qué no están los fusiles que usaron? No enseñaron las pruebas que dijeron que tenían.

Imagináte. Llegás a poner la denuncia a la policía y un oficial sale, se sienta afuera y dice que no se puede entrar a la oficina policial de Ciudad Antigua, que no hay quien reciba la denuncia, él no está autorizado.

 La historia se repite

Antes de hoy, no había tenido valor de escuchar el testimonio de Elea Valle. Pero su relato es una bofetada para la (in)justicia de Nicaragua.

Hoy, la Policía Nacional emitió un comunicado asegurando que exhumarán los cuerpos de los masacrados en la Cruz de Río Grande, el pasado 12 de noviembre, y los entregarán a familiares.  Además, dicen que la causa de las muertes es por armas de fuego y que no hay otro tipo de lesiones. Es decir, niegan lo afirmado por Elea, de que su hija fue violada y torturada, y que oficiales del ejército la acosaban.

En la masacre de San Pablo, en la Cruz de Río Grande, Elea perdió al esposo, a un hijo de doce años y una hija de 16. “A las seis de la mañana llegó el ejército, me rodeó la casa, diciéndome que a mi niña se la iban a llevar, ella estaba echando tortillas y yo estaba destuzando maíz” narró ante los medios de comunicación. Los oficiales se metieron a la vivienda, tiraron su ropa, se llevaron un celular, y la amenazaron con llevarse a su hija. 

“Querían estudiar, por eso visitaron a su papá”. No tengo ni un solo delito, relató Elea en un intento por justificar la presencia de su hijo y su hija en el lugar donde se encontraba el padre.

La foto de Francisco y Yojeisel ha recorrido redes sociales. La grita colectiva no es suficiente para aclarar los crímenes y alcanzar justicia.  

Los argumentos de las fuerzas armadas no convencen. ¿Dónde están las evidencias? se pregunta la ciudadanía. La violencia no es lo que quieren, exigen justicia.