El violento despojo de los territorios indígenas del Caribe Norte de Nicaragua

Cuando Esteban Martínez, juez comunitario de Klisnak, escucha el sonido de una motosierra o disparos de escopeta siente miedo y prefiere no ir a la parcela. En esta comunidad del municipio de Waspam, Caribe Norte de Nicaragua, viven en zozobra por los ataques armados de los colonos que, desde 2015, se han intensificado.

“La población de Klisnak está aguantando. Sufre desde el 2015 hasta esta fecha porque no tienen libertad, están bajo la prisión de los colonos. No andamos libres, tenemos miedo. Ellos andan con sus armas, nosotros no tenemos armas, andamos con las manos limpias”, dice Martínez. 

Como consecuencia de la violencia de los colonos contra las comunidades indígenas del Caribe Norte, más de mil personas se han desplazado forzosamente principalmente a los municipios de Bilwi y Waspam; así como, hacia comunidades fronterizas con Honduras y otras comunidades de los territorios indígenas, concluye la investigación "Impacto de los procesos de invasión en la vida de los pueblos indígenas en 12 comunidades del municipio de Waspam, Río Coco” del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), organización ilegalizada el pasado 17 de marzo por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Para el Centro por la Justicia y el Derecho International (CEJIL), el trabajo de CEJUDHCAN ha sido fundamental para visibilizar el despojo territorial contra los pueblos Mískitu y Mayangna en la Costa Caribe nicaragüense. “Ha sido clave para documentar los impactos diferenciados de esta violencia; entre otros, el desplazamiento forzado, la hambruna que impacta las comunidades y la pérdida de sus prácticas ancestrales. Con la cancelación jurídica del Centro, el Estado nicaragüense mina la garantía de los derechos de pueblos a los que ha marginalizado por años y les deja sin el acompañamiento y protección que las propias autoridades han dejado de hacer”. 

Esta decisión de retirar la personería jurídica a CEJUDHCAN, de acuerdo con Global Witness, marca un precedente muy peligroso y deja a las comunidades indígenas en una situación de extrema vulnerabilidad, defendiendo solas los territorios ancestrales del despojo a manos de terceros o colonos.   

A la comunidad de Klisnak han llegado, según la investigación de CEJUDHCAN, al menos 56 personas desplazadas como consecuencia de la invasión de sus territorios; y con el paso de los días, los desplazamientos aumentan. Macaria Félix y su esposo Valerio Martínez son parte de este grupo. Ambos, vivían en la comunidad de Polo Paiwas. En 2015, colonos armados le mataron a su hijo, German Martínez Félix. Después de este hecho, tuvieron que abandonar la comunidad y todo lo que habían logrado construir. La vida para esta pareja no ha sido fácil, el dolor por la muerte de su hijo sigue intacto.

Valerio y Macaria relatan que su hijo regresaba a la casa después de trabajar la parcela. Civiles armados lo emboscaron cerca del río y lo asesinaron. Los armados quemaron y destruyeron la comunidad. Al día siguiente, Valerio fue a recuperar el cuerpo de su hijo. Lo encontró tirado en el camino, custodiado por su perro.

“En la comunidad que se llama Polo Paiwas, al lado de la Reserva del Bosawás, teníamos siembras de arroz y necesitábamos cosecharlas. Llegaron estos colonos y mataron a un hijo mío. Lo que hicimos fue correr y salvar nuestras vidas. Estas personas llegaron a la comunidad y quemaron todas las casas”, dice Macaria.

Alicia Salgado y Wilmor Waldan también sufren el dolor por la pérdida de uno de sus hijos. Ody James Waldan Salgado de 26 años fue asesinado el 23 de agosto de 2021 en un lugar conocido como Kiwuakumbai en el municipio de Bonanza, adonde él se había desplazado en busca del sustento para su familia.

“Mi hijo andaba en ese lugar buscando el sustento diario de sus hijos. Él salió de la comunidad y fue a ese sitio. Vivía con su esposa que también era de esa zona. Él andaba trabajando en guiricería (minería artesanal) porque los huracanes Eta e Iota destruyeron su hogar y trabajando en la minería había logrado levantar su casa. Tres muchachos se lograron escapar y nos avisaron (...) Me contaron que a mi hijo lo degollaron y le habían dado con un cuchillo en su estómago.

Alicia y Wilmor están triste porque no lograron recuperar el cuerpo y enterrarlo en la comunidad donde viven. Gestionan los documentos para exhumarlo y sepultarlo en donde puedan limpiar la tumba y llevarle flores. “Mi hijo y otras personas que eran de esta comunidad, cavaron una fosa y los enterraron. Había otra muchacha también de Wiwinak y la enterraron en una fosa.  Mi petición como madre es traer el cuerpo de mi hijo”.

Según CEJUDHCAN, los ataques contra personas indígenas han ido escalando, siendo el más impactante el acontecido 23 de agosto de 2021, en el cerro Kiwakumbiah; donde fueron asesinadas 11 personas indígenas.

El 8 de septiembre de 2021, la Policía de Nicaragua, después de 15 días de haber transcurrido la masacre en Kiwakumbaih del territorio Sauni, dio por “esclarecido” los hechos sin dar ningún informe detallado de sus investigaciones y reduciendo a nueve la cifra de muertos, incluyendo un adolescente.  Según la policía, el hecho se debió a disputas familiares y reporto la captura de tres indígenas, mientras que otros 11 tuvieron que abandonar el territorio. Familiares de los asesinados señalan que los indígenas capturados no son los verdaderos actores de los asesinatos y exigen justicia.

Desde el año 2015, según CEJUDHCAN, se han intensificado las graves violaciones a los derechos de las comunidades de la Costa Caribe Norte de Nicaragua por parte de terceros no indígenas que han ocupado e invadido los territorios bajo total beneplácito del Estado nicaragüense con el objetivo de desplazar a la población y ocupar sus tierras para realizar actividades ilegales de explotación minera, forestal y ganadería. 

Para CEJUDHCAN, las personas comunitarias han estado expuestas a ataques armados, asesinatos, desapariciones y violencia sexual, lo cual ha generado un desplazamiento forzado masivo. La organización denuncia que las autoridades no han impedido esta violencia “organizada y deliberada” de los colonos contra las comunidades, lo que ha derivado en “62 personas asesinadas, 49 secuestradas, 54 lesionadas y cuatro desaparecidas. Nadie ha sido juzgado por los asesinatos y otros tipos de agresiones y la impunidad por estos crímenes permanece estructural (…) Estos ataques se han recrudecido en el contexto de la grave crisis de derechos humanos que afecta a Nicaragua desde abril de 2018”. 

CEJUDHCAN  sostiene que, hay un patrón de violencia sistemática y reiterada ejercida en contra de los pueblos indígenas Miskitu y Mayagna que representan un acto de genocidio. “El Gobierno de Nicaragua ha fallado y sigue fallando en garantizar la vida e integridad de los pueblos indígenas, y sigue promoviendo actividades extractivas en territorios indígenas. En este marco, los ataques, ocupación ilegal y colonización de sus territorios por parte de colonos, junto con la impunidad estructural y generalizada y la ausencia de mecanismos de protección y prevención de estos ataques, inducen a la mayor vulnerabilidad de las comunidades y a la perpetuación de la violencia”.  

En el caso particular de los pueblos miskitu y mayangna, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución del 15 de febrero de 2022 en la que amplía medidas de protección internacional (medidas cautelares). En ella establece que, entre abril de 2018 y enero de 2021 se produjo el asesinato de 17 indígenas, mientras que 31 personas fueron heridas (incluyendo golpes y violencia sexual), 10 fueron desaparecidos, 53 nuevas familias fueron desplazadas y 37 propiedades resultaron calcinadas o destruidas.

El informe de Global Witness Defender el Mañana señala a Nicaragua como el país del mundo con más ataques letales per cápita en contra de personas defensoras de la tierra y el medioambiente.

Esta creciente invasión y usurpación de los territorios indígenas, según CEJUDHCAN, ha afectado la forma de vida de las comunidades miskitu, obligando a muchas de éstas a dejar de cultivar sus parcelas o a abandonarlas para buscar refugio en otras comunidades o en zonas urbanas de la región.  

Macaria rememora que en Polo Paiwas vivía bien. “El río estaba cerca, si queríamos pescados agarrábamos y comíamos. Teníamos cerdos, ganado, habíamos hecho potrero. Nuestra vida era mejor, pero estas personas llegaron y cuando asesinaron a mi hijo tuvimos que abandonar todo eso”.

El juez de Klisnak, Esteban Martínez, manifiesta que, desde el 2015, “no salimos a cazar cusucos. No pescamos desde río arriba hasta río abajo porque ellos lo tienen controlado. Ellos tienen armas, tienen AKA, tiene AR15. Somos civiles y si tenemos un arma 22, nos vienen a decomisar, pero a ellos (colones) no les dicen nada. Cuando murió un miskito llegamos a la policía a demandar y denunciar, pero nunca llegaron a buscar a ese muerto. En cambio, cuando murió un mestizo llegaron hasta 60 militares, policías, autoridades”, dice Martínez.

Esteban Martínez relata que tienen problemas para encontrar alimentos. “De la tierra comemos y tenemos miedo de ir a sembrar, sembramos en el patio y tenemos problemas de economía. Antes teníamos la mina Santa Rosa, pero los colonos tomaron el lugar. Ellos viven tranquilos mientras nosotros aguantamos para luchar y ver el dinero. Estamos en crisis económica. No sé quién va a resolver esas situaciones”.

El líder comunitario recuerda que antes sembraban banano, comían y bebían bien. “Ahora no vemos guabul -Bebida típica preparada con plátanos maduros machacados y mezclados con agua o con leche de coco o de vaca y azúcar-, ni pescados asados, no comemos carne, no vemos danto, no vemos las riquezas de nosotros”.

En Wiwinak, otra comunidad miskita asentada sobre la ribera del Río Coco, municipio de Waspam, la situación es igual. Las 180 familias que viven allí sufren los impactos de la violencia. El Concejal Regional, Adrián Sierra, nativo de esta comunidad y presidente de esta, manifiesta que enfrentan una situación caótica debido a la invasión de colonos y por la indiferencia del Estado de Nicaragua. “Observamos que, desde 2012, ha habido enfrentamientos entre indígenas y colonos. A estas alturas cunde el pánico y el terror de no saber en qué va a terminar todo esto”.

“A mi juicio pienso que existe un interés total de dejar a los indígenas sin propiedad y las veces que se ha recurrido a las autoridades para ver esto, la respuesta ha sido que no tienen una orden del alto nivel y nadie sabe cuál es ese nivel”, agrega el concejal.

Petroño, síndico de la comunidad de Wiwinak, expresa que en sus territorios tienen minas de oro y los colonos llegaron y les despojaron de todo. “Nos han dejado prácticamente arrinconados cerca del río. Antes que los colonos vinieran teníamos oro, árboles, animales silvestres, ríos y también nuestra medicina tradicional. Hoy todo eso lo hemos perdido, nuestras tierras se han convertido en puros desiertos, nuestros ríos se han contaminado y lo que obteníamos de nuestro territorio en el bosque, ahorita no lo estamos consiguiendo”.  

En los tiempos de sus abuelos, dice Petroño, andaban libremente. Ahora, todo eso ha cambiado. “Ahorita con costo uno puede andar vivo. Los colonos nos amenazan que van a venir a matarnos si andamos en esas tierras. Dicen que nosotros los miskitos somos miedosos, pero a eso no le ponemos mente. Para resolver esa situación, hemos andado solicitando apoyo a instancias nacionales, pero, hoy no tenemos ninguna respuesta”.   

Tránsito Smith Manselmo de 77 años, dice que, en El Naranjal unas 40 familias viven atemorizadas por las invasiones.  “Ellos (colones) se quedaron con las tierras vírgenes, nosotros estamos trabajando parcelas viejas. Antes trabajábamos en una mina que se llama Santa Rosa y ahorita no lo estamos haciendo porque desde Paiwas hasta montaña adentro ya nadie está llegando. Tenemos mucho temor, antes cuando andábamos en la montaña los pájaros salían volando en manada por los ruidos de los dantos a algún animal silvestre, ahorita cuando esos animales vuelan, nuestra mente automáticamente nos dice que son colonos que andan rondando”.

Desde que se entra a la comunidad de Sangnilaya se observan pintas en las casas que dicen “no a la invasión, fuera colonos”, “la tierra no está en venta”. La comunidad vive a la expectativa de quien entra.  Apolinar Teylor y uno de sus hijos cruzan el río el río Wawa y caminan por la zona por donde ingresan los colonos. Los carriles están a simple vista. Se observan empaques de cajas de motosierras y rollos de alambre de púa.  Según Apolinar, los colonos se han tomado grandes extensiones de tierras. Su principal preocupación es que se están quedando sin áreas de cultivo.    

Las comunidades indígenas viven de la agricultura, la caza, la pesca y de la pequeña minería. Pero, desde el año 2015, estas actividades se han visto mermadas por la usurpación que realizan los colonos. Esta violación a los derechos colectivos de los pueblos indígenas ha impactado su soberanía alimentaria, debido a la pérdida continua de sus áreas de cultivo, caza, pesca y recolección de medicinas tradicionales en sus territorios.

Antes de 2015, las personas comunitarias poseían parcelas que oscilaban de entre 3 y 500 hectáreas. En cuanto a las actividades productivas sembraban y cultivaban frijol, maíz, plátano, banano, guineo, yuca, patata, quequisque y malanga. También tenían árboles frutales como cacao, limón, naranja, toronja, fruta de pan, caña, mango, coco, aguacate, pejibaye, marañón y zapote. Además, complementaban la alimentación con la caza de jabalí, dantos, venado, guardiola, guatusa y pavón y la pesca artesanal de barbudos, guapotes y tilapias. 

Las pérdidas de las parcelas han afectado directamente a 457 personas de las comunidades del territorio Wangki Twi Tasba Raya, a 230 de Wangki Li Aubra y a 23 personas de la comunidad de Wiwinak del territorio Li Lamni Tasbaika Kum, señala el informe de CEJUDHCAN.

Félix Centeno, comunitario de Sangnilaya, señala: “Los comunitarios quieren entrar, pero nosotros decidimos esperar porque es peligrosos morir y derramar la sangre. Se necesita justicia para resolver ese caso, pero ahorita no sé hasta qué punto el gobierno está manejando sobre eso. Estamos aburridos de acudir a las autoridades del gobierno, no hay alguien más para ir a buscar apoyo o poner la denuncia. Ya hemos puesto tantas y nos responden con solo mentiras, diciendo que sí van a ir y hasta la fecha ni una vez han entrado”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante las resoluciones del 14 de octubre de 2015, 16 de enero y 8 de agosto de 2016 otorgó medidas cautelares a favor de las comunidades de La Esperanza Río Wawa, Santa Clara, Wisconsin y Francia Sirpi del territorio indígena Miskitu de Wangki Twi- Tasba Raya; así como a las comunidades de Santa Fe, Esperanza Río Coco, San Jerónimo, Polo Paiwas, Klisnak, Naranjal y Cocal del territorio indígena miskitu Wangki Li Aubra y a la comunidad indígena de Wiwinak del territorio indígena Li Lamni Tasbaika Kum. Estas medidas también incluyeron a varias personas de CEJUDHCAN.

Debido a la falta de implementación de las medidas de protección y ante la existencia de nuevos hechos de violencia, el 1 de septiembre de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) otorgó medidas provisionales a favor de las comunidades indígenas de Klisnak, Wisconsin, Wiwinak, San Jerónimo y Francia Sirpi. Posteriormente, a través de una resolución del 23 de noviembre de 2016, las medidas fueron ampliadas a la comunidad La Esperanza Río Coco. Sin embargo, la violencia persiste en la zona y el Estado se mantiene ausente. 

El Estado de Nicaragua, hasta el año 2017, había titulado y demarcado 23 territorios que beneficiaron a 304 comunidades indígenas y afrodescendientes. No obstante, no se ha realizado la última etapa establecida en la Ley 445 de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua. El saneamiento es la garantía estatal a las personas indígenas para el uso y goce efectivo de sus territorios titulados frente a la ocupación de estos por parte de terceros o colonos.

A pesar de las múltiples gestiones por parte de los representantes de los pueblos indígenas, el Estado de Nicaragua no ha respondido a la demanda del saneamiento de los territorios indígenas. Los colonos con intereses ajenos a las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas, siguen invadiendo los territorios, extrayendo y ocupando grandes cantidades de recursos naturales y tierra.

Petronio solicita al “gobierno” que resuelva esta situación. “Nosotros somos pacíficos y pensamos que matar a la otra persona es pecado, podemos matar, pero no queremos llegar a eso. Hemos esperado tanto que ahorita nos han venido a arrinconar cerca de nuestras casas. Yo considero que si no tengo tierra no soy una persona, no soy un ser humano. Para nosotros, la tierra es como la vida porque de la tierra conseguimos dinero, nos alimentamos y vivimos”.

Esteban Martínez quisiera tener un número telefónico de algún funcionario de "alto nivel" de Daniel Ortega para elevarle el clamor que baja desde las profundidades de las comunidades indígenas. “Como no tenemos un número, le digo por esta radio que, la tierra indígena no se vende, no se alquila. Yo quiero decir a Daniel Ortega, usted que gobierna en esta Nicaragua, toda etnia tiene sus patrimonios ancestrales. Nosotros no estamos llegando a joder al lado del Pacífico, pero ellos llegan al territorio indígena y nos hacen daño, matan a miskitos, amenazan. Queremos que saquen a es agente (colones) de nuestros territorios”.