La larga y dolorosa agonía de la autonomía regional en Nicaragua
Después de muchos años de lucha y resistencia por el reconocimiento de sus derechos colectivos, los pueblos indígenas de la costa Caribe nicaragüense lograron, en 1987, alcanzar jurídicamente su estatus de autonomía. Sin embargo, en la práctica, para el ejercicio de la misma, continuaron sorteando una serie de obstáculos que, en virtud de superarlos para consolidar su régimen autonómico, se fueron agudizando y multiplicando, al extremo que las demandas históricas que iniciaban a reivindicarse empezaron a sufrir un franco retroceso en detrimento de los derechos ancestrales, lo que a la postre, tiene hoy por hoy en estado agónico lo que queda de una autonomía que nunca pudo alcanzar su plenitud.
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En la actualidad, bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la autonomía regional no es más que una lejana utopía. El régimen totalitario ha desbancado las bases de una autonomía que aún estaba en ciernes, que se erigía lánguidamente en medio de factores adversos y refractarios. Lo que hoy queda de la autonomía regional es solo el cascarón, porque el modelo dictatorial que controla el poder en Nicaragua la ha pulverizado con violencia dejando solo vestigios de lo que un día quiso ser.
No obstante, la lucha de los pueblos indígenas de la Costa Caribe, se remonta mucho más atrás en el tiempo, y se ha visto marcada, no solo por factores políticos, sino también, geográficos, económicos, sociales, culturales y demográficos. Pero el factor político ha sido el mayor obstáculo, en cuanto a alcanzar el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.
Margarita Pou González, destaca en un artículo sobre el estatus de la autonomía regional que en Nicaragua, “los gobiernos siempre se enfocaban en que el futuro dependía de los mestizos, que el desarrollo estaba en sus manos, por lo que las diversas poblaciones indígenas de la Costa Caribe del país quedaban excluidas totalmente del marco político, jurídico, económico y social”.
En tanto la etnóloga y antropóloga Consuelo Sánchez, resalta que el centralismo, como herencia historia, ha constituido uno de los principales obstáculos en el avance de la autonomía en la Costa Caribe nicaragüense.
Históricamente la Costa Caribe nicaragüense ha sido marginada y excluida por los gobernantes, en buena medida porque estos asumían que los indígenas que han habitado tradicionalmente esta región del país, eran inferiores. “Los gobiernos promovían la perspectiva de que el indígena era inferior al mestizo y que sus formas de vivir y organizarse eran atrasadas” reseña Pou González.
La funesta demolición del proceso autonómico
A criterio de una activista indígena que conversó con Onda Local bajo condición de anonimato, una de las acciones abusivas de la dictadura que más ha golpeado la autonomía, es la cooptación de las autoridades de los Gobiernos y Consejos Regionales de la Costa Caribe.
La fuente recordó que así como el régimen cooptó con amaños todos los poderes del Estado y a las 153 municipalidades del país a través de los fraudes electorales, la eliminación de la competencia política y la imposición de facto de un partido único, también lo hizo con las expresiones del poder regional caribeño, “ellos ahora obedecen a la línea partidaria del FSLN, y no a la Ley, a la Constitución y a los Estatutos de autonomía” indicó.
Asimismo dijo que “esa cooptación que ha hecho el Estado-partido-Gobierno, ha causado un grave impacto, porque ellos (las autoridades regionales), reciben órdenes de arriba y no toman en cuenta los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe”.
La activista remarcó que las y los funcionarios que ocupan los principales cargos en los consejos y gobiernos regionales, dada su obediencia a la dictadura, anteponen lo partidario por sobre lo que mandatan los estatutos de autonomía y por sobre los derechos humanos de estas poblaciones originarias.
Otro líder indígena a quien llamaremos “Eusebio” para proteger su verdadera identidad, señaló, en la misma vía, que la imposición de autoridades constituye un zarpazo a la autonomía, y lamentó que quienes usurpan cargos en las diferentes expresiones de poder son también personas indígenas que se han prestado al juego.
“La imposición de personas indígenas como presidentes territoriales, como wistas, o como autoridades comunales, es un golpe a la autonomía porque son personas que, aunque son de las comunidades, son simpatizantes del partido gobernante, y por tanto son manipulables y no están a favor de la agenda de las comunidades” indicó Eusebio.
El líder indígena añadió que dichas personas, están a favor de promover las invasiones de tierra porque también se están beneficiando de eso, “esa es una de las acciones más graves que está cometiendo el Estado de nicaragüense” acotó. Asimismo advirtió que el control total de los Gobiernos Regionales es también un precedente muy grave para el desarrollo del sistema de autonomía regional.
Autonomía es hoy una pantomima
Por su parte, en consonancia con lo anterior, Anexa Alfred, activista indígena de ascendencia misquita, y defensora de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, consideró que en las actuales circunstancias no se puede hablar de la existencia de un régimen autonómico en la Costa Caribe, porque “lo que vemos es una pantomima, lo pudimos ver con las elecciones regionales, en la que no se le permitió participar a ninguna organización o partido político indígena”.
La activista indígena condenó la cancelación arbitraria de la personalidad jurídica del partido indígena Yatama y la persecución desatada contra sus líderes en el marco de las elecciones regionales de 2023.
Asimismo señaló que como consecuencia, la población indígena caribeña no se sintió parte del proceso electoral orquestado por el régimen, y reiteró que “lo que hubo ahí fueron asignaciones a cargos, pero no hubo un proceso electoral, y mucho menos se podría hablar de autonomía”.
Alfred recordó que existe una sentencia de 2005, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que mandata la participación política de los pueblos indígenas, “dicha sentencia establece que los pueblos indígenas podemos participar bajo nuestras propias formas de organización social, y eso nunca se ha respetado” espetó la defensora indígena.
En 2005, el partido indígena Yatama logró una sentencia favorable en la Corte IDH, la que determinó que el Estado de Nicaragua, al impedirle participar en las elecciones municipales de 2000, violó sus derechos de participación política protegidos en la Convención Americana de Derechos Humanos.
La lideresa indígena señaló además que los denominados Consejos y Gabinetes del Poder Ciudadano, se han tomado todas las estructuras tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas, “sabemos que las asambleas comunitarias ya casi son inexistentes, las que hay son las convocadas por el Poder Ciudadano” enfatizó.
Añadió que quienes están en los Consejos Regionales, responden a lo que se les ordena desde el gobierno central y no a un régimen autonómico, ni a los intereses de los pueblos indígenas y afrodescendiente. Dada esa condición “yo diría que no hay (autonomía), en términos formales no tenemos eso” acotó.
No obstante, resaltó que, pese a la usurpación de los espacios de participación, de toma de decisión y a las restricciones impuestas por el modelo dictatorial que gobierna Nicaragua, las comunicades indígenas continúan desarrollando sus propias prácticas culturales.
Desde marzo de 2022, Anexa Alfred, forma parte del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (MEDPI), una instancia adscrita al Consejo de Derechos Humanos de La ONU. Abogada de profesión y de origen misquito, fue impedide de ingresar a Nicaragua en julio de 2022, por la dictadura Ortega Murillo, luego de viajar a Ginebra a una misión oficial como funcionaria de las Naciones Unidas. En julio de 2024, fue nombrada vicepresidenta del MEDPI, cargo que ostentará durante un periodo de tres años en calidad de representante de Centroamérica, Suramérica y el Caribe.
Autonomía ultrajada desde su gestación
Eusebio plantea el tema del quebrantamiento de la autonomía desde otra perspectiva al clasificar los aspectos que han menoscabado los pilares de la misma en históricos y recientes.
El líder indígena ubica como un golpe histórico frente al proceso autonómico, la violencia desatada contra las comunidades indígenas durante la década de los ochenta y la impunidad aún vigente de los crímenes cometidos durante ese periodo.
“En los ochenta se cometieron muchos delitos en las comunidades indígenas, delitos que siguen en la impunidad, desde la Navidad Roja, la destrucción de patrimonio y la desaparición de personas” enumeró, a la vez que advirtió que muchos de los responsables de las invasiones actuales, fueron también responsables de los delitos cometidos en esa década, y que “la falta de justicia les ha permitido seguir cometiendo delitos contra las comunidades”.
Otros desatinos históricos
La fuente destaca como otro error histórico, el hecho de que los concejales regionales no se hayan puesto de acuerdo con los diputados o con el Poder Ejecutivo durante los últimos 30 años para promulgar una ley de arbitrio que pudiera desarrollar un sistema fiscal propio para las regiones.
“La omisión de esa función del Gobierno Regional, que está en el Estatuto de Autonomía, es una falla muy grave” refirió el líder indígena, recordó que la recaudación de impuestos es un instrumento de control que tiene el Estado, por tanto, “en un sistema de descentralización y un proceso de autonomía, es fundamental que también se tenga en materia fiscal, un sistema independiente y autónomo, lo que no ha ocurrido” subrayó.
El líder indígena resaltó como parte de la violencia histórica, el afán de los gobernantes de obstaculizar la participación política de los pueblos indígenas. Recordó que el partido indígena Yatama, cuya personalidad jurídica fue cancelada por el régimen Ortega Murillo en octubre de 2023, también había sido vetado en el año 2000 durante el gobierno de Arnoldo Alemán para inhibirlo de participar en el proceso electoral municipal de ese año.
“Eso quiere decir que querer desaparecer las expresiones políticas de los pueblos indígenas, no es solo una cuestión del Frente Sandinista, sino también ha estado presente en gobiernos liberales” advirtió Eusebio.
Finalmente considera que otro factor negativo fue el intento de Alemán de introducir el concepto de “co-manejo” de las áreas protegidas entre el Estado y las comunidades indígenas en un contexto en el que el Estado, a través de las leyes negó los derechos consuetudinarios históricos de las comunidades y estás quedaban legalmente como ajenas a sus propios territorios.
La impunidad alienta más violencia
En cuanto a los aspectos recientes que han ultrajado la autonomía, Eusebio resalta la impunidad alrededor de todas las violencias que generan las invasiones de tierras.
A su criterio, la impunidad es caldo de cultivo para más violencia. “Hay delitos contra la madre tierra, delitos ambientales por la cantidad de áreas deforestadas, por la cantidad de suelos y ríos contaminados, por tantas especies que están siendo expuestas a la extinción” lamentó.
De igual forma enfatizó sobre los delitos contra las propias comunidades, “esto es a nivel individual y a nivel colectivo. A nivel individual como sabemos hay asesinatos, violaciones sexuales, desapariciones; hay amenazas y criminalización por defender a la comunidad” alertó el activista a la vez que refirió que a nivel colectivo están la quema de comunidades, la toma de cultivos y la destrucción del patrimonio natural de las comunidades, entre otras violencias.
Eusebio advirtió que esa impunidad es muy grave porque ha envalentonado a los colonos al punto que ya no tienen el mínimo escrúpulo, “las invasiones están avanzando tan rápido, tan violentamente, hay mucho cinismo, hay mucho descaro, hay mucho abuso” indicó.
Cinismo del régimen es irracional
El líder indígena destaca que el encono de la dictadura contra la autonomía regional también se expresa en la negación de los problemas existentes.
“El Estado se ha enseñado con la autonomía negando las invasiones, negando la destrucción de los gobiernos autónomos a través de la imposición de autoridades, negando que el extractivismo empobrece a las comunidades y presentándolo más bien como una opción que las está sacando de la pobreza y auto reconociéndose como el mejor gobierno que ha podido tener Nicaragua para los pueblos indígenas” argumentó.
Advirtió que toda esa narrativa es muy fuerte a nivel internacional y lava la imagen del Estado nicaragüense.
Nunca hubo voluntad de reconocer los derechos indígenas
De acuerdo a Anexa Alfred, lo que se ve hoy en día, no es más que la consolidación de un plan del gobierno sandinista concebido en los años ochenta, para no reconocer los derechos de los pueblos indígenas.
Para poner en contexto, la defensora indígena, hace una reseña del surgimiento de la demanda del derecho a la autonomía. “La conquista del régimen autonómico de los pueblos indígenas tiene muchos antecedentes” explica y entre otros resalta la resistencia militar indígena seguida de los procesos de paz en los ochenta.
No obstante, asegura que la demanda del derecho a la autonomía nace a la par del deseo de estos pueblos de ejercer el derecho a la libre determinación, una demanda histórica surgida a raíz de la anexión de la mosquita al Estado de Nicaragua.
También resalta como aliciente de estas demandas, el reconocimiento de las mismas en los instrumentos internacionales de derechos humanos sobre pueblos indígenas. En ese sentido explicó que la libre determinación se ejerce a través de un régimen autonómico.
Alfred explica que, en los ochenta, cuando se dan los acuerdos de paz e inicia el proceso de construcción de la actual Ley 28 (Estatuto de Autonomía), el gobierno sandinista de esa época, puso trabas al proceso para no responder en su totalidad a las demandas de los pueblos indígenas.
“Fue todo un proceso que no acogía la esencia de las demandas porque nunca hubo una voluntad del Gobierno sandinista de reconocerlas, (…) todo el conflicto nace ante el desconocimiento de los mismos sandinistas sobre los procesos revolucionarios, pues decían que no aceptaban las demandas de los derechos colectivos, incluyendo tierra territorio y recursos” expone.
La también jurista, argumenta que cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía, este no incluyó las demandas iniciales, y desde entonces se perfilaba que los pueblos indígenas iban a ser minoría. “La autonomía hoy en día es una autonomía regional, una autonomía que no responde a los derechos históricos ancestrales de los pueblos indígenas, pero esta ya fue concebida así desde los años ochenta, para concluir, en lo que está ocurriendo hoy en día” asevera.
“Se está ejecutando un etnocidio”
De acuerdo a Alfred, la maniobra del sandinismo, gestada hace más 40 años, ha traído como consecuencia que la Costa Caribe actualmente este sufriendo un etnocidio. “Lo que está ocurriendo actualmente no es más que la consolidación de un plan premeditado” asevera.
Ella explica que el etnocidio al que se refiere, se manifiesta a través del desconocimiento y la falta de protección efectiva a los derechos de propiedad, la tierra, el territorio y los recursos naturales.
También indica que se hace palpable con la violencia sistemática que enfrentan las comunidades indígenas y las acciones directas por parte del régimen, entre estas, la creación de gobiernos paralelos y el fomento de la incursión de colonos a los territorios indígenas.
En ese sentido amplió diciendo que debe entenderse como colonos, no solo a las personas naturales, sino también a personas jurídicas, “las empresas extractivistas son también colonos que invaden tierra en las comunidades indígenas y traen todo un proceso que atenta contra la sobrevivencia cultural de los pueblos indígenas” expresó.
De igual forma refirió que “por eso se habla de un etnocidio, y lo podemos ver con todas las masacres que están viviendo en las comunidades”.
Al respecto agregó que hay pruebas suficientes de estos hechos, “no es una narrativa, las pruebas y los hechos demuestran que lo que el gobierno sandinista siempre quiso, fue exterminar a las comunidades indígenas, nunca fue reconocerlas y permitirles que se desarrollen de acuerdo al derecho y de acuerdo a sus propias costumbres, tradiciones y cosmovisión” subrayó.
“El régimen autonómico fue concebido como un régimen regional, no un régimen que garantizara los derechos colectivos a la libre determinación de los pueblos indígenas, fundados tanto en el derecho internacional, como en las demás demandas históricas ancestrales de los pueblos indígenas en la costa Caribe”. Anexa Alfred C.
Hay que seguir alzando la voz ante la comunidad internacional
Frente a las críticas de diversos sectores sociales por la aparente inefectividad de las denuncias ante la comunidad internacional, las que no se traducen en acciones concretas que coadyuven a frenar el avance del autoritarismo en Nicaragua, las activistas indígenas consultadas coinciden en que se debe continuar alzando la voz y que en ningún momento debe dejar de estar sobre la palestra pública internacional la situación de un país bajo un régimen autócrata.
Si bien los organismos internacionales de derechos humanos emiten pronunciamientos, comunicados, resoluciones, sentencias, medidas cautelares y recomendaciones al Estado de Nicaragua, cuya mayoría este ignora, no se debe dejar de un lado el trabajo de incidencia ante la comunidad internacional.
Al respecto Alfred insiste en que “es importante mantener el dedo sobre la llaga, hay que seguir hablando, seguir denunciando”, pese al cansancio que pueda generar seguirlo haciendo y no ver efectos positivos a corto o mediano plazo.
No obstante, ella confiesa que cree en los sistemas, y considera que si no existieran esos pronunciamientos, resoluciones y sentencias, la costa Caribe nicaragüense estaría totalmente invisibilizada ante la comunidad internacional.
En la misma vía recordó la sentencia sobre el caso de Awas Tingni, el que calificó como un referente a nivel mundial, por ser “el primer caso en los sistemas de derecho internacional en el que se ventila un caso vinculado a los derechos colectivos.”
Añadió que si bien en Awas Tigni la situación no ha mejorado, en términos jurisprudenciales se avanzó mucho, “hoy Awas Tigni y los 23 territorios indígenas demarcados, saben dónde empiezan y dónde terminan” acotó.
El 31 de agosto de 2001, La Corte IDH, emitió una sentencia en la que establecía que el Estado de Nicaragua había violado el derecho de propiedad de la comunidad mayangna Awas Tingni al otorgar una concesión de explotación forestal de 60,000 hectáreas a una compañía transnacional en su territorio sin consultar previamente a la comunidad y sin contar con su consentimiento. El caso es emblemático por ser la primera vez que un tribunal internacional fallaba a favor de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, sentando un precedente importante tanto para Nicaragua como para el resto de los países latinoamericanos. americano.
Por su parte la activista indígena que solicitó anonimato, refirió que “las denuncias internacionales son lo único que nos queda dado que el Estado no toma en cuenta las denuncias nacionales porque no le interesa la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes.”
Agregó que, por el contrario, los ataques de colonos o terceros armados a comunidades indígenas son facilitados por el Estado a través de la Policía y el Ejército, instituciones que despojan a los comunitarios de sus armas de caza, mientras grupos invasores los agreden con armas de guerra.
Recordó que todos los abusos cometidos contra los pueblos indígenas han sido presentados debidamente ante las instancias internacionales, y valoró como algo esencial continuar denunciando los crímenes, las violaciones, los secuestros y las invasiones de tierras, aunque el régimen se haga de oídos sordos.
“Esa situación lleva ya una década y el Estado no se da por entendido porque forma parte de toda una estructura mafiosa, corrupta; una estructura de la economía ilegal que se genera por el extractivismo de todos los recursos naturales, que a la vez son medios de vida de estos pueblos, dejándolos indefensos y con inseguridad alimentaria” argumentó.
Reiteró que es importante que se vayan acumulando todas estas denuncias porque documentan detalladamente la situación que se vive en la región lo que se constituye en evidencia sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura.
Alfred también coincide en este punto. “Es importante el tema de la documentación (…), hay que documentar todo, porque en algún momento llegará un proceso de justicia y de transición”.
En este sentido recordó que en los años ochenta se cometió el error histórico de no haber documentado todos los abusos cometidos por el régimen sandinista de la época, y “eso aun nos pesa como país, debido a que la impunidad en que quedaron muchos crímenes, generó toda la situación que se vive en la actualidad”.
Eusebio difiere en relación al tema de la incidencia ante la comunidad internacional: “entiendo que es muy importante que se dé a conocer a nivel internacional lo que está pasando en los territorios indígenas, pero, ¿cómo eso se transforma en medidas políticas de la diplomacia internacional que ayuden a cambiar la situación de las comunidades?, esa es la gran pregunta que nos hacemos” cuestiona.
El líder indígena considera que dado que la dictadura está cerrada al diálogo con la comunidad internacional, lo que se logra con las denuncias es más represión.
“El Estado nicaragüense está muy cerrado el diálogo con la comunidad internacional, esos canales están cerrados, ¿qué es lo que logra con la denuncia internacional?” se interroga a la vez que responde: “lo que logra es que haya mayor represión, mayor persecución, mucha gente que está demandando justicia, está denunciando y que están incómoda por todo lo que está pasando, está siendo perseguida, señalada, criminalizada, expulsada al exilio, despojada de sus territorios y muchas cosas más”.
No obstante, reitera que la incidencia internacional es importante, pero hay que entenderla mejor y proteger a los liderazgos.
Perspectivas de la autonomía ante el retorno de la democracia
Ante un eventual restablecimiento de la democracia e Nicaragua, el que según analistas se avizora como un proceso largo y complejo, ¿qué expectativas se pueden prever en torno a la recuperación de la autonomía de la costa Caribe tomando en cuenta las complejidades propias de la región?
Ante la pregunta anterior, las fuentes consultadas dentro del liderazgo indígena, externaron sus puntos de vistas.
Anexa Alfred manifestó que “no podemos hablar de democracia sin un régimen autonómico, porque este es parte de la democracia en Nicaragua”. Añadió que son procesos paralelos y ninguno está al margen del otro. “El régimen autonómico de los pueblos indígenas es parte de la institucionalidad democrática en el país, es parte del Estado de derecho en Nicaragua” remarcó.
Por su parte, la activista consultada anónimamente, consideró importante que desde ya, los diferentes grupos de oposición en Nicaragua, vayan incluyendo en su agenda la situación de la Costa Caribe, sin dejar fuera al liderazgo Indígena y afrodescendiente de las dos regiones, “porque el día que se cambie de régimen, también van a tener que enfrentar estos cambios y deben evitar caer en el mismo error que cayó el Frente Sandinista en los ochenta y que sigue cometiendo en la actualidad”.
En tanto, Eusebio opina que, ante un eventual retorno de la democracia, “hay que ir paso por paso” para lograr también de forma paralela, el restablecimiento de la autonomía, lo que también debe ir a la par de un proceso de justicia transicional. En ese sentido resaltó también la importancia de documentar toda la violencia porque es una condición sine qua non para dicho proceso.
El líder indígena considera que para que esto sea posible, quienes asuman el poder, deben promover un proceso de colaboración genuino, con mucha voluntad política para abordar los grandes desafíos que tiene las regiones autónomas.
Resaltó como determinante la expulsión de terceros invasores que actualmente están usurpando territorios indígenas, hasta donde han llegado de manera violenta con la finalidad de lucrarse con los recursos naturales, y con quienes el régimen ha pretendido la imposición de una fingida “convivencia pacífica”.
“No podemos aceptar la convivencia, entre comillas pacífica, o la cohabitación con gente que quemó comunidades, que entró por la fuerza, que no respetó nuestras formas tradicionales de gobierno que no les importa el respeto de la comunidad, de la cultura, gente que está destruyendo nuestros bosques. No se puede” sentenció el líder indígena.
De igual forma enfatizó en que tiene que haber un proceso de justicia que lleve a la recuperación de los territorios para empezar a reconstruir las comunidades y que la población indígena pueda generar sus medios de vida en paz.
“hay un gran trabajo de reconstrucción de las comunidades y restablecimiento de condiciones para la existencia de nuestra cultura” acotó a la vez que advirtió que ese es uno de los desafíos más complejos, pero “es parte de las aspiraciones que tenemos desde las regiones autónomas” puntualizó.
