El descarrilamiento del municipalismo: la maraña de vicios que empañaron la transparencia
El cáncer de la corrupción en las municipalidades empieza con la demolición de la autonomía municipal, pasa por la lealtad de los funcionarios municipales a la pareja presidencial; pero también por el miedo. También, se sostiene en la discrecionalidad con las transferencias desde el gobierno central, la falta de transparencia en las ejecuciones y rendiciones de cuentas desde los municipios, el tráfico de influencias y el nepotismo. El que no se alinea o desobedece una orden “de arriba” es defenestrado y “cae en desgracia”, con la pareja del poder. Así funciona la gestión municipal en Nicaragua. Todos estos vicios del ejercicio del poder se sustentan en la violación del marco jurídico, sin embargo, algunas prácticas se visten de legalidad con reformas amañadas. El régimen sigue mancillando las leyes y demoliendo lo poco que queda de la institucionalidad en los gobiernos locales.
Lo anterior son conclusiones a las que se llega luego de analizar lo que dicen expertos con trayectoria en el estudio de la gestión municipal, principalmente en lo relacionado a la transparencia. En este reportaje se analizan varias aristas del entramado de irregularidades que se dan alrededor de la gestión municipal en Nicaragua y se hace un recuento de acontecimientos que son evidencia clara del descarrilamiento del municipalismo.
***
Todo indica que con las reformas al marco jurídico relacionado a los gobiernos locales se destapó una suerte de caja de Pandora.
“Se ha violentado todo el marco jurídico, empezando por la misma Constitución, todas las leyes relacionadas a los municipios, la participación ciudadana, el acceso a la información pública y hasta las de carácter tributario”, advierte uno de los expertos consultados para este reportaje, quien desde los años 90 ha venido sistematizando, primero la evolución del municipalismo, y a partir del 2007, cuando Daniel Ortega regresa al poder, la involución de este.
“Lo que yo cuestionaría fundamentalmente no es la calidad de las personas sino los procedimientos, yo creo que el tema más importante es la violación y suspensión de la autonomía municipal como tal”, refiere otra de las expertas en municipalismo consultadas. Ella valora que en muchas alcaldías los que están al frente son buenos alcaldes, pero que algunos están inhabilitados de demostrarlo porque están sometidos sin poder hacer uso del ejercicio del poder local con criterio propio.
La opinión de una tercera fuente es más incisiva: “El estado local está inhibido, hay un desmantelamiento total y absoluto”, afirma de manera tajante. “Las alcaldías son operadoras políticas del régimen y además estas han sido usadas como instrumentos de represión, porque de ahí salen los pagos para los paramilitares, ahí están las canteras del pago de los paramilitares”, imputa.
Las tres fuentes citadas son expertas en el tema del municipalismo, y si bien sus opiniones difieren y unas son más cautelosas que otras, todas llegan a una conclusión en común: El municipalismo en Nicaragua ha sido desmantelado. Las tres fuentes accedieron a la entrevista bajo condición de anonimato, lo que de alguna manera también pone de relieve otros escenarios que vive el país, entre estas la coartación de la libre expresión, el asedio y persecución a las voces críticas en Nicaragua.
De acuerdo con una las fuentes consultadas, la obsesiva manía por concentrar todo el poder y controlar política y administrativamente cada rincón del país por parte del régimen Ortega-Murillo, ha convertido a los gobiernos municipales sandinistas en una especie de súbditos de un remedo de monarquía. “Los alcaldes no tienen autonomía, no responden a los electores; son empleados de la pareja presidencial y solo les rinden cuentas a ellos”, aseguró.
“En las alcaldías no se mueve una hoja de un árbol, sin el visto bueno o la autorización del ejecutivo” acotó otro experto en el tema municipal.
Reformas al marco jurídico eclipsaron la transparencia
La transparencia en la ejecución presupuestaria municipal, fue un tema de interés del Poder Legislativo y las municipalidades hasta el año 2010. Al menos hubo esfuerzos encaminados a que los municipios rindieran cuentas y la ciudadanía conociera como se invertían sus impuestos, asegura uno de los especialistas consultados.
El experto, quien es co-autor de varios estudios sobre municipalismo en Nicaragua, asegura que ha venido sistematizando desde los años 90, todo lo que ocurre con relación a la gestión municipal en el país, principalmente lo relacionado al tema de la transparencia.
Los avances se venían dando tanto desde el acontecer legislativo, como desde los mismos gobiernos locales, así como desde otras entidades vinculadas a la administración presupuestaria entre estas el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y la Contraloría General de la República (CGR), el órgano rector del sistema de control de la administración pública.
La fuente destaca que si bien el proceso venía avanzando a través del fortalecimiento del marco legal, este se detuvo en el año 2010, y en 2012 el Poder Legislativo aprobó reformas jurídicas que lo hicieron retroceder, “la rendición de cuentas vino en proceso de mejoras continuas hasta el año 2010, luego en 2012, se hicieron reformas a la Ley No.40, Ley de Municipios y la Ley No.466, Ley de Transferencias Municipales, así como a otras normativas del marco jurídico relacionado a los municipios, lo que trastocó el proceso que se venía construyendo”, con las reformas aprobadas, “se entró en una etapa en que las alcaldías empezaron a no rendir cuentas”. El experto añadió que a partir de las reformas todo lo avanzado vino en un franco retroceso hasta alcanzar una inflexión total en 2018.
De acuerdo con otra de las fuentes, también con amplia trayectoria en estudiar el ejercicio del poder local, “la eliminación de la autonomía municipal ha dañado profundamente a los municipios”.
La experta recordó que, en 1995, de cara a las elecciones municipales de 1996, se puso en marcha el proyecto llamado Transmisión de Gobiernos Locales (TGL), el que fue promovido por el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM), con la participación de la Asociación de Municipios de Nicaragua (Amunic) y organizaciones de sociedad civil vinculadas al municipalismo.
“Eso implicaba que hubiera todo un período de entrega, de transmisión del gobierno, donde los nuevos electos ya sea el concejo municipal, el alcalde y vicealcalde, tomaban conocimiento de cómo operaba la alcaldía, las autoridades salientes hacían una entrega transparente ante la población, incluso de todas las finanzas municipales y de los proyectos en ejecución”, aseguró la especialista.
La experta recuerda que la población podía participar junto a los concejos municipales en la elaboración y diseño de los planes de desarrollo municipal, “había una verdadera democracia, no en todos lados funcionaba tan bien, pero existía ese marco legal y la gente podía ser artífice de su destino, de su deber, de demandar a sus autoridades lo que realmente necesitaba”.
Por su parte el experto explicó que, de acuerdo con el marco legal, los municipios deben hacer dos tipos de rendición de cuentas, “tienen que rendir cuenta al Estado a través del Ministerio de Hacienda y la Contraloría, pero también a los ciudadanos”, en este sentido agregó que había a disposición del público datos abiertos, “había un interés de que existiera información pública y en ese tema se avanzó con el establecimiento de Transmuni a partir del 2005”, aseguró.
Transmuni es una iniciativa desarrollada en 2005 por el Ministerio de Hacienda e INIFOM, consistente en una plataforma digital en la que los municipios subían información referida a ejecución presupuestaria como requisito para recibir las transferencias que por ley le corresponden desde el gobierno central.
También puede leer: Acceso a información pública, tarea pendiente
“Ese fue un gran avance en cuanto a transparencia, había datos bastante abiertos de los municipios, ahí podías ver los proyectos que se iban a hacer, en qué y cómo se iba a gastar y de dónde provenían los recursos”, asegura el experto municipalista.
Sin embargo, afirma que, a raíz del estallido social del 2018, se eliminó casi toda la información que había de rendición de cuentas o datos públicos a los que cualquier ciudadano interesado en conocer, podía acceder. Agregó que actualmente “la única información con la que se cuenta es el presupuesto inicial del municipio y el presupuesto ejecutado, pero no hay información detallada sobre en qué y cómo se está invirtiendo. Nada de eso se sabe”.
Por otra parte, el experto señaló que paralelamente muchas alcaldías divulgaban información sobre inversión presupuestaria en sus páginas web, “todavía en el año 2010, alrededor de 70 municipalidades tenían en sus sitios web información referida a las inversiones del presupuesto, hoy día no informan nada, no actualizan, hay información desfasada”, aseguró.
Datos restringidos
“Hay trampas para entrar a los datos de Trasnmuni”, afirmó el municipalista. Explicó que existe todo un procedimiento complejo para poder acceder como usuario, sin embargo, no proporciona información clara. “Además de no ser una página accesible para todo mundo, carece de información”, lamentó.
Expuso que, en el caso de los municipios, si bien estos tienen acceso al sitio, sólo se les permite subir su propia información, pero no pueden ver la información de otros municipios. “El usuario puede ver la información global, consolidada, sólo puede saber cuánto es el presupuesto que ejecutó la alcaldía. Muchas veces hay un monto y tres semanas después otro; cambia por millones sin explicación cuando se supone ya se había cerrado la ejecución” advirtió.
Aumento en número de concejales y dietas convertidas en salarios
Con las reformas del 2012 a la Ley de Municipios, se aumentó considerablemente el número de concejales municipales. En el caso de Managua se cuadruplicó, pues el Concejo de la comuna capitalina paso de tener 20 miembros y sus suplentes a 80 también con sus respectivos suplentes. En los otros municipios se incrementó de acuerdo con una relación establecida según cantidad de habitantes. Sin embargo, estos pasaron a tener de 10 concejales con sus respectivos suplentes a números que oscilan entre 17 y 50 según la población del municipio.
La experta en municipalismo consideró como absurda e innecesaria esta reforma. Sin embargo, opinó que para el partido de gobierno fue una movida estratégica pues lo que buscaba era aumentar la base de gente allegada políticamente.
Con esta interpretación coindice el otro experto consultado, quien aduce que lo que se buscaba con este cambio era incorporar a las alcaldías, bajo la figura de concejales y bajo una norma legal, a todos los representantes políticos que el partido tiene en los territorios, para tener más control político y para beneficiarlos con las dietas que les corresponden a los concejales según la Ley, pero como un incentivo por hacer el trabajo político en los territorios.
“De esta manera cubren la demanda de gastos de estos políticos para llegar a las reuniones al casco urbano del municipio, para informar sobre el trabajo que están haciendo en las comunidades”, aseguró.
La experta en temas municipales por su parte refirió que lo más grave es que estas dietas, en muchos municipios fueron convertidas en salarios, contraviniendo nuevamente lo que dice la Ley.
“Efectivamente así es”, asegura la otra fuente consultada en referencia a las dietas convertidas en salarios, premisa que él ha podido constatar en sus investigaciones.
El experto explica que en efecto en los municipios hay políticos que están fungiendo como concejales, pero realizan un trabajo partidario y reciben un salario como funcionarios municipales. “En este sentido hay una doble violación a la Ley de municipios, primero porque el trabajo que hacen es partidario y no un trabajo de gestión de gobierno municipal, y segundo porque la ley establece que los concejales recibirán dietas por su participación en las sesiones, pero no un salario”, explica.
Las dietas son honorarios cuyos montos los define el mismo gobierno municipal de acuerdo con su presupuesto. El artículo 29 de la Ley de Municipios estatuye en su primer párrafo que cada concejo municipal determinará en su presupuesto el monto de las dietas a que tendrán derecho sus concejales por la asistencia cumplida a las sesiones de este, de conformidad con la Ley de Régimen Presupuestario Municipal.
La gravedad del asunto también radica en que, al aparecer estas personas como parte de la planilla municipal, deben también cotizar en el Instituto Nicaragüenses de Seguridad Social, “al municipio le corresponde pagar al INSS el porcentaje que le corresponde por cada empleado según la ley”, advierte la fuente, quien añade que toda esta confusión es un asunto ilegal que han procurado disfrazar de legalidad.
¿Cómo funcionan en una alcaldía opositora?
En el caso de Camoapa, una de las 18 alcaldías bajo administración opositora, la alcaldesa Gretchen Martínez, explicó a Onda Local, que hay una planilla especial para la dieta que se le paga a los Concejales, “esa dieta está divida en dos, el 50% si asiste a la sesión y el otro 50% si asiste a la reunión de su comisión permanente, se le paga al INSS lo que le corresponde, que es una semana la que les quitan, como si tal fuera una semana la que trabajan; eso ha generado malestares en los concejales porque dicen que es poca la dieta”.
La alcaldesa aseguró que, hasta el momento, el gobierno municipal bajo su administración va al día con el pago de los trabajadores, contrario a lo que, según ella, le sucedió al asumir su cargo, “tuvimos que pagar un millón (de córdobas), y un poco más al INSS. Además, tuvimos que pagar muchas de las ‘calles para el pueblo’ que supuestamente había hecho el gobierno anterior, 3 millones y medio nos quitaron”, explicó.
Por otro lado, la funcionaria señaló que se le da a cada concejal el detalle del plan de inversión de la municipalidad, también utilizan el Sistema de Administración Financiera Municipal que diseñó el INIFOM “donde todo lo que ingresa por caja va claro y obviamente lo que va saliendo también, porque se tiene que definir el egreso y justificar en qué se gastó; es una forma de transparencia porque no hay manera de alterar cifras”.
Adiós a los cabildos
Otra de las irregularidades en la gestión municipal que empaña la transparencia es el hecho de que los municipios no están realizando los cabildos que por Ley deben celebrar.
El artículo 36 de la Ley de Municipios establece que “en cada Municipio se convocarán los Cabildos Municipales, que son asambleas integradas por los pobladores de cada Municipio, quienes participarán en los mismos, sin impedimento alguno, de manera libre y voluntaria para conocer, criticar constructivamente y contribuir con la gestión municipal”.
Eso hace años que no se cumple en muchos municipios. “Ya no se debate el tema presupuestario, el tema de planificación, los cabildos se van eliminando progresivamente”, afirma la experta en municipalismo.
Por su parte el también estudioso de la gestión municipal, asegura que desde el 2018 los alcaldes oficialistas no están realizando los cabildos, y en muchos casos los que se realizaron entre los años 2010 y 2017, eran con invitados, “si no llegabas con una tarjeta de invitación no te dejaban entrar al cabildo, entonces no era un cabildo para rendición de cuentas públicas, sino una reunión entre compadres”, afirma el experto.
Reformas a Ley de Transferencia dan pase libre a corrupción
Otra estrategia gubernamental que constituye una zancadilla al municipalismo, fueron las reformas realizadas a la Ley de Transferencias municipales en 2012, en este sentido la fuente consultada explicó que la primera reforma de importancia “otorga total discrecionalidad a una comisión de transferencias que no existe, ni opera”, en ese sentido explicó que en realidad quienes se encargan de todo son el INIFOM y el Ministerio de Hacienda.
“Es una comisión que no funciona, a la cual se le dio discrecionalidad total sobre las asignaciones de la Ley, y aunque se dejaron en la Ley los 4 conceptos de distribución y asignación, el procedimiento no se practica” advirtió.
El experto afirmó que he realizado análisis estadísticos y no ha encontrado ningún patrón que indique de que se esté aplicando una fórmula como manda la ley, sino que es una asignación antojadiza o hecha a conveniencia, con la que se otorga, a discreción, a unos municipios más a otros menos.
En la misma vía indicó que a partir de que la Ley deja esa libertad a la comisión, es que se ha venido aumentando las asignaciones a Managua y a las cabeceras departamentales más importantes. Bajo esta estrategia Managua pasó de recibir 2.5% a 6% del monto total, de igual forma ocurre en las cabeceras departamentales donde las partidas subieron astronómicamente, contrario a lo que ocurre en municipios pequeños, principalmente rurales donde las transferencias dejaron de crecer, explicó la fuente.
La segunda reforma importante fue establecer en la Ley que el 22.5% de las transferencias totales para inversiones serían destinadas a cuatro sectores que son de competencia privativas del gobierno central: Salud, Educación, Medio Ambiente y Agua y Saneamiento. En este sentido explicó que con la reforma la ley manda que ese porcentaje de las trasferencias municipales debe distribuirse obligatoriamente a estas áreas, lo que ha provocado que las delegaciones municipales de esas instituciones y ministerios vayan y pidan su presupuesto. “Por ejemplo si la ley dice que a salud debe dársele el 5%, entonces salud va a la alcaldía a pedir ese 5% de la transferencia, para financia ellos los proyectos que ellos crean necesarios en salud, cuando la salud es competencia del Ministerio de Salud a nivel nacional”.
Transferencias se reducen bajo discrecionalidad
Las transferencias venían siendo desembolsadas como manda la ley. El estudioso de la gestión municipal asegura que hasta el año 2019, era transferido a los municipios el 10% de los ingresos tributarios del Presupuesto General de la República. Aunque en el 2018, en el contexto de la rebelión de abril, “se desembolsó menos y se desembolsó tarde, ese fue el manejo que le dieron al presupuesto en medio de la crisis para poder financiar, fue un año atípico”.
De acuerdo con el experto, a partir del 2020, olímpicamente el gobierno bajó la partida del 10% al 4%, lo que significa una reducción del 54%, aclaró que en este caso no se refiere a la asignación por municipio sino de toda la masa presupuestaria. Explicó que con esa reducción se continúa con la dinámica de darle cantidades mayores de recursos a los municipios cabeceras departamentales, y las transferencias a los municipios pequeños se reduce aún más.
Señaló que redujeron drásticamente las transferencias para inversiones, pero mantuvieron la transferencia para gastos corrientes, “con el fin de que no despedir personal y poder seguir cubriendo las planillas del personal que tienen el partido operando en los municipios”. Agregó que la gente a la que le pagan esos salarios, “son los que se movilizan en trabajo político de territorio en territorio, visitando comarcas, convenciendo gente, trabajando para las elecciones, levantando datos”.
“Con mano de hierro a la oposición, con gantes de seda a los oficialistas”
El investigador explicó que cuando los municipios oficialistas no logran cumplir con la rendición en tiempo y forma, hacen la solicitud del nuevo desembolso a través de una carta al Ministerio de Hacienda, y con esa carta basta para que les desembolsen el nuevo monto, sin que hayan rendido cuentas, “estos asumen el compromiso de que rendirán cuentas después”, aseguró. Sin embargo, cuando son los municipios no oficialistas los que no cumplen, “no les dejan pasar nada, si es atrasan, se atrasan”, aseguró.
A lo anterior se suma la drástica reducción presupuestaria, antojadiza, a la que son sometidos los municipios que no son del partido gobernante. La fuente afirmó que “municipios que recibían de entre 35 a 40 millones de córdobas en 2017, este año están recibiendo a penas un millón o dos millones”.
Para muestra, un botón
Efectivamente, Onda Local pudo constatar la afirmación del investigador consultado. En el municipio de Camoapa la reducción de las transferencias fue de aproximadamente el 85 %. Así lo explica la alcaldesa de ese municipio Gretchen Martínez: “En el año 2017 recibimos 34 millones; en el 2018 nos redujeron a 17 millones, pero nos entregaron menos de esa cantidad. En el 2019, que se suponía nos iban a dar 13 millones también nos dieron menos, en el 2020, 2021 y 2022 quedó en 2 millones 137 mil, esos tres años han sido la misma cantidad”.
Camoapa, uno de los seis municipios que conforman el departamento de Boaco, es el segundo en importancia y el que menos transferencias de capital ha recibido en los últimos años, aseveró la alcaldesa de ese municipio.
También se pudo verificar la afirmación del experto relacionada a la drástica reducción de las transferencias para inversiones, pero no así las transferencias para gastos corrientes. La alcaldesa de Camoapa aseguró que “el recorte presupuestario ha sido únicamente en los fondos de capital, es decir, el dinero que se destina para invertir en proyectos para el municipio. Los fondos corrientes destinados a gastos operativos (pago de planillas, bienes y servicios entre otros), se han entregado sin recortes”.
“En Camoapa se trabaja con las uñas”
Así lo asegura la alcaldesa de este municipio. La falta de recursos dificulta la ejecución de proyectos y el cumplimiento de las demandas ciudadanas. Martínez asegura que las principales demandas de los camoapenses son la reparación de calles en el casco urbano, reparación de caminos rurales, construcción de puentes y resolver el eterno problema del agua potable.
Según la alcaldesa, se han logrado resolver algunos proyectos es con el apoyo de la población y en alianza con una municipalidad vecina, “hemos logrado hacer, por ejemplo, el puente sobre el río Siquia que era algo que pedían los productores, (…), ese puente se hizo de manera tripartita entre la alcaldía de Paiwas, la alcaldía de Camoapa y los productores”.
Otro proyecto desarrollado de la misma forma fue el puente de Tipilma, que también presentaba problemas para la población, “en esta los productores recogieron una parte del dinero y la alcaldía gestionó la otra parte”. Sin embargo, otros proyectos se han hecho a medias por falta de recursos afirma la alcaldesa, “hemos logrado reparar varias carreteras, pero no como se debería, lo que hemos hecho es bacheo con los pocos recursos que tenemos”.
Cierre de organizaciones también golpeó a la municipalidad
La alcaldesa de Camoapa asegura que una ayuda importante para este municipio eran los hermanamientos, pero estos fueron suspendidos con el cierre de organizaciones. “La alcaldía de Camoapa tenía hermanamientos con Sant Just, Barcelona y Arcata, California, que eran manejados por la Asociación de Hermanamiento Municipales (ASODHERMU), a la que le quitaron la personería jurídica, por lo que ya no cuentan con esa ayuda” lamentó.
Por otro lado, Martínez aseguró que en Camoapa ha existido una ‘’alcaldía paralela” a la que ella dirige, la que únicamente ha sabido despilfarrar los pocos fondos. Señaló que una práctica que identificó al inicio de su mandato fue que en el 2018 cuando estaba vigente el Convenio Colectivo de los sindicatos, “se mandaban a pagar el doble, y en algunos casos hasta cuatro veces la liquidación de las personas que se iban, para descapitalizar a la municipalidad”.
En otro orden, Martínez afirmó que en Camoapa sí se hacen los cabildos que manda la Ley de Municipios. Explicó que se ha cumplido con los cinco cabildos ordinarios; cuatro informativos sobre ingresos y egresos, y uno donde se da a conocer el presupuesto del año siguiente. “En ese sentido me siento bastante satisfecha por la participación de la gente, en uno llegan más personas que en otros, pero las personas que llegan saben que los escuchamos. Yo estuve como concejal suplente en el gobierno anterior, siempre estaban estudiantes o profesores, que los llevaban para que se mirara gente”, concluyó la edil del municipio Boaqueño.
Un arduo trabajo de años tirado por el caño
La experta en municipalismo consultada por Onda Local recuerda que, desde los espacios de sociedad civil, dio seguimiento al tema de las transferencias municipales, en un contexto diferente en el que diversos sectores vinculados al poder local lucharon por que el porcentaje del PGR asignado a las alcaldías se incrementara.
“Fue un proceso larguísimo de lucha de los alcaldes, de los concejales, de la población, de la sociedad civil organizada, de las asociaciones de municipios y demás”, asegura. Refirió además que producto de esa lucha se logró plasmar en la Ley de Transferencias Municipales, que el 6% que se otorgaba a las alcaldías, fuera aumentando progresivamente hasta llegar al 10% del PGR, el Estado estaba obligado a transferir ese monto a los municipios.
Lamentó que actualmente lo que se hace a municipal depende del gobierno central. “El poder ejecutivo cada año pasa a los municipios lo que quiere sin ningún tipo de normativa o reglamentación y otra violación a la autonomía municipal se establece un porcentaje fijo”.
“Me acuerdo cuando comenzó esto en el 2011, desde la presidencia se establecía qué porcentaje de las transferencias debía utilizarse en cada sector, era el 5% en salud, el 5% en educación, violando con eso la autonomía que tiene la comunidad en cada municipio y las autoridades municipales para establecer cuáles son sus prioridades y cuál es la inversión que realizan en cada sector” lamento la experta.
Alcaldes destituidos vs. alcaldes perpetuados en el poder
En base a lealtades se premia a algunos alcaldes eternizándolos en la silla edilicia, y se castiga a otros defenestrándolos por no acatar algún lineamiento orientado desde el gobierno central. En esto también hay violación de las leyes y de la autonomía municipal.
“La Ley de municipios establece claramente cuáles son las causales y los procedimientos para deponer alcaldes, concejales y demás; sin embargo, en la práctica eso no se ha dado, sino que los lineamientos para defenestrar autoridades locales vienen desde el Ejecutivo y es una cuestión de lealtades”, explica el especialista en municipalismo.
El experto reiteró que el trabajo de los alcaldes se basa en lealtades, “cuando a la señora (Rosario Murillo) no le cae bien o ve que no es lo suficientemente leal, rueda la cabeza y eso incluso muchas veces en contra de los concejos municipales”.
Recordó que los alcaldes sandinistas “son fichas del régimen” y una prueba de ello es el rol que desempeñaron durante la represión de 2018, en la que incluso algunos ediles participaron personalmente, como es el caso de Sadrach Zeledón de Matagalpa, de quien circularon videos en redes sociales donde le ve dirigiendo a grupos de paramilitares en las calles matagalpinas en el contexto de las protestas.
La fuente recordó que en teoría el alcalde no es la máxima autoridad sino el Concejo Municipal, pues la ley establece que el alcalde está llamado a acatar y ejecutar las normativas y los lineamientos que salen del Concejo Municipal, “pero en la práctica eso no es así, los concejales son de segunda y el alcalde es el que tiene la total potestad para hacer todo”.
Bajo esta dinámica actualmente hay más de 40 alcaldes que han estado consecutivamente frente a las alcaldías hasta por tres o cuatro periodos, pero además más de 30 que han renunciado o han sido defenestrados sin que haya claridad en los procedimientos.
(Con)fusión Estado-Partido
De aquí se desprende otro aspecto revestido de gravedad, la fusión estado-partido en las municipalidades. En algunos casos el alcalde es a la vez el secretario político del partido en el territorio, o bien el presidente del Concejo Municipal es quien asume este cargo preponderando el rol político por sobre el cargo público, incluso mucha veces el secretario político y a la vez secretario del Concejo Municipal, asume como alcalde de facto, dejando la figura del alcalde como decorativa, un ejemplo es el caso del secretario del Concejo Municipal de Managua, Fidel Moreno, que en la práctica opaca la figura de la alcaldesa capitalina Reina Rueda.
“Piñata” con bienes municipales
Otra práctica del sandinismo ha sido la repartición de bienes municipales en el proceso de traspaso del poder municipal.
El experto recuerda por ejemplo, que luego de las votaciones municipales del 2017, los funcionarios de las alcaldías que estaban en manos del partido sandinista pero que el Consejo Supremo Electoral, asignó a partidos de oposición, se repartieron muchos bienes antes de entregar la administración al gobierno municipal entrante, como sucedió en la Alcaldía de Camoapa en Boaco y El Almendro en Río San Juan, “increíblemente ahí se repartieron vehículos y todo tipo de bienes, hasta bancos de tierra que tenían para para hacer proyectos de vivienda, que ellos incluso llamaban emblemáticos”, aseguró.
Proceso electoral municipal 2022
Sobre lo que se espera de las votaciones del 6 de noviembre de este año, el experto opinó que, para aparentar transparencia, lo más probable es que el Consejo Supremo Electoral, asigne algunas alcaldías a los otros partidos que participarán, pero que serán plazas que no son del interés del sandinismo. Opinó que con esto lo que pretenderían es revertir un poco la opinión internacional, “pero además para premiar a los partidos zancudos, que están coludidos. Va a ver, pero muy poco, quizá menos que los que existen actualmente”, conjeturó.
Agregó que las cuotas que darán a los partidos que se prestan a la farsa electoral “van a ser las que ellos quieran y como quieran, porque no van a respetar nada, por el contrario, están restringiendo más las libertades de los procesos electorales, porque las reformas tienden a eso”.
Las votaciones municipales de 2022 se realizarán en un contexto donde la autonomía municipal está en ruinas. No habrá ninguna garantía de transparencia, igual que en 2021.
