La cartilla anti femicidio: recetada como la panacea ante un grave problema de salud pública
Los femicidios en Nicaragua son un asunto de nunca acabar. A lo largo de los años, los mayores esfuerzos para reducir la incidencia de crímenes contra mujeres, niñas y niños, los ha hecho principalmente la sociedad civil organizada. Para el régimen Ortega Murillo la lucha contra la violencia hacia las mujeres, nunca ha sido una prioridad, por el contrario, desde el retorno al poder en 2007, ha obstaculizado los esfuerzos encaminados a reducir esta epidemia.
A mediados de este año, el régimen anunció con bombos y platillos una cartilla cuyo impacto e incidencia se reduce a propaganda, sin poner realmente el dedo sobre la llaga. En este reportaje Onda Local analiza el contexto, las acciones retrógradas del régimen y cómo la cartilla no es más que una especie de placebo presentada como la panacea.
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El cinco de julio de 2022, Karen Monserrath Blandón, de 21 años, amamantaba a su bebé de ocho meses, cuando Ernesto Caleb Rocha Tercero, su entonces pareja, llegó a su casa y le disparó privándole la vida de manera instantánea. El crimen que conmocionó al país, ocurrió en el barrio Carlos Fonseca, ubicado en el Distrito V de Managua.
El femicida se dio a la fuga. Estuvo prófugo durante tres días, pero fue capturado por la policía fronteriza de Honduras cerca de la frontera con Guatemala, cuando pretendía ingresar a ese país, fue entregado a las autoridades nicaragüenses y días después se inició un proceso judicial en su contra.
El asesinato de Karen Blandón es uno de casi 50 femicidios ocurridos en lo que va del año 2022.
Una cartilla “para prevenir femicidios”
Impresa con colores psicodélicos, con la tipografía propia de la propaganda gubernamental y con un lenguaje impregnado con la ya conocida retórica de la vicedictadora Rosario Murillo, salió a luz a finales de julio de este año la cartilla "Mujer, Derechos, Leyes y Mecanismos de Denuncias para la Prevención del Femicidio".
La cartilla es parte de una campaña impulsada por el gobierno a través de una comisión interinstitucional encabezada por el Ministerio de la Mujer, e integrada por el Ministerio de la Familia, El Ministerio de Educación y las Comisarías de la Mujer y la Niñez, y apoyada por otras instituciones del Estado según han explicado los medios oficialistas.
El plan de difusión de la cartilla también está lleno de palabras propias de la propaganda política-partidaria y de la retórica de Murillo, destacan en los spot y viñetas frases como “Somos mujeres con el poder del amor”, “Las mujeres somos patria libre”, “Familias unidas para la paz y la vida”, dichas frases se usan como hashtag en las publicaciones digitales.
Con bombos y platillos
La presentación de la cartilla a finales de julio, ha sido acompañada por una parafernalia mediática que incluye spot de televisión y viñetas radiales, cuya difusión además de hacerse por los medios oficialistas, tiene presencia en las plataformas digitales de ministerios y otras entidades públicas.
Efectivamente, la cartilla ha sido anunciada con bombos y platillos e incluye movilización en barrios y comunidades para desarrollar “charlas” y “capacitaciones”, en todo el país, según lo ha anunciado la misma vicedictadora, a través de sus acostumbradas alocuciones.
La cartilla fue dada a conocer a través de los medios oficialistas como parte una “estrategia permanente” del gobierno que “busca erradicar cualquier forma de discriminación y violencia en cualquier espacio, que ponga en peligro la vida de mujeres, niñas y sus familias”.
La cartilla según se describe en las publicaciones oficialistas “es una herramienta eficaz para informar y promover la apropiación de los derechos humanos de las mujeres de cada comunidad”.
Pero, ¿es realmente esta cartilla la herramienta que se dice?, ¿verdaderamente va a prevenir los femicidios?, ¿tendrá un impacto positivo y masivo su campaña de difusión? En este reportaje Onda Local analiza aspectos que buscan darle respuestas a estas y otras preguntas, pero antes de ahondar en la cartilla, hacemos un recuento de los antecedentes de la lucha contra la violencia hacia las mujeres en el país y el rol del gobierno en el marco de esa lucha durante las últimas décadas.
La lucha contra la violencia machista no ha sido prioridad del gobierno
La sociedad civil organizada ha sido la principal abanderada en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Movimientos sociales, redes de mujeres organizadas, colectivos feministas y organizaciones defensoras de los derechos humanos han sido quienes han llevado la batuta en esta lucha sin cesar durante las últimas décadas. Sin embargo desde 2018, la mayoría de estas organizaciones, han sido ilegalizadas por el régimen Ortega Murillo.
La lucha contra la violencia machista, incluyendo los femicidios, no ha sido una prioridad para la dictadura, por el contrario, desde que Ortega retornó al poder en 2007, ha venido reduciendo los esfuerzos encaminados desde la sociedad civil, así como los realizados por los gobiernos anteriores en esta importante batalla por reducir la violencia, que en los últimos 12 años ha cobrado la vida de 870 mujeres, según registros de organizaciones de sociedad civil.
Cuatro zancadillas del régimen a la lucha contra la violencia
Las zancadillas que han frenado los avances en materia de lucha contra la violencia hacia las mujeres, realizadas por el régimen, van desde reformas jurídicas hasta decisiones que desafortunadamente propician la impunidad y ponen en mayor vulnerabilidad a las mujeres y niñas ante sus agresores, ejemplo de ello es la liberación masiva de reos comunes bajo la figura de “convivencia familiar”.
A continuación, se enumeran las principales acciones del gobierno, que han representado un retroceso en esta lucha durante los últimos años.
Reformas a la Ley 779
La Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres o Ley 779 entró en vigencia el 22 de julio de 2012, solo 14 meses después, en septiembre del 2013, sufrió su primera reforma cuando la Asamblea Nacional incluyó la posibilidad de mediación en la misma, una figura que no estaba contemplada en el texto original, el cual establecía que: “No procederá la mediación en los delitos señalados en la presente Ley”.
Con esta reforma se da luz verde a la mediación en los casos que la ley considera como “delitos menos graves”, los que incluyen, violencia física si se provocan lesiones leves; violencia psicológica si se provoca daño a la integridad psíquica que requiera tratamiento psicoterapéutico; intimidación o amenaza contra la mujer; violencia laboral y violencia en el ejercicio de la función pública contra la mujer.
Sin embargo, diversas organizaciones feministas y defensoras de los derechos de las mujeres, rechazaron la mediación como alternativa, alegando que con esta las mujeres quedaban desprotegidas.
Azahálea Solís, en ese momento dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres, escribió en un artículo publicado en la Revista Envío, en noviembre del 2013, que: “El mensaje social que se envía desde el Estado con la reforma es letal, no sólo porque esa restitución implica la promoción de la impunidad, sino porque convierte al Estado y a todos sus operadores en cómplices necesarios de la violencia, (la mediación), lo que hace es consentir y favorecer deliberadamente a los perpetradores del delito y, en consecuencia, deja a las mujeres en total indefensión”.
En tanto, Ruth Marina Matamoros, del Grupo Venancia de Matagalpa, advirtió en 2016, que “ofrecer la mediación como única respuesta del Estado para enfrentar la violencia generalizada contra las mujeres es violar los derechos humanos de las mujeres, su derecho a vivir sin violencia. Ofrecerles esa única salida es muy grave. Y es peligroso”.
Solís dijo también que “antes de que se aprobara la reforma, las organizaciones de mujeres demostraron que en 2012 el 30% de los femicidios que se cometieron en el país pasaron antes por una mediación entre el asesino y su víctima. Por eso, ante estas evidencias, la reflexión sobre la validez de la mediación debe analizarse teniendo en cuenta el eje tortura-empoderamiento”.
Segunda reforma: limitación del femicidio al ámbito privado
La Ley 779 era considerada como una ley completa, pues de acuerdo a los movimientos de mujeres y organizaciones defensoras de los derechos humanos, era una ley integral que protegía a las mujeres en todos los ámbitos.
Sin embargo en julio del 2014, la ley sufre, mediante decreto presidencial, una mutilación importante: el delito de femicidio queda delimitado al ámbito privado.
Un decreto ejecutivo publicado en La Gaceta del 31 de julio de 2014 refiere en su artículo 34 que para que el delito sea calificado como femicidio “éste debe cometerse por un hombre en contra de una mujer en el marco de las relaciones interpersonales de pareja”, según el decreto, el hechor debe haber mantenido con la víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia de intimidad o de noviazgo, al momento de cometer el delito, excluyendo de esta manera cualquier asesinato contra una mujer que sea cometido por un desconocido en el ámbito público.
El texto original de la Ley tipificaba como femicidio cualquier crimen que privara de la vida a una mujer, ya sea que este ocurriera en el ámbito público o privado. El artículo 9 de la ley así lo establecía: “Comete el delito de femicidio el hombre que, en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una mujer ya sea en el ámbito público o privado”.
Al respecto analistas concluyeron que la reforma solo buscaba maquillar las estadísticas ante los organismos internacionales, para posicionar al país entre los que aparecen con más bajos índices de incidencia de femicidios en la región, y efectivamente el gobierno dejó de contar como femicidios los asesinatos contra mujeres que no fueron cometidos por sus parejas o cónyuges, lo que hizo bajar las cifras en los informes oficiales, ocultando así las verdaderas dimensiones de esta tragedia. Sin embargo, organizaciones como “Católicas por el Derecho a Decidir”, siempre dejaron en evidencia la falacia gubernamental, con su propio monitoreo que incluía todos los crímenes contra mujeres como lo especificaba la ley antes de la reforma, cuyas cifras superaban con creces las oficiales.
Cierre de Comisarías de la Mujer
Otra acción gubernamental que cercenó la lucha contra la violencia hacia las mujeres fue el cierre de las Comisarías de la Mujer a finales del 2013, luego de más de 20 años funcionando, estos espacios de denuncia y seguimiento a los casos de violencia contra las mujeres, permanecieron cerrados por siete largos años, hasta que, a inicios del 2022, Rosario Murillo anunció su “relanzamiento” como parte de una campaña denominada “Nicaragua libre de crímenes de odio y violencia contra las mujeres”.
La reapertura de las comisarías se anuncia luego de más de 60 femicidios ocurridos a lo largo del 2019, según registró la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV) ese año.
Cabe resaltar que estas instancias surgieron en noviembre de 1993, durante el gobierno de Violeta Barrios, como un proyecto piloto que inició en el Distrito V de Managua. El proyecto inicial contemplaba la incorporación del personal policial; psicólogas y trabajadoras sociales además del apoyo de diferentes organizaciones de la sociedad civil.
En los años posteriores estas comisarías se expandieron paulatinamente por los demás distritos de Managua y algunos departamentos, convirtiendo en ese momento a Nicaragua en uno de los pocos países de Latinoamérica en contar con unidades policiales especializadas en atender violencia machista, hasta que el régimen anunció su cierre en 2013.
Liberación masiva de reos comunes
Otro revés del régimen a la lucha contra la violencia de género ha sido la liberación masiva de reos comunes, bajo la figura de “régimen de convivencia familiar”.
La dictadura ha liberado a más de 30 mil reos comunes desde el 2014. Aunque el régimen alega que las personas liberadas fueron sentenciadas por delitos leves y que cumplían condenas menores a los cinco años, ha trascendido que entre los liberados había personas condenadas por violación y otros delitos graves, como el caso de Bryan Jordan Flores, quien tenía antecedentes por el delito de violación y fue beneficiado con el indulto a finales del 2020. El 10 de enero del 2021, Flores cometió femicidio contra la joven Katring López de 21 años, quien luego de asesinarlas depositó su cuerpo en un sumidero. El hecho ocurrió en el municipio de Jalapa, Nueva Segovia.
Ilegalización de organizaciones defensoras
El régimen continuó su arremetida arrebatando la personería jurídica a todas las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, a colectivos y movimientos feministas y a organizaciones de derechos humanos, muchas de estas organizaciones tenían una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos de las mujeres.
Pero no solo eso, al régimen no le bastó con ilegalizar a las organizaciones y en su agresiva estrategia, ha desterrado a varias de las mujeres lideresas de estas organizaciones, uno de los primeros casos, luego de la rebelión cívica de abril de 2018, fue el de la activista Ana Quirós quien fue expulsada hacia Costa Rica el 26 de noviembre de 2018, y uno de los casos más recientes es el de la también activista feminista María Teresa Blandón, quien luego de salir del país a una gira de trabajo a finales de junio, la dictadura le impidió el reingreso a su país, condenándola al destierro.
Otras mujeres se han visto obligadas a exiliarse dado el asedio, persecución y amenazas de las que han sido víctimas por parte del régimen.
“Propaganda demagógica”
Con todos estos antecedentes, ¿puede tener alguna credibilidad la estrategia del gobierno basada en una cartilla y una campaña para prevenir el femicidio?
La activista y defensora de los derechos de las mujeres, María Teresa Blandón opina que la cartilla es solo “un instrumento de propaganda demagógico”. A criterio de Blandón no existen estrategias, programas o políticas públicas que verdaderamente sean integrales y permanentes.
“Lo que hemos oído en 15 años son algunas acciones específicas, pero estas resultan insuficientes cuando no están articuladas, cuando no tienen un carácter integral, cuando no son sostenidas en el tiempo, cuando no se designan recursos específicos para desarrollar esas acciones y cuando los mecanismos que se han creado para promover los derechos de las mujeres y de las niñas no funcionan” advierte Blandón.
La activista, hoy desterrada, agrega que si existieran las políticas públicas “nos meteríamos a las páginas de los Ministerios y miraríamos cómo están estructuradas, miraríamos en el Presupuesto General de la República el dinero que se asigna para ese tipo de políticas. Que el Régimen saque una cartilla y diga lo contrario, no cambia la realidad, para que podamos decir que existen políticas y programas tendríamos que verlas, tendrían que darlas a conocer y tendrían que funcionar en la práctica”.
Pero, ¿Qué contiene la cartilla?
La cartilla gubernamental para “prevenir el femicidio”, se limita a ser un panfleto informativo, cuyo contenido, si bien orienta sobre algunas cosas como los procedimientos para hacer las denuncias, no se corresponde con lo que en la vida real ocurre.
En sus 22 páginas, se puede leer, al inicio un breve apartado sobre los derechos de la mujer desde el enfoque del gobierno, luego una lista de las leyes que constituyen el marco jurídico que garantiza esos derechos, seguidamente un apartado llamado “Sistema de alerta temprana”, el que incluye la identificación de señales de violencia, en el mismo aparece también ilustrado el ciclo de la violencia.
En las páginas siguientes se describe el mecanismo de denuncias paso a paso, así como el listado de las instituciones gubernamentales que están obligadas a proteger y dar asistencia a las mujeres y niñas. Finalmente, una fotografía de Rosario Murillo acompañada de un texto con la retórica que le caracteriza, el cual reza: “A Mujeres y Hombres, con visión justa y clara de la Vida, nos corresponde trabajar intensamente para cambiarnos y cambiar esos patrones culturales de conductas nocivas, perjudiciales, dañinas y siempre peligrosas, contribuyendo a un cambio cultural, cada vez más urgente, en la necesidad de custodiar, resguardar y cuidar la Vida de tod@s”.
La vicedictadora finaliza diciendo en el texto que Nicaragua se debe convertir en una gran escuela de reconocimiento de la dignidad, de la autoridad y de la humanidad de todas y todos.
Denuncia en línea: ¿respuesta en 5 minutos?
La cartilla anti femicidio, describe los pasos para que una mujer víctima de violencia haga su denuncia en línea, en la misma se dice que al finalizar el proceso se le asigna un número de denuncia, “y en menos de 5 minutos una oficial de la Policía te llamará para dar seguimiento”.
Sin embargo, la experiencia acumulada con los años es fiel testimonio de que muchas mujeres que han interpuesto denuncias en su momento, no se les ha dado seguimiento y terminan siendo víctimas fatales de sus agresores.
En otros casos, el seguimiento se limita a la mediación, como sucedió con Carla Duarte Olivas, una maestra de la escuela de la comunidad de Tepalón en Malacatoya, quien murió a manos de su expareja Edgar Meneses, el 15 de junio del 2020, luego que ella lo denunciara por violencia intrafamiliar.
El hombre fue llevado a prisión a la estación local de la Policía, pero fue puesto en libertad al día siguiente, Carla fue obligada a mediar, y a Meneses le extendieron una orden de alejamiento. Dos semanas después él la asesinó y posteriormente se suicidó.
Para María Teresa Blandón el problema se agudiza porque dentro de la policía no hay personal capacitado, “de hecho ni siquiera conocen la Ley 779, rotan al personal es decir ponen a cualquier policía que no sabe de derechos humanos y que no sabe de cómo es que funciona o cómo se genera la violencia machista, entonces por eso muchas veces revictimizan a las víctimas” refirió la activista.
Sobre las Comisarías de la Mujer, Blandón advirtió que “esas comisarías tampoco tienen recursos, de tal manera que los propios policías te dicen no puedo llegar porque no tengo vehículo o porque no tenemos combustible, como no conocen la ley y no saben de ese tema pues muchas veces lo que hacen es decirle a la víctima que se reconcilien con el marido si es el marido el que la agrede, o que lo que le pasó no es grave o simple y sencillamente no atienden las denuncias”.
“Si no tienen formación en derechos humanos y específicamente en lo que toca a la violencia machista y la violencia de género, si no tienen recursos, si no hay dentro de la institución una dirección que se ocupe de garantizar que el funcionamiento de las comisarías sea eficiente entonces no va a pasar nada, de hecho no tienen información estadística confiable” concluyó Blandón.
¿Régimen feminicida?
El feminicidio a diferencia del femicidio, se define como la falta de acción por parte del Estado para frenar la muerte de mujeres a manos de hombres solo por el hecho de ser mujeres. Cuando el Estado no promueve políticas y estrategias integrales o no aplica las Leyes con la severidad que corresponde, este se vuelve cómplice de estos crímenes.
La activista feminista mexicana Marcela Lagarde refiere que el término feminicidio, añade un elemento de impunidad y de violencia institucional dado por la falta de diligencia del Estado en relación a la violencia hacia las mujeres.
En tanto, la académica feminista española-costarricense, Ana Carcedo Cabañas, en consonancia con Lagarde, refirió durante una conferencia magistral en Perú, titulada "Violencia contra las mujeres y femicidio-feminicidio, reflexiones teóricas, jurídicas y políticas”, que el feminicidio involucra el concepto de impunidad. "En el nivel político femicidio apunta a denunciar el hecho de que las mujeres son asesinadas por su condición de ser mujer y a exigir que se detengan esas muertes. Feminicidio, por su parte, enfatiza en la inacción estatal y demanda que se detenga la impunidad para que se detengan las muertes".
Desde esa perspectiva, y retomando los antecedentes descritos al inicio de este trabajo, se podría formular la hipótesis que Nicaragua vive bajo un Estado feminicida.
María Teresa Blandón refuerza esta hipótesis al referir que el gobierno de Nicaragua, no tiene voluntad política para formar ni a los policías, ni a los fiscales, ni a los jueces, y añade que “los agresores saben que viven en una sociedad que es muy tolerante a la violencia con un Estado que genera mucha impunidad, entonces hay un clima favorable para los agresores, si ese clima no cambia tanto los femicidios como otros delitos contra las mujeres lamentablemente van a seguir ocurriendo”.
¿Cuál es el verdadero impacto de la cartilla?
Si bien es difícil conocer de manera independiente tanto la cobertura real como el impacto de la cartilla gubernamental, si se puede hacer algunas proyecciones partiendo el análisis plasmado a lo largo de este trabajo.
Aunque la difusión de la cartilla sea constante y sonante, queda lejos de ser masiva y tener el impacto deseado. En términos mediáticos, los canales de televisión y radioemisoras oficialistas, tienen como audiencia a los mismos simpatizantes del gobierno, que cómo ya lo han revelado algunas encuestas de Cid Gallup, son la minoría de la población nicaragüense. La más reciente encuesta de esta firma, divulgada en agosto de este año, reveló que el 85% de los nicaragüenses no simpatiza con el régimen Ortega Murillo.
En cuanto a las actividades presenciales como charlas, conversatorios, estas se limitan a la militancia del partido de gobierno, simpatizantes, funcionarios y empleados públicos, quedando fuera de la cobertura quienes adversan al régimen.
Finalmente se concluye que para tener un verdadero impacto en la prevención del femicidio se requiere algo verdaderamente integral e inclusivo, lo que actualmente no es una opción dado el contexto que vive el país desde 2018.
