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    Por Redacción | Diciembre 29, 2022

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    La represión también está dejando ausencias en las parroquias en Nicaragua. Los sacerdotes son encarcelados, sometidos a vigilancia y los amenazan para forzarlos al exilio. Así cargan su cruz en medio de la represión.

    Por Redacción

    El pintor Jonh Fush, un austríaco que vivió en Nicaragua, pintó en 1967 en una capilla de San Rafael del Norte, en Jinotega, el relato bíblico de Jesús tentado por el diablo. El pueblo llamó más de una década después a la obra “La Profecía” por el parecido del demonio con Daniel Ortega, actual dictador de Nicaragua.

    Durante la revolución sandinista, cuando Ortega subió al poder por primera vez, el Frente Sandinista atacó a la Iglesia católica, expulsó a sacerdotes, boicoteó la visita del Papa Juan Pablo II en 1983, la oficina de espionaje del Estado montó casos para exponer a los religiosos como ocurrió con monseñor Bismarck Carballo. Se dieron tantos ataques que los católicos más acérrimos identificaron al gobernante como un enemigo de la fe.

    En 2007 inició una nueva etapa de gobierno en que destruyó las instituciones. Las subordinó al Ejecutivo, se reeligió bajo acusaciones de fraude en tres ocasiones y en 2018, frente a protestas masivas de la población, ordenó una brutal represión que dejó 355 muertos y 2000 heridos.

    La Iglesia católica, bajo el mando del arzobispo Leopoldo Brenes y su obispo auxiliar Silvio Báez, recibieron a las víctimas de la fuerza pública y paramilitares en las iglesias, y denunciaron la persecución. Pidieron el fin de los ataques, pero Ortega prosiguió.

    Báez terminó en el exilio en 2019 después de amenazas de fanáticos sandinistas, el obispo de Matagalpa Rolando Álvarez—otra voz profética respetada en Nicaragua—está desde el 19 de agosto de 2022 recluido en Managua bajo vigilancia policial sin poder ejercer sus labores pastorales, mientras el régimen suma y suma ataques contra la Iglesia católica y sus representantes.

    Obispo Rolando Álvarez en los juzgados de Managua. Tomada de medios oficialistas.

    El 13 de diciembre de 2022, la Fiscalía orteguista acusó al obispo Álvarez por “menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”. La jueza de inmediato decretó prisión domiciliaria para el obispo y programó el juicio para el 10 de enero de 2023.

    En la misma causa, también acusaron al sacerdote Uriel Vallejos, expárroco de la parroquia Divina Misericordia de Sébaco, Matagalpa, quien se encentra en el exilio. La autoridad judicial lo calificó entonces como prófugo de la justicia y pidió su detención a INTERPOL, según los medios oficialistas.

    Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y administrador de la Diócesis de Estelí, junto al Papa Francisco.

    Cuando la Policía secuestró a Álvarez, el cardenal Gregorio Rosa Chávez, obispo auxiliar de San Salvador, afirmó que la iglesia de Nicaragua vivía el caso más “horrendo” de “martirio” en la región, una declaración con mucho peso significativo si se recuerda la historia de Monseñor Óscar Romero.

    Según una investigación de Martha Molina, titulada Nicaragua: ¿Una Iglesia Perseguida?, publicada en noviembre pasado, la institución religiosa ha sido objeto de 396 ataques. Entre las víctimas hay sacerdotes, religiosos y feligreses entre abril de 2018 y octubre de 2022.

    También se incluye para fundamentar la denuncia otros casos recabados por organismos de derechos humanos, testimonios de víctimas y un monitoreo de medios de comunicación de Nicaragua. Las agresiones han abarcado distintos métodos: expulsiones de religiosos, asedio en las parroquias, fabricación de procesos judiciales, monitoreo de los feligreses. Hay una mezcla de acciones judiciales manipuladas por el Estado, que busca imponer el terror.

    “La persecución desatada por la dictadura en contra de la Iglesia católica no tiene precedentes en la historia de Nicaragua”, dice Molina, quien precisa que, solo en lo que va de 2022, esta institución ha sufrido 127 ataques.

    Una revisión del informe de Molina permite precisar que el primer ataque hacia la iglesia fue el asalto a la catedral de Managua el 20 de abril de 2018, cuando cientos de manifestantes se refugiaron en este templo de las turbas, paramilitares y policías del régimen. Entonces, empezaba la crisis que luego se convirtió en una de las más graves situaciones de derechos humanos en la región, producto de la represión del Estado.

    La última agresión a los templos fue registrada en octubre de 2022, cuando la Policía prohibió una procesión en honor a San Judas Tadeo, en Condega, Estelí.

    En la memoria de los católicos, una de las más impactante fue el ataque a balazos en 2018 de la iglesia Divina Misericordia en Managua. Sus paredes quedaron llenas de agujeros luego que paramilitares y policías dispararon contra el templo que servía de albergue de estudiantes perseguidos. Aquí fueron asesinados los estudiantes Gerald Vásquez y Francisco Flores.

    Parroquia Divina Misericordia, Managua, antes y después del ataque. Tomadas de las redes sociales de la Iglesia Católica.

    También hubo un atentado contra la reliquia de la Sangre de Cristo, un tesoro de la catedral de Managua y el catolicismo, quemado por desconocidos en 2020. La Policía dijo que fue un accidente y la Iglesia sostuvo que fue un delito. Mientras la vicepresidenta Rosario Murillo atribuyó el siniestro a las velas colocadas por los fieles en los alrededores de la imagen, el cardenal Brenes sostuvo que fue un “acto terrorista”.

    La expulsión del nuncio apostólico Waldemar Sommertag, representante del papa Francisco en marzo de 2022, es considerado otro acto de hostilidad gubernamental. El cierre de canales de televisión católicos y de todas las emisoras de la Diócesis de Matagalpa y de radio Stereo Fe de Estelí, también son hechos que fueron condenados por la feligresía.

    Declaración de guerra

    El 19 de julio de 2018, ante miles de simpatizantes, el dictador Ortega en cadena nacional de televisión se refirió a las protestas de los ciudadanos contra su régimen y al diálogo. Nunca cumplió su compromiso de parar la represión. Acusó a los mediadores que eran los obispos de la Conferencia Episcopal de estar aliados con los opositores para darle un fallido golpe de Estado, del que no existía evidencia más que en su imaginación.

    “Más me sorprendió o tal vez ni me sorprendió, cuando los mediadores reunidos allí en la Casa de los Pueblos (palacio de protocolo de la Presidencia), con todos los señores obispos encabezados por el cardenal, me leyeron la cartilla, sacaron la estrategia y allí decían, hay que cambiar ya, a partir del día 11, nos daban un plazo de dos días, para cambiar al Poder Judicial, al Poder Electoral, la Contraloría, a todos los diputados de la Asamblea Nacional, y hay que quitar al presidente y adelantar las elecciones”, dijo Ortega.

    Mientras los atacaba decía en su discurso que era católico y le dolía decirle eso a los obispos. Así empezó un discurso de odio, que ha sostenido él y sus bases y que se ha expresado en declaraciones oficiales y campañas de desprestigio.

    De acuerdo con Molina, se ha exacerbado el odio contra los sacerdotes desde entonces. “Las acusaciones se dan únicamente por haber alzado la voz en contra de los atropellos a la población”, dice Yader Valdivia, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, un grupo de defensores de derechos humanos que se organizó en el exilio para seguir documentando los abusos estatales, entre ellos aquellos contra la Iglesia.

    “El ataque a la Iglesia católica ha sido dirigido directamente desde Rosario Murillo y Daniel Ortega a través de discursos de odio, recordemos el 19 de julio de 2018, cuando Daniel Ortega habla de Obispos golpistas y los acusa de ser parte del plan del intento de golpe de Estado y luego las alocuciones que ha hecho Rosario Murillo, para atacar al padre Edwin Román (sacerdote de Masaya, actualmente exiliado), aunque no diga su nombre, pero habla de un sacerdote que llamaba a la muerte”, señala Valdivia.

     

    Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua: Jorge Solórzano (Granada), Sócrates Sándigo (León), Carlos Enrique Herrera (Jinotega), Marcial Guzmán (Juigalpa), cardenal Leopoldo Brenes (Managua), Rolando Álvarez (Matagalpa), Francisco Tijerino (Bluefields) y Isidoro Mora (Siuna).

    Agresión sin límites

    Los ataques han sido incesantes desde la cúpula orteguista. En septiembre de 2022, el tirano llegó a acusar a los sacerdotes de instigar a su asesinato en 2018. No ofreció ninguna evidencia y calló sobre la represión contra la Iglesia y la ciudadanía en general. En 2018, cuando la Policía atacaba a los manifestantes, en sus discursos oficiales el dictador aseguraba que más bien había dado la orden a los oficiales de meterse en sus cuarteles.

     

    Exilio forzado de sacerdotes y personas religiosas

    El 3 de agosto de 2022, el sacerdote Edwin Román, párroco de la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya, cumplió un año de haberse exiliado en los Estados Unidos. Fue amenazado de muerte por fanáticos del régimen Ortega-Murillo.

    Román es recordado por socorrer a víctimas, sorteando las balas en las calles de Masaya, una de las ciudades que sufrió más la represión ordenada por Ortega. “Estoy acá, pero lo hago por mi seguridad, debido a las amenazas de la dictadura, ya de todos conocidas. Los mismos fieles y amigos, me lo sugirieron en el momento de tomar esta decisión”, narra el sacerdote desde Miami.

    La decisión de quedarse en el extranjero no fue fácil para el sacerdote, quien goza de mucho respeto y admiración en Nicaragua.

    “Me ha dolido mucho entregar mi parroquia de San Miguel en Masaya y no poder despedirme de mi gente, y lógicamente la añoranza de mi Nicaragua, respirar su aire desde el momento de levantarme cada mañana, o escuchar los pasos, el hablar de las personas que se dirigen al mercado muy de madrugada que pasaban sobre la acera de la parroquia. Me hacen falta. Pero mi venida no es definitiva, mi retorno como el de otros sacerdotes se dará en el tiempo que Dios lo permita”, afirma Román.

    Predicar sobre el reino de Dios, y denunciar las injusticias contra los débiles, estar en contra de los opresores, han sido las causas del ataque del Estado y resguardar su integridad la de su exilio, sin embargo, agrega que “no me arrepiento de haber acompañado a mi pueblo en sus demandas, y desde el exilio haré también todo lo que esté a mi alcance, mi conciencia como ciudadano, y como sacerdote me lo exige. Me considero no ser cura de sacristía, mucho menos inclinado a la dictadura de Ortega”, reitera el padre Román.

    El 23 de abril de 2019, el obispo Auxiliar de Managua, Silvio José Báez, fue el primer sacerdote en exiliarse ante la petición del papa Francisco para resguardar también su vida. Hoy se encuentra en la parroquia Santa Agatha, desde donde celebra misa los domingos y envía mensajes de solidaridad y de esperanza a sus hermanos católicos y al pueblo de Nicaragua. En las misas de los últimos meses, uno de los sacerdotes que lo acompaña es Román.

    “Denuncio que soy víctima de una campaña de represión, desprestigio y acoso que consta no solo de audios manipulados, sino también cientos de mensajes a mi WhatsApp con insultos y amenazas, además de motorizados rodeando mi vivienda. Seguiré firme con mi ministerio episcopal”, escribió Báez en su cuenta de Twitter el 25 de octubre de 2018.

    Desde su exilio forzado Báez ha seguido apoyando al pueblo católico nicaragüense con mensajes como el expresado en su homilía del 16 de octubre de 2022, en la parroquia Santa Agatha de Miami: “A los tiranos que se imponen con la represión, a quienes los apoyan por conservar sus riquezas y privilegios y a quienes manipulan las leyes y se prestan a realizar juicios infames contra personas inocentes, les llegará su fin”.

    Después de Báez y Román, el éxodo de sacerdotes continuó entre 2021 y 2022, cuando el régimen incrementó los ataques contra la iglesia, provocando que los presbíteros Uriel Vallejos, Vicente Martínez, Mangel Hernández, Sebastián López, Dani García, y diáconos como Carlos Mata tuvieran también que exiliarse.

    El VI informe contra la tortura del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más documenta denuncias de abril a septiembre de 2022. Revela que al menos 55 personas entre sacerdotes, religiosos y monjas se han tenido que exiliar entre 2018 y septiembre de 2022, ante la represión.

    Agrega el informe que hasta noviembre de 2022 la dictadura, a través del Parlamento Nacional, ha ordenado el cierre de al menos 29 organizaciones no gubernamentales vinculadas a la Iglesia.

    “Los ataques contra la Iglesia católica se han intensificado al punto de impedir actividades religiosas y tradicionales, encarcelamiento de sacerdotes, obispos y laicos, y aumento de la violencia en general contra la iglesia. Lamentamos el silencio oficial de la Iglesia católica (Conferencia Episcopal) sobre la cantidad de sacerdotes y religiosas forzadas a salir de Nicaragua”, explica el informe.

    Agrega que “la Iglesia católica en nuestro contexto se erigió como uno de los más importantes acompañantes de las víctimas, de donde se han realizado misas y actividades en conmemoración de las personas asesinadas por el Estado, salieron a las calles en medio de los ataques armados de agentes estatales y paraestatales, han solicitado el respeto a los derechos humanos de las víctimas y otros actos que han respaldado a quienes sufren las atrocidades del Estado, no desde una visión política, sino desde una visión social y espiritual, amparando al desamparado”.

    Destierro

    El 27 de septiembre de 2022 la dictadura le negó el ingreso a su propio país a Guillermo Blandón, párroco de la iglesia Santa Lucía, en Boaco, perteneciente a la Diócesis de Granada.

    Blandón es uno de los 4 sacerdotes desterrados durante 2022. En una entrevista para este reportaje afirma que Ortega se ha superado en comparación con la persecución que desató durante los años 80.

    Aunque él era un seminarista, fue testigo de los ataques dirigidos a algunos miembros de la iglesia como la trampa que le tendieron a Carballo los de la Dirección General de la Seguridad del Estado.

    “Esto te golpea porque no puedo estar en mi tierra, con mi gente”, asegura. Cuando el régimen le negó entrar a Nicaragua, su mamá recién había fallecido y ya no pudo estar ni siquiera en los nueve días. Llora.

    Tiene 29 años de ser sacerdote. Comenzó en el seminario en 1987, cuando en el contexto del primer gobierno sandinista, muchos emigraron y la Iglesia también sufrió persecución. Entonces surgieron muchas vocaciones sacerdotales como la de él mismo.

    “Yo viví la (persecución) de los 80 y estoy viviendo ésta, y siento que ésta es más cruda y cínica. Ahora son muchos los injuriados y calumniados. Son crueles. En los juicios no permiten abogados particulares. Hacen los juicios cerrados, sin familiares ni nada, eso es una forma de torturar. Hay curas presos que nadie los ha visto. Es una tortura tanto para el que está encerrado como para la familia”. 

    Según el religioso, en su caso la Policía llegó a su casa en agosto de 2022, es decir un mes antes de su destierro. Quería saber todo sobre sus movimientos.

    —¿Si algún día quiero celebrar mi cumpleaños y quiero invitar amigos, debo decirte primero a vos? —le preguntó al oficial que le daba seguimiento.

    —Sería lo mejor—le respondió.

    En 2021, el régimen también impidió el ingreso al país del sacerdote Jesuita nicaragüense José Alberto Idiáquez, rector en ese entonces de la Universidad Centroamericana (UCA).

    Asimismo, el 13 de septiembre de 2022, la dictadura prohibió la entrada al sacerdote Juan de Dios García, vicario de la parroquia Santo Cristo de Esquipulas, Managua.

    El 18 de octubre de 2022, hicieron lo mismo con Deyvis López, párroco de la iglesia San Gregorio Magno de la ciudad de Diriamba, Carazo. De manera paralela, ese mismo día, el Provincial de Centroamérica de la Compañía de Jesús, José Domingo Cuesta, también no pudo entrar ya a Nicaragua.

    Con esto suman hasta octubre de 2022 al menos 4 sacerdotes nicaragüenses desterrados: Guillermo Blandón, Deyvis López, José Idiáquez y Juan de Dios García.

    Feligresía con temor de asistir a las parroquias

    El catolicismo se vive bajo hostilidad, según tres feligreses entrevistados bajo condición de anonimato: una monja, una feligrés y un seminarista.

    A uno de ellos lo llamaremos Lucas, quien desde niño se congrega en la catedral de Matagalpa, y considera como un duro golpe a la Iglesia lo ocurrido este año. “Me duele mucho la detención del obispo Álvarez y de los otros sacerdotes y laicos, quienes no han cometido ningún delito, más que profesar la fe católica”, dijo.

    Desde esas detenciones, “acudir ahora a cualquier templo católico, se ha vuelto un peligro, porque podés ser víctima de cualquier abuso, no solo de la Policía, sino de los fanáticos, muchos de ellos, asisten a las misas, sobre todo a las dominicales, para tomar fotos y grabar los mensajes del sacerdote”.

    “En la catedral de Matagalpa, y otras parroquias del departamento, es notorio que llegan personas desconocidas a vigilar a la feligresía, a identificar a las personas que asisten a la misa, para tenerlas controladas, a esos niveles de intolerancia hemos llegado”, sostiene.

    Durante fines de semana en octubre, la asistencia de la feligresía a las parroquias de Matagalpa y de otras ciudades como Rivas, Carazo, Granada y Masaya, ha bajado, por temor a represalias del régimen, según feligreses.

    “Algunos hermanos en la fe, deciden no acudir a los templos para evitar verse comprometidos y en algún momento ser una potencial víctima, por el hecho de asistir a la Eucaristía”, dijo Lucas.

    Los sacerdotes dentro de Nicaragua, también temen salir de sus parroquias hacia las comunidades rurales a visitar enfermos o celebrar la palabra, porque son asediados por la Policía, hasta les inventan multas o los persiguen, agregó. 

    Un seminarista narra también las amenazas de las que fue objeto a mediados de este 2022. “Me llamaron a mi celular donde me decían que me tenían en la mira y que cualquier movimiento sospechoso me caerían”, dijo este hombre, quien lamenta el fanatismo de sus perseguidores, a quienes califica como serviles y fanáticos.

    “Guadalupe” enseña el catecismo para la primera comunión y también canta en el coro de su parroquia. Ella señaló que, aunque hay mucha fe y miles de católicos oran por la verdadera paz de Nicaragua, comprende la disminución de personas en las eucaristías de los fines de semana.

    “Mucha gente que llegaba sábado y domingo, ahora solo llega un día en la semana, porque en las afueras de mi parroquia, está el parque y siempre hay personas en moto o enchaquetados, desconocidos, tomando foto a las personas que entran o salen, ya ni siquiera tienen vergüenza en disimular”, dice.

    Para Guadalupe, las y los jóvenes han sido los primeros en dejar de asistir a la iglesia, porque hay temor que los criminalicen. Por eso, se ve en su mayoría a personas adultas o enfermas asistiendo a las misas.

    “Pero ante este panorama de calvario, la esperanza en Cristo no se pierde, porque en él está la resurrección, y ante este contexto como Iglesia, nos toca vivir la Cruz de Cristo, no sólo predicarla, sino asumirla”, afirma, mientras sostiene un rosario en sus manos.

    El temor de visitar una iglesia se siente y se ve también en lugares céntricos. Tras el atentado en contra la Sangre de Cristo en 2020, las autoridades de la catedral de Managua, decidieron reducir el horario para el ingreso de personas. Solo se puede entrar a la catedral de 8 de la mañana a 1 de la tarde de lunes a viernes.

    En Managua, los accesos y salida del sector norte de la Catedral siempre están vigilados por la Policía o por paramilitares.

    “Para nadie es un secreto que hay fanáticos sandinistas que se prestan para escuchar lo que dicen los sacerdotes en sus prédicas y, si alguno de los sacerdotes hace una crítica o referencia a la situación de los derechos humanos, es reportado”, comenta Leticia, una joven católica que asiste casi todos los domingos a las misas matutinas en la catedral de Managua.

    La persecución está afectando emocionalmente a familias católicas, especialmente a las madres y a las personas que se congregan en los templos.

    Según “Teresita”, una monja entrevistada para este reportaje, señoras de la tercera edad han dejado de asistir a las parroquias por temor a que les suceda algo, pero agregó que muchas mujeres comprometidas con la fe continúan en su labor evangelizadora.

    “La Iglesia tiene en las mujeres a personas activas que hacen tareas importantes en todas las áreas: desde la catequesis a la gestión de proyectos de acción social o administración de recursos y mantenimiento de inmuebles, desde la participación en tareas litúrgicas, el acompañamiento de procesos espirituales y de discernimiento personales o comunitarios”, dice “Teresita”.

    Padre Uriel vallejos entre la feligresía. Créditos: Composición propia. Foto original tomada de redes sociales.

    Violaciones de derechos humanos imparables

    El régimen ha cometido graves violaciones a los derechos humanos, según el defensor Yader Valdivia. Desde la desaparición temporal forzada del Obispo Álvarez hasta los procesos ilegales contra el resto de sacerdotes que presentan anomalías como la negativa de un abogado defensor y la imposición en su lugar de defensores públicos aliados de los acusadores.

    Pablo Cuevas, director de la organización Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos, agrega que se han cometido graves violaciones de derechos humanos contra sacerdotes expulsados, ya que no hay ni una sola ley vigente que contemple la figura del destierro.

    El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más tiene un registro de al menos 57 religiosos católicos exiliados desde 2018 a octubre de 2022, entre los que se encuentran sacerdotes, seminaristas y 18 monjas de la orden de la Caridad de Madre Teresa de Calcuta, expulsadas por el régimen el pasado 7 de julio de 2022.

    En sus oficinas, el Colectivo recibió denuncia de 5 religiosos y religiosas, quienes solicitaron asilo en Costa Rica, ante las amenazas a su libertad, sin embargo, consideran que la cantidad de exiliados podría ser mayor, tomando en cuenta que muchas de las personas religiosas prefieren no hacer público sus casos y tampoco la Iglesia católica en Nicaragua da a conocer estos datos, debido a sus normas internas y por seguridad de las mismas personas y sus familias.

    Los obispos Rolando Álvarez y  Silvio Báez,  junto  a otros sacerdotes  a su llegada a Masaya durante la represión de 2018. Créditos: Composición propia. Foto original tomada de medios aliados.

    Mecanismos de protección

    En Nicaragua no queda ninguna institución donde recurrir en busca de protección ante los abusos a los derechos humanos.

    Valdivia dice que es importante seguir documentando y denunciando, para recurrir ante los mecanismos internacionales, como el sistema interamericano de derechos humanos y el sistema universal de derechos humanos de las Naciones Unidas. Una tarea en que la misma jerarquía de la Iglesia católica debe de denunciar el riesgo que representan estas agresiones contra la libertad de religión en Nicaragua.

    Monseñor Báez con las misioneras de la Caridad expulsadas.

    Ortega-Iglesia: relación de conveniencia y odio

    Miguel Obando Bravo alcanzó la fama y el prestigio al ser el primer cardenal de Nicaragua y Centroamérica en 1985.  Durante los años 80, se opuso a las políticas de la primera dictadura de Daniel Ortega y los nueve comandantes de la revolución.

    En su historia política, la relación de Ortega con la Iglesia católica ha sido de amor (conveniencia) y odio.  Antes de la revolución en 1979, los sandinistas y otros opositores de la dictadura somocista, utilizaban iglesias como refugios. Obando Bravo fue mediador entre los opositores y la dictadura.

    Cuando los comandantes sandinistas se apropiaron de la revolución y se autoproclamaron marxistas, empezó el conflicto del FSLN con la Iglesia en la revolución.

    En los años 80, el cardenal, obispos y sacerdotes, criticaron las políticas represivas del régimen sandinista. Varios de ellos, como el obispo de Juigalpa Pablo Vega, fueron víctimas de persecución. En los 90, cuando los sandinistas estaban en la oposición, la relación fue mala.

    Obando Bravo consideraba que los sandinistas continuaban siendo una amenaza para la paz. En 1996 materializó esa idea con el pronunciamiento de la parábola de la víbora—previa a las votaciones presidenciales—, pero en julio de 2004 sellaron finalmente la reconciliación en una misa celebrada en la Catedral de Managua.

    Los medios independientes denunciaron que ese acercamiento estuvo propiciado por la protección que dio Ortega a Roberto Rivas, presidente del tribunal electoral, desde las instituciones del Estado para evitar una investigación desde la Contraloría y los tribunales.

    Rivas fue hijo de Josefa Rivas, quien fue asistente de Obando desde la década de los setenta en el siglo pasado. El magistrado electoral se convirtió en aliado de Ortega, hospedó a sus hijos en Costa Rica cuando estudiaban en ese país, mientras el cardenal se convirtió en un capellán de las actividades del FSLN hasta su muerte en junio de 2018, tres meses después del inicio de las protestas reprimidas brutalmente por el dictador.

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