Desde el exilio y la clandestinidad: Periodismo independiente nicaragüense no se doblega

A Patricia Orozco, periodista nicaragüense, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo le arrebató su nacionalidad, su casa y su pensión. Le quitaron prácticamente todo, pero no lograron callarla. Orozco, de 66 años, sigue ejerciendo periodismo. Su historia representa la situación que viven periodistas independientes de Nicaragua, quienes desde el 2018, tras las protestas ciudadanas, ha sido criminalizados por el régimen actual.  

Ortega en su afán de imponer una narrativa a su favor ha cerrado medios de comunicación independientes, ha confiscado propiedades de medios y periodistas. A través de procesos judiciales irregulares ha encarcelado y condenado a periodistas. Ahora hasta se atribuye el poder de quitarles la nacionalidad.

En la actualidad 16 periodistas fueron desterrados y convertidos en apátridas por decisión del régimen. Patricia Orozco es una de estas personas. También hay tres directores de medios de comunicación, dos comentaristas, un bloguero y un camarógrafo, quienes fueron afectados con esta medida.

Orozco se enteró de la noticia del despojo de su nacionalidad un 16 de febrero de 2023, mientras solicitaba asilo político en España. En mayo de 2021, Patricia fue citada por la Fiscalía de Nicaragua para declarar en el caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, en ese momento señala del supuesto delito de “lavado de dinero, bienes y activos; apropiación y retención indebida; gestión abusiva y falsedad ideológica”.

“Recuerdo que más de 40 periodistas fuimos citados por el caso de la Fundación Violeta. Me señalaban de haber recibido 40 mil dólares de la fundación, me dijeron que tenían pruebas y les dije si tienen prueba de eso, para que mandan a llamar”, afirma Orozco. Recuerda que después de esa cita hicieron una campaña mediática para desprestigiar a los periodistas citados por Fiscalía.

A su teléfono llegaron mensajes con información sobre su casa y familia. “Me sentía tensa por las amenazas y tenía problemas de salud. Hablé con mis hijos y me cuestionaron que, si acaso me quería morir, porque me iban a echar presa. Entonces me fui del país por veredas, porque había una orden de retención migratoria para mí. Fui a parar hasta El Salvador”, relata.

Durante su refugio en El Salvador sucedió la confiscación de su casa en la cual vivió por más de 30 años. La vivienda está ubicada en el reparto El Carmen, sitio donde también vive Daniel Ortega junto a su familia.

“La Intendencia de la Propiedad me buscaba en mi casa, pero yo no estaba. Me querían meter presa. En venganza me quitaron la casa, y en 12 horas sacaron a mi hija”, rememora Orozco, quien añade que durante el desalojo dos funcionarios de la Intendencia de la Propiedad junto a un grupo de policías se quedaron hasta la medianoche vigilando a su hija mientras sacaba las pertenencias.

“Los de la Intendencia obligaron a mi hija a irse sin haber sacado algunas cosas de la bodega. Se quedaron con mis libros sobre periodismo y feminismo, algo a lo que le tenía mucho aprecio”, comentan Orozco con la voz entrecortada, y sigue. “Fue un acto de venganza porque no pudieron meterme presa. La justificación que dieron es que era propiedad del Estado. Presionaron a mi hija para que firmara que la entrega fue voluntaria”, asegura. 

La casa de Orozco fue destruida y ahora están construyendo un parque y un jardín, quizá para las y los nietos del dictador, instruye Orozco. Lo último que ha vivido Patricia es el arrebató a su pensión del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) que tenía desde hace seis años. Un beneficio al que tiene derecho por sus años de trabajo. “La pensión la recibía mi hija, cuando yo no estaba en el país. No me notificaron nada. Un día mi hija fue a traerla y le dijeron que yo no estaba sujeta a pensión”, menciona Orozco.

Obligados a la clandestinidad

“Desde abril de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2022, hay identificado, aproximadamente, 3,744 casos de violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua”, afirma José Ulloa, integrantes de Voces del Sur, una organización que a través de su observatorio registra los ataques que se comenten contra del periodismo independiente.

El uso abusivo del poder estatal, las agresiones físicas y el discurso estigmatizante, están entra los principales ataques al periodismo asegura Ulloa. El año con más reportes de violaciones a la libertad de prensa fue el 2019 con 1,267 casos. Periodistas y comunicadores que andan en las calles son más afectados, precisa la fuente.

En abril de 2018 cuando estallaron las protestas ciudadanas contra de la dictadura, periodistas de diversos medios independientes salieron a informar y documentar lo que estaba pasando, la respuesta del régimen fue con agresiones, robos y muerte. Ángel Gahona, fue asesinado de un disparo en la cabeza después de finalizada una marcha en la ciudad de Bluefields, en la Costa Caribe Sur de Nicaragua.

Luego vino el exilio de centenares de periodistas que dejaron Nicaragua para preservar sus vidas y seguir informando. Los que todavía permanecen en el país trabajan desde la clandestinidad, hay quienes optaron por otros oficios.

Kin es periodista, vive en Managua. Esta vez habla desde el anonimato. “Fuimos arrastrados al anonimato por la represión que se vive en Nicaragua. Llegó un momento, particularmente en 2021, que ya no había otra forma de garantizar nuestra seguridad ante las leyes que crearon, las citaciones judiciales y los arrestos masivos de ese año”, narra Kin.  

El 27 de octubre de 2020, la Asamblea orteguista aprobó, Ley Especial de Ciberdelitos, Ley No. 1040, con la que ha acusado a periodistas y personas opositoras de propagación de noticias falsas. “Desde entonces las razones para proteger nuestra identidad han incrementado. Hoy estamos en peligro de ser desterrados, de perder nuestra nacionalidad y nuestros bienes. Esta clandestinidad también nos obliga a la autocensura porque no solo implica quitar nuestro nombre de las notas de prensa, reportajes e investigaciones que elaboremos”, afirma Kin.

El trabajo periodístico se ha hecho más difícil, monótono y te obliga a buscar otras alternativas destaca Kin. “Ya no hay coberturas en el terreno. Con las fuentes hay mayor distancia, no es seguro ni para nosotros ni para ellos que nos vean en algún espacio juntos. Hay mucha vigilancia territorial, y si ven un movimiento raro es posible que al salir nos detenga la policía. Eso nos limita porque hay detalles que solo puedes notar cuando estás cara a cara, gestos o expresiones que te pueden enriquecer tu texto que no pudiste ver porque estás detrás de un teléfono o una pantalla”, comenta.

Pese a que los últimos cinco años el panorama ha sido gris para el periodismo nicaragüense, el régimen no ha logrado un apagón informativo, afirma Ulloa de Voces del Sur. “Más bien los medios se han reinventado, muchos han mutado de la versión análoga, como la televisión o la radio, a lo digital, además mantienen sus audiencias, y su credibilidad está aumentando”, señala el especialista.

Las agresiones físicas, robo de equipos y amenazas hacia periodistas se repiten años con año en Nicaragua. Así lo reflejan los registros de Voces del Sur:

2021 fue el año donde se reportó más ataques contra periodistas, según Ulloa esto se debió al proceso electoral donde Daniel Ortega se reeligió por cuarta ocasión. “Muchos de las y los reporteros se expusieron al cubrir los acontecimientos en relación con el proceso electoral”, enfatiza.

Ulloa revela que preparan un estudio sobre cómo ha sido el comportamiento de la violación de la libertad de prensa desde 2018. Los informes sobre la violencia estatal contra el periodismo independiente se realizan desde el 2018. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro fue pionera en esta iniciativa.  

Situación laboral precaria

“El periodismo se precariza por las condiciones hostiles que provoca la dictadura, crece el desempleo, y el trabajo informal, la fuga de profesionales aumenta y la profesión es poca atractiva para las nuevas generaciones”, revela el estudio “Periodismo de Nicaragua, una profesión vigente, pese a la violencia y a escenarios hostiles”, publicado el 1 de marzo, por la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN).

El 94% de las personas encuestadas aseguran que hay censura, y los principales censores son la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la policía, los gobiernos locales y otras instituciones estatales.

El estudio recopila la opinión de 116 periodistas independientes que viven dentro y fuera de Nicaragua, quienes coinciden que se trabaja precariedad y alto riesgo. “Queda expuesto que el periodismo es una profesión en crisis por la cantidad de periodistas que han abandonado esta profesión, además por las acciones represivas del régimen”, comentó Martha Irene Sánchez, integrante de la Comisión Ejecutiva de PCIN.

Unos están desempleados, otros ejercen la comunicación en empresas u organizaciones, hay quienes trabajos académicos y actividades ajenas al periodismo. Son las alternativas que han encontrado quienes han dejado el periodismo (34% de las personas encuestadas que señalaron haber dejado de informar). Estas son las razones:

Durante la presentación del estudio antes mencionado, Sánchez destacó que la precariedad salarial es uno de los temas más sensibles entre el periodismo independiente, ya que hay periodistas que reciben colaboraciones de 100 hasta 250 dólares, al mes, insuficiente para vivir en Nicaragua. 

Kin, la periodista independiente de Managua afirma que no se ve haciendo otra cosa que  no sea periodismo. “Encontrar un trabajo que te apasione, que crezcas, aprendas y te paguen por eso, es algo que no es tan común. Esta es una carrera que te enseña mucho y te obliga a ser más humano. Aprendés a ponerte en la piel de otros, a entender sus cargas y a darle voz a quiénes necesitan hablar y no son escuchados”, reflexiona.

Sobre los ingresos económicos, considera que sí es importante tener un buen salario, sin embargo, “uno no acepta hacer este trabajo solo por el dinero, sí es importante, pero va combinado con los principios, valores y el amor que uno le ponga a lo que hace”, sostiene Kin.

Contar Nicaragua desde el exilio

De acuerdo con el último informe publicado en enero de 2023 por Voces del Sur sobre la situación del periodismo en Nicaragua, desde 2018 hasta la fecha, al menos 178 periodistas se han exiliado. 93 lo hicieron en 2022.

Trabajar desde el exilio no es fácil, pero representa una oportunidad para seguir haciendo periodismo, afirma Martha Irene Sánchez, quien esta exiliada en Costa Rica. “el régimen con su escalada represiva desde el día 1 de abril de 2018, creía que nos silenciaban, pero le hemos demostrado que estamos comprometidos con la verdad”.

En Costa Rica se encuentran exiliados unos setenta periodistas, quienes han formado una red de apoyo. “Cuando empezaron a exiliarse los primeros periodistas a finales de 2018 y principios de 2019, yo fui parte de ese primer grupo de exiliados y tuvimos dos colegas que estuvieron durmiendo en campamentos de refugiados porque no tenían un familiar o un amigo que les ayudara”. En este exilio también nació República 18, una plataforma digital que Martha Irene fundó en 2019 para seguir informando.

Irónicamente, los ataques del régimen y el exilio han provocado que las y los periodistas estén reforzando la unidad y la calidad de su trabajo, destaca Sánchez. “Toda esta violencia que hemos vivido nos ha dado mayor conciencia en que solo juntos y juntas podemos avanzar. Hoy se juntan dos o tres medios para hacer producciones conjuntas”.

Periodistas independientes ejemplo de valentía

César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, una organización que monitorea las amenazas y atentados contra libertad de expresión en Latinoamérica asegura que las y los periodistas de Nicaragua son ejemplo de “valentía enorme”, al seguir informando de lo que pasa en Nicaragua.

“Nicaragua es uno de los entornos más complicados de todo el continente para hacer periodismo. Requiere de estrategias para sobrevivir en este entorno, como la adopción de medidas de seguridad”, afirma.

Solo países como Haití, Venezuela y Cuba se encuentran  en una situación similar a Nicaragua, agrega Ricaurte. “Los entornos autoritarios implica que la calidad del periodismo se resienta. Los periodistas se ocupan de su seguridad. Una serie de factores hacen que afecten la calidad del periodismo. Hay un esfuerzo para hacer un buen periodismo de investigación para tratar de visibilizar lo que pasa en Nicaragua”, destaca.

Por su parte, Danny Ramírez Ayérdiz, del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (Calidh) demanda que se revierta la eliminación de licencias de operación de 38 radios, 15 canales y 8 medios impresos, que no estaban alineados a la dictadura.

Se solidariza con el periodismo independiente de Nicaragua por la labor de informar en “un clima de criminalización y persecución”.  

Patricia Orozco sigue contando Nicaragua desde Agenda Propia, un portal digital donde realiza entrevistas de distintos tópicos. Considera que la dictadura va a continuar con su política nefasta contra el periodismo independiente, pero ella no se detiene. Mientras espera una entrevista con el Gobierno de España para iniciar el proceso de nacionalización, desde la trinchera de Agenda Propia  fomenta el debate sobre el periodismo víctima del poder.