Los excesos del banquero hondureño que oxigenó a la dictadura de Ortega

Dante Mossi, el polémico presidente ejecutivo del BCIE, posee una incuestionable preparación académica y una larga trayectoria profesional, pero al parecer carece de escrúpulos y del sentido del respeto por los derechos humanos. Así lo han dejado entrever sus acciones, pero también la lluvia de críticas que ha recibido por parte de personalidades del mundo político y financiero de la región. El baquero hondureño al frente del BCIE desde 2018, sigue en el ojo del huracán.

Mossi, incurrió en una serie de excesos. Duplicó los gastos del banco, se recetó mega salarios para él y sus allegados, además de otros beneficios como ostentosos viáticos y gastos de representación, y hasta se pagó, con fondos del banco, una ambulancia aérea para su traslado de República Dominicana hacia Estados Unidos cuando se contagió de la Covid-19. Todo lo anterior se desglosa en este reportaje que recopila las principales polémicas en las que se ha visto envuelto el banquero hondureño, y las denuncias que han salido a luz sobre sus exuberantes privilegios frente a la institución financiera regional.

¿Quién es Dante Mossi?

Dante Ariel Mossi Reyes, tiene 55 años, nació en Tegucigalpa, sus padres son Mauricio Mossi (QEPD), y Emilia Reyes.  Mossi se graduó como ingeniero eléctrico en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), hizo una maestría en economía con especialización en econometría de la Universidad de Duke y luego un Doctorado en Economía con especialización en Finanzas Públicas de la Universidad de Vanderbilt.

Inició su carrera profesional como funcionario público. Entre 1998 y 2002 fungió como secretario de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Honduras, durante la administración del gobierno de Carlos Flores Facussé.  Entre 2002 y 2003, fue secretario del gabinete económico del gobierno de Ricardo Maduro. Ingresó al Banco Mundial en 2003 donde desempeñó varios cargos a lo largo de 15 años, para posteriormente ser electo presidente ejecutivo del BCIE en octubre de 2018, cargo que asumió en diciembre de ese mismo año y dejará el 30 de noviembre de este año. Como dato curioso, su pasaporte diplomático vence el 7 de diciembre del 2023, coincidiendo con su salida del BCIE.

La llegada de Mossi al BCIE “fue negociada”

En un trabajo periodístico publicado por los medios digitales El Faro y Confidencial, el politólogo salvadoreño Napoleón Campos asegura que la decisión de elegir a Mossi como presidente del BCIE fue política producto de acuerdos entre Daniel Ortega y el entonces presidente de Honduras Juan Orlando Hernández.

Campos asevera que Ortega y Hernández negociaron la nominación de Mossi y a esta negociación se sumó el entonces presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén.

Cabe resaltar que tanto Juan Orlando Hernández como Salvador Sánchez Cerén actualmente enfrentan procesos judiciales. En febrero del 2022 Hernández fue capturado y extraditado a Estados Unidos donde enfrenta cargos por narcotráfico, en tanto Sánchez Cerén fue acusado de malversación de fondos y corrupción por la fiscalía salvadoreña, huyó a Nicaragua en diciembre del 2020, y el 30 de julio del 2021 la dictadura de Daniel Ortega le otorgó la nacionalidad nicaragüense, solo siete días después que el Poder Judicial salvadoreño emitiera una orden de captura internacional en su contra.

La negociación de Nicaragua con Honduras, con la complicidad de El Salvador para poner al frente del BCIE a Mossi, implicó compromisos de Mossi con Ortega por el favor recibido. Así lo asegura la publicación de Confidencial citando a una fuente anónima.

La publicación también explica que la falta de candidaturas facilitó las pretensiones de Ortega y Hernández, a las que se plegó Sánchez Cerén, pues los otros candidatos eran el salvadoreño Héctor Dada, quien no tuvo el apoyo de su país, y el costarricense Alejandro Rodríguez, cuya candidatura tampoco fue respaldada por la dirección del banco y la gobernadora por Costa Rica, dejándole prácticamente el camino libre a Mossi.

Mossi sustituyó en el cargo al también hondureño Nick Rischbieth, quien estuvo al frente del banco a lo largo de una década que comprendió dos periodos (2008-2018).

La elección del presidente ejecutivo del BCIE según sus estatutos, la realiza la Asamblea de Gobernadores del Banco, integrada por los ministros de Hacienda, Finanzas y Economía, y presidentes de los bancos centrales de los países socios. 

Simpatizante del dictador y principal financiador

Mossi no tiene reparo en admitir su admiración por Ortega, ha defendido y justificado el financiamiento del BCIE a su régimen y ha llegado incluso a defenderlo ante las “injustas sanciones” como le llamó a las sanciones que tanto Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea le ha impuesto a sus funcionarios y allegados. 

El banquero ha catalogado al régimen dictatorial como “legítimo”, e incluso llegó a hablar de un “Plan B”, para seguir financiándolo si las sanciones restringían el campo de acción del BCIE respecto a los préstamos a Nicaragua.

Desde 2018, año de la rebelión cívica en Nicaragua, aplastada por la violencia estatal y que dejó más de 300 personas asesinadas, el BCIE bajo la presidencia ejecutiva de Mossi, ha sido la principal instancia financiadora del régimen de Ortega, lo que ha generado una serie de críticas y condenas al banquero hondureño.

Sin embargo este se ha defendido diciendo que “el BCIE no es una instancia de derechos humanos,” así lo afirmó el 8 de mayo del 2022 a La Voz de América, al ser interpelado en San José de Costa Rica, luego de participar en la toma de posesión del presidente Rodrigo Chaves.

La falta de empatía sobre el drama que viven los nicaragüenses queda en evidencia en varias de sus desafortunadas declaraciones a los medios, en los momentos que ha sido cuestionado por financiar al régimen dictatorial de Daniel Ortega, pese a que otros organismos financieros han condicionado los préstamos por la falta de institucionalidad y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

No hay desarrollo humano sin derechos

Marco Aurelio Peña, abogado y economista, especialista en desarrollo económico, refirió, en referencia a Mossi, que no dejó de asombrarle cómo un titular de una entidad como el BCIE, fuera tan zalamero y deferente, más allá de lo normal con respecto a la pareja dictatorial de nicaragua.

“Es bastante insólito e inusual que un alto funcionario de un banco regional de desarrollo, con un perfil técnico, haya sido tan zalamero, adulador y meloso con un par de mandatarios que encabeza una de las dictaduras más terribles de la región” señaló Peña, a la vez agregó que también resulta sorprendente que haya esgrimido argumentos bastante efectivos para justificar desembolsos a la dictadura.

El experto también refirió que Mossi, si bien afirmó que el BCIE no era una instancia de derechos humanos, “eso no significa que debía despreocuparse, ignorar o desestimar lo que está pasando en Nicaragua”.

En ese sentido añadió que, desde la literatura económica, el desarrollo humano en su sentido más amplio, tiene que ver con libertades, derechos, capacidades y oportunidades, generadas en un modelo democrático que le permita al ser humano la posibilidad de elegir para alcanzar su calidad de vida, lo que “no es factible, no es posible y no es realizable bajo una dictadura”.

También indicó que “decir que lo importante era financiar obras de desarrollo y que lo demás no importa, es equivalente a decir que un banco comercial no tiene que preocuparse e investigar a un cliente, o al menos reconsiderar la autorización de un crédito cuando se le están presentando pruebas documentales de que ese cliente tiene un comportamiento delictivo”.

Dante Mossi, además de haber sido el principal financiador del régimen de Ortega en Nicaragua, pese a la represión, persecución, encarcelamiento, torturas, asesinatos y otros crímenes de lesa humanidad, documentados en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es señalado por otros excesos frente a la administración del organismo financiero regional.

Las denuncias sobre sus excesos frente al BCIE

No son pocas, tampoco insignificantes. Dante Mossi ha sido fuertemente señalado por personalidades que han seguido de cerca sus pasos frente al banco regional.

Ryan Berg, director del Programa de las Américas en el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS), en un artículo publicado el 8 de mayo pasado en el portal theglobalamericans.org, afirma que el BCIE ha sido la mayor fuente de apoyo financiero para el régimen de Ortega-Murillo con 3,500 millones de dólares en proyectos desde 2017. “La población de Nicaragua es menor que la de Guatemala y Honduras, pero ha recibido casi el 26 por ciento de la cartera de préstamos del BCIE” señala Berg en la publicación.

“Mossi ha abusado del poder discrecional que le ha sido otorgado como presidente ejecutivo para evadir restricciones y prestar a Nicaragua a pesar del riesgo de complicidad en abusos a los derechos humanos”, advierte Berg.

Por su parte, Eduardo Trejos, es exdirector del BCIE por Costa Rica, denunció el 9 de mayo pasado, a través de un artículo publicado en el medio digital El Faro, que Mossi, en cuatro años de gestión, duplicó el presupuesto de gastos del BCIE, pasando de 70.1 millones de dólares en 2018, a 146.4 millones en el 2022, además de incrementar la planilla en un 30%.

Trejos señaló que “En este periodo el BCIE realizó ostentosas contrataciones de nuevos edificios y remodelaciones en las oficinas en Tegucigalpa y adquisiciones de nuevas sedes en Argentina, Taiwán, España, Corea, República Dominicana, justo cuando todas las señales promovían lo contrario”.

El exdirectivo del BCIE también advirtió sobre el financiamiento desmedido que Mossi otorgó a Ortega en ese mismo periodo. “Debería ponderarse el apoyo político que Mossi ha dado a la dictadura de Daniel Ortega llevando al límite los desembolsos dados a ese país y convirtiéndolo en el principal banco que financia a Nicaragua” indicó Trejos, a la vez que hizo un llamado a los países democráticos a promover mayores mecanismos de supervisión independientes, advirtió además que “de no hacerlo estarían cohonestando un posible uso irregular de los fondos asignados”. 

Berg y Trejos se manifestaron en el contexto de la posible reelección de Mossi para seguir al frente del BCIE por otro periodo de cinco años, lo cual se decidiría el 12 de mayo. Sin embargo, Mossi sufrió un revés por parte de los gobernadores del banco al no ser reelecto.

“Salarios exorbitantes, viajes lujosos y otros privilegios”

Ryan Berg del CSIS, indica también en su artículo que “más allá de los problemáticos vínculos de Mossi con el régimen Ortega-Murillo, bajo su liderazgo, en el BCIE abundan los abusos, los privilegios y los problemas de gestión”.

Berg señaló que “personas con información privilegiada” describen a Mossi como “el gobernante de un feudo provincial”, que dirige un banco para satisfacer sus intereses personales y beneficiar a los más cercanos a él, todo mientras erosiona importantes controles y equilibrios internos.

“Los principales líderes disfrutan de salarios exorbitantes, viajes lujosos y otros privilegios, todo en una región compuesta por algunos de los países más pobres del mundo” advierte el experto, quien además señala que el caso de Mossi debe verse dentro de un contexto de redes de clientelismo.

Para el especialista en desarrollo económico, con las denuncias que han salido a luz, El BCIE quedó expuesto más que antes, porque declaraciones como las de Trejos y Berg, ponen de manifiesto que el BCIE incumple sus propias normas administrativas, financieras y de control interno.

Peña señaló que al salir a luz pública que los funcionarios del banco tienen privilegios como estipendios y viáticos demasiado elevados, con gastos superfluos y dándose lujos que se extralimitan de lo financiera y administrativamente permitido, queda en evidencia que existe corrupción, “porque ganando bien quieren ganar más allá de lo permitido por sus propias normas, y por supuesto eso ya es falta de transparencia y de rendición de cuentas; eso es corrupción administrativa y a eso hay que darle seguimiento”, aseveró.

“Los banqueros, supuestamente dedicados a la banca para el desarrollo, se enriquecen explicándole a la gente porqué es pobre y moviendo recursos supuestamente para reducir su pobreza” acotó Peña.

Gobernadores ganan 19,000 dólares mensuales

El 3 de septiembre del 2021, durante la 61 Asamblea de Gobernadores del BCIE, desarrollada en Tegucigalpa, la representación de Costa Rica propuso reducir en un tercio la remuneración mensual que recibe cada representante de los países miembros.

De acuerdo a El Economista de Costa Rica, cada uno de los 13 representantes recibe un monto mensual de 17,000 dólares, adicionalmente también son beneficiado por un paquete de compensación, un bono de medio año, un subsidio familiar, un bono vacacional y un aporte al fondo de retiro, elevando el monto que recibe cada funcionario a 19,000 dólares mensuales.  Con la moción de Costa Rica, se generaría un ahorro de 857,000 dólares al año.

La propuesta de la representación costarricense de reducir ese monto, que también ya había sido hecha un año atrás, fue rechazada. En esa ocasión Mossi, según el medio citado, instó a las delegaciones “a ver la esencia en nuestra gobernanza corporativa y no enfocarse en temas ya abordados en el pasado”.

30,000 dólares en ambulancia aérea y traslado de familiares

Otros de los abusos que salió a luz, es el relacionado a la situación de salud de Mossi cuando se contagió de la Covid-19 en diciembre del 2020.

De acuerdo al diario La Nación de Costa Rica, el presidente ejecutivo del BCIE, aseguró que en esa ocasión fue internado de emergencia durante una gira a República Dominicana y, como su estado era delicado, el BCIE dispuso de dinero para cubrir gastos extras. El diario refiere que Mossi aseguró que “en total se requirió de $22.000 para la ambulancia aérea y de $8.000 para viajes de dos familiares y el hospedaje de uno de ellos”.

Mossi fue trasladado en ambulancia aérea de República Dominicana hacia los Estados Unidos.

El medio costarricense aseguró que “el directorio del BCIE aprobó un presupuesto extraordinario de $140.000 ante el internamiento de Dante Mossi en República Dominicana”, el diario tico tuvo acceso al acta número 2274 del BCIE en el que se refleja la aprobación de ese monto.

No obstante, Mossi negó la veracidad de la premisa al mismo medio: “Es completamente falso; el Banco solo dispuso dinero para cubrir la ambulancia aérea, por cerca de 21.000 dólares, no 140.000, en esencia porque mi seguro llegó al máximo que podía pagar; yo tengo un seguro médico internacional, la cifra es irrisoria”, habría replicado el funcionario a La Nación.  Mossi añadió que “No había dinero de mi seguro para movilizarme de República Dominicana a Estado Unidos”.

Por su parte Ottón Solís, quien en ese momento era el director del BCIE para Costa Rica, se había opuesto a la aprobación de ese monto para los gastos médicos de Mossi. De acuerdo a La Nación, en el acta quedó plasmada la reacción de Solís quien en ese momento argumentó que “el presidente ejecutivo tiene un salario lo suficientemente elevado para cubrir los gastos que se generaron por su enfermedad, por lo que considero que esta es una práctica inadecuada”.

Solís, consultado por La Nación refirió que “si él quería gastar más de lo que el seguro le alcanzaba, debía sacarlo de su propio dinero. Si él quería que familiares viajaran a República Dominicana, él debería de sacarlo de sus propios recursos”.

La controversial noticia que salió a luz 8 meses después, en septiembre del 2022, fue reproducida por medios dominicanos y hondureños.

El financiamiento a Ortega

Ante los numerosos cuestionamientos a Mossi, sobre privilegiar a Ortega con financiamientos desmedidos e incondicionales, pese a la sistemática violación del dictador a los derechos humanos de la ciudadanía nicaragüense, este se defendió nuevamente el 15 mayo pasado, en esa ocasión, durante una rueda de prensa convocada por él mismo en Tegucigalpa.

Mossi convocó a los medios de comunicación dos días después de celebrarse la 63 Asamblea de Gobernadores, en la que sus miembros consensuaron no reelegirlo por un periodo más. En esa conferencia el banquero de Ortega reiteró que “los préstamos que le hemos hecho a Nicaragua son iguales a los que se le han hecho a otros países”.

Sin embargo las declaraciones del benefactor del Ortega se contradicen con lo que informa el propio sitio web del BCIE al respecto, sobre el financiamiento a Nicaragua, en el portal se lee que “En respuesta a las solicitudes del Gobierno y al sector privado nicaragüense, Nicaragua es el país con la cartera activa de iniciativas financiadas por el BCIE más grande en la región, con un total de 33 (programas y proyectos), por un monto de U$S1,586 millones y aprobaciones en el año 2021 por US$890.17 millones.”

De acuerdo al sitio web del BCIE, entre los sectores beneficiados en 2021 están el eléctrico, infraestructura hospitalaria y portuaria, adaptación al cambio climático, agua y saneamiento, apoyo a las MIPYMES y compra de vacunas para por la Covid-19.

No obstante, el régimen utiliza estos fondos a discrecionalidad, no hay rendición de cuentas sobre el uso de los mismos, por tanto, se pone en tela de duda si realmente son destinados para lo que fueron solicitados. 

Al respecto Peña, señaló que la dictadura de Ortega, “no es un gobierno abierto, no respeta ni aplica normas de transparencia ni de rendición de cuentas”, advirtió además que la Contraloría General de la Republica no hace su trabajo desde hace ya muchos años y que la Comisión Económica de la Asamblea Nacional no emplaza a ningún funcionario público.

Peña señaló que una instancia como el BCIE no debería autorizar créditos y fondos que no están sujetos a rendición de cuentas, “porque al final ese dinero no lo va pagar ningún miembro de la familia gobernante, no lo va pagar ninguno particular de la elite política, al final esos más de 3,000 millones de dólares desde 2017, aumentan los niveles de endeudamiento, de deuda soberana, de deuda pública y eso lo paga el contribuyente, lo paga la ciudadanía”.

También resaltó que si bien los préstamos se hacen supuestamente para proyectos de desarrollo y para aumentar el capital social, “la ciudadanía, bajo un régimen de dictadura, no tiene ninguna garantía de que ese dinero va ser utilizado para lo que supuestamente se prestó”.

Presupuesto de la policía orteguista creció

El director del Programa de las Américas en el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS), Ryan Berg asegura que el BCIE, ha desembolsado al régimen Ortega-Murillo desde 2017, un monto aproximado a los 3,500 millones de dólares.

Berg advierte que “durante los años más fuertes de préstamos del BCIE a Nicaragua, el presupuesto para la Policía Nacional creció cada año, a veces duplicándose, lo que demuestra cómo el BCIE ayuda a proporcionar compensaciones que Ortega aprovecha para financiar su aparato represivo.” El experto asegura que por esta razón, el presidente ejecutivo del BCIE, Dante Mossi, se ha ganado el apelativo de “banquero de dictadores”.

El exembajador de Estados Unidos en Panamá, John Feeley, actualmente director ejecutivo del Centro para la Integridad de los Medios de las Américas, fue quien bautizó a Mossi como “el banquero de los dictadores”.

En septiembre del 2022, Feeley hizo un llamado al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en el que instó a mirar más de cerca al BCIE, porque este ente financiero centroamericano estaba siendo conducido “por un individuo llamado Dante Mossi, que se ha convertido en el banquero de los dictadores”.

Otras voces críticas que han abogado por el fin del financiamiento a Ortega por parte del BCIE fueron las de los senadores Robert Menéndez (demócrata) y Michael McCaul (Republicano), miembros del Congreso de los Estados Unidos, quienes a través de una misiva enviada a los presidentes Alejandro Giammattei, de Guatemala, Xiomara Castro de Honduras, Nayib Bukele de El Salvador y Rodrigo Chaves de Costa Rica, instaron a detener el financiamiento del BCIE al régimen de Ortega.

“Instamos a su país a aprovechar su liderazgo como miembro fundador del BCIE para garantizar que los préstamos del banco no perpetúen la consolidación de la dictadura de Nicaragua”, dice la carta firmada por Menéndez y McCaul y enviada a los mandatarios centroamericanos del 17 de marzo pasado, un día después de que Mossi participara en un debate público promovido por el organismo Dialogo Interamericano en Washington, en el que el banquero insistió en defender y justificar el financiamiento a la dictadura de Ortega.

Durante el debate, Mossi aseveró que “no es mi trabajo juzgar el tema político”, y que el BCIE se enfoca en el financiamiento de obras de infraestructura como hospitales y carreteras. Sin embargo, también se eximió de ser el responsable de la aprobación de los préstamos, trasladando la responsabilidad a la junta directiva del banco: “Ellos son los que toman las decisiones de lo que se debe aprobar y lo que no se debe aprobar. Ellos deciden si quieren hacer algo o no.”

Gobernadores pusieron fin a su reinado

En medio de tantos cuestionamientos a la gestión de Mossi, llegó la fecha de la celebración de la 63 Asamblea Anual de Gobernadores del BCIE, la que se llevó a cabo en Punta Cana, Republica Dominicana el 12 de mayo pasado.  Mossi pretendía ser reelecto para seguir frente al banco durante otro periodo de cinco años más.

Sin embargo, la junta de gobernadores, decidió unánimemente convocar a la elección de un nuevo presidente ejecutivo y un nuevo contralor de la instancia financiera.

“Los Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica reunidos en Punta Cana, República Dominicana, en el contexto de la LXIII Asamblea de Gobernadores llevada a cabo hoy, resolvió, por unanimidad de votos, convocar a concurso para elegir a un nuevo presidente ejecutivo y a un nuevo contralor” dice la nota publicada en el sitio web del mismo banco el 12 de mayo luego de concluida la asamblea.

La nota agrega que la decisión fue adoptada por los cinco países fundadores y respaldada unánimemente por todos los miembros de la institución. “El nuevo presidente ejecutivo y el nuevo contralor ejercerán sus funciones, para un período de cinco años, a partir del 1 de diciembre de 2023 y el 1 de julio de 2024, respectivamente”.

La decisión fue celebrada por sectores de la oposición nicaragüense, así como por diferentes personalidades de la región, incluidos dos expresidentes de Costa Rica.  Luis Guillermo Solís reaccionó diciendo que la decisión tomada es “una excelente noticia para Centroamérica y su sistema de integración”, en tanto Laura Chinchilla refirió que “no sólo los opositores al régimen Ortega-Murillo celebran esta decisión relativa al BCIE, también los demócratas de toda Centroamérica”, la exmandataria costarricense también dijo que bajo la administración de Mossi “se dio financiamiento desmedido que le permitió al régimen Ortega Murillo sostenerse y además tener recursos que no tuvieron los adecuados mecanismos de fiscalización para su ejecución”.

Margen de maniobra de Mossi reducido a su mínima expresión

La cuenta regresiva de Mossi al frente del BCIE inició el 12 de mayo. El banquero debe abandonar la institución financiera el 30 de noviembre. Pese a que aún le queda un poco más de cinco meses como presidente ejecutivo del banco regional, y pese a que él mismo dijo en conferencia de prensa el pasado 15 de mayo que le quedaban aún “tareas muy importantes por hacer”, en realidad su capacidad de acción para seguir beneficiando a Ortega es casi nula.

A criterio de Peña, el tiempo que le queda es insignificante en relación al tiempo que ya ejerció, porque su periodo está culminando “el mayor margen de maniobra en su presidencia ya pasó” aseguró. Agregó que el banquero ya no puede hacer mucho porque “ahora es un presidente supervisado y con una supervisión mucho más estricta que antes”.

Peña asegura que todas las denuncias y reclamos contra Mossi, tuvieron incidencia en los demás altos funcionarios del BCIE, pero además “el escándalo de haberse convertido en el banquero de la dictadura de Ortega tuvo proyección regional e internacional”.

Expectativas sobre su sustituto

Respecto a la posibilidad de que el sustituto de Mossi, pueda continuar la línea de su predecesor, el experto opinó que es algo muy remoto, pues “no sería inteligente de parte del BCIE designar a otro personaje que cumpliera el mismo papel que tristemente vino cumpliendo Mossi”.

Recordó que el BCIE estuvo en el ojo del huracán, de la opinión pública y de las demás instituciones financieras internacionales, no precisamente por la buena gestión, sino “por las decisiones de alguien que ahora es conocido como el banquero de la dictadura”.

También resaltó el hecho de que los foros políticos regionales más importantes como la OEA, han condenado en sus resoluciones las violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte del régimen de Ortega, lo que además está documentado en los informes de la CIDH y del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El peor escenario posible

Sin embargo Peña opinó que, dado el contexto que viven los países de la región, no se puede descartar nada. En ese sentido advirtió que “el peor escenario sería designar a una persona que tome la posición de continuar financiado a una dictadura como si nada pasara, eso obedecería a que lamentablemente estamos pasando por una época en el que el autoritarismo político en la región es creciente.”

El especialista recordó que en el gobierno de Guatemala existe una corrupción galopante además de actos autoritarios, no sólo de parte del Poder Ejecutivo, sino en todos los poderes políticos. En el caso de El Salvador y Honduras, “hay una especie de hiperpresidencialismo, más notorio en El Salvador” y Nicaragua existe una dictadura pura y dura que está transitando de una fase autoritaria a una que está consolidando un régimen totalitario.

Peña advirtió que esta condición adversa que enfrenta la región podría propiciar un escenario negativo para un banco cuya misión es el desarrollo económico centroamericano, porque se corre el peligro de que haya un pacto entre las élites políticas autoritarias, “dado que tenemos cuatro países con regímenes antidemocráticos: Honduras y Guatemala, y muy antidemocráticos: Nicaragua y El Salvador; y solamente dos democracias con estabilidad política y buenos resultados en materia de desarrollo económico como son Costa Rica y Panamá.”

Finalmente aseveró que generalmente los gobiernos autoritarios se cuidan las espaldas, y en ese afán podrían ponerse de acuerdo para designar a un alto funcionario que los financie. Afirmó que ese sería el peor escenario, sin embargo, de hacerse realidad esa posibilidad, “se haría de una manera solapada, ya no de una manera tan descarada y desvergonzada como lo hizo Dante Mossi”.

Sin embargo, opinó que llegar a ese extremo no sería nada fácil, dado que el Banco tiene socios extrarregionales con democracias solidas además de otros países en calidad de observadores.