La falta de transparencia en la gestión de la Covid-19 en Nicaragua
La pandemia de la Covid-19 sorprendió al mundo el 31 de diciembre de 2019 en Wuhan, China. Su acelerada propagación generó una crisis sanitaria global, de la que algunos paises apenas empiezan a recuperarse. La organización Mundial de la salud (OMS), estimó que las muertes directas o indirectas asociadas a la pandemia alcanzaron una cifra de 14.9 millones de personas en el mundo entre enero 2020 y diciembre de 2021. De estas muertes 6.2 millones fueron reportadas oficialmente por los países que integran la OMS.
Las Américas, fue una de las regiones más afectadas, la Organización Panamericana de la Salud, (OPS), reporta 2,958,858 muertes por coronavirus en este continente. Estados Unidos, Brazil, Argentina, México, Colombia y Perú encabezan la lista de países en donde más muerte se produjeron por la Covid-19.
En el caso de Centroamérica, una región con profundas desigualdades, la llegada del coronavirus puso en jaque a los gobierno y los sistemas de salud. Algunos gobiernos actuaron de manera inmediata, otros no dimensionaron la gravedad de la pandemia y en el caso particular de Nicaragua, el régimen minimizó el impacto real de la pandemia. Estos son dos relatos que evidencia lo que se vivió en dos países de la Centroamérica convulsa durante la pandemia.
Virgilio Hernández carga un ramo de rosas y una muñeca en forma de ángel. Es 2 de noviembre de 2022. Es la primera vez en dos años que visita la tumba de su esposa en el cementerio La Verbena de la ciudad de Guatemala, también es la primera vez que se permiten la entrada al área Covid-19 en este cementerio.
En la entrada hay un puesto de información. Virgilio brinda los datos de Lesly Mariela Castillo, fecha de nacimiento y día de fallecida para poder encontrar el lugar exacto de su tumba. Un hombre le sirve de guía. “Me dicen que es aquí, estoy de acuerdo, porque yo tengo una fotografía que tomé (cuando fue sepultada) estaba vacío el espacio, no había nadie aquí”.
“Le traigo rosas y una muñeca”, comenta Virgilio con la voz entre cortada. Lesly tenía 23 años y una niña de ocho meses cuando falleció en el hospital general de Guatemala. “Eran los días de Semana Santa casi, estuvo desde las cuatro de la tarde quejándose de un dolor, le dolían sus pulmones, pasó toda la noche en el pasillo del hospital, no la ingresaron, no la atendieron, y eso que llevaba una orden que era paciente renal, que la tenían que atender de inmediato, le tenían que hacer una transfusión, al final dijeron que tenía Covid-19”.
Virgilio intenta contener las lágrimas y dice que no fue Covid-19. “Si ella hubiese tenido Covid-19, mi hija y yo no estaríamos vivos, porque estábamos juntos en la misma casa, en el mismo espacio. En el hospital prácticamente sin ningún criterio me la descuidaron”, expresa.
El día que falleció Lesly, Virgilio hizo de todo para poder ir al cementerio “logré bajar su caja, vi el lugar, coloqué una cruz y tomé una fotografía”. Hernández saca su celular y nos muestra la fotografía. “Es aquí, lo sé por ese árbol”.
Virgilio se motiva al ver a su hija crecer a su lado, sobreviven de una imprenta, pero dice que la vida le sabe triste.
En Nicaragua una tarde de junio de 2023, en una iglesia de Masaya, celebran la misa por el tercer aniversario de muerta de Ana Cristina, que cuando falleció en 2020 tenía 82 años.
“Ella estaba bien aparentemente”, dice Sandra su hija mayor, quien la llevó a un laboratorio para hacerle exámenes de sangre y un PCR para determinar las causas del malestar. “el PCR salió positivo y el laboratorista me dijo que lo más indicado era que la llevara inmediatamente a una clínica, porque sospechaba que podía tener Covid-19”.
Ana Cristina fue llevada de emergencia a la clínica del seguro, donde le registraron sus datos y le hicieron una radiografía en los pulmones. El resultado reflejó que estos estaban afectados. “La enfermera me preguntó cuál había sido su oficio, le dije que fue docente, entonces concluyó que la exposición durante años al polvo de la tiza le había afectado y además que en la casa donde vivía cocinaban con leña y que el coronavirus fue un detonante, que no teníamos esperanzas”.
Al área donde fue internada Ana Cristina solo podían acceder personas con protección especial, personal de salud, enfermeras y doctores. La familia se comunicaba por videollamadas. “Yo voy a llegar a la casa, me voy a mejorar”, les decía Ana Cristina a sus hijos, en medio del cansancio.
Otras familias no tuvieron la misma suerte señala Sandra. “Les decían que a las 10 de la mañana iban a dar razón del familiar y a veces pasaban plantados ahí hasta las 12 y nadie decía nada, no había información y eso te estoy hablando de una clínica privada”.
Sandra, explica que como familiares entendían la situación de emergencia que se vivía en todos los hospitales del país donde “doctores y enfermeras estaban ocupados trabajando bajo presión y cansancio”. Aunque después supo “que adentro a los pacientes no los querían ni tocar, yo pienso que quizás ellos sabían que de todas maneras esas personas se iban a morir y ellos estaban muy expuestos”.
Diez días estuvo Ana Cristina hospitalizada. En un día lluvioso, en pleno invierno llegó la noticia de su muerte. El acta de defunción dice que la causa del deceso fue por “neumonía atípica severa”.
“Cuando murió había varios casos de Covid-19, al punto que hubo momento que en la clínica no había tanques de oxígeno, se escasearon y nosotros estábamos afligidos, rezábamos para que llegara el oxígeno”, recuerda Sandra.
Ana Cristina fue enterrada de inmediato. La familia no logró verla, aunque si se aseguraron que fuera ella quien estuviera en el ataúd, pues habían escuchado de casos donde confundían los cadáveres.
“En el cementerio nadie quería cargar a las personas muertas por Covid-19. Nosotros tuvimos que buscar una camioneta de acarreo. Cuando la fui a ver por primera vez después de muerta le compré rosas blancas, lirios y azucenas”, relata Sandra. Recuerda además que cuando entró al cementerio un joven también se disponía a enterrar a su papá que había muerto de Covid-19, la camioneta había dejado el ataúd en la entrada del camposanto. “El pobre muchacho me dice, ahora cómo hago para enterrar a mi papá si estoy solo, cómo lo cargo, yo me sentía horrible”, comentó Sandra, quien agregó que al final el joven tuvo que pagar cincuenta córdobas a unos muchachos para cargar el féretro.
Los años han pasado en la vida de Sandra, pero siente que parte de su vida se quedó en esos días de pandemia.
La realidad que no se pudo ocultar
Luego de confirmase los primeros casos en los países de Centroamérica los gobiernos declararon cuarentena, prohibieron aglomeraciones y cerraron sus fronteras, pero en Nicaragua ocurría algo opuesto, a mediados de marzo de 2020 el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo convocaban a la marcha “Amor en tiempos del Covid-19”. Días después se hacía público el primer caso confirmado en el país. En los meses posteriores y a lo largo de toda la pandemia eventos masivos como ferias, fiestas patronales, hípicas no se detuvieron. Escuelas, bares, restaurantes y centros comerciales permanecieron abiertos.
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Sin embargo, buena parte de la ciudadanía optó por poner en práctica diversas medidas preventivas como: el uso de mascarilla, lavado de manos, evitar aglomeraciones y salir lo menos posible de casa.
“Nosotros solicitamos usar mascarillas y equipos porque estaba viniendo gente de Honduras a pasar consulta, pero había una orden que nadie iba usar mascarilla”, revela una enfermera de un Centro de Salud, a la que por seguridad protegemos su identidad. “Hasta que vieron que los casos se incrementaron rápidamente nos permitieron usarla”, puntualiza.
El doctor Rommel Meléndez, integrante de la Asociación Unidad Médica Nicaragüenses, y quien fue forzado al exilio en Costa Rica, coincide con la enfermera en que hubo negligencia de parte del gobierno y las autoridades de salud.
“Esto constituye un crimen de lesa humanidad”, señala Meléndez, quien agrega que los servicios de salud nunca fueron preparados para la eventualidad. “No se protegió al personal de salud, nosotros tenemos en estadísticas más de ochenta médicos que fallecieron”.
La desinformación, la poca transparencia y un plan poco efectivo de atención y seguimiento han caracterizado el antes, el durante y el después del paso de la pandemia por Nicaragua. El régimen únicamente ha reportado desde marzo de 2020 hasta julio de 2023 que 245 personas fallecieron por la Covid-19 y una 15,725 se recuperaron de la enfermedad.
Estudios e investigaciones de diversos organismos y medios de comunicación han revelado que hay subregistro en los datos brindados de manera oficial por el régimen Ortega Murillo. El estudio global de sobremortalidad realizado por la OMS mostró que fallecieron entre 12,095 y 16,517 personas por coronavirus entre enero 2020 y diciembre de 2021 en Nicaragua.
Sin embargo, según estimaciones de The Economist, un medio británico especializado en el análisis estadístico, reveló que las muertes por Covid-19 en Nicaragua podrían superar las 30,000.
Datos recabados por el Observatorio Ciudadano Covid-19, reflejaron que unas 5,947 personas fallecieron por neumonía o sospechosa por Covid-19 hasta el 24 de noviembre de 2021 y unos 31,222 casos fueron sospechosos de tener Covid-19 en este mismo periodo, el régimen no reconoce estas estadísticas.
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El caso de Ana Cristina es una muestra de las denuncias que circularon en redes sociales y medios de comunicación de familiares de personas fallecidas por Covid-19, a quienes les negaban el derecho de acceder al acta de defunción, y en otros casos cambiaban la causa de muerte a neumonía atípica o cualquier otro padecimiento.
Otra forma de ocultar la información fueron los entierros exprés, una práctica que consistía en sepultar a las personas generalmente por la noche y sin la presencia de parientes. Para el doctor Meléndez en este caso las autoridades quedaron al descubierto, “eso también le salió el tiro por la culata, porque la población grabó las veces que iban en horas de la madrugada o media noche a enterrar a la gente sin un familiar y eso demostraba que estaban haciendo un mal manejo de la pandemia”.
En los primeros meses de la pandemia todos los hospitales atendían paciente Covid-19 en estado grave y eso perjudicó al personal de salud. “Nunca se destinó un hospital para la atención, en determinado momento el hospital Alemán Nicaragüenses asumió esa responsabilidad, porque se vieron en la sin remedios, eran demasiados los casos que estaban llegando a las unidades de salud y tuvieron que hacerlo de esa manera imprevista”, comenta Meléndez.
Datos del Mapa de la Salud de Nicaragua, reflejan que la neumonía ocupa el primer lugar entre las causas de hospitalización de la población nicaragüense con 104,827 egresos entre 2019 y 2022. En este periodo 6,217 personas fallecieron por neumonía en Nicaragua según registra el mapa antes citado.
Meléndez afirma que el régimen enmascaró la gravedad de la pandemia y la cantidad de muertos alterando en muchos casos los diagnósticos. “Al inicio comenzó a poner neumonía atípica, comenzó a enmascarar los diagnósticos como diabetes descompensada, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, infarto agudo al miocardio, insuficiencia respiratoria”. Según el médico estas enfermedades tienden a crecer, pero en cantidades menores a las registradas en estos años.
El Mapa de la Salud refleja un aumento progresivo en la cantidad de personas fallecidas a causa de estas enfermedades, como se muestra en la siguiente gráfica:
Por otra parte, en el Mapa de la Salud aparece un dato de 2020 al que denominan “Resto de Causas”, con una cifra de 2,508 personas fallecidas, sin especificar el tipo de enfermedad o condición que ocasionó la muerte.
Uno de los últimos informes semanales del Minsa reportado a mediados de julio indica que las personas que han estado en “Seguimiento Responsable y Cuidadoso” por Covid-19 (15,984), han tenido padecimientos asociados a las siguientes enfermedades: hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidente cerebro vasculares, tuberculosis y enfermedades pulmonares crónicas.
Nicaragua con “menos casos” Covid-19, pero con más deuda
El Informe de Liquidación del Presupuesto General de la República que realiza el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), reflejó que en 2020 el dinero destinado para la atención de la pandemia fue de 3.966.5 millones de córdobas.
El informe señala que de este monto únicamente 992.7 millones de córdobas fueron reflejados en el Sistema Integral de Gestión Administrativa y Financiera (SIGAF). Las instituciones beneficiadas fueron el Minsa, el MHCP, la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL), el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED) y el Ejército.
Otros 127.6 millones de córdobas (de los cuales 85.0 millones de córdobas fueron ejecutados por el Minsa), no se reflejaron en este sistema contable, tampoco se especifican las razones. El resto del dinero fue trasladado al SINAPRED y al Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria Cooperativa y Asociativa (MEFCCA). Un último monto de 2,846.2 millones de córdobas fue destinado para pagos de servicios de “deuda interna y externa” con financiamiento de préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Este último monto equivale al 71.7% del total destinado para la pandemia.
En junio de este año se incluyó el Componente de Contingente de Respuesta a Emergencia (CERC), a través de la reasignación de un crédito del Banco Mundial. En este caso 50.5 millones de córdobas fueron dirigidos para atender la pandemia. Según cita el documento el dinero fue invertido en “la adquisición de medicamentos y materiales de reposición” y la ejecución de este monto sería auditado por la firma externa Grant Thornton Hernández y Asociados.
Fue hasta noviembre de 2022 que se conoció un primer informe de la auditoría externa del proceso de adquisiciones relacionada con los fondos Covid-19 durante el periodo 1 de abril de 2020 al 31 de mayo de 2021. La empresa auditora asegura que no encontró “indicios de prácticas corruptas en los procesos de adquisiciones”, aunque si menciona “deficiencias menores” entre otras, retrasos en los cronogramas de ejecución sin justificación, extensiones de plazos sin justificación, incoherencia en los folios de los expedientes, algunos expedientes manchados con corrector que impedían leer bien la información y diferencia en la moneda pagada con relación al presupuesto.
Un segundo informe de auditoría debió ser publicado en marzo de 2023, sin embargo, hasta la fecha se desconocen públicamente los resultados.
En 2020 también se firmó un convenio de cooperación denominado “Apoyo a las acciones de Emergencia por la expansión del COVID-19”, por un monto de 51.6 millones córdobas con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). En el informe de Liquidación se menciona que el monto se distribuyó en 0.9 millones de córdobas para medicamentos, 30.1 millones de córdobas en equipos médicos, 3.2 millones de córdobas en oxígeno y 17.4 millones de córdobas en recursos que fueron entregados al Minsa para la atención de pacientes Covid-19.
Según el portal Nicaragua Compra las contrataciones públicas en 2020 realizadas por el Minsa fueron adjudicadas principalmente a las siguientes empresas: Logística Ecológica, S.A. ( 54,050 dólares), Generic Pharma GP, S.A. ( 817,437 dólares y adicionalmente una compra por 10,812,000 córdobas), Neoethical, S.A. (948,003 dólares), Inversiones Ayatal (125,580 dólares), Bühler Pharma, S.A, (2,770,900 dólares), Cruz Azul (9,575,983 córdobas), y Yale Healthcare Group (1,089,600 dólares). Como podrá verse algunos de los pagos se reflejan en dólares y otros en córdobas.
Durante el primer año de la pandemia Nicaragua recibió en concepto de donaciones externas para la crisis sanitaria 3,815,246. 97 millones de córdobas, proveniente de los siguientes organismos.
Un año más tarde, en 2021 el presupuesto dirigido para dar seguimiento a la pandemia aumentó a 6,934.0 millones de córdobas, según los datos del Informe de Liquidación se ejecutaron 6,567.7 millones de córdobas, quedando un remanente de 336.3 millones.
Durante este periodo se realizaron dos modificaciones a la Ley Anual de Presupuesto. Una fue el 7 de octubre de 2021, donde se creó un Fondo para la Adquisición de Vacunas e Insumos necesarios contra la Covid-19, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de 700.0 millones de córdobas de los cuales gastaron 507.4 millones. La Segunda reforma se realizó el 13 de diciembre, según la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo estos cambios se dieron “para fortalecer los recursos asignados al gasto social, principalmente en salud y los proyectos de inversión pública”.
La ejecución de gasto reportadas por el MHCP evidencia que el MINSA utilizó recursos por 4,715.8 millones de córdobas. Las fuentes de financiamiento fueron préstamos externos por 1,582.2 millones de córdobas y donación externa por 80.6 millones de córdobas. Este año también se destinó recursos al Ministerio de Educación, Ministerio de Defensa (Ejército), Contraloría General de la República y SINAPRED.
En este año el régimen ejecutó en concepto de donación externa 51,955,498 millones de córdobas donados para la atención de la pandemia por el gobierno de Taiwán, con quienes el régimen cortó relaciones bilaterales en diciembre de 2021. La Distribuidora Cruz Azul, S.A. obtuvo la adjudicación del Minsa por 570,340.2 córdobas para la compra de insumos médicos para abastecimiento de unidades de salud.
Los préstamos externos de ese año fueron principalmente del FMI con más de 1,096 millones de córdobas, el BCIE con un monto de 306.7 millones de córdobas y el BID con 235.6 millones de córdobas. Es importante resaltar que las mejoras en la infraestructura de algunos hospitales, así como equipamiento y construcción de unidades de cuidados intensivos, se han realizado a través de estos préstamos.
El BID financió 16 proyectos para infraestructura hospitalaria por un monto superior a los 108 millones de córdobas, los cuales se invirtieron en el mejoramiento del área de la unidad de cuidados intensivos de los hospitales Asunción en Juigalpa, Victoria Motta en Jinotega, Humberto Alvarado en Masaya y Luis Felipe Moncada en San Carlos. Así como, la ampliación del laboratorio epidemiológico en SILAIS León, área de emergencia del hospital Alemán Nicaragüense, área de emergencia del hospital primario Jacinto Hernández en Nueva Guinea, RACCS.
También financió el equipamiento de los laboratorios epidemiológico en los SILAIS de Rivas, Boaco, Managua y los hospitales San Juan de Dios en Estelí, Amistad Japón Nicaragua en Granada, Juan Antonio Brenes en Somoto y la unidad de cuidados intensivos del hospital Manolo Morales en Managua.
Por último, el diseño para la construcción de la unidad de cuidados intensivos del hospital departamental José Nieborowsky en Boaco. Sin embargo, en el discurso oficialista se hace proselitismo político al afirmar que estos proyectos son gracias al “buen gobierno sandinista para restituir el derecho a la salud”, cuando realmente son deudas adquiridas que la población debe pagar a través de los impuestos.
En el informe de Liquidación de 2021 el régimen reconoce que hubo reducción de gastos con fuentes de recursos externos atados a programas y proyectos debido a “desfases en los procesos de licitación y adjudicación de los contratos, atrasos en la ejecución, licitaciones declaradas desiertas y falta de oferentes en el caso de insumos y material sanitario”. La ejecución de algunas obras fueron trasladas a 2022.
Las empresas a las que se le adjudicaron los contratos este año fueron Distribuidora Cruz Azul (6,147,157 millones de córdobas), Laboratorios Ramos (113,739,289 millones de córdobas en nueve contratos), Neo Ethicals, en este caso los montos aparecen reflejados en dólares y no en córdobas (6,041,463.46 millones de dólares en cinco contratos), Generic Pharma (dos contratos aparecen reflejados en córdobas que suman 41,820,205.4 y un contrato en dólares por 291,819.84), Yale Healthcare Group (U$ 14,646, 575.64 en nueve contratos en dólares más 2, 092, 500.00 en un contrato realizado en córdobas), R&S Medical Nicaragua, S.A recibió 71,425,224.00 córdobas en un contrato.
En 2022, se había aprobado un presupuesto de atención a la pandemia de 1,584.2 millones de córdobas, una cifra menor comparada a los años anteriores, sin embargo, se le incorporó un aumento por 2,571.4 millones de córdobas, según justifican en el informe era para “contener el control de la pandemia”, pese a que siempre minimizaron su impacto. El presupuesto global fue de 4,155.6 millones de córdobas de los cuales gastaron 3,836.1 millones.
La partida que se designó al Minsa fue 971.6 millones de córdobas, al Mined 226.1 millones y al MHCP 2,930.7 millones. En el caso del Ejército se había presupuestado 39.2 millones, pero el monto se redujo a 27.2 millones de córdobas.
Este año las fuentes de financiamiento externa aumentaron en un 86.3%, la mayoría fueron préstamos concedidos por BCIE, BID, Banco Mundial y FM por un monto de 3,053.2 millones de córdobas.
Los fondos provenientes de estos préstamos fueron distribuidos entre el MINSA, el MINED, el Ejército y MHCP, este último, con préstamos del BID, ejecutó acciones por 85.1 millones de córdobas relacionadas con el diseño, construcción, ampliación y equipamiento de laboratorios y unidades de cuidados intensivos de 14 hospitales en los municipios de León, Rivas, Boaco, Managua, Juigalpa, Jinotega, Estelí, Granada, Masaya, Siuna, Somoto, San Carlos y Nueva Guinea.
En total 3,326.4 millones de córdobas en la pandemia provenientes de préstamos a organismos financieros internacionales:
Este año también se ejecutaron 30,073.2 millones que fueron donados por Taiwán para la atención de la pandemia.
Finalmente, en 2023, el régimen destinó únicamente 1,035.8 millones de córdobas para combatir la pandemia. En el Informe de Ejecución presupuestaria de enero a marzo, se muestra que este presupuesto se redujo a 991.4 millones, de los cuales 662.8 destinaron al Ministerio de Salud, 289.4 millones para el MHCP y 39.2 millones de córdobas para el Ejército.
De acuerdo con la información oficial emitida por el MHCP con préstamos del BCIE se prevé la construcción y equipamiento de seis módulos Covid-19 en los hospitales Alemán Nicaragüense y Manolo Morales de Managua, Humberto Alvarado de Masaya, César Amador Molina de Matagalpa, San Juan de Dios de Estelí y hospital La Asunción de Juigalpa.
Nicaragua fue el único país de la región en cobrar 150 dólares por realizar la prueba de PCR para las personas que salían del país. También fue el último país en revocar la medida el 16 de junio de 2022, dos años después de haberla establecido. Lo nunca hubo por parte del Minsa fue rendición de cuentas sobre la cantidad de pruebas realizadas, ni el destino y uso del dinero recaudado.
Vacunación contra la Covid-19: “primero el gabinete”
El 8 de diciembre de 2020, Margareth Keenan de 90 años y originaria de Reino Unido, se convirtió en la primera persona en ser vacuna contra la Covid-19. La vacuna fue desarrollada por BioNTech y Pfizer. Este también fue el primer país en iniciar una jornada masiva de vacunación.
La urgencia sanitaria y la necesidad de mitigar los efectos Covid-19, tras ensayos clínicos y pruebas fueron surgiendo nuevas vacunas desarrolladas en distintos países, una alternativa que permitió a países de Centroamérica acceder a vacunas como; Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford, Covishield, Covaxin, Janssen, Moderna, Johnson & Johnson, Sinopharm y Sinovac fueron aprobadas para su uso por la OMS.
En Nicaragua, el 23 de febrero de 2021 medios oficialistas anunciaban la llegada de un primer lote de vacuna Sputnik V, donada por Rusia, aunque poco se supo de la cantidad de dosis, medios oficialistas publicaron que sería aplicada a personas con enfermedades crónicas, insuficiencia renal, cardiopatías y cáncer.
El 6 de abril, a casi un año de la pandemia, se iniciaba la segunda jornada de vacunación esta vez dirigida a personas mayores de 60 años y con enfermedades crónicas. El siete de marzo el régimen reportó que el gobierno de la India había enviado una donación de 200 mil dosis de la vacuna Covisheld.
Una de las críticas al régimen Ortega-Murillo en el proceso de vacunación, es no haber priorizado al personal de salud en las primeras jornadas, para doctor Rommel Meléndez la prioridad del régimen en sus inicios fue inmunizar a sus funcionarios y allegados. “La vacunación fue dirigida desde el inicio se trató de cubrir a la clientela política que ellos tenían, los primeros en vacunarse fueron los ministros, los viceministros, todo el aparato que estaba alrededor del partido Frente Sandinista, sus secretarios políticos y hasta después comenzaron a vacunar a los trabajadores del Estado, imagínate. Los primeros que tendrían que haberse vacunado era a los del Ministerio de Salud”, puntualiza.
Fue hasta el 3 de mayo de 2021, en la tercera jornada de vacunación voluntaria contra la Covid-19 que se vacunó al personal de salud de todo el país, personal de aduana y migración, así como a personas mayores de 55 años. Un día después se recibió un lote de 70 mil dosis de Sputnik V, la vacuna Rusa.
El caos en el proceso de vacunación llegó el 20 de septiembre de 2021, cuando se anunció la vacunación a personas mayores de 30 años o con enfermedades crónicas. Miles aguantaron sol, lluvia y desvelos para conseguir la primera dosis, las filas se volvieron interminables en los hospitales y centros de salud, exponiéndose muchas personas al contagio.
En octubre, con el anuncio de la vacunación a personas menores de 30 años y niños, miles de personas prefirieron cruzar la frontera hacia Honduras para aplicarse una dosis de vacuna Moderna o Pfizer, en Nicaragua únicamente se estaban aplicando las vacunas Sputnik Light de Rusia, soberana y Abdala ambas de Cuba, ninguna aprobada por la OMS.
El Informe de Ejecución del Presupuesto General de la República de 2021, menciona que el Minsa gastó 4,715.8 millones de córdobas para vacunar a 3,634,151 personas de una meta de 4,518,104.
De los 700 millones de córdobas financiados por el BID se gastaron 507.4 millones de córdobas, con este dinero se había previsto vacunar a 1,886,420 personas, sin embargo, se vacunó a 1,362,982, es decir 523,438 menos de la meta prevista, quedando 192.6 millones de córdobas sin ejecutar.
Una investigación realizada por el medio de Comunicación Confidencial reveló que Nicaragua recibió “18,219,520 vacunas contra la Covid-19 de once tipos. El 51.6% de estas corresponden a donaciones y el 48.3% restante a compras, la mayoría hechas a sus aliados políticos: Cuba y Rusia.” La investigación del medio también detalló que unos 101 millones de dólares fueron destinados para la compra de 11.2 millones de vacunas a Rusia y Cuba, aún cuando no estaban aprobadas por la OMS.
Según datos de la Organización Panamericana de la Salud en Nicaragua se ha administrado 15,505 800 dosis de las vacunas contra la Covid-19. El régimen anunció con bombas y platillos que en Nicaragua se han vacunado con al menos una dosis a 6 millones 176 347 personas y que unos 5 millones 960 114 tienen el esquema completo de vacunación.
Las vacunas recibidas a través del Mecanismo Covax en Nicaragua fueron:
La pandemia en la actualidad
En mayo de 2023 la OMS declaró el fin de la emergencia sanitaria global de la Covid-19, aunque advirtió que la enfermedad no ha desaparecido, por tanto, es necesario seguir inmunizando a las poblaciones y tomando medidas ante nuevas variantes.
“Siempre quedan casos esporádicos en diferentes países, lo que nosotros le llamamos endemia, en grupos localizados, en ciudades localizadas, tenemos conocimientos que hay un rebrote que los casos de Covid-19 se están aumentando en las diferentes unidades de salud”, explica el doctor Meléndez, quien a la vez hace el llamado a la población a seguir cuidándose.
El informe semanal del Minsa correspondiente a la primera semana de agosto reconoce que el coronavirus sigue presente. “hemos atendido y dado Seguimiento Responsable y Cuidadoso a 13 nicaragüenses con COVID-19 confirmados”.
Lo que también sigue presente es la falta de transparencia, a lo largo de la atención a la crisis sanitaria provocada por la Covid-19 fue una constante. En Nicaragua a la fecha se desconoce con certeza la cantidad de personas fallecidas y el impacto real en el sistema de salud y población en general. Se desconocen también datos precisos sobre la inversión en la compra de vacunas, el destino que tuvo parte del presupuesto que no se reflejó en los informes y las empresas a las que se les adjudicaron los mayores contratos.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo tiene pendiente la obligación de rendir cuentas a la población sobre el mal manejo que hizo de esta pandemia que ha dejado dolor, luto y pobreza en el mundo.
