Fiscalía en “silencio” tras oleada de criminalización de opositores

El Ministerio Público ha dejado de informar públicamente sobre su quehacer en su sitio web. Ya no lo hace con el frenesí y la constancia que lo hizo en el periodo que la dictadura Ortega Murillo agudizó la persecución y encarcelamiento de personas opositoras.

El espacio virtual de la institución penal, que fuera uno de los más activos publicando comunicados mientras duró la estrategia persecutoria desatada por el régimen en el contexto preelectoral de 2021, solo ha publicado un comunicado en lo que va del 2023, lo que demuestra la instrumentalización de esta institución para la criminalización de la disidencia en Nicaragua.

La feroz arremetida 

En mayo del 2021, a solo seis meses de consumarse la última farsa electoral en Nicaragua, el Ministerio Público, en contubernio con la policía y bajo las órdenes de Daniel Ortega, inició un intenso proceso de persecución y criminalización contra diversos actores de la sociedad nicaragüense que adversan a la dictadura; entre estos los propios aspirantes presidenciales, que pretendían enfrentar a Ortega en las urnas.

Fueron también víctimas de la persecución y criminalización por parte de la Fiscalía, diversos líderes y activistas políticos opositores, periodistas, empresarios, ambientalistas, defensores de derechos humanos, entre otras personas de la sociedad civil organizada, que uno a uno desfiló por los pasillos del Ministerio Público, donde fueron citados para comparecer en entrevistas.

Durante este periodo la Fiscalía mantuvo “informada a la población nicaragüense” de los procesos penales que se desarrollaban en contra de personas que “cometieron menoscabo a la integridad nacional y traición a la patria, entre otros delitos en perjuicio de la sociedad nicaragüenses y el Estado de Nicaragua.”

El intenso “trabajo” de la Fiscalía, junto a la policía orteguista y el Poder Judicial, terminó ese año con el encarcelamiento de muchas de estas personas y el exilio forzado de otras que se vieron obligadas a salir del país para evitar ser víctimas de la venganza de la dictadura por haber protestado en su contra.

A quienes no lograron escapar de ir a las mazmorras de la dictadura, el Poder Judicial, a través de un grupo de fiscales y jueces al servicio de Ortega, los condenó a penas de entre 8 y 26 años de cárcel.

Entre mayo y octubre de 2021, la Fiscalía publicó 80 comunicados, todos referidos a las acusaciones, la fabricación de delitos, las audiencias iniciales y los juicios orales y públicos de las personas imputadas.

Sin embargo, desde que las personas privadas de libertad por oponerse al régimen, fueron condenadas, los comunicados de la Fiscalía fueron cada vez menos frecuentes, y a partir del destierro de 222 personas presas políticas, el 9 de febrero de 2023, estas publicaciones fueron casi nulas, es decir, el sitio web del Ministerio Público ha descansado de los infames comunicados que los funcionarios alojaban en el espacio virtual de la institución. 

Los comunicados eran una advertencia

Para el jurista Uriel Pineda, experto en derechos humanos, los constantes comunicados del Ministerio Público, jugaron, en su momento, un papel clave en la persecución en contra de la disidencia, pues estos eran para anunciar los pasos que iba a ejecutar el Ministerio Público, “pero la lógica también era enviar una advertencia en general a muchas personas críticas del régimen, a muchos actores sociales, políticos y hasta económicos, de lo que les podía pasar en caso de protestar o mostrarse inconformes con el régimen”.

Pineda recordó que el Ministerio Público ha sido un engranaje más en la política represiva que el régimen ha ejecutado a través de la instrumentalización de las instituciones del Estado con el afán de neutralizar a cualquiera que se oponga a su proyecto dictatorial.

El experto agregó que el hecho de que ya no haya tantos comunicados, se explica porque la intensidad de la persecución, de alguna manera, ha disminuido y porque luego de haber más de 200 presos políticos, actualmente hay menos de un centenar. “En este momento no es tan necesaria, en esta política de persecución a opositores, identificar como blancos a actores y por eso han bajado la intensidad, aunque persiste el ambiente de persecución en un sentido general” argumentó el experto.

El jurista advirtió, sin embargo, que de ser necesario para el régimen incrementar la presión en su política gubernamental de persecución, sin lugar a duda lo va a hacer y “eso justificaría justamente que se reactivará su estrategia de comunicación en el Ministerio Público”.

En los comunicados del Ministerio Público, en los que esta institución informaba de los procesos que se llevaban, era común la reiteración de mensajes de advertencia para otros opositores.

“Se les previene a las personas que sean citadas para entrevistas y que no se presenten, que deberán acreditar su inasistencia a través de medio verificable y en caso de incomparecencia sin justificación, se solicitará ante autoridad judicial la conducción forzosa por estar huyendo de la justicia”, rezaba uno de los mensajes amenazantes que apareció en muchos comunicados durante los primeros meses de la arremetida.

Solo cuatro comunicados en 2022

Luego que durante el segundo semestre del 2021, los comunicados fluían como en cascada en el sitio web del Ministerio Público, a lo largo de 2022, la institución referida publicó tan solo cuatro comunicados.

El 31 de enero la institución penal informó que, a partir del primero de febrero de ese año, se realizarían los juicios orales y públicos de más de 40 opositores “que desde hace varios meses se encuentran en la Dirección de Auxilio Judicial”. El anuncio aclaraba que también se incluía a quienes se encontraban bajo arresto domiciliario.

Posteriormente, el 12 de febrero, dicho ministerio publicó un comunicado dando a conocer el fallecimiento del exguerrillero y general en retiro del Ejército, Hugo Torres, sin embargo, el comunicado fue claramente un intento de lavarse las manos.

“Desde el momento que presentó deterioro en su estado de salud, fue trasladado a un hospital de la capital para ser atendido de manera adecuada” dice en parte la publicación, la que más adelante agrega que “El Ministerio Público al tener conocimiento de la gravedad de la enfermedad, por razones humanitarias, pidió a la autoridad judicial la suspensión definitiva del juicio oral y público”.

Tras la muerte de Hugo Torres, la Fiscalía emitió otro comunicado fechado el 18 de febrero, en el que anunciaba que solicitó a la autoridad judicial el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliar con custodia policial a los reos, Francisco Aguirre de 77 años, José Pallais de 68, y Arturo Cruz también de 68. El comunicado refiere que la medida se toma por “razones humanitarias,” al tener conocimiento del estado de salud de los imputados.

Luego, el 24 de febrero, emitió otro comunicado similar, esta vez para informar que se toma la misma medida con los reos Edgar Parrales de 79 años y Mauricio Díaz de 71.

Consumadas las condenas a los procesados, por los delitos de traición a la patria, menoscabo a la integridad nacional, difusión de noticias falsas, en el contexto preelectoral de 2021, las publicaciones en el sitio web de la fiscalía se ralentizaron.

En lo que va del 2023, la fiscalía ha publicado solo un comunicado, con fecha del 27 de enero en el que informaba sobre la ampliación del periodo de investigación a 24 personas arrestadas por “invadir tierras indígenas del territorio de Alal” ubicado en Bonanza, Costa Caribe Norte.

Desde el 9 de febrero, fecha en que fueron desterradas 222 personas presas política, la Fiscalía dejó de publicar los sendos comunicados que informaban sobre los procesos que se llevaban en contra de las diferentes voces críticas del régimen.

Reelección de Guido fue para evitar costo político y reafirmar persecución

El 11 de agosto pasado, la fiscal general, Ana Julia Guido y el fiscal adjunto, Julio González Sandoval, quienes llevan nueve años en los cargos, fueron reelectos por la Asamblea Nacional por orden de Ortega, para continuar en sus puestos durante cinco años más, pese a que el 25 de julio, el régimen había convocado a la presentación de candidaturas para ocupar ambos cargos.

Guido y González asumieron los cargos en la Fiscalía por primera vez en abril del 2014, luego de ser elegidos para un periodo de cinco años, sin embargo, tras vencérseles este tiempo, ambos continuaron en sus puestos por decisión de Ortega quien los ratificó a través de un decreto presidencial.

Con la reelección de Guido y González para un nuevo periodo, ambos funcionarios leales a Ortega completarían 14 años al frente del Ministerio Público.

A criterio del jurista Uriel Pineda, si Ortega hubiera removido de sus cargos a Guido y González “hubiese sido una noticia que derivaría en especulaciones sobre si esa salida es castigo o si hay inconformidades.”

El especialista opinó además que el hecho de que permanezcan en los cargos le evita al régimen, por un lado, el costo político de la especulación, y por otro le permite reafirmar la política de persecución existente, “lo que hay que entender es que hay una articulación de acciones, obviamente encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, pero instrumentalizan otros poderes del Estado como la Asamblea Nacional para emitir leyes represivas, el Ministerio Público y la Policía Nacional para aplicarlas y naturalmente el Poder Judicial, quien estaría llamado a corregir cualquier violación, pero este  no observa su deber principal”.

Pineda agregó que la suma de acciones de estos actores “genera una política represiva que deriva justamente en la comisión de crímenes de lesa humanidad” y que el hecho de mantener a Guido y González como fiscal general y fiscal adjunto, respectivamente “significa que es un refrendo del régimen de esta política de persecución y de la existencia con ello de un contexto”.

Tanto Ana Julia Guido como Julio González Sandoval, provienen de las filas policiales, Guido incluso llegó a ser subdirectora del brazo represivo armado del régimen. La también exguerrillera, antes de ser fiscal general, ocupó el cargo de fiscal adjunta.

Ambos funcionarios son señalados por sectores de oposición como leales incondicionales de Ortega a quien obedecen para cumplir con la función de desarticular, a través de la fabricación de delitos, cualquier intento de protesta contra la dictadura, por lo que también son considerados coautores de crímenes de lesa humanidad.

El 9 de octubre de 2020, Guido fue sancionada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por formar a un grupo de fiscales que trabajaron con la policía orteguista para fabricar casos contra presos políticos. En el comunicado del Departamento del Tesoro, también se le señala de conformar y dirigir una unidad especializada que se dedicó a presentar acusaciones contra manifestantes pacíficos.

Pese a que el lema del Ministerio Público es “Con las víctimas por la justicia”, esta institución estatal, según el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), en el contexto de las protestas del 2018, “se negó a recibir las denuncias referentes a muertes de manifestantes. En los casos en que registró la denuncia, la Fiscalía no llevó a cabo las diligencias necesarias para impulsar la investigación”.

Cronología de la arremetida persecutoria

El 25 de mayo de 2021 el Ministerio Público citó a Cristiana Chamorro, quien aspiraba confrontar a Ortega en las urnas en noviembre de ese año.

El 26 de mayo la Fiscalía publicó en su sitio web, lo que sería el primero de 80 comunicados sobre la criminalización de opositores. En lo sucesivo el sitio web de la institución publicaba casi a diario comunicados referidos a la persecución desatada por la dictadura contra la oposición.

La mayoría de comunicados y notas de prensa, publicados entre mayo y octubre de 2021, estaban relacionadas a los casos abiertos contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), y La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).

Durante el “proceso investigativo”, la Fiscalía citó a periodistas, empresarios y líderes políticos y de sociedad civil, también se abrieron otras causas penales con una serie de delitos, para los cuales, previamente la Asamblea Nacional creó leyes, que a criterio del GHREN son “contrarias a los estándares internacionales de derechos humanos”.

Los directivos de la FVBCH y Funides fueron acusados de los delitos de “gestión abusiva, falsedad ideológica y lavado de dinero, bienes y activos, y otros actos ilícitos”.

Otros delitos imputados a diversos actores de la oposición fueron: conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, traición a la patria y difusión de noticias falsas.

Luego de la citatoria a Cristiana Chamorro, la Fiscalía citó al director de Radio Corporación, Fabio Gadea Mantilla, a la directora de 100% Noticias, Verónica Chávez, así como a la corresponsal de Univisión en Nicaragua, María Lilly Delgado, También fueron citados la periodista Lourdes Arróliga y Guillermo Medrano, además de otros dos trabajadores de la FVBCH.

El mismo 26 de mayo fueron citados los periodistas Ludwing Loásiga y Roberto Mora, así como el comentarista Jaime Arellano.

El 27 de mayo continuó el desfile de periodistas por la Fiscalía, entre otros fueron citados, Aníbal Toruño de Radio Darío y José Adán Silva del medio Literal. En la misma semana fueron llamados Argentina Olivas, directora de Radio Vos de Matagalpa, Francisco Gadea, director de Estéreo Romance de Carazo, la periodista Amparo Aguilera y el reportero gráfico Carlos Herrera. EL primero de junio fue citada Patricia Orozco, ex directora de Onda Local.

El 2 de junio se da la orden de allanamiento y detención en contra de Cristiana Chamorro, y en lo sucesivo se hace lo mismo con los demás aspirantes presidenciales, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena y Noel Vidaurre.

La cacería de opositores continuaría en los próximos meses, en octubre fueron citados y arrestados los empresarios Michael Haley, Álvaro Vargas, también otras personas entre activistas y líderes. En todos los casos el Ministerio Público difundía sendos comunicados en su página web “informando a la población nicaragüense.”