Las mujeres nicaragüenses exiliadas en Costa Rica enfrentan desafíos para acceder a la salud: Las barreras de seguro en La Caja, el impacto de la xenofobia y la falta de acceso a empleos que les garantice un aseguramiento directo.

Urania Castrillo Molina lleva el exilio marcado en el cuerpo. Desde que se vio forzada a salir de Nicaragua en 2018, perseguida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por su labor humanitaria como voluntaria de la Cruz Roja, su batalla más reciente es contra el cáncer de mama. Una lucha que, asegura, ha sido agravada por la xenofobia en Costa Rica, su país de acogida.

"No es fácil que te amputen el cuerpo, no es fácil meterte al baño y verte la herida", confiesa Urania, quien hoy, establecida en San José, relata cómo el sistema de salud costarricense le ha resultado "inclemente" a ella y a otras refugiadas.

A pesar de que la Constitución Política de Costa Rica debería ampararla, Urania afirma haber sido víctima de discriminación que derivó en la negación de una intervención quirúrgica, maltrato verbal y psicológico. "Pasando por encima de mis derechos humanos, me negaron la intervención quirúrgica. Por eso fui amputada, porque mi cáncer avanzó y avanzó", relata.

  Sin Seguro no hay atención 

El testimonio de Urania resuena en la comunidad de migrantes: "Si no tenemos seguro no nos atienden; eso es mentira que te atienden," asegura, mencionando casos críticos de nicaragüenses arrojados a la calle por no poder costear un seguro o facturas médicas elevadas. La falta de acceso al empleo digno para personas solicitantes de refugio o refugiadas hace que el alto costo de la atención médica sea una barrera insuperable.

La experiencia de Ucrania no es un caso aislado. Susana Marley Cunningham, conocida como “Mama Tara” –“Mamá Grande” en su lengua natal–, es un pilar de la comunidad miskita exiliada en La Carpio. Su historia añade una capa de adversidad: la de las mujeres indígenas migrantes.

"Aquí en el exilio en Costa Rica, la inmensa mayoría de las mujeres Miskitas no tenemos acceso a la salud, por falta de seguro médico, por falta de documentos," explica Mama Tara. Ante la falta de asistencia formal, muchas se ven obligadas a recurrir a la medicina tradicional.

Las dificultades se multiplican. Mama Tara describe cómo las emergencias se convierten en una odisea de traslados: del Hospital México a La Carpio, y de ahí a otro centro de salud más distante, “y con fiebre, con vómito, con dolor de cabeza, y con falta de dinero, no podemos movernos a otro que no conocemos”. A esto se suma la barrera lingüística. "Algunas que van y no hablan bien el español, no lo atienden porque le dicen, esta señora habla raro, no le vamos a atender", lamenta.

 Problema estructural y de derechos humanos

La situación ha sido documentada por organizaciones no gubernamentales. Ana Quirós, directora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), señala que la mayoría de las mujeres exiliadas están en edad productiva y reproductiva (entre 20 y 35 años), con necesidades de salud sexual y reproductiva que no son atendidas adecuadamente. Además, la dificultad con el español limita su acceso a la educación, trámites y empleo, con denuncias de multas y prohibiciones por hablar su idioma.

Por su parte, Jhoswell Martínez, presidente de la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (ASIDEHU), confirma que, si bien la norma costarricense establece la gratuidad del sistema de salud para ciertos grupos: menores de edad, embarazadas, personas con VIH), “las mujeres en su totalidad no entran dentro de este rol”.

Martínez ha documentado casos de negación de atención y negligencia, atribuidos directamente a la "situación de xenofobia, la situación de aparofobia, la situación de discriminación". Entre ellos, destaca el caso de Carmelita Julio Peachy, exiliada que falleció el 30 de noviembre de 2023 en Limón, Costa Rica, donde vivía desde septiembre del año anterior. La familia y testigos aseguran que recibió únicamente atención primaria, un caso que ASIDEHU califica como negligencia. 

Carmelita Erdiana Julio Peachy era originaria de Raity Pura, Caribe Sur de Nicaragua, huyó de su país tras ser despojada de sus bienes por grupos armados. Sin empleo, documentos ni dominio del español, su situación migratoria irregular le impidió formalizar una solicitud de refugio.

A principios de noviembre, Julio Peachy presentó fiebre e hinchazón en las piernas, por lo que acudió al Hospital Tony Facio Castro. No obstante, su sobrina, Shaneilys Dixon, denuncia que la atención fue negligente: “Una enfermera le dijo que no podían hacer mucho; solo le dieron suero y la enviaron a casa por no tener seguro ni documentos”. La mujer murió al día siguiente.

Por su parte, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) contradijo esta versión al diario La Prensa, asegurando que Julio recibió los estudios y el tratamiento pertinentes. Según la institución, la paciente estuvo en observación dos días hasta que un familiar decidió retirarla; sin embargo, no presentaron pruebas documentales de dicho descargo. Dixon sostiene que la entidad miente. Según Jhoswell Martínez, este caso escaló hasta la presidencia, pero las autoridades de la Caja no se presentaron cuando fueron citadas. 

Para la activista Susana Marley, el caso expone las barreras críticas que enfrentan las personas indígenas migrantes en Costa Rica. Aunque los hospitales pueden cobrar la atención a personas no aseguradas a posteriori, Marley y Dixon coinciden en que, en este caso, el servicio fue simplemente denegado por su origen y falta de estatus legal.

   Salud sin fronteras: ¿Qué derechos tienen las personas solicitantes de refugio, refugiadas y apátridas en Costa Rica?

En Costa Rica, el acceso a la salud se rige por un principio de universalidad que no distingue nacionalidades. Tanto las personas costarricenses como las refugiadas, solicitantes de asilo y apátridas tienen derecho a recibir atención médica integral, exámenes de laboratorio y medicamentos, ya sea a través del sistema público o privado.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) -conocida como La Caja-, ofrece cobertura a través de su red de Ebais, clínicas y hospitales distribuidos por todo el territorio nacional.

¿Cómo formalizar el acceso a "La Caja"?

Para quienes buscan regularizar su situación de salud, el primer paso es dirigirse al centro de salud correspondiente a su lugar de residencia. Los requisitos básicos para la inscripción incluyen:

1. Identificación vigente: Puede ser el carné de solicitante de refugio o el DIMEX.
2. Comprobante de domicilio: Se requiere un recibo de servicios públicos (agua o electricidad) o un comprobante de pago de alquiler para determinar el área de cobertura.

Si una persona migrante no puede asegurarse a través de un patrono o como trabajador independiente, existe la opción del seguro voluntario. Esta modalidad está diseñada para quienes tienen capacidad de pago mensual pero no perciben ingresos de una actividad económica formal o informal. En estos casos, el monto de la cuota se calcula con base en las posibilidades económicas de cada solicitante.

Excepciones vitales: Atención garantizada sin seguro

El reglamento de la CCSS contempla escenarios críticos donde la atención médica es obligatoria, incluso si la persona no cuenta con un seguro activo al momento de la consulta. 

Podcast: ¿Qué pasa si no tenés seguro?

• Emergencias: Atención garantizada para todas las personas. En estos casos, se generará un cobro posterior si no existe seguro
• Embarazadas: Cobertura total durante el embarazo y hasta 3 meses después del parto.
• Menores de edad: Tienen derecho a ser asegurados por el Estado si sus tutores no cuentan con medios, sin importar su estatus migratorio. Este derecho está respaldado por el artículo 42 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que protege a la madre y al hija o hijo. Asimismo, en el caso de los menores de edad, el Estado costarricense asume la responsabilidad de su aseguramiento. Los padres o encargados legales simplemente deben presentarse en el centro médico de su comunidad para realizar la solicitud, garantizando así que ningún niño o niña quede fuera del sistema de protección social por falta de documentación o recursos.
• Personas con VIH: Acceso ininterrumpido a tratamiento antirretroviral; opción de seguro estatal si no hay otra vía.

Redes de apoyo en la adversidad

Pese a la precariedad, la discriminación y la imposibilidad de optar a algún seguro, existen iniciativas de sociedad civil que ofrecen un salvavidas. Organizaciones como SOS Nicaragua Derechos Humanos y la Red de Mujeres Pinoleras organizan jornadas de atención médica primaria, Papanicolau y consejería.

Jhoswell Martínez explica que, aunque el acceso al seguro médico estatal es posible a través de instituciones como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) o asistido por el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) para evaluar la vulnerabilidad, las redes privadas llenan un vacío esencial.

El Convenio ACNUR-CCSS: Un salvavidas condicionado por los recortes en 2026

Lo que en 2020 nació como una esperanza para miles de personas, hoy enfrenta su momento más crítico. El convenio entre la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), diseñado para garantizar el derecho a la salud de la población refugiada, solicitante de asilo y apátrida, ha sufrido una reducción drástica en su alcance para este año 2026.

El programa inició con un plan piloto que benefició a 6,000 personas, extendiéndose en 2021 a otras 4,000. Durante años, este acuerdo fue el soporte vital para quienes huían de la violencia y la persecución, adaptándose incluso a los embates de la pandemia por COVID-19.

Sin embargo, la realidad para este 2026 es alarmante: debido a severos recortes presupuestarios en las agencias de Naciones Unidas, la cobertura se ha reducido a tan solo 600 cupos, según una nota publicada por el ACNUR en su sitio web. Esta cifra deja fuera a miles de personas que dependen de este sistema para acceder a medicamentos y consultas especializadas. 

¿Quiénes reciben atención? El sistema de priorización

Al ser un recurso limitado, el convenio no es universal. El acceso se rige por una "tarjeta de puntuación" (scorecard) de ACNUR, que evalúa la vulnerabilidad de las personas interesadas para priorizar a:

• Personas con enfermedades crónicas: Tales como cáncer, VIH o diabetes severa.
• Hogares en pobreza extrema: Quienes no tienen capacidad económica para costear un seguro voluntario.
• Familias monoparentales: O aquellas con personas dependientes con discapacidad a su cargo.

Las personas que no logran entrar en este grupo pasan a una lista de espera, quedando desprotegidas hasta que se realice una nueva evaluación de casos.

La incertidumbre marca el día a día de las personas beneficiarias. Mama Tara, referente de la comunidad, señala con preocupación que el respaldo de ACNUR se ha visto visiblemente mermado por la falta de fondos.

Por otro lado, Urania Castrillo, quien ha logrado mantener su cobertura médica gracias al convenio, reconoce la importancia del apoyo recibido. 

¿Cómo verificar su situación?

ACNUR ha instado a todas las personas beneficiarias a mantener sus datos actualizados (número de teléfono y domicilio) para recibir notificaciones vía WhatsApp o SMS. Si usted es una persona solicitante de refugio o refugiada beneficiada por este convenio, puede verificar  si su seguro sigue vigente siguiendo los pasos de esta guía.

La salud no debería ser un privilegio de nacionalidad, sino un derecho humano universal. Mientras las políticas institucionales y los recortes presupuestarios del 2026 imponen barreras que parecen insuperables, son la denuncia constante y las redes de solidaridad las que sostienen la esperanza de quienes, como Urania o Mama Tara, solo buscan una oportunidad para sobrevivir al exilio. El camino hacia un sistema de salud verdaderamente inclusivo en Costa Rica aún enfrenta el gran desafío de derribar los prejuicios y la burocracia, garantizando que el acceso a la atención médica dependa de la necesidad humana y no de un estatus migratorio o un cupo limitado.