Los derechos humanos conculcados por el régimen de Daniel Ortega
Los años 2018, 2019 y 2020 son inolvidables para Nicaragua y no precisamente por las cosas buenas que dejaron sino por la consolidación de otro régimen dictatorial, el de la familia de Daniel Ortega y Rosario Murillo que ha impedido a las y los nicaragüenses disfrutar plenamente de sus derechos humanos.
¡Increíble!, ¡insólito! Un mural sobre derechos humanos causa zozobra en la población nicaragüense, según la Policía. Hellen Alfaro, pobladora del municipio de Somoto, norte de Nicaragua, relató que la policía le solicitó que quitara un mural colocado en una pared de su vivienda donde expone las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua".
La Comisionada Dora María Santelis de la Policía de Somoto le pidió que quitara el mural porque no estaba permitido por el gobierno y creaba zozobra en la gente cuando salía en las redes sociales", declaró Alfaro al medio 100% Noticias.
En el video publicado por Alfaro se escucha que la policía le dice: “Le pedimos que por favor lo quite” a lo que Alfaro respondió: “Estoy en mi casa, señora. Yo no le puedo ir a usted a gritar que quite su bandera del Frente Sandinista porque es su posición, es lo que usted piensa. Yo no puedo pensar igual que usted piensa, ahí me está violando mis derechos humanos, y le estoy hablando como nieta de colaborador histórico”.
En Nicaragua no hay derecho a participar ni a organizarse libremente. Las dirigencias de la Coalición Nacional, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco, que intenta organizar sus estructuras territoriales, son perseguidas y asediadas por la Policía. Se les impide salir de sus casas o son obligados a regresar a Managua cuando intentan participar en una reunión en los municipios, violentando así los derechos a la libre circulación y a la reunión pacífica.
Los casos anteriores evidencian el nivel de degradación que ha sufrido la Policía en Nicaragua. Desde septiembre de 2018, la Policía prohibió las movilizaciones públicas opositoras y se ha dedicado a aplacar cualquier intento de protesta. Los derechos humanos están prácticamente secuestrados por el régimen de Daniel Ortega.
Han pasado 13 años desde que Daniel Ortega retornó a la presidencia en Nicaragua, quien para mantenerse en el poder ha recurrido a fraudes electorales como lo hacía la dictadura somocista, al control de los poderes del Estado y a la imposición de un estado policial encargado de reprimir a quienes le adversan.
Daniel Ortega presidió la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN), creada en 1979 tras el colapso del dictador Anastasio Somoza Debayle. Asumió la presidencia de Nicaragua el 10 de enero de 1985, tras ganar las elecciones generales celebradas en noviembre de 1984. Ortega fue derrotado en 1990 por Violeta Barrios de Chamorro. Luego de 16 años “gobernando desde abajo”, retornó al poder y empezó a configurar un gobierno autoritario.
El poder absoluto de Daniel Ortega
Ortega ha sido consistente en su determinación por perpetuarse en el poder. Para ello pactó con el expresidente liberal Arnoldo Alemán en 1999. Los caudillos se repartieron los poderes del Estado y acordaron una reforma electoral que permitió reducir el porcentaje de votos para ganar las elecciones en primera vuelta; esto sumado a la división de “la derecha”, allanó el retorno de Ortega al poder.
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Para seguir en el poder, Daniel Ortega violó la Constitución de Nicaragua que le prohibía reelegirse para un tercer período, valiéndose de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, controlada por él. El candidato opositor, Fabio Gadea Mantilla, no reconoció los resultados y denunció que hubo fraude electoral. En 2014, Daniel Ortega modificó la Constitución para permitir la reelección indefinida. En 2016, con su esposa Rosario Murillo como compañera de fórmula, sin oposición y con una enorme abstención, se declaró ganador de las elecciones generales.
2018, el año que Daniel Ortega vio amenazada su continuidad en el poder
En abril de 2018, el régimen de Daniel Ortega se tambaleó y vio amenazada su continuidad en el poder. Ese año, ocurrió la explosión del descontento contra el autoritarismo del régimen de Daniel Ortega. Una reforma a la seguridad social que afectaba las pensiones de las personas jubiladas y aumentaba la cuota de cotización a trabajadores y empleadores no tuvo la reacción que el régimen esperaba.
Las personas que salieron a protestar fueron reprimidas por la policía y los grupos de choque vinculados al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). El 18 de abril de 2018, quedó al descubierto que el discurso de “amor y paz” pregonado por el régimen de Daniel Ortega, era pura retórica.
El 19 de abril se registraron los primeros tres muertos a causa de la represión de Daniel Ortega: Richard Pavón, Darwin Urbina y Hilton Manzanares. La lista siguió aumentando hasta llegar a 328, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El 22 de abril, Ortega intentó calmar las manifestaciones ciudadanas y revocó las reformas del seguro social. Era demasiado tarde, los asesinatos causaron conmoción e indignación en todo el país. En las calles de Managua, Masaya, León, Matagalpa, Estelí y otras ciudades miles de nicaragüenses demandaban justicia, libertad y la dimisión de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Pero, la pareja presidencial se aferró al poder, optó por reprimir las manifestaciones e impuso un estado de terror.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por acuerdos entre la secretaría de la Organización de Estados Americanos, el gobierno de Nicaragua y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló en su informe de mayo de 2018, que “El Estado de Nicaragua criminalizó cualquier acto de protesta por parte de la ciudadanía y persiguió e incluso encarceló a líderes de distintos sectores sociales y políticos, así como a medios de prensa y periodistas, con el objeto de inhibir cualquier acción que pretendiera manifestarse contra el Estado”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe denominado “personas privadas de libertad en Nicaragua en el contexto de la crisis de derechos humanos iniciada el 18 de abril de 2018” registra que, 1614 personas fueran detenidas arbitrariamente por el régimen de Daniel Ortega, por participar y apoyar las manifestaciones sociales”. El organismo advierte que la cifra podría ser mayor debido a la ausencia de información oficial.
Para la CIDH, las detenciones arbitrarias y la privación de la libertad han sido empleadas con la intención principal de reprimir cualquier postura de oposición al régimen de Ortega y Murillo, transmitiendo un mensaje de temor y control a la población nicaragüense. Las detenciones han sido realizadas por la Policía Nacional y por paramilitares, según el informe de la CIDH y testimonios recabados por Onda Local.
La CIDH analiza en su informe los patrones de las violaciones a los derechos humanos registrados en el marco de las detenciones, las cuales, además, han ocurrido bajo diferentes dinámicas y modalidades: de forma masiva, selectiva y reiteradas; y mediante el uso abusivo y desproporcionado de la fuerza que incluyó la práctica tratos crueles, inhumanos o degradantes, algunos de los cuales podrían alcanzar el umbral de tortura. Asimismo, las detenciones incluyeron actos de estigmatización, exposición mediática, persecución y criminalización.
Una gran mayoría de las personas detenidas en forma selectiva fueron estigmatizadas como “golpistas”, “delincuentes” y “vándalos”. Además, fueron señaladas por autoridades estatales y medios oficialistas como responsables de cometer “actos terroristas y de crimen organizado”. La investigación “La fábrica de pruebas de la Policía”, realizada por Onda Local en alianza con Connectas, documenta cómo las personas detenidas fueron inculpadas por la Policía y presentadas públicamente como “terroristas”, “delincuentes golpistas” y “cabecillas de tranques (barricadas)”; descalificativos que luego los acusadores (Fiscalía) usaron en los procesos judiciales contra estos opositores.
Tratos crueles en las cárceles del régimen de Daniel Ortega
La CIDH señala que en las cárceles hubo hacinamiento, negligencia en la atención médica, inadecuada ventilación, despojo de pertenencias, obstaculización para la realización de visitas y aplicación de regímenes de aislamiento sin criterios objetivos. La CIDH añade: “Las denuncias y testimonios recibidos indican la comisión de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de funcionarios estatales”
Asimismo, la CIDH registró la toma de represalias y ensañamiento particular contra las personas opositoras al gobierno o participantes de las protestas. El organismo documentó actos de violencia y violaciones sexuales que pueden ser considerados actos de tortura y trato cruel, inhumano o degradante. “Particularmente, la CIDH advirtió la existencia de patrones comunes en los hechos de violencia sexual registrados contra las mujeres detenidas, los cuales indicarían que fueron perpetrados como una herramienta adicional de castigo, represión y humillación en el marco de la respuesta violenta del Estado, especialmente cuando eran identificadas como lideresas o por haber prestado ayuda a las personas heridas en las manifestaciones.
El 11 de septiembre de 2020, el Tribunal de Conciencia sobre Crímenes de Lesa Humanidad responsabilizó al régimen de Daniel Ortega de incurrir en crímenes de tortura y violencia sexual contra 18 personas, detenidas entre el 21 de abril y el 25 de agosto de 2018, en el marco de las protestas.
“La violencia sexual cometida por el Estado de Nicaragua constituye un crimen de tortura y se cometieron de manera sistemática por agentes del Estado contra la población civil”, señala el dictamen del Tribunal de Conciencia.
De vuelta a las cárceles de la dictadura
El Ministerio de Gobernación de Nicaragua excarceló a 492 personas privadas de libertad por razones políticas entre el 27 de febrero y el 11 de junio de 2019. De estas 386 salieron bajo el régimen de convivencia familiar y otras medidas cautelares y 106 a través de una Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional, el 09 de junio de 2019.
Poco tiempo después el régimen de Daniel Ortega empezó las recapturas de los excarcelados políticos, esta vez atribuyéndoles delitos comunes, aunque las evidencias apuntan a que se tratan de casos políticos. Jaime Navarrete es uno de los casos emblemáticos. Él fue detenido en su casa, ubicada en el barrio Santa Rosa de Managua, el 24 de julio de 2019. La Fiscalía le acusó por los delitos de portación ilegal de armas y posesión de estupefacientes.
Jaime Navarrete había sido condenado el 10 de octubre de 2018 a 22 años y nueve meses de prisión por el asesinato de Ariel Vivas, un extrabajador de la Alcaldía de Managua que, según la versión de la Policía, falleció a consecuencia de un impacto de bala, cuando apoyaba a trabajadores de la Alcaldía en labores de limpieza (operación limpieza), quitando obstáculos sobre la vía (tranques y barricadas), el 12 de junio de 2018, en el barrio Santa Rosa. Navarrete recibió su libertad el 11 de junio de 2018, junto a otros 55 manifestantes, bajo la Ley de Amnistía. Sin embargo, el asedio policial continuó hasta que fue nuevamente capturado por la Policía, denunció su tío, Rodrigo Navarrete, quien encabeza la lucha por la liberación de su sobrino.
Rodrigo Navarrete asegura que el comité de familiares de presos políticos ha documentado la recaptura de al menos 42 personas excarceladas a través de la Ley de Amnistía. Actualmente, 119 personas permanecen privadas de libertad por motivos políticos.
“Jaime Navarrete estuvo libre durante unas semanas; pero fue acosado e intimidado por las patrullas policiales; hasta que en julio de ese mismo año fue recapturado, luego de que tomara fotos a quienes le asediaban en las afueras de su casa. Jaime ha vivido un calvario desde entonces, le han roseado gasolina y fue amenazado de ser quemado vivo. Junto a sus compañeros se encuentra en condiciones infrahumanas encerrado en un cuarto donde no entra aire ni luz, no le permiten que tenga comunicación a gritos; es decir de celda a celda, porque si no es sometido a castigos”, denunció su tío, Rodrigo Navarrete.
Dany de los Ángeles García fue detenido por la Policía en octubre de 2018. Los oficiales ingresaron a su fábrica de pólvora y se lo llevó preso. Fue liberado el 27 de febrero de 2019 a través de la Ley de Amnistía. Posteriormente, él y su esposa Ruth Matura, también exrea política, se dedicaron a elaborar artesanía y venderlas en las ferias azul y blanco.
El 10 de abril de 2020, Danny García fue detenido por segunda ocasión. Permaneció cinco días en la delegación policial de Masaya “bajo proceso de investigación”. Salió nervioso y con miedo de referirse a su caso ante los medios de comunicación independientes. García fue recapturado el 14 de septiembre de 2020, cerca de la rotonda de San Jerónimo -aunque el reporte policial refiere que la detención ocurrió el 15 de agosto-, por los “delitos” de tráfico de explosivos, tenencia ilegal de armas de fuego y tráfico de drogas. Junto a Danny la policía también capturó a William Antonio Caldera Navarrete. Ruth Matute aseguró que “las tres veces que Danny ha sido detenido, lo han sacado de su casa”.
Según la policía, los detenidos “admitieron” que los explosivos serían utilizados para “atentar” en contra de las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Masaya, monumentos de héroes y mártires, para sembrar terror y zozobra en los barrios de Monimbó, San Carlos y Divino Niño. En su informe, la Policía señala que, Danny de los Ángeles García, tiene antecedentes delictivos de tenencia de armas de fuego restringidas y conspiración para el terrorismo.
Hostigamiento, amenazas e intimidación a familiares de presis políticos
En Nicaragua persiste una práctica sistemática de afectaciones a los derechos de los familiares de presas y presos políticos, consistente en hostigamiento, amenazas, intimidación y denegación de justicia especialmente por la angustia e incertidumbre generadas por las graves condiciones de detención y la toma de represalias contra las personas detenidas.
Para Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, esta situación ejemplifica el recrudecimiento de la represión por parte de la Policía. “Siguen persiguiendo a los ex-reos políticos y a sus familiares. Los persiguen sin piedad, les manchan sus casas, los criminalizan y todo. No se puede hacer ninguna reunión por pequeña que sea porque ya inmediatamente están ahí enfrente las patrullas intimidando, actuando con los paramilitares”, afirma Núñez.
De Policía Nacional a Policía Orteguista
Somoza tuvo a la Guardia Nacional para reprimir. Daniel Ortega, a una policía obediente y represora, que le ha jurado lealtad.
En los años de la transicion democráctica, después de la guerra de los años ochenta, la Policía de Nicaragua se enrumbaba hacia la profesionalización, gozaba de reconocimiento y prestigio a nacional e internacional y logró posicionar a Nicaragua como el país más seguro de Centroamérica, pero todo eso se vino a pique.
El 10 de septiembre de 2018, durante el acto de conmemoración del 39 aniversario de la institución, el primer comisionado Francisco Díaz Madriz, consuegro del presidente, asumió como Director General de la Policía. “Ante usted Compañero presidente Daniel Ortega Saavedra, compañera vicepresidenta Rosario Murillo Zambrana, y ante la memoria de nuestros héroes y mártires, les reafirmamos nuestra lealtad y obediencia”, dijo Díaz en su primer discurso.
Para el defensor de derechos humanos, el abogado Gonzalo Carrión, “con su actuación, la Policía le pegó un golpe mortal a la institución (…) Dejó de ser una institución profesional, apartidista, que ya no le debe lealtad a la Constitución y a los derechos humanos, sino lealtad ciega al orteguismo”.
El abogado Julio Montenegro señala que, a pesar de que hubo un proceso de profesionalización del cuerpo policial, siempre se le ha señalado como un brazo del FSLN. “No la puede negar ni la misma Policía”, afirma.
El editorial de la Revista Visión Policial, publicada en agosto 2018, despeja cualquier duda sobre las lealtades de la Policía. “La sangre de los 22 policías asesinados durante el intento de golpe de Estado, el sacrificio de 317 compañeros lesionados en su mayoría por impacto de balas de armas de fuego, el testimonio de los 66 secuestrados y torturados, sellan el compromiso de los hombres y mujeres de la Policía Nacional, quienes decidimos continuar siendo leales a los ideales de Sandino, al mandato constitucional, y a nuestro Jefe Supremo, el Presidente de la República Comandante Daniel Ortega Saavedra y la Compañera Vicepresidenta Rosario Murillo. Sabemos perfectamente que los dirigentes de este intento golpista, con mentiras, artimañas, sembrando odio y con una escalada de violencia nunca vista, quisieron destruir la paz y tranquilidad de las familias nicaragüenses”.
Elvira Cuadra señala que Daniel Ortega ha utilizado a la Policía Nacional y al Ejército de Nicaragua para mantenerse en el poder. La experta, explica que tanto La Policía como el Ejército, han sufrido un proceso de cooptación gradual, que fue dirigido desde el gobierno hacia las jefaturas de estas instituciones. “Por ejemplo, se aceleraron o adelantaron las promociones de rangos y cargos, se facilitaron prebendas y oportunidades para altos funcionarios policiales. Está además la dimensión familiar que, “ha pesado bastante, como es la relación directa entre el Director de la Policía Francisco Diaz y Daniel Ortega como presidente, o con la familia Ortega Murillo en virtud de su parentesco”, manifestó Cuadra.
Mas recientemente, está todo el tema de la lealtad que se ha construido a partir del alto nivel de responsabilidades que la institución tiene en las violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua. “Quiero decir que la cadena de mando de la Policía está tan comprometida que tiene que mantenerse leales a Ortega, porque si no, no podrían tener la impunidad asegurada”, afirma Cuadra.
Amnistía Internacional considera en su informe que, durante la crisis sociopolítica nicaragüense, contar con una policía subordinada ha sido esencial para el gobierno. “Para ello fue necesario reformarla cambiando el carácter de la institución que aseguraba el derecho de manifestarse públicamente a una que debía actuar de acuerdo con las lealtades partidarias que le dieron origen”.
El informe del GIEI responsabilizó al Estado de Nicaragua por crímenes de lesa humanidad. La represión incluyó “la intervención de prácticamente la totalidad de la estructura de la Policía, dentro de la cual el presidente ejerce la Jefatura Suprema –el cargo más alto dentro del “mando institucional”.
Ejército de Nicaragua no desarmó a paramilitares
En el contexto de la crisis sociopolítica de 2018, existen diversas denuncias del involucramiento del Ejército en acciones de represión, aunque la institución lo ha negado. También se le demandó el desarme de los paramilitares y guardó silencio.
Elvira Cuadra manifiesta que una de las cosas que más le reclama la sociedad nicaragüense a la institución militar, es precisamente su falta de actuación frente a los grupos paramilitares.
La inacción del Ejército contra los grupos paramilitares contradice el artículo 95 de la Constitución Política de Nicaragua que dice: “No pueden existir más cuerpos armados en el territorio nacional”. El mismo artículo reconoce únicamente al Ejército y la Policía como las únicas instituciones con la tarea de la defensa de Nicaragua. Por tanto, la presencia de paramilitares va en contra de dicha disposición.
El gobierno de Estados Unidos impuso el 22 de mayo de 2020 sanciones financieras al jefe del Ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés. Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el jefe militar “se negó a ordenar el desmantelamiento de las fuerzas paramilitares o parapoliciales durante y después de los levantamientos políticos que comenzaron el 18 de abril de 2018” y añadió que "los militares proporcionaron armas a la parapolicía que llevó a cabo actos de violencia contra el pueblo nicaragüense, que resultó en más de 300 muertes, actos de violencia significativos y abuso de los derechos humanos contra personas asociadas con las protestas”.
“Tenemos un Ejército fuerte, sólido y altamente cohesionado. Jamás lograrán descohesionarnos. Jamás nos van a dividir, como pretendieron hacerlo funcionarios de organismos no gubernamentales que hacían llamados a leales compañeros, para abrir la posibilidad de darle un golpe de Estado al gobierno legítimamente constituido, lo que jamás haremos”, dijo el jefe del Ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés Castillo.
“Sabemos quiénes están detrás de esa brutal campaña de ataques y provocaciones”, señaló, pero aclaró que eso no se debe tomar como una amenaza, porque esa no es su intención.
La Policía y el Ejército de Nicaragua, han negado la existencia de paramilitares, para policías o grupos paraestatales, quienes han actuado con aquiescencia de la Policía, tal como lo documentaron Amnistía Internacional, el GIEI, la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La nota de prensa No 25-2018, del 27 de mayo de 2018, señala que la “la Policía Nacional no ha tenido, no tiene, ni tendrá fuerzas parapoliciales”. Pero sus alegatos se vinieron a pique. El propio Daniel Ortega, en un intento de lavar su imagen a nivel internacional, declaró a Euronews que los paramilitares encapuchados “eran policías voluntarios”.
Francisco Díaz, consultado por el medio de comunicación noruego Dagbladet, al tratar de justificar el uso de “policías voluntarios” en contra de manifestantes”, reveló que: “Muchos de ellos, que andaban de civil no eran policías voluntarios … la mayoría, eran policías profesionales en trabajado encubierto”.
Pero, el artículo 25 de la Ley de Organización, Funciones, Cerrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional, no define entre las tareas de la Policía Voluntaria reprimir a la población. Establece que, para el cumplimiento de sus tareas, debe estar debidamente identificados con uniformes y distintivos propios. La Policía Voluntaria, agrega realizará únicamente tareas de apoyo en labores de prevención tales como: Auxiliar a la Policía en la vigilancia, patrullaje, regulación de tránsito y en casos de desastres naturales y auxiliar a las autoridades al tener conocimiento de la comisión de hechos delictivos, preservando el lugar y prestando la ayuda necesaria a las víctimas.
Francisco Díaz señaló que “Jamás atacaron a nadie, más bien hicieron uso legítimo de la fuerza para garantizar la vida, integridad física y bienes de las personas, familias y comunidades”.
Al instrumentalizar a la Policía, que participó en la represión, realizó montajes contra opositores, detenciones ilegales y expuso a los opositores, Ortega sepultó la promesa que hizo frente a graduandos de la segunda promoción de la licenciatura en ciencias policiales y la undécima de cadetes de la Policía Nacional, el 05 de diciembre de 2008, a quienes les dijo: “el 10 de enero del año 2007, cuando asumí la Presidencia de este país (…) lo dije con toda claridad: la Policía no va a reprimir al pueblo, no va a reprimir estudiantes, no va a reprimir maestros, no va a reprimir trabajadores, no va a reprimir a los que lleven la protesta social…”; menos de una década después la realidad desmentiría sus palabras.
En Honduras: Juan Orlando Hernández sigue los pasos de Daniel Ortega
El presidente hondureño, Juan Hernández, prolongó su mandato mediante una reelección argumentada en un fallo de la Corte Suprema de Justicia que violentó la Constitución de la República de Honduras, igual que lo hizo Ortega en Nicaragua. Su reelección fue además manchada por los señalamientos de fraude electoral. Para seguir en el poder se ha valido de una política represiva que viola los derechos humanos. Lee este reporte de criterio.hn
2018: Revivir y recordar para luchar contra el olvido
Antes del 2018 carecía de empatía, mi mentalidad era “si no me afecta, no me importa”, pero ese mismo año vi a un niño morir desangrado por una bala en el cuello, tenía apenas 15 años y toda una vida por delante. Él también era nicaragüense, y como él, muchos más perdieron la vida por tener la valentía de alzar su voz ante la represión de un gobierno corrupto y dictatorial. Luego de esto, entendí que es muy distinto conocer la historia a través de relatos y videos politizados… que vivirla. Ya no podía ser un observador o alguien indiferente.
Durante las protestas de 2018 vi a algunos que ponían su humanidad en forma de protesta ante el gas lacrimógeno y las balas de goma –en algún momento transformadas en balas reales. Para algunos que no teníamos la valentía de portar una bandera en la calle, las redes sociales y revistas digitales se volvieron nuestro campo de batalla. Lee y descarga la revista Cultura Libre.
