Orden del día: ¡Atacar a organizaciones civiles!
El ataque a las organizaciones civiles ha estado a la orden del día en la Asamblea Nacional, controlada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quien canceló la personalidad jurídica a nueve organizaciones promotoras del desarrollo local y defensores de los derechos humanos, el ambiente, la democracia y la libertad de expresión.
La lista de organizaciones está integrada por el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Hagamos Democracia, el Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILS), la Fundación Popol Na, la Fundación del Río, el Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO) y el Instituto para el Desarrollo y la Democracia (IPADE).
La actuación arbitraria de la Asamblea Nacional no les ha tomado de sorpresa. Sabían que estaban en la mira de la dictadura Ortega-Murillo. “Nada nos extraña cuando se tiene un gobierno, que frente a los reclamos legítimos de la población, ha respondido con balas, con francotiradores, con paramilitares, asesinando a más de 500 nicaragüenses. ¿Qué nos puede extrañar de un gobierno que ha llevado a más de 600 nicaragüenses a las cárceles y los ha judicializado, acusándoles de terrorista, cuando sabe perfectamente que lo único que hicieron fue protestar? Estamos en un Estado de facto, policíaco, con las garantías ciudadanas suspendidas. Los organismos no gubernamentales resultan molestos cuando se trata de regímenes dictatoriales como el que está viviendo Nicaragua”, señaló la Comandante y exdiputada Mónica Baltodano.
La dictadura de Ortega y Murillo acusó a las nueve organizaciones de “desnaturalizar” la personalidad jurídica al no actuar “apegados sus fines y objetivos” y de utilizar el esquema organizacional para la “comisión de actos ilícitos, violentar el orden público, promover campañas de desestabilización, afectar la seguridad ciudadana y el ejercicio legítimo de los derechos humanos de las familias nicaragüenses, obstaculizando con sus acciones el control y vigilancia del Departamento de Registro y Control de Asociaciones”.
El Ministerio de Gobernación y la Asamblea Nacional, sin presentar evidencias, imputaron al Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), la Fundación Popol Na, la Fundación del Río y el Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILS), “usar el esquema organizacional para la comisión de delitos al gestionar, recibir, canalizar y facilitar fondos para la comisión de actos terroristas, para el adiestramiento de grupos de personas que posteriormente participaron en las acciones desestabilizadoras del país”.
Asamblea Nacional despoja al Ieepp de la personalidad jurídica
¡Gustavo Sirias, mentiroso!
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció que el Ministerio de Gobernación y la Asamblea Nacional, coludidas por orientaciones de Daniel Ortega y Rosario Murillo, han violado flagrantemente la libertad de asociación, al cancelar las personerías jurídicas, sin darles derecho a la defensa.
“Gustavo Sirias es un mentiroso, un delincuente. El Cenidh sigue siendo legal porque había un proceso abierto (…) sí no tenemos la constancia de legalidad es porque el Ministerio de Gobernación se negó a entregarla. Precisamente, una de las formas de represión es que estaban dispuestos a cancelar la personalidad jurídica”, dijo Vilma Núñez, de manera enérgica.
Vilma Núñez: ¡Hay Cenidh para rato!
Mónica Baltodano, también llamó mentiroso al director del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, Gustavo Sirias. “Yo quiero decirle a Gustavo Sirias que es un mentiroso, que su subdirectora también es otra mentirosa. Ellos han recibido nuestros papeles legales y nunca quisieron ni siquiera firmar el recibido, como es obligación de cualquier institución. Por tanto, recurrimos a un abogado que fue a notariar cinco de las nueve visitas que hicimos”.
La exguerrillera sandinista, dejó claro que la decisión de la Asamblea Nacional, es una clara represalia contra Popol Na porque la pareja presidencial no tolera todo lo huele a ciudadanía y a derechos humanos.
La represión contra la Fundación Popol Na empezó desde el año 2017, cuando el Ministerio de Gobernación, por primera vez en 28 años de existencia, no les extendió la certificación de la Junta Directiva y la constancia de cumplimiento.
Baltodano aclaró que Popol Na ha trabajado con proyectos auditados por los dueños de los fondos y que cuando llegó Daniel Ortega tuvieron más cuidado porque “sabíamos que Popol Na estaba en la mira de la dictadura”.
La decisión de la Asamblea Nacional carece de legitimidad, de legalidad, violenta la constitución, las leyes, los derechos humanos, es un atropello de carácter absolutamente inmoral, construido sobre la base de mentiras, señaló Mónica Baltodano.
Asamblea Nacional cancela personalidad jurídica a CISAS
CINCO rechaza persecución de la dictadura contra organizaciones civiles
El Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO), a través de un comunicado, denunció y rechazó la arbitraria e ilegal cancelación de su personería jurídica realizada por la “espuria Asamblea Nacional, por órdenes del régimen dictatorial de Nicaragua.
La organización señaló que continuará reclamando y defendiendo el derecho a la libertad de expresión, de organización, de participación, y en la defensa de los derechos humanos, con o sin personería jurídica.
A criterio de CINCO, esta acción represiva ha sido antecedida por la imposición de un Estado de Excepción de facto, que viola la constitución política de Nicaragua.
El comunicado agrega que la pretensión de eliminar a CINCO es la culminación de una larga persecución que comenzó hace una década, con el retorno de Ortega al poder y la acusación contra CINCO y el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) por el presunto delito de triangulación de fondos y lavado de dinero, por la implementación de un proyecto financiado con fondos de gobiernos europeos para promover los derechos de las mujeres.
En agosto de 2008, la Ministra de Gobernación y la Fiscal Adjunta, acusaron al Centro de Investigaciones de la Comunicación por supuestos delitos criminales, sin presentar ninguna prueba. “El Ministerio Público, abusando de sus funciones y con el despliegue de 40 policías, el 11 de octubre de 2008, allanó por la fuerza las oficinas de CINCO, ejecutando un secuestro de bienes, basado en una anómala orden judicial emitida por la jueza María Concepción Ugarte del Juzgado Segundo de Distrito Penal de Audiencia de Managua”.
Tras el allanamiento ilegal de CINCO, levantaron abusivamente el sigilo bancario de los miembros de CINCO, se Ilevaran15 folios de información contable. La Fiscalía tuvo cinco meses para investigar los supuestos delitos y fabricar un caso jurídico, y al final, concluyeron que no había pruebas para acusarles criminalmente en los juzgados.
La organización explicó que en 23 años, ha producido más de un centenar de investigaciones, ha contribuido al desarrollo de medios de comunicación independientes, al fortalecimiento de organizaciones y movimientos sociales y al desarrollo del uso de redes sociales, al debate público, libre e informado, así como a la observación de los medios de comunicación y al estudio de Ia gobernabilidad.
"CINCO ha cumplido anualmente sus obligaciones con la dirección General de Ingreso, el Ministerio de Gobernación, obteniendo su Certificado de Cumplimiento en el año 2017. El pasado martes 11 de diciembre de 2018, el Secretaria de la Junta Directiva de CINCO, que se encuentra vigente hasta el año 2020, acudió a una citatoria con el Director de Asociaciones Civiles del Ministerio de Gobernación, quien le solicitó la presentación de libros contables y actas para el jueves 13 de diciembre. Pero antes de que Gobernación recibiera y revisara los documentos y comprobara Ia legalidad de CINCO, la Asamblea Nacional ya había aprobado mediante trámite de urgencia" la cancelación de la personería jurídica de CINCO, junto a Ia de otras cuatro organizaciones, recurriendo a falsedades e imputaciones calumniosas", dice el comunicado.
CINCO rechazó los alegatos esgrimidos por el Ministerio de Gobernación y los diputados orteguistas, sobre la supuesta ilegalidad de su Junta Directiva y la no presentación de sus estados financieros. "Ambas imputaciones son falsas, y únicamente constituyen un pretexto para despojar a CINCO de su personería jurídica por razones políticas".
"Rechazamos de manera categórica las acusaciones, que sin ofrecer prueba, nos imputan la promoción de actos delictivos de desestabilización del país y de promover un inexistente golpe de Estado. Se trata de acusaciones falsas con los que se pretende criminalizar los derechos constitucionales de asociación, movilización, libertad de prensa y libertad de expresión".
CINCO señaló que los "verdaderamente ilegales e ilegítimos son los miembros de la asamblea orteguistas que ocupan curules como resultado de sucesivos fraudes electorales. Por lo tanto, no le reconocemos ninguna autoridad ni legitimidad a la Asamblea Nacional, para legislar o para despojar a los organismos civiles de sus personerías jurídicas y confiscar sus bienes o patrimonios. Los únicos golpistas y desestabilizadores son los responsables de la dictadura Ortega-Murillo, que ha provocado la peor matanza de la historia nacional en tiempos de paz, así como una crisis política que tiene a la economía al borde colapso".
Fundación del Río: Cancelación de personería jurídica es la culminación de hostigamientos
Amaru Ruiz, a través de un video divulgado en la página de Facebook de la Fundación de Río (FDR), denunció que la cancelación de la personería jurídica es “la culminación de una serie de hostigamientos y presiones hacia la organización, denunciadas desde el año 2017 y que se incrementaron desde la denuncia pública que hicieron a raíz del Incendio en la Reserva Biológica Indio Maíz el pasado mes de abril”.
Producto de las múltiples violaciones a la libre organización y asociación de nuestra organización por parte del Ministerio de Gobernación, Fundación del Río presentó dos Recursos de Amparo contra la Ministra de Gobernación, Marta Amelia Coronel y contra el Director del Departamento de Control y Registro de Asociaciones, Gustavo Adolfo Sirias, los cuales fueron admitidos el 26 de febrero y el 08 de mayo de 2018. Actualmente, se encuentran en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), esperando resolución.
Amaru señaló que desde la conformación de Fundación del Rio en 1990, su visión y misión se ha basado en la protección de los recursos naturales, la conservación de la Reserva Biológica Indio Maíz y el desarrollo sostenible de las familias del sureste de Nicaragua, trabajo apegado a lo establecido en el marco jurídico nicaragüense.
La Fundación del Río, rechazó las acusaciones emitidas por la Asamblea Nacional, basadas en un supuesto informe del Ministerio de Gobernación que desconocen; y en la opinión del diputado Luis Coronel Cuadra, que de manera mal intencionada e irresponsable les vinculó con actos de violencia en el departamento de Río San Juan. “Responsabilizamos al Gobierno de Nicaragua, a los diputados que votaron a favor y en especial a Luis Coronel Cuadra por cualquier daño a la integridad física de nuestros miembros y colaboradores como consecuencia de estas acusaciones”.
La Fundación de Río hizo un llamado a la población del sureste de Nicaragua, a las organizaciones aliadas y de derechos humanos nacionales e internacionales, a las redes de organizaciones civiles a rechazar la criminalización de la que son víctimas varias organizaciones de sociedad civil. Asimismo, invitaron a mantenerse unidos y activos en la defensa de los derechos humanos y de la tierra. También, reiteraron su compromiso de continuar, desde todos los espacios de participación cívica y democrática, en la defensa de los derechos humanos, la protección de los recursos naturales y de las áreas protegidas del sureste del país.
Cancelación de personería jurídica es ataque político
El instituto para el Desarrollo y la Democracia (IPADE) informó mediante un comunicado, que la cancelación de la Personalidad Jurídica por la Asamblea Nacional, se corresponde con un ataque de orden político contra las organizaciones no gubernamentales del país, lo cual violenta el derecho y la libertad de los nicaragüenses de asociarse.
Según el Ipade, los funcionarios del Ministerio de Gobernación y los diputados de la Asamblea Nacional, en su afán de despojarles de la personería, levantaron acusaciones falsas y dictaron sentencias de culpabilidad, arrogándose funciones que sólo corresponden a los tribunales de justicia. “Esta acción de carácter ilegal, obedece a la vía de violencia y confrontación diseñada para silenciar y aplastar la legítima protesta de estudiantes, pobladores, empresarios, mujeres, familiares de reos, iglesia, medios de comunicación independientes y ahora, contra las organizaciones no gubernamentales, en atropello al derecho a la libertad de organización, de expresión y de pensamiento consagrados por la Constitución Política”.
El Ipade rechazó lo actuado por el Ministerio de Gobernación y por la Asamblea Nacional que han violentado los procedimientos establecidos en la Ley 147, Ley General sobre Personas Jurídicas sin fines de Lucro, que establece un procedimiento administrativo previo a la toma de cualquier medida, sobre las cuales se estipula incluso, el Recurso de Apelación ante el Ministerio de Gobernación. “El procedimiento usado, sin notificación alguna, además de causar indefensión, es una ejecución sumaria a los derechos civiles y políticos establecidos en la Constitución Política”.
El comunicado señala que IPADE, durante 28 años de existencia, ha trabajado con apego a las leyes de la República y en estricto cumplimiento a los objetivos de su misión. “Siempre se cumplió en tiempo y forma con la obligación de entregar los informes financieros y administrativos establecidos por las autoridades.
Añadió que las acusaciones contra las organizaciones no gubernamentales del país, son infundadas, arbitrarias, ilegales y además nulas. “IPADE se reserva el ejercicio de sus derechos civiles y no renunciará a que su Personalidad Jurídica y bienes, sean restituidos cuando prevalezca el Estado de Derecho en nuestra nación”.
Articulación de Movimientos Sociales: Dictadura continúa embestida contra organizaciones civiles
La Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil, condenó la embestida represiva de la dictadura Ortega-Murillo, por la cancelación de la personería jurídica a las organizaciones civiles.
La AMS considera que con “estos actos represivos de la dictadura se despoja de algunos beneficios a decenas de miles de nicaragüenses participantes en múltiples programas que desarrollan hoy las cinco organizaciones de la sociedad civil a las que la aplanadora del régimen despojó de su legalidad en la Asamblea Nacional”
Añade que la dictadura “ha mostrado un especial ensañamiento con el movimiento campesino que se rebeló al despojo de sus tierras que el régimen intentó para desarrollar negocios con un empresario chino, bajo el cuento de que sería construido un canal interoceánico. Fundación del Río y Popol Na, apoyaron la lucha campesina. Demandamos al régimen orteguista que cese la represión a las organizaciones de la sociedad civil y que les devuelva su legalidad arbitrariamente arrebatada”.
Por su parte, la Comisionada del Gobierno Federal para Derechos Humanos y Ayuda Humanitaria de Alemania, Bärbel Kofler, recordó que “En la semana en la que conmemoramos la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hace 70 años, la abrupta retirada de la personalidad jurídica de prestigiosas organizaciones de derechos humanos realizada ayer por el Parlamento en Nicaragua, es motivo de gran preocupación. Esta medida es equivalente a una prohibición. Las ONG, que ahora han sido prohibidas, han hecho campaña por los derechos humanos de todos los nicaragüenses amigos de la paz. La libertad de asociación y reunión, así como el derecho a manifestarse como parte de la libertad de asociación, son esenciales para cualquier democracia. Pido a los responsables que faciliten la importante labor de las organizaciones de derechos humanos y el regreso al diálogo nacional.
