Pero el vaso se derramó e inició la protesta social. A dieciocho meses de haberse iniciado, hablamos con la jurista Azahálea Solís, del Movimiento Autónomo de Mujeres y de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, quien considera que la crisis se ha acentuado especialmente en ciertos sectores:

Por su parte la socióloga caribeña Daisy George, también miembro de la Alianza Cívica y maestrante en antropología social, afirma que en Nicaragua la crisis socioeconómica ha afectado a todos por igual:

El desastre económico también tiene efectos en el ámbito político por la respuesta del gobierno a la protesta masiva y pacífica, según indica Solis:

En Nicaragua se asedia y apresa a personas excarceladas. Ninguna considerada opositora tiene garantías mínimas de movilización o de vida; y, las y los presos políticos así como los excarcelados y sus familias viven en constante tensión, así lo indican Naroibi Olivas:

Ricardo Baltodano, docente universitario y excarcelado político, agrega sobre la situación de los presos políticos y excarcelados de este régimen:

Lo que se vive en Nicaragua desde el 2018, tiene relación directa con la falta de equilibrio entre los poderes del Estado, controlados por el Ejecutivo. Para Daisy George, hay un estado de sitio de facto, mientras el Gobierno desarrolla una campaña diciendo que todo está normal:

Situaciones como la que narra Daisy, hay muchas en el país. El régimen Ortega-Murillo pretende borrar de la memoria de la gente los casi 400 asesinatos que ha consumado. La población hace frente a un doble discurso gubernamental: Se habla de paz y reconciliación, pero se persigue y encarcela a quienes opinan diferente. Aunque la ciudadanía resiste, por lo que Azahálea considera que no se puede hablar de estancamiento de la crisis:

Derechos humanos, siempre en el centro de los atropellos

La violación de los derechos humanos ha estado en el centro del quehacer del régimen. El primer derecho humano, el derecho a la vida, es el derecho más violentado en el país. Unas 400 personas han sido asesinadas y sus muertes no han sido aclaradas. A este derecho, se une una serie de violaciones amplias y profundas detalladas por Solis:

Por su parte la socióloga caribeña precisa otra serie de derechos fundamentales que han sido vulnerados en el período de crisis por parte del régimen Ortega – Murillo.

La Asamblea Nacional de Nicaragua nombró una Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, para “conocer, analizar y esclarecer los hechos violentos y las muertes ocurridas en Nicaragua a partir del 18 de abril del 2018″, a la cual dio plazo de tres meses para presentar resultados de quiénes son los responsables de violencia, de los hechos ocurridos durante las protestas.

La referida Comisión manifestó en su tercer informe, que data de febrero 2019: “el número de personas fallecidas asciende a 253 (la mayor parte desempleadas), en su mayoría hombres (243) y sólo diez mujeres; 175 tenían menos de 35 años. Del total de muertes, 220 se encuentran directamente relacionadas al conflicto, 27 en fuego cruzado y 6 de forma indirecta”.

No existen algunos nombres de las listas publicadas por organismos de derechos humanos; y aduce una diferencia de 14 fallecidos entre los registros de dicha Comisión y el GIEI/OEA, señala el mismo Informe.

La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz manipula información en aras de desarticular la protesta, expresando que la misma no fue ni pacífica ni desarmada. Sobre la creación de esta comisión, Azahálea Solis considera que procura ser un instrumento para la impunidad:

George coincide con Solis en que desde su constitución la misma es absurda y carente de credibilidad:

Impunidad perdura

En el país, la lógica de defensa ha sido el litigio estratégico, desde el 2018, que es llevar los procesos de tal forma que puedan ser sometidos a cualquier jurisdicción y, en algunos casos, hacer uso de la justicia internacional. No obstante, hay quienes están convencidos que Ortega debe estar fuera del poder para que haya justicia.

También George valora que mientras no haya justicia no habrá paz:

Amaya Coppens, estudiante universitaria y presa política, considera que esta ausencia de justicia afecta a las familias nicaragüenses y considera que todo lo sucedido desde abril 2018 no puede ni debe ser olvidado:

Las cifras de personas asesinadas, desaparecidas, detenidas, despedidas no han sido precisadas por ningún ente estatal. Sólo se conoce lo que han informado los derechos humanos. Pero, hay actores civiles organizados que procuran la justicia universal, según manifiesta Azahálea:

Persiste represión a periodismo independiente

Durante la crisis sociopolítica que vive Nicaragua, periodistas y medios de comunicación también han sido foco de la represión estatal. Más de 80 han tenido que exiliarse, entre ellos el reconocido periodista Carlos F Chamorro. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) ha registrado las agresiones a periodistas:

Las violaciones a la Libertad de Prensa en Nicaragua se reflejan a continuación:

A esto se suma el cierre de varios medios, como el Canal de TV 100% Noticias, cuyo director, Miguel Mora, y su jefa de prensa, Lucía Pineda, fueron injustamente detenidos durante seis meses. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) hizo público su repudio a la decisión del Gobierno de “retirar a la televisora de la transmisión de los canales de cable, un acto de censura en represalia por denunciar la represión del régimen”.

Las instalaciones de 100% Noticias siguen ocupadas y recientemente el gobierno anunció que el Canal pasaba a ser un canal educativo.

Entre julio y septiembre del 2019 la FVBCh registró 328 casos; 273 eran restricciones administrativas de la Dirección General de Aduanas, que desde hace más de un año retiene insumos, materiales, planchas, gomas, reveladoras y los químicos que necesitan los medios impresos.

Cada día y medio al menos, hay una agresión hacia un o una periodista independiente en los últimos dos años, refiere Guillermo Medrano.

En diciembre 2018 dejó de circular el periódico Q´hubo. El Nuevo Diario redujo su cantidad de páginas hasta cerrar definitivamente en septiembre de 2019. Según el Informe “Tiempo de hostilidad y represión contra la prensa independiente” de la FVBCh, abril 2019.

El asedio a periodistas y medios independientes prevalece en el día a día. Se violentan sus derechos, entre estos el derecho al trabajo, se obstaculiza su derecho a informar, se roban sus equipos de trabajo, se les intimida y agrede físicamente; además agrega Medrano:

Y es que, desde su llegada al poder, en 2007, el régimen Ortega-Murillo, definió en su estrategia de comunicación la censura a independientes, al precisar que la información debía ser incontaminada, es decir, circular únicamente en medios oficiales.

A la pregunta ¿Qué queda a los medios independientes? El comunicador de la Fundación Violeta respondió:

Cuando producíamos este reporte, se informó del robo de una cámara de video al periodista Eduardo Montenegro, a vista y paciencia de policías que intentaban amedrentar a ciudadanos y ciudadanas a la entrada de una iglesia en Matagalpa. Pero las personas que estaban en el atrio del templo comenzaron a gritar: “Eduardo, el pueblo está contigo” “Somos periodistas, no somos delincuentes”.

Es parte de la realidad que vive el periodismo independiente de Nicaragua. Mientras, el gobierno ha centralizado y comprado medios y ha reunido a medios oficiales en su portal digital, El 19, donde se informan acciones gubernamentales y partidarias.

¿Cuál es la salida?

La cruda realidad que desde hace 18 meses viven los y las nicaragüenses se traduce en la violación constante de sus derechos fundamentales en todos los ámbitos, incluso la implementación de prácticas solidarias con las madres de los asesinados o presos puede ser motivo de privación de la libertad por parte del régimen; es por esto que, a falta de voluntad política para alcanzar el Estado de Derecho, tanto actores políticos como sociales se encuentran en la construcción y búsqueda de propuestas de salida a esta crisis.