El Estado de Nicaragua sigue cometiendo graves violaciones a los derechos humanos

Hace dos años fue creado el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), instalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de monitorear la situación de los derechos humanos en el país, misma que se agudizó con la crisis sociopolítica de abril 2018 y hasta la fecha no ha sido superada.

En su comunicado, la CIDH señaló que el MESENI ha dado seguimiento a las recomendaciones emitidas en sus informes y el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a personas con grave riesgo de su vida o integridad física, sin embargo, “ninguna de las recomendaciones contenidas en los informes referidos, ni en el marco de las medidas cautelares se ha cumplido hasta la fecha por parte del Estado de Nicaragua y la Comisión observa que tampoco se han dado pasos en ese sentido”.

La Comisión denunció que la represión estatal en el país se ha intensificado en los últimos meses con actos de vigilancia, hostigamiento y represión selectiva contra personas opositoras al régimen y hechos de violencia en zonas rurales o contra comunidades de pueblos indígenas.“…se mantienen suspendidos o severamente limitados derechos como la libertad de expresión, el derecho de reunión y asociación, a la defensa de derechos humanos, y a participar en la dirección de los asuntos públicos”, añadió.

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En el documento, la CIDH reiteró su preocupación por la situación de impunidad en la que permanecen graves violaciones a los derechos humanos cometidas desde el 18 de abril de 2018 en Nicaragua. “…la narrativa oficial que desconoce la persistencia de la crisis de derechos humanos, ha puesto en evidencia la falta de voluntad para garantizar el acceso a la justicia, a la verdad y a una reparación adecuada”, destacaron.

De igual forma, mencionaron que en el contexto actual prevalece la grave crisis de derechos humanos y el profundo deterioro del Estado de Derecho en Nicaragua, “los efectos de la pandemia por la Covid-19 podrían resultar aún más gravosos para los derechos de la población nicaragüense”. Ante la situación descrita, la CIDH reiteró su compromiso para mantener el monitoreo, “así como el seguimiento de las recomendaciones realizadas al Estado, y las acciones de protección, a través de las herramientas desplegadas y articuladas por el MESENI”.