ONU reitera avasallamiento total de la democracia y los DD. HH. en Nicaragua

La concentración de poder en manos de la pareja dictadora de Nicaragua, integrada por Daniel Ortega y su cónyuge Rosario Murillo ha demolido la democracia y avasallado los derechos humanos.

La represión generalizada, el cierre de los espacios cívicos, la criminalización de la disidencia y la eliminación progresiva de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos político son solo algunas de las prácticas autocráticas que actualiza el más reciente informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), presentado este 16 de septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El alto comisionado Volker Türk afirmó durante la presentación del informe que la situación en Nicaragua es “completamente indefendible” y aseveró que el documento actualizado “traza la captura casi total de las instituciones estatales por parte del partido gobernante y el abuso sistemático del poder que ha debilitado los contrapesos institucionales, dejando a la mayoría de los nicaragüenses sin recursos frente a las violaciones de derechos humanos".

El informe presentado por el Alto Comisionado advierte que la situación de los derechos humanos en Nicaragua sigue caracterizándose por el desmantelamiento sostenido y sistemático de las instituciones democráticas, el Estado de derecho y las libertades fundamentales, así como por una impunidad generalizada.

De acuerdo con la ONU, la concentración absoluta del poder y el contexto de represión han derivado en graves consecuencias para los derechos humanos. El informe reitera que se cometieron violaciones con el cierre casi total del espacio cívico y democrático, el debilitamiento institucional y la represión de la disidencia política, deterioro que se ha reflejado a lo largo de los años. “Nicaragua se sitúa actualmente entre el 15 % de los países con peores resultados a nivel mundial y aparece invariablemente entre los dos países con una clasificación más baja de la región” afirma el informe.

Ausencia total de democracia pluralista

El informe analiza 185 sesiones plenarias realizadas en la Asamblea Nacional entre junio de 2025 y mayo de 2026, en las que se concluye que en cada votación no hubo un solo voto en contra ni abstención “ni siquiera entre los 15 diputados de partidos que no forman parte oficialmente de la coalición de gobierno.” Lo anterior refleja, según el informe “un contexto más amplio de concentración del poder político y la ausencia efectiva de una práctica democrática pluralista”.

También resalta, como parte de la erosión del Estado de derecho, el partido gobernante además de contar con mayoría absoluta en el Legislativo, controla los 153 municipios y los consejos regionales de las dos regiones de la Costa Caribe.

Los puntos críticos que atentan contra los DD. HH.

Los puntos críticos que analiza el informe son, entre otros, el cierre de los espacios cívicos y democráticos, que afectan el derecho a la libertad de expresión, incluida la libertad de los medios de comunicación, la libertad de asociación, la reunión pacífica, la participación en los asuntos públicos y la libertar religiosa.

Respecto al cierre del espacio cívico Türk afirmó que "no queda casi nada por cerrar", y recordó que en los últimos ocho años 5,539 entidades han sido disueltas arbitrariamente y al menos 56 medios de comunicación han sido clausurados.

Destaco además que las reformas constitucionales aprobadas en primera lectura el pasado 1 de septiembre excluyen a la oposición y posponen las elecciones hasta 2028.

El informe presentado por el Alto Comisionado analiza también las acciones represivas que atentan contra el derecho a la vida, a la libertad y a la integridad personal, entre las que documenta las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y las muertes ocurridas durante la privación de libertad.

Respecto a este último aspecto el informe advierte que el periodo examinado “se caracterizó por un aumento en el número de muertes registradas durante la privación de libertad de personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, con al menos cuatro casos documentados”.

En este sentido la ONU hace hincapié en la muerte del líder indígena miskito Brooklyn Rivera, “que fue víctima de represalias, entre otras razones, por cooperar con las Naciones Unidas.”

Represión transnacional se consolida

Otro aspecto que releva el informe son las continuas acciones de represión transnacional y sus repercusiones sobre los derechos humanos.

El informe alerta que el régimen Ortega Murillo ha implementado un patrón más amplio de represión transnacional.

En este sentido señala que la ONU, “ha documentado casos en los que personas residentes en el exilio, percibidas como críticas u opositoras al gobierno, se han enfrentado a restricciones indebidas a su derecho a entrar en su propio país o se han visto privadas arbitrariamente de su nacionalidad, lo que las expone al riesgo de una apatridia de hecho”.

En cuanto a las formas de represión transnacional el informe registra denuncias reiteradas sobre amenazas y operaciones de vigilancia dirigidas contra nicaragüenses residentes en el extranjero. “En algunos casos, estas alegaciones han sido confirmadas por funcionarios públicos de los países de acogida” asegura el documento.

El informe incluye el asesinato entre los métodos represión transnacional puestos en marcha por la dictadura y destaca el ocurrido contra el militar retirado Roberto Samcam el 19 de junio de 2025.

Denegación arbitraria entrada al país y documentación personal

Otra de las prácticas recurrentes que forman parte de la represión más allá de las fronteras, es el impedimento de entrada al propio país y negación de documentación.

De acuerdo al informe se documentaron al menos 41 casos (27 mujeres y 14 hombres) de denegación arbitraria de la entrada en Nicaragua a ciudadanos que trataban de regresar a su propio país, decisiones que fueron comunicadas por compañías de transporte privadas, en la mayoría de los casos sin ofrecer justificación alguna.

Paralelamente ACNUDH documentó al menos 19 casos de denegación arbitraria de pasaportes, partidas de nacimiento y títulos académicos que se produjeron porque los servicios consulares y de migración se negaron a atender a ciudadanos nicaragüenses residentes en el extranjero.

“Esas actuaciones afectaron a personas percibidas como opositoras al Gobierno que vivían en el exilio y a sus familiares, entre ellos tres niños” señala el informe a la vez que agrega que la incapacidad de esas personas para obtener documentos de identidad y acreditativos del estado civil “menoscabó o socavó de manera significativa el ejercicio de sus derechos humanos y, en algunos casos, las expuso al riesgo de apatridia”.

Entre las repercusiones de la represión transnacional en los derechos humanos el informe señala como una grave consecuencia grave “el disfrute efectivo de la nacionalidad, incluso en ausencia de una privación formal de esta”. Asimismo asevera que en algunos casos, el resultado ha sido una situación de apatridia de hecho, ya que las personas afectadas no pueden o, debido a un temor fundado, no quieren acogerse a la protección del Estado.

Llamado a la comunidad internacional

El Alto Comisionado insta a la comunidad internacional a que refuerce la protección y el apoyo a la sociedad civil en el exilio, especialmente a los líderes de la oposición, los periodistas y los defensores de los derechos humanos.

De igual forma hace un llamado a que ponga fin a las extradiciones y expulsiones forzadas a Nicaragua que puedan exponer a las personas a un riesgo de sufrir daños irreparables, en contravención del principio de no devolución.

También invita a fortalecer los mecanismos de protección en los países de acogida de los ciudadanos nicaragüenses que huyen de la represión, investigando exhaustivamente todas las alegaciones de represión transnacional con miras a velar por la rendición de cuentas de los autores, “incluidos aquellos que planifican, ordenan o son de otro modo responsables de dichos actos, y proporcionando recursos efectivos y reparación a las víctimas”.

Finalmente exhorta a que los países se cercioren de que la asistencia, incluida la ayuda financiera, que se facilite a Nicaragua incorpore enfoques basados en los derechos humanos y procesos de diligencia debida para evitar que tenga repercusiones negativas para los derechos humanos.