AMS y Convergencia rechazan una transición en Nicaragua que implique intervención o tutelaje extranjero

El debate sobre el futuro político de Nicaragua ha sumado nuevas tensiones dentro de la oposición en el exilio. Tras filtrarse el documento “Nicaragua: Transición ordenada desde la dictadura hacia la democracia”, el cual plantea una junta temporal, una asamblea constituyente y elecciones libres para poner fin al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, diversas organizaciones sociales han encendido las alarmas sobre el rol que jugaría la comunidad internacional, particularmente los Estados Unidos.  

La Articulación de Movimientos Sociales (AMS) y el Movimiento Político Convergencia manifestaron su rechazo categórico a cualquier hoja de ruta que excluya a la ciudadanía o promueva la injerencia e intervención militar de potencias extranjeras, particularmente de los Estados Unidos. 

La AMS ha afirmado categóricamente que la salida del régimen actual no puede justificarse bajo un tutelaje extranjero ni mediante intervenciones que vulneren la dignidad nacional. El punto central de su pronunciamiento rechaza el uso de la fuerza armada exterior como vía para resolver la crisis de Nicaragua. La organización repudia enérgicamente toda propuesta de bloqueo naval o intervención militar extranjera, ya sea de carácter unilateral o multinacional.

Para la AMS, resulta éticamente inaceptable e indefendible que se promuevan acciones militares acompañadas de solicitudes explícitas al gobierno de los Estados Unidos. Estas pretensiones, agrega, buscan que Estados Unidos decida “con nombres y apellidos” a los integrantes de una eventual junta de transición nacional o a los nuevos gobernantes del país. Permitir que una potencia extranjera defina los liderazgos de la posdictadura es considerado por la organización como una anulación total de la soberanía.  

Convergencia, por su parte, manifiesta que la propuesta de transición carece de mecanismos de validación ciudadana. “Una transición protagonizada por una junta de gobierno sin mecanismos de validación y participación del conjunto de la sociedad nicaragüense rompe con el espíritu democrático de nuestra lucha. Más aún, resulta profundamente contradictorio que se proponga que el liderazgo y la conducción del país sean determinados o fiscalizados por un Estado extranjero al que, además, se le solicita utilizar su fuerza pública y armada para hacer posible dicha transición. No sirve de nada pasar de una dictadura a una ocupación”.

Convergencia agrega que la propuesta  convoca, en los hechos, a una intervención militar en Nicaragua, algo que se contrapone con la apuesta por la lucha no violenta y con la memoria histórica de golpes de Estado, intervenciones extranjeras e imposición de gobiernos por la fuerza.

Las propuestas de la AMS y Convergencia

En su comunicación la AMS apela de forma directa a la memoria colectiva del país para cuestionar la legitimidad de estas propuestas de transición tutelada. El comunicado califica tales iniciativas como la reiteración de un “vergonzoso patrón histórico entreguista”, el cual equiparan directamente con la figura histórica de Adolfo Díaz. 

Adolfo Díaz, nacido en Costa Rica, fue un político de padre nicaragüense y madre costarricense que ocupó la presidencia de Nicaragua en dos periodos (1911-1917 y 1926-1929). Es recordado por su estrecha alianza con Estados Unidos y su dependencia del apoyo militar estadounidense para mantenerse en el poder. Durante su gestión, en 1914 se firmó el Tratado Bryan-Chamorro, el cual otorgó a Estados Unidos derechos exclusivos para construir un canal interoceánico por Nicaragua y establecer bases navales en el país. 

La AMS es del criterio de que sacar a la dictadura de Ortega y Murillo  “es tarea primordial de los y las nicaragüenses”. Si bien la AMS valora y demanda el respaldo de la solidaridad internacional, insiste en que este apoyo debe ser de acompañamiento constructivo y no de subordinación”.

Para respaldar la viabilidad de la movilización interna, la AMS evoca el precedente histórico de la caída de la dinastía de los Somoza. Bajo este marco histórico de lucha popular, la organización reafirma su plena confianza en la capacidad de las personas nicaragüenses para derrocar de manera soberana a la que consideran como la dictadura más cruel de América Latina.

Un gobierno de transición, sostiene Convergencia, no puede ser legítimo si excluye la pluralidad de la sociedad. “Deben tener voz y representación las juventudes, las personas trabajadoras, las mujeres, el campesinado, los pueblos indígenas y afronicaragüenses, las víctimas de la represión, las personas exiliadas, personas sexualmente diversas y los distintos sectores sociales y políticos que han sostenido la lucha democrática. Asimismo, la justicia transicional no puede reducirse únicamente a la liberación de las personas presas políticas: debe abordar verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y reconstrucción institucional. Una junta que concentre durante 24 meses el control de todos los poderes del Estado y que, además, implique dos años de impunidad, no constituiría una ruptura democrática, sino apenas un golpe de timón que sustituiría un régimen autoritario por otro, sumándole la ocupación militar de un tercer país”. 

Para materializar este propósito, Convergencia ha hecho un llamado a los movimientos sociales, partidos progresistas y plataformas democráticas a instalar una mesa de diálogo nacional. Este esfuerzo busca articular una agenda ciudadana con el respaldo de redes y actores democráticos de la región centroamericana, especialmente en Costa Rica, concebidos como facilitadores y acompañantes del proceso. El llamado apunta a construir una salida cívica y pacífica que evite repetir los errores del pasado y garantice que el destino de Nicaragua sea decidido por su propio pueblo. 

Grupo opositor niega que haya pedido intervención extranjera 

Ante estas críticas, promotores del documento salieron al paso de los señalamientos. Alfredo Gutiérrez, integrante de Liberales en el Exilio y firmante del texto, declaró a 100% Noticias que la propuesta es una una hoja de ruta "no ideologizada y no partidizada". Precisó que la iniciativa considera indispensable el acompañamiento de Estados Unidos y de la comunidad internacional mediante presión diplomática, sanciones, aislamiento político y procesos judiciales por delitos como crimen organizado y crímenes de lesa humanidad, los cuales deberán ser debidamente acreditados ante las instancias correspondientes.