Dictadura aprueba en primera legislatura reformas que anulan elecciones libres

Durante una “sesión solemne” realizada la tarde del 1 de septiembre en la ciudad de León, las y los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron de forma unánime las reformas constitucionales que oficializan la anulación de la celebración de elecciones pluralistas, libres y democráticas en Nicaragua.

El pleno del Legislativo viajó a la ciudad universitaria donde previo a la sesión, visitó la Catedral de León para rendir homenaje a Rubén Darío. Luego se trasladó a la Plaza Juan José Quezada donde se dio lectura a las conclusiones del proceso de “consultas” realizadas durante las últimas semanas de cara a imponer un sistema electoral de partido único.

La sesión se realizó frente a servidores públicos, integrantes de la Juventud Sandinista y simpatizantes convocados para estar presente en la plaza, a quienes el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, luego de leer las conclusiones de la consulta, solicitó la aprobación del informe y dictamen a los parlamentarios y demás convocados, para revestir la sesión de una aparente legitimidad con participación popular.

“Solicitamos al honorable plenario su aprobación en lo general y lo particular, y solicitamos al pueblo presidente su aprobación en lo general y lo particular” dijo Porras a la concurrencia luego de dar lectura al documento.

Seguidamente refirió que se procedería a discusión la Ley de Reforma Parcial y solicitó al plenario legislativo ceder la palabra al “pueblo presidente”.

“El pueblo es presidente, el que en esta plaza de León, debe expresar su criterio” dijo a la vez que agregó: “Como el plenario de la Asamblea es soberano, yo les pido a mis hermanos diputados, que dejemos la palabra para opinar, al pueblo presidente”.

En un show político enteramente populista, luego de varias intervenciones de simpatizantes, secretarios políticos y miembros de la JS, entre otros, con guiones preelaborados, respaldando la iniciativa se continuó con la discusión y aprobación de la reforma.

“Levanten la mano los que están de acuerdo en lo general con la iniciativa de Ley de reforma a la Constitución Política en primera legislatura; levanten la mano y pónganse de pie” arengó Porras, a lo que diputadas y diputados junto a la mayoría de quienes llenaban la plaza obedecieron inmediatamente.

Luego pidió que levantaran la mano los que estuvieran en contra y los que se abstenían, petición a la que nadie respondió. Tras la votación “unánime” a mano alzada, Porras afirmó que la reforma quedaba aprobada en forma en lo general.

Después se procedió a la discusión y aprobación de los ocho artículos modificados obteniendo el mismo resultado.

Aprobación en medio de contradicciones

El viernes 28 de agosto, la codictadora Rosario Murillo, en su acostumbrada intervención en sus medios de propaganda, calificó la consulta como
“multitudinaria e hiperdemocrática” y anunció la sesión solemne para la presentación de resultados.

Posteriormente, el lunes 31, Murillo volvió a referirse a dicha sesión, pero esta vez agregando que en esta “se presentará a aprobación, en Primera Legislatura, cumpliendo con nuestras Leyes, la Reforma Constitucional”, asimismo adelantó que la segunda legislatura se realizará el 18 de enero de 2026.

Con la decisión de aprobar en primera fase dichas reformas, Murillo contradijo lo anunciado por el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, quien el pasado sábado 29 de agosto afirmó que la aprobación estaba prevista para el 21 de septiembre. “El 21 de septiembre vamos a aprobar la reforma a la Constitución que hemos venido trabajando” dijo Porras.

Las reformas impulsadas por la dictadura a lo largo del mes de agosto través del montaje de un “proceso de consultas” buscan concretar el anuncio hecho por el dictador Daniel Ortega el 19 de julio pasado durante el acto de celebración del 47 aniversario de la Revolución Sandinista, quien afirmó que “aquí no volverá a haber elecciones", a la vez que anunció que el Legislativo aprobaría leyes para "ponerles un muro, un bloque a los golpistas, a los vendepatria".

En efecto, con las reformas, la dictadura excluye de los procesos electorales a líderes de la oposición, la mayoría en el exilio, los que son calificados como “traidores a la patria.”

Los puntos medulares de las reformas

Las reformas que ponen fin a los procesos electorales en Nicaragua están basadas en varios puntos centrales que buscan establecer un modelo de partido único para perpetuar a la dictadura familiar de los Ortega Murillo en el poder, entre los que destacan, la ilegalización de la oposición mediante la prohibición absoluta de candidaturas y acceso a cargos públicos para personas consideradas, golpistas o traidores a la patria.

El establecimiento de mandatos o periodos presidenciales extendidos a siete años renovables, lo que a la vez se extiende a las jefaturas policiales y del Ejército, así como en los gobiernos municipales.

A lo anterior se suma una reforma adicional para desconocer resoluciones o leyes internacionales de manera que dichas normativas no tenga efectos jurídicos sobre Nicaragua, según la dictadura Ortega Murillo.

Comunidad internacional activó alarmas

Ante el anuncio de la anulación de las elecciones pluralistas, a diversos países de la región reaccionaron condenando la decisión de la dictadura nicaragüense, a lo que se sumaron diferentes organismos internacionales.

Estados Unidos con el respaldo de varios países, convocó a la OEA para que realizara una reunión extraordinaria con la Asamblea General del foro continental, con el fin de aprobar una resolución condenatoria a las declaraciones de Ortega.

La reunión se realizó el pasado 5 de agosto, sin embargo, la resolución propuesta por Estados Unidos no fue sometida a votación en ese momento, por lo que se convocó a una reunión de consulta a los cancilleres de los países miembros.

El 19 de agosto el Consejo Permanente de la OEA realizó una sesión extraordinaria del Consejo Permanente en la que 29 países dijeron sí a la convocatoria urgente de cancilleres de la región para abordar la situación de Nicaragua.

En los últimos días, trascendió de forma extraoficial que la reunión de cancilleres para abordar la crisis de Nicaragua se realizará el próximo 17 de septiembre.