Costa Rica repudia afirmación de Ortega sobre negar elecciones en Nicaragua

El gobierno de Costa Rica reaccionó la tarde de este 20 de julio, a las declaraciones del dictador nicaragüense Daniel Ortega, quien, durante el discurso de la celebración del 19 de julio en Managua, vociferó que “aquí no volverán a haber elecciones”, una afirmación lapidaria que se cierne sobre el derecho cívico del pueblo nicaragüense para elegir a sus gobernantes.

El gobierno costarricense, mediante una nota de prensa emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y un pronunciamiento aprobado unánimemente en la Asamblea Legislativa, dejó clara su postura respecto a las declaraciones del dictador y reafirmó su compromiso con la celebración de elecciones libres en Nicaragua.

“Costa Rica siempre ha apoyado y abogará por unas elecciones libres, democráticas, transparentes y plurales en la República de Nicaragua” dice la nota de la Cancillería de Costa Rica. De igual forma reitera su profunda preocupación por el cierre sistemático de los espacios cívicos y la persecución contra las voces disidentes.

Asimismo recordó que Costa Rica no reconoció el proceso electoral que se desarrolló en 2021 en Nicaragua “por la ausencia de condiciones y garantías requeridas”.

Por su parte el Parlamento de ese país, aprobó una moción a través de la cual repudia de manera enérgica las declaraciones antidemocráticas vertidas por Ortega, dado que estas constituyen "una negación expresa del principio democrático de alternancia en el ejercicio del poder y un grave atentado contra el derecho del pueblo nicaragüense a elegir libremente a sus gobernantes".

Diputados costarricenses reafirmaron también su solidaridad con el pueblo de Nicaragua, “especialmente con quienes han sufrido persecución, exilio, prisión, restricción de sus libertades fundamentales o cualquiera otra forma de vulneración de sus derechos".

La moción de las y los legisladores ticos, añade que ese poder del Estado reafirma que para Costa Rica la democracia representativa, la celebración de elecciones libres, periódicas, transparentes y competitivas, igual que el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho son principios irrenunciables.

El dictador adelantó que su régimen prepara una serie de leyes para impedir cualquier intento de los partidos opositores con conseguir el poder. “Vamos a trabajar con la Asamblea Nacional y con las obligaciones correspondientes, a hacer las leyes para que les pongan un muro, un bloque, a los golpistas, a los vendepatrias” arengó en un discurso impregnando de odio para la disidencia.

Las declaraciones de Ortega han sido interpretadas por líderes de oposición en el exilio como una expresión del miedo que tiene el dictador de disputar el poder político, al que está atornillado junto a su consorte Rosario Murillo, por medio de la vía cívica.

Secretario General de la OEA: Nicaragua “ha abandonada la democracia”

Por su parte el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdim, posteó en la red social X, que “el régimen nicaragüense ha hecho ahora explícito lo que sus acciones habían demostrado desde hace tiempo: ha abandonado la democracia, incluso la apariencia de ella”.

Ramdim agregó que: “Eliminar las elecciones es la negación definitiva del derecho soberano del pueblo a elegir a su gobierno. Las elecciones libres, justas y periódicas no son opcionales; son un elemento esencial de la democracia representativa”.

De igual forma afirmó que los ataques a las instituciones democráticas a nivel nacional tienen consecuencias regionales, socavando la gobernanza democrática y afectando la estabilidad y los valores compartidos del hemisferio. Las declaraciones del dictador han causado revuelo y han activado nuevamente las alarmas ante lo que se avizora en Nicaragua como la consolidación de una dinastía familiar.

Ortega recuperó el poder en 2007, y se ha mantenido en el mismo a través de procesos electorales amañados, los que han incluido la anulación de la personería jurídica de partidos políticos de oposición, así como el encarcelamiento y posterior destierro de los aspirantes presidenciales.