La Justicia que ando buscando para mi hija, no la encuentro

Rompe en llanto. Un nudo en la garganta no le permite hablar. Pasan unos minutos y el hombre agarrar valor y comparte que su hija de quince años tiene siete meses de embarazo, producto de una violación cometida por Alejandro Martínez Chavarría, sacerdote de la iglesia católica en el municipio de Masaya.  

El 16 de octubre del 2014. “La mamá la miraba que andaba con ganas de vómitos y muchos sueños, la llevó al centro de salud, después de recetarle antibióticos los síntomas persistían por lo que el médico orientó un ultrasonido que evidenció que la niña estaba embarazada”.

La hija de Gustavo, el año pasado, asistía todos los domingos a misa, después se reunía con un grupo de compañeras para evangelizar en las comunidades. Alejandro Martínez Chavarría, el abusador sexual, era el guía espiritual de la iglesia.

Han pasado cinco meses desde que Gustavo denunció ante la Comisaría de la Mujer y la Niñez y el Ministerio Público de Masaya, lo sucedido. Su demanda no encuentra eco en las autoridades ni de la Comisaría ni del Ministerio Público.

20 de octubre 2014: “Pusimos la denuncia en la Comisaría de la Mujer en Masaya ante la Comisionada Xiomara Urbina. Ese mismo día hicimos el examen psicológico y del médico forense, a ella se los entregaron, pero nunca nos quiso dar copia de la denuncia ni de los exámenes. Nos dijo no, es que esto lo maneja mi jefe, nos dijo llámenme, una semana después, yo no llamaba, yo iba…  siempre decía lo mismo, orden de arriba, orden de arriba, toda la vida fue orden de arriba.

14 de enero de 2015. Gustavo conversó con el Cardenal Leopoldo Brenes. “Nos dijo que iba a ser destituido, juzgado por las leyes de Nicaragua y a estas alturas no se ha hecho justicia”. La conversación con Brenes la llevó a la Comisaría, ahí llamaron al jefe Sevilla y le dijeron que necesita una constancia de destitución. Gustavo regresó el mismo día a las Sierritas de Santo Domingo para conseguir la constancia, pero el Cardenal andaba en misión. La asesora legal de la curia arzobispal le expresó que no dan constancias de destitución, que la Policía debía detenerlo y juzgarlos por los daños.

¿Desde cuándo hay que presentar en las Comisarías constancia de destitución de curas violadores? La Ley 779 no menciona en ningún momento este requerimiento. ¿No es que Nicaragua tiene un Estado Laico?

15 de enero 2015: “Tuve una conversación con el nuncio apostólico Fortunatus Nwachukwun, el cual me dijo a mí me interesa la vida de la niña y la vida del bebé. Mire, él va a tener un castigo por parte de la iglesia, él es enfermo y no puede juntarse con niñas menores, él va a trabajar aquí personas mayores. Me llama una semana después de esa entrevista y me dice está destituido”.

Ante la retardación de justicia, Gustavo vino a Managua para conversar con la Jefa Nacional de la Comisaría de la Mujer, Comisionada Mayor Erlinda Castillo, quien le dijo que sí habría justicia.  “Que confiara en la justicia en Nicaragua, que ella iba estar al frente, pero me dice, tenga cuidado de no denunciarlo público, porque va afectar a su hija y va afectar al bebé”.

Los esfuerzos de Gustavo no quedaron ahí. Se dirigió a Asuntos Externos de la Policía Nacional, en Plaza El Sol, a dejar documentos de la denuncia. “No me los quería tomar porque dice que no había denuncia. Tuve que poner otra denuncia, me tomó los datos. Y todavía ese me dice “En San Francisco Libre pasó un caso similar a este, y la chavala vive tranquila y tremenda casa, no le dije yo, no ando buscando casa ni nada, yo lo que quiero es justicia” refiere Gustavo.

José Alonso, abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, ha acompañado a Gustavo en el proceso. Aseguró a Onda Local que el Ministerio Público solicitó un requerimiento de las investigaciones a la Comisaría, pero nunca fue respondido. “Fuimos a la Comisaría y nos preocupó que la Comisionada más bien lo estaba regañando, diciéndole que por qué había acudido al CENIDH, el hombre respondió, simplemente porque ustedes no me han querido dar información. La falta de esclarecimiento nos lleva a la impunidad del caso”.  

El periplo de Gustavo, no ha impedido que su hija tenga ya siete meses de embarazo. Su caso es una muestra más de la injusticia que prevalece, aún con una Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres.  

¡Justicia tardía, no es justicia! ¿Hasta cuándo las autoridades harán lo que les toca en delitos cometidos por sacerdotes, sacristanes o pastores? ¿Por qué la jerarquía eclesiástica sigue manteniendo a sus clérigos, sólo cambiándolos de lugar, como ha ocurrido muchas veces?