Ortega Murillo S.A.
- 11 Feb 2021
- 1:30 p.m.
- Managua
Tres canales de televisión y cuatro compañías de publicidad vinculadas a los hijos del presidente de Nicaragua se beneficiaron con contratos estatales entre 2018 y 2019. CONNECTAS documenta un valor agregado de estos negocios de 936.000 dólares y construye un mapa amplio de quienes figuran en ellos.
Una mañana soleada del cinco de febrero de 2020, un empleado de Juan Carlos Ortega Murillo, uno de los nueve hijos del mandatario de Nicaragua y quizás el más confrontativo contra los opositores en sus redes sociales, asistió a una reunión para rubricar un contrato de 128.682 dólares en la estatal Empresa Nicaragüense de Transmisión Eléctrica (Enatrel), encargada del mantenimiento de las líneas por donde llega la energía a los hogares del país.
El firmante era Danilo Rafael Lechado Cruz, amigo de Ortega Murillo desde que estudiaron Comunicación Social según algunos de sus compañeros universitarios. La firma era para publicitar medidas de ahorro energético. Asistió a la reunión en representación de Difuso Comunicaciones, sancionada en julio pasado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos alegando que es usada por “el régimen de Ortega para difundir propaganda” del gobierno.
Lechado Cruz es uno de los participantes de este esquema de negocios, en el cual hay abogados, juristas, familiares de los Ortega y asesores de su círculo más cercano. Algunos de estos nombres fueron publicados por CONNECTAS en 2017, cuando se divulgó un reportaje sobre los medios de comunicación de la familia presidencial. Ahora la lista es más grande y se revela la participación de este grupo empresarial en el sector publicidad.
Entre 2018 y 2019, esta investigación documentó 936.829 dólares en contratos de empresas relacionadas con hijos del Presidente otorgados por cuatro instituciones del Estado: Enatrel, el Instituto Nacional Tecnológico, el Instituto Nicaragüense de Turismo y la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales. Fundamentalmente se concentraron en dos áreas: medios de comunicación vinculados al mismo grupo por un monto de U$435.298 y el restante en empresas de publicidad.
Los negocios con el Estado, a través de familiares de funcionarios o amigos de los mismos, constituyen uno de los esquemas más tradicionales para sacar ventajas de los fondos públicos en América Latina, sin embargo tanto los representantes de estas empresas como del gobierno se mantuvieron en silencio cuando se les preguntó una explicación a las contrataciones.
CONNECTAS escribió a representantes de las instituciones del Estado nicaragüense que participaron en estos negocios, pero no hicieron ningún comentario para este reportaje.
Durante las últimas dos semanas también se llamó al número de celular de uno de los abogados de la familia Ortega Murillo, José María Enríquez Moncada, quien figura en varias de las empresas beneficiadas como socio, directivo o representante legal, pero ignoró los mensajes de voz donde se le solicitó una entrevista.
“Todas estas compras (beneficiando a la familia presidencial) son una muestra más del colapso del sistema de contrataciones del Estado”, dijo Dayra Valle, experta en transparencia y contrataciones públicas.
“Se suma a las irregularidades que se han venido cometiendo desde hace años”, enfatiza.
La experta en contrataciones advierte que se está usando el sistema de compras de Nicaragua “para cometer actos de corrupción” y que cada vez las instituciones públicas ocultan información sobre a quiénes contratan. “Lo que quieren es que no sepamos quiénes están detrás de esas compras”, dice Valle.
La historia de “Difuso”, un primer caso
La compañía de publicidad Difuso fue constituida 18 meses después del retorno al poder de Ortega en 2007. Sus oficinas están ubicadas en los alrededores de la residencia de la familia presidencial en el Reparto El Carmen, custodiada por decenas de policías bajo extremas medidas de seguridad.
Según información fiscal de Nicaragua, revisada en octubre pasado, el 40 por ciento de las acciones están en manos de Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad de Ortega, quien fue miembro de la Seguridad del Estado durante el primer gobierno sandinista en los años ochenta y hoy es el funcionario más poderoso después del mandatario y la esposa de éste y vicepresidenta, Rosario Murillo.
Otro 30 por ciento de las acciones de Difuso están a nombre de la abogada María Luisa Mejía, que ha trabajado para la vicepresidenta Murillo en la inscripción de dos propiedades en El Crucero. Según investigaciones de medios locales, ella aparece como socia fundadora de Canal 13 (dirigido por otros tres hijos de Ortega: Maurice, Camila y Luciana) y participa en otras empresas de publicidad beneficiadas con contratos del Estado.
El último 30 por ciento del paquete accionario está a nombre de Lechado Cruz, el amigo universitario del hijo del presidente, quien se convirtió con los años en un operador de estos negocios.
La revisión de la documentación oficial de la contratación de febrero de 2020, en relación a la licitación de Enatrel, permite descubrir que no cumplieron con los criterios técnicos de la licitación, entre ellos que debían tener un canal en señal abierta y cable con programación variada. Hasta 2017, tenían asignado el canal 22 que mantenía música en su parrilla.
La negociación se cerró, pese a los argumentos que podían darse para objetarla, cuando Jacobo Castillo, representante en la licitación de Canal 8, dirigido por Ortega Murillo, no alegó nulidad en la misma.
“Está prohibido por la ley. Es un claro caso de tráfico de influencias y conflicto de interés”, explica Valle.
Valle detalla que la Ley de Contrataciones Públicas prohíbe a familiares de funcionarios públicos, como los hijos del Presidente, ser oferentes del Estado. “Y la ley de Probidad de los Servidores Públicos prohíbe el tráfico de influencias”, recalcó.
Por el secretismo oficial y la captura de las instituciones encargadas de supervisar las finanzas públicas, siempre ha sido difícil cuantificar los millones del Estado que ingresan a la red de canales de televisión que están en manos de los hijos de la pareja presidencial en Nicaragua. Reuters calculó en noviembre pasado que recibieron 29 millones de dólares en 2019.
Los contratos a Canal 8
Antes de beneficiar a Difuso con el contrato de publicidad en 2020, Enatrel había otorgado otro por publicidad a canal 8. Esta televisora fue adquirida con fondos de la cooperación de Venezuela en 2010, según confirmó el entonces gerente, Rafael Paniagua a El Nuevo Diario. Un millonario flujo de cooperación, administrado con discrecionalidad por el ejecutivo nicaragüense.
El siete de octubre de 2019, el Comité de Licitación otorgó 349.068 dólares a Canal 8 y Canal 13, del mismo círculo de negocios de los hijos del mandatario, según un acta de certificación emitida por la abogada de Enatrel, Tania Córdoba, expresada en moneda local.
Según reportes periodísticos locales, Roberta Guevara, abogada del partido de gobierno, fue socia fundadora de Canal 13, junto al ex secretario de Ortega y embajador en varios países árabes, Mohamed Lashtar, quien según cables de Wikileaks era sobrino del dictador libio Muammar Gadafi, un benefactor histórico del gobernante sandinista.
En este contexto de falta de transparencia, Enatrel aumentó su presupuesto de publicidad 14 veces entre 2018 —año de las protestas de la oposición— y 2019 hasta totalizar casi medio millón de dólares. Esto tampoco fue explicado por la institución del Estado, en la consulta enviada por CONNECTAS a la vocera de la institución, Hazel Gutiérrez.
Registros públicos demuestran que las empresas relacionadas con los hijos de Ortega obtuvieron grandes y pequeños contratos como puede verse en instituciones como el Aeropuerto, Turismo, el Tecnológico Nacional. Otro de las compañías de televisión beneficiada fue el sistema informativo de Canal 2 que dirige Maurice Ortega Murillo, otro hijo del mandatario.
En el negocio de la publicidad, participan cuatro empresas relacionadas con los intereses de los hijos del mandatario. Entre 2018 y 2019, gracias a una veintena de contratos con empresas y entidades públicas, se ganaron 501.531 dólares, según documentos oficiales.
La más beneficiada ha sido In & Out Publicidad, una compañía que se dedica a colocar rótulos en las vías y carreteras que recibió U$251.208 dólares en cinco contratos entre 2018 y 2019. Solo Inatec le entregó el 60 por ciento de ese monto.
El resto de los contratos se distribuyen entre las siguientes empresas: Difuso Comunicaciones S.A, Lumicentro y Negocios Publicitarios Internacionales, compañías que están a nombres de personas identificadas en los medios nicaragüenses como miembros del círculo cercano a la familia presidencial.
Los expertos locales cuestionan que estos negocios han ocurrido por la ineficacia de la Contraloría General de la República, encargada de fiscalizar a los poderes del Estado, pero dirigida por sandinistas.
La abogada nicaragüense Martha Patricia Molina, experta en derecho administrativo, considera que la Contraloría solo informa las cantidades de contrataciones que reciben y cuántas analizan. “Es una información de forma, no de fondo”, advierte. “A mí lo que me interesa saber es cuáles fueron los resultados de las contrataciones que analizaron”, se queja.
La pareja presidencial en Nicaragua tiene nueve hijos. Solo Zoilamérica Ortega Murillo, la hija adoptiva del mandatario que lo acusó de violación en 1999 y se encuentra exiliada en Costa Rica, no ocupa un puesto en la red de empresas beneficiadas por el Estado, en las cuales cada uno de los vástagos cumple una función.
Además de Rafael, Juan Carlos, Maurice, Luciana y Camila Ortega, los otros hijos de la familia presidencial son Laureano (asesor de inversiones), Carlos Enrique y Daniel Edmundo Ortega Murillo.
Lea más de los negocios relacionados con los hijos de Ortega acá.
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