Femicidios, una pandemia en aumento

En medio de la crisis sociopolítica de Nicaragua y la pandemia de la Covid-19 que han dejado muertes y luto en el país, se suma el incremento de femicidios, el delito más extremo que se puede cometer contra las mujeres, sin que las autoridades hayan mostrado voluntad política para implementar una estrategia que contribuya a proteger la vida de las mujeres.

En lo que va del año Nicaragua registra 35 femicidios. Juana María Mendoza, Damaris Catalina Castillo, Katia Carolina Altamirano, Jessica del Carmen Guido y Mildred Osorio Gómez, fueron asesinadas en el mes de mayo, por sus parejas, exparejas y hombres desconocidos.  En los primeros diez días del mes de junio ya se registran cinco mujeres asesinadas, varios de los femicidas tenían antecedentes penales.

• 01 de junio. Comunidad Santa Emilia, Matagalpa: Oscar Manuel García Flores de 39 años de edad llegó a la casa de su entonces pareja Raquel de los Ángeles Salinas Barahona de 35 años. La agredió y estranguló hasta provocarle la muerte. Oscar tenía antecedentes penales.
   
• 03 de junio: Camoapa, Boaco. Jorge Antonio Borge agredió a Josefina Suazo de 27 años hasta provocarle la muerte. Jorge tenía antecedentes penales.
   
• 06 de junio: Comunidad San Sebastián, Bluefields. Leonel de Jesús González Mendoza de 28 años de edad asesinó a su mamá Juana Francisca Mendoza Zepeda de 60 años de edad con arma cortopunzante. Leonel tenía antecedentes delictivos.
   
• 07 de junio: Residencial Monte Cielo, Managua. René Alexander Maltez Rivas de 22 años es señalado de asesinar a Cheyling Rachelly Munguía Sobalvarro de 21 años de edad y estudiante de medicina en la UNAN-Managua.
   
• 09 de junio: Comunidad Atapal Central, San José de Bocay.  Hombre de identidad aún desconocida agredió con arma cortopunzante, ocasionándole la muerte a Maritza del Socorro Andino González de 42 años de edad. La Policía informó que capturó a un hombre de iniciales W.A.C.J. como sospechoso de ser el autor del femicidio.

En Nicaragua, desde junio de 2012 está en vigencia la Ley No. 779 Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y de Reforma a la Ley No. 641 del Código Penal, un marco jurídico especializado en la protección y sanción de todas las violencias contra las mujeres. La ley fue promovida por las organizaciones de mujeres. Sin embargo, en poco tiempo sufrió varias reformas. En la primera reforma se estableció la mediación en los delitos de violencia menos graves y en julio de 2014 a través de un decreto presidencial se reglamentó la ley cambiando el ámbito de aplicación.

“La Ley no ha ocupado el primer lugar de interés de este gobierno, de los anteriores tampoco. Nos encontramos en este momento en un contexto, en el que se vive una ausencia de estado de derecho, eso por supuesto pone en mayor riesgo la vida de las mujeres, porque prevalece la persecución, el hostigamiento y encarcelamiento hacia personas de la oposición política sean hombres o mujeres y esa es la prioridad de este gobierno”, señala Ana Eveling Orozco, abogada feminista.

¿Quién atiende las situaciones de violencia contra las mujeres?

En Nicaragua el acceso a la justicia no es garantizado, los relatos de mujeres evidencian poco interés para la atención de casos de violencia contra las mujeres. Ana Evelyn comenta al respecto. “No la atienden del todo, en algunos casos dejan libre a los hechores, en otros los procesos duermen el sueño de los justos o están libres, otros andan prófugos”.

En 2015 el régimen Ortega-Murillo anunció el cierre de las Comisarías de la Mujer, Niñez y Adolescencia, peo en seis años después, en 2020, el régimen anunció la reactivación de las mismas en el marco de la campaña “Mujeres por la Vida, Mujeres, Paz y Bien”.

Orozco refiere que la prioridad debe ser la creación de Políticas Públicas como lo establece la Ley 779. “Plantea políticas públicas de protección integral para las víctimas, una serie de acciones de parte del gobierno, realmente esas políticas no existen, peor en este momento donde se violentan los derechos humanos de todos los ciudadanos”.

El año pasado el régimen liberó a 2, 727 reos comunes bajo el beneficio de convivencia familiar. Estas decisiones ponen en una situación de inseguridad a las mujeres explica Orozco. “El hecho de que el año pasado y este año empezaron a liberar reos comunes donde habían femicidas, la no persecución de femicidas de años anteriores se ha agudizado este año”.

La Ley 779 en los artículos 51 y 52 establece que debe existir una coordinación entre Comisión Nacional Interinstitucional de Lucha Contra la Violencia Hacia la Mujer, integrada por diversas instituciones del Estado y organismos de la sociedad civil u otras instituciones públicas o privadas que trabajen en defensa de la violencia hacia la mujer. Sin embargo, en Nicaragua no se conoce los planes, políticas y seguimientos que hacen estas instancias.

 Mientras tanto, Orozco considera que el mayor aporte para la prevención de la violencia es priorizar una campaña educativa, “debe priorizarse la educación de la no violencia. Es un trabajo educativo lo que necesita Nicaragua”.