Gobiernos locales desinformados, divididos y sin respuesta acerca de El Canal

Bluefields, Nueva Guinea, San Miguelito, Altagracia,  Rivas, Tola y otros seis municipios ubicados en la ruta de El Canal Interoceánico, serían seriamente afectados por el proyecto. Sus territorios quedarían  divididos en dos, creando dificultades para comunicarse entre sí. Además,  los gobiernos municipales perderían el control de sus territorios y dejaría de percibir impuestos, aseguró Luis Serra, coordinador de la investigación “efectos socioeconómicos del canal interoceánico a nivel municipal” de la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local (RNDDL). 

“En esas zonas, las fincas pagaban impuestos de bienes inmuebles, ya no van a pagar. Tercero, los servicios que brindaban, el fierro para vender una res, cualquier otro servicio de la zona sur va a ser un problema. No van a tener control sobre el territorio, ya les dijeron que la empresa no va a pagar impuestos al municipio”, dijo Serra. 

Agregó que “existe una división partidaria seria, los concejales de los partidos de oposición sienten que no han sido tomados en cuenta. Los mismos concejales del Frente han dicho que no manejan información, no han sido consultados sobre la obre del canal y han expresado que van a ser perjudicados por el proyecto”.

La economía local de los municipios sería afectada, se aumentaría la migración, y ya hay afectaciones a la producción, según el estudio.

Productores de la comunidad El Tule, municipio de San Miguelito, expresaron recientemente a Onda Local, que no están siendo sujetos de crédito por parte de las financieras locales y regionales ante la incertidumbre que existe en el lugar por no saber la ruta exacta por donde pasaría el canal.  

“Son 120 mil personas, 24 mil familias, las que van a ser afectadas, que viven en 282 asentamientos. Es difícil cuantificar la infraestructura que sería afectada. Estamos hablando, más o menos, de 15 mil viviendas, cientos de iglesias, bodegas, oficinas, escuelas, centros de salud, de las inversiones que tienen las fincas porque son lugares agropecuarios, tendido eléctrico, pozos. Todo eso prácticamente desaparecería”, explicó Serra.

El desplazamiento forzoso de más de 24 mil familias de sus territorios, que significaría la ruptura de las redes familiares, comunitarias y organizativas, el deterioro en sus condiciones de vida y empobrecimiento drástico, es uno de los efectos más relevantes que ocasionaría la construcción de El Canal, advierte la investigación.

“se desconoce un plan de reasentamiento de la población. Vamos a tener 120 mil personas que van a ser desplazadas forzosamente, que hasta el momento si les pagan de acuerdo a la ley, sólo les van a pagar con el valor catastral. Con ese valor mínimo no pueden comprar otra propiedad, tampoco tienen las alternativas de trabajo. La población caerá en la pobreza o en la pobreza extrema, que va a invadir las zonas de reserva o va a asentarse en lugares espontáneos o al lado de los cauces, aseguró Luis Serra.  

Además, informó que el Centro Humboldt, el Grupo Cocibolca, la Red Local y otras organizaciones ambientalistas han solicitado el Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS), entregado recientemente por ERM al Gobierno de Nicaragua y a la empresa HKND.