CIDH: Urge que el Estado de Nicaragua cese la represión y libere a presos políticos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)a través de un comunicado, instó al Estado de Nicaragua ponerle fin a la persecución y las detenciones arbitrarias ocurridas en las últimas semanas. También, demandó la liberación inmediata de todas las personas que se encuentran detenidas por el  contexto de la crisis sociopolítica en Nicaragua desde 2018.

Desde el pasado 09 de junio, la CIDH condenó la detención y criminalización de Cristiana Chamorro Barrios, Arturo Cruz Sequeira, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro García, precandidatos a la presidencia. Asimismo, manifestó su preocupación por las detenciones ocurridas entre el  08 y 14 de junio de Violeta Granera Padilla, José Adán Aguerri Chamorro, José Bernard Pallais Arana, Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil, Suyen Barahona, Hugo Torres, Victor Hugo Tinoco y Tamara Dávila, esta última informó posee medidas cautelares de la Comisión. 

La Comisión señaló que el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) recibió información y testimonios que presentan el empleo desproporcionado de la fuerza de la Policía al realizar las detenciones, agregaron que en la mayoría de los casos, se indicó el allanamiento de los domicilios alegadamente, sin mediar orden judicial.

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En el informe, la CIDH destacó que los familiares de las personas detenidas no han recibido información sobre ellos y han restringido que los familiares les proporcionen sus alimentos a excepción de líquidos, pero no han confirmado la entrega de los mismos y sin saber si se encuentran en dicho lugar. La comisión expresó su preocupación por la salud de José Pallais, de quien les informaron que sufrió una descompensación y podría encontrarse en estado delicado.

“Familiares y organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación por la falta de información sobre el lugar donde se encuentran las personas detenidas, y sobre su estado de salud. Desde el 08 de junio no se conoce el paradero de Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro. Algunos de los familiares de las personas detenidas acudieron cotidianamente a las instalaciones del Chipote para verificar la ubicación de sus familiares y, en su caso, proveer alimentos e insumos básicos”.

La CIDH expresó a través del comunicado que con la información recibida el Estado de Nicaragua no está garantizando a las personas procesadas el derecho a una defensa legal adecuada, “no cuentan con acceso a sus abogados y representantes legales, y la mayoría se encuentran incomunicadas. Asimismo, la CIDH recibió información sobre la realización de audiencias "secretas", sin representación legal, realizadas en instalaciones distintas a los juzgados y tribunales de Managua”.

A excepción del caso de Cristiana Chamorro, las demás personas detenidas están siendo investigadas bajo la Ley 1055, “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz", por realizar actos que, "menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación".

Según la CIDH desde abril de 2018 la situación de derechos humanos en el país ha seguido deteriorándose, “en un contexto de impunidad generalizada y el prolongado quebrantamiento del Estado de Derecho. A la fecha, la respuesta violenta del Estado ha resultado en al menos 328 víctimas fatales; más de 2000 personas heridas; más de 100.000 personas que han migrado a otros países, la mayoría de ellas en busca de protección internacional; más de 1600 personas privadas de la libertad, ilegal y arbitrariamente en diferentes momentos de la crisis. De acuerdo con el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, articulado por la sociedad civil local, hasta la fecha, más de 124 personas permanecen privadas de libertad de manera arbitraria”.