Familias de Dipilto temen expropiaciones por la Ley de Territorio Fronterizo

La entrega de al menos 165 notificaciones de desalojo a familias de Dipilto, Nueva Segovia, por parte del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), ha encendido las alarmas en este municipio fronterizo con Honduras. Las personas afectadas temen la aplicación de la Ley de Territorio Fronterizo y perder sus propiedades sin derecho a indemnización.  El MTI les ha dado un plazo de 15 días para desalojar las áreas afectadas.

“Se le notifica que debe despejar el derecho de vía para lo cual se le da un plazo de 15 días calendario a partir de la presente notificación, en caso contrario, una vez vencido el termino concedido, este ministerio se reserva el derecho de actuar conforme a lo establecido en la legislación vigente”, dice el documento del MTI entregado.

Aunque el MTI se ampara en la Ley de Derecho de Vía sin mencionar de forma explícita la Ley de Territorio Fronterizo, deja la puerta abierta al advertir que actuará conforme a la legislación vigente. Esto preocupa a las familias, ya que la nueva normativa fronteriza forma ahora parte de ese marco legal, advirtió un jurista consultado por Onda Local.

Otro factor que genera incertidumbre es el hecho de que las notificaciones no hacen referencia a las indemnizaciones que la Ley de Expropiación establece cuando una propiedad o parte de esta es declarada de utilidad pública.

El artículo 4 de la Ley de Expropiación o Ley 229, establece que no podrá llevarse cabo ninguna expropiación, sin antes haberse declarado la ejecución de una obra, servicio o programa como “utilidad pública o interés social” asimismo establece que se deberá fijar una “justa indemnización” y que se deberá hacer un “pago en efectivo de la Indemnización a quien corresponda”.

Temor es latente y se acrecienta

Lo anterior acrecienta el temor de que posteriormente el régimen alegue que las propiedades afectadas son propiedad del Estado porque así lo que establece la Ley de Territorio Fronterizo.

La zozobra que se apodera de las familias afectadas surge en el contexto del proyecto: “Ampliación del Acceso al Puesto Fronterizo Las Manos, Dipilto (11.67 km)”, que forma parte del préstamo de 138 millones de dólares otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a Nicaragua, para el financiamiento del XI Programa de Ampliación y Mejoramiento de Carreteras, el que incluye mejoramiento de vías en distintos puntos del país.

De acuerdo al MTI la ampliación del acceso al Puesto Fronterizo Las Manos, tendrá 11.67 kilómetros de longitud, y la carretera pasará de 2 a 4 carriles  con 3.6 metros de ancho cada carril. En ese sentido todas las propiedades ubicadas en la ruta de la carretera, al ser ampliada se verán afectadas parcialmente.

Totalidad del municipio sería propiedad del Estado según Ley de Territorio Fronterizo

El temor de las familias dipilteñas afectadas no es para menos. Dipilto es el segundo municipio más pequeño del departamento de Nueva Segovia después de Ocotal, tiene una extensión territorial de 104.9 kms².

Lo que agrava la situación es que la totalidad de la extensión territorial de Dipilto, está dentro de los 15 kilómetros desde la línea fronteriza hacia el interior del país, que la Ley de Territorio Fronterizo declara “propiedad del Estado”.

Expertos han advertido que al pasar a ser propiedad del Estado, la franja de 15 kilómetros que establece la nueva ley de fronteras aprobada en agosto de 2025, el régimen Ortega Murillo podría argumentar que quienes ahí habitan no tienen derecho a indemnización, sobre todo porque la normativa es muy ambigua.

No obstante, según el experto consultado por Onda Local, para declarar de utilidad pública cualquier propiedad privada, la Procuraduría General de Justicia, lo debe hacer oficial mediante acuerdo administrativo el cual deberá publicar en el Diario Oficial La Gaceta.

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