Audiencias secretas son inconstitucionales y violatorias del derecho a la defensa de la familia Chamorro

El equipo de defensa de la familia Chamorro y de las personas extrabajadoras de la Fundación Violeta Barrios acusadas por el Ministerio Público por los supuestos delitos de lavado de dinero, falsedad ideológica y gestión abusiva, manifiesta que las audiencias secretas son inconstitucionales y violatorias del derecho a la defensa.

El Ministerio Publico informó que el día 23 de agosto, presentó escrito de ampliación de la acusación en contra Cristiana María Chamorro Barrios y acusación contra Marcos Fletes, Walter Gómez, Carlos Fernando Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro, Emma López, Pedro Vásquez, Ana Elisa Martínez, Guillermo Medrano y María Lourdes Arroliga.

El escrito fue presentado a las tres de la tarde del día 23 y en menos de 24 horas, según el Comunicado 64-2021, se realizó la audiencia inicial. El Juzgado decretó medida de prisión preventiva para quienes ya se encuentran bajo detención judicial y orden de detención contra quienes no están detenidas.

Los abogados defensores de los acusados denunciaron que no fueron notificados para presentarse a dicha audiencia, como manda la ley, sino que se enteraron por medio del comunicado de la Fiscalía. Además, continúan sin tener acceso al expediente y desconocen si realmente se dio la audiencia con la asistencia de los acusados.

Agregaron que en el sistema informático de los juzgados sigue sin aparecer información de los casos y no hay referencias algunas sobre audiencias de los casos. La audiencia que según el Ministerio Publico se realizó el día 24 de agosto, además de secreta, es totalmente nula porque se ejecutó sin la participación de los abogados defensores nombrados por los acusados y sus familiares, consideran.

Los defensores de las personas acusadas denuncian que aún no les han permitido entrevistarse con sus representados, se les ha negado el acceso al expediente, no conocen el contenido de la supuesta acusación, menos las pruebas aportadas por el Ministerio Público. Además, afirman que cuando ya casi se cumplen los 90 días de la detención de sus defendidos, ni siquiera se les ha dado acceso al acta de la audiencia en la que se ordenó su detención. Lo anterior, manifiestan, viola el derecho Constitucional a la defensa y los derechos humanos de sus defendidos, quienes están prácticamente sometidos a un juicio arbitrario, violatorio de todo principio constitucional y lleno de nulidades.