Estados Unidos y Reino Unido sancionan a funcionarios del régimen de Daniel Ortega

Después que la Organización de Estados Americanos (OEA) desconociera las votaciones en Nicaragua realizadas el pasado 07 de noviembre, este lunes Estados Unidos y el Reino Unido sancionaron a políticos y funcionarios del régimen de Daniel Ortega. En el caso particular de Estados Unidos incluye sanciones al Ministerio Público. Reino Unido agregó en su lista a Rosario Murillo.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que los nueves funcionarios sancionados son “partidarios clave del régimen y sus políticas antidemocráticas” y es una respuesta a las “falsas elecciones nacionales” orquestadas por el régimen Ortega-Murillo.

Con las sanciones impuestas por Estados Unidos todas las propiedades e intereses en propiedad de estas personas que se encuentran en el país o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben informarse a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). “También se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más en total de una o más de esas personas. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas”.

El comunicado del Tesoro agrega que estas sanciones no pretenden ser permanentes, se emiten para fomentar un cambio positivo de comportamiento por parte de las personas identificadas y del régimen autoritario que apoyan. “Estados Unidos deja en claro que la eliminación de las sanciones puede estar disponible para las personas y entidades designadas, que tomen acciones concretas y significativas para promover la democracia y el estado de derecho en Nicaragua”.

En la lista de personas sancionadas e instituciones están:

Ministerio Público de Nicaragua

Según el documento publicado en el sitio web del Tesoro, esta entidad es sancionada por ser responsable o cómplice de haber participado o intentado participar directa o indirectamente en acciones políticas que atentan contra los procesos o instituciones democráticos en Nicaragua. 

“El Ministerio Público ha arrestado e investigado injustamente a candidatos presidenciales y les ha impedido postularse para cargos públicos, socavando así la democracia en Nicaragua. La Ley 1055 prohíbe desempeñar cargos públicos a cualquier persona que se considere “traidora”, como las que defienden la “injerencia extranjera” en Nicaragua u otras acciones que se considere que socavan la soberanía nicaragüense”.

En el documento destacan entre los casos llevados por la Fiscalía están los de los aspirantes presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora, las casi 40 personas detenidas desde finales de mayo, entre ellas líderes, líderesas la sociedad civil, sector privado, estudiantes y periodistas.

Luis Ángel Montenegro Espinoza

Es el superintendente de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), “ordenó a los bancos cumplir con una solicitud del Ministerio Público de auditar y entregar información financiera de 13 altos ejecutivos y empresarios de conformidad con la Ley 1055 por ser objeto de una investigación”.

Estados Unidos, destaca que en abril de 2020 la SIBOIF emitió un reglamento que, “implementa las reformas de febrero de 2020 a la Ley de Protección al Consumidor y Usuarios, que prohíbe a los bancos en Nicaragua, sin razón reconocida por la ley nicaragüense, negar servicios financieros a sus clientes”.

José Adrián Chavarría Montenegro

Viceministro de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua, “reemplazó como miembro del directorio de la Compañía Nacional de Transmisión Eléctrica al designado por Estados Unidos, Iván Adolfo Acosta Montalván, quien organizó un importante apoyo financiero al régimen de Ortega”.

Rodolfo Francisco López Gutiérrez

Director Gerente de la Distribuidora Eléctrica del Norte y Distribuidora Eléctrica del Sur (DISSUR), “está designado por ser funcionario del Gobierno de Nicaragua o por haberse desempeñado como funcionario del Gobierno de Nicaragua en cualquier momento a partir del 10 de enero de 2007”.

José Antonio Castañeda Méndez

Presidente del Instituto Nicaragüense de Energía, “designado por ser funcionario del Gobierno de Nicaragua o por haberse desempeñado como funcionario del Gobierno de Nicaragua en cualquier momento a partir del 10 de enero de 2007”.

Mohamed Farrara Lashtar

Embajador de Nicaragua en Argelia, Egipto, Jordania, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. “Lashtar está designado, por ser funcionario del Gobierno de Nicaragua o por haberse desempeñado como funcionario del Gobierno de Nicaragua en cualquier momento a partir del 10 de enero de 2007”.

Salvador Mansell Castrillo

Ministro de Energía y Minas de Nicaragua, “está designado por ser funcionario del Gobierno de Nicaragua o por haberse desempeñado como funcionario del Gobierno de Nicaragua en cualquier momento a partir del 10 de enero de 2007”.

Sadrach Zeledón Rocha

Alcalde de Matagalpa, “contribuyó a la violencia infligida contra las manifestaciones de ciudadanos nicaragüenses que comenzaron en abril de 2018. Estaba vinculado a las acciones de las fuerzas paramilitares, la Policía pro-Ortega y grupos de choque que cometieron graves abusos contra los manifestantes”.

Leonidas Centeno Rivera

Alcalde de Jinotega, “está directamente vinculado a instancias de represión en Jinotega durante las protestas de 2018. En particular, los ataques con armamento pesado llevados a cabo por paramilitares mataron a cuatro personas, y miembros del personal de la alcaldía de Centeno participaron activamente en la represión de los manifestantes”.

Francisco Ramón Valenzuela Blandón

Alcalde de Estelí, “ordenó colocar francotiradores para apuntar a los manifestantes durante las protestas de 2018”.

Sancionados por Reino Unido

El Reino Unido impuso sanciones contra ocho personas, que incluyen prohibiciones de viaje y congelamiento de activos a las personas responsables de socavar los principios e instituciones democráticas de Nicaragua, la comisión de graves violaciones de derechos humanos y la represión de la sociedad civil.

Wendy Morton, Ministra para Europa y América, mencionó que el régimen de Ortega está negando al pueblo nicaragüense sus derechos humanos fundamentales. “Las recientes elecciones presidenciales fueron manipuladas y políticos de la oposición, manifestantes pacíficos han sido encarcelados sistemáticamente por motivos políticos”.

La lista de personas sancionadas incluye a Rosario Murillo, “por su participación en la represión estatal de manifestaciones, el descrédito de periodistas independientes y la exclusión de candidatos de la oposición de las elecciones”, señala el comunicado.

La Fiscal General Ana Julia Guido Ochoa y Alba Luz Ramos Vanegas, Presidenta de la Corte Suprema de Justicia también están dentro de la lista de personas sancionadas, “por su papel en la restricción del acceso a juicios libres y justos y otros actos que atentan contra el estado de derecho, junto con un alto comisionado de la Policía Nacional de Nicaragua por su participación en el proceso. hostigamiento a manifestantes durante las manifestaciones de 2018”.

A la lista se suman:

• Gustavo Eduardo Porras Cortés, presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua.
• Fidel Antonio Moreno Briones, Secretario General de la Alcaldía de Managua y Secretario de Organización del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
• Lumberto Ignacio Campbell Hooker, exvicepresidente y presidente interino y actual magistrado del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua.
• Juan Antonio Valle Valle, comisionado superior de la Policía Nacional de Nicaragua (PNN).
• Fidel de Jesús Domínguez Álvarez, Comisionado Jefe de Policía del Departamento de León.

Estados Unidos destacó que esta acción es un mensaje inequívoco a Daniel Ortega, Rosario Murillo y su círculo íntimo que, “apoyamos al pueblo nicaragüense en sus llamados a la reforma y al retorno a la democracia”.

Por su parte, en el comunicado el Reino Unido explicó que estas sanciones garantizarán que, “los responsables de los ataques a la democracia en Nicaragua enfrenten un costo real por sus acciones”.