Régimen de Daniel Ortega suplanta a las autoridades comunales y territoriales del Caribe Sur

El Estado de Nicaragua ha socavado la autodeterminación y la autonomía de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua, mediante la imposición de gobiernos comunales y territoriales “paralelos”, nombrados ilegítimamente ya que no se apega a las costumbres y tradiciones. Estos gobiernos están conformados por funcionarios públicos e integrantes de las estructuras partidarias del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Los pueblos indígenas y afrodescendientes de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua están conformados por 304 comunidades en 23 territorios, tituladas a partir del año 2005 bajo el régimen de propiedad comunal, sobre una extensión territorial de 37 mil 841 km2, aproximadamente el 31,16% del territorio nacional. Estos pueblos tienen sus propios órganos de gobierno y de administración de sus recursos naturales denominados gobiernos comunales y territoriales indígenas y afrodescendientes. Además, coexisten otros tres niveles de gobierno: el Gobierno Central; el Gobierno Municipal y el Gobierno Regional (Consejos y Gobiernos Regionales). No obstante, los gobiernos territoriales y comunales, legítimamente electos conforme la tradición, han sido marginados y suplantados por los llamados gobiernos paralelos.

Los gobiernos tradicionales están siendo despojados de su autoridad. En su lugar, se han instalado juntas directivas leales al partido de gobierno (FSLN) que responden a sus intereses políticos. Para lograrlo, se han coludido todos los niveles de poder: el Gobierno Central, los gobiernos municipales y el Gobierno Regional que, a través del Consejo Regional, emite la certificación de los gobiernos comunales y territoriales, pasando por encima de la Ley 445 referida al Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz y del Estatuto de Autonomía.

Consulta previa, libre e informada, piedra en el zapato para proyectos extractivos

En 1995 el gobierno nicaragüense otorgó una concesión de 30 años de plazo a la firma maderera coreana Sol de Caribe S.A. (Solcarsa) para aserrar más de 62,000 hectáreas en el territorio de Awas Tingnis, compuesto por unas 142 familias Mayangna que viven a lo largo de la ribera del Río Wawa, en la Región Autónoma Costa Caribe Norte (RACCN). Esta comunidad, presentó una denuncia ante la CIDH contra el Estado de Nicaragua por no demarcar las tierras comunales de Awas Tingni y por no tomar las medidas necesarias para proteger los intereses y derechos de propiedad sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. La CIDH sometió el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la cual concluyó que Nicaragua había violado el derecho a la protección judicial y la propiedad colectiva. Fue así como, el 31 de agosto 2001, la Corte ordenó a Nicaragua demarcar las tierras tradicionales de los indígenas y establecer nuevos mecanismos legales para demarcar todas las tierras de comunidades autóctonas.

Con ese mandato, el 22 de enero de 2003, la Asamblea Nacional aprobó la Ley 445, referida al Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz, con el objetivo de asegurar el territorio de estas comunidades, las que hoy en día, siguen luchando por conservar lo que en derecho les corresponde.

“Esta ley permite que las comunidades puedan reivindicar los derechos constitucionales específicamente para titular sus tierras, nombrar sus autoridades territoriales, administrar y gerenciar sus recurso naturales en coordinación con las autoridades regionales y los ministerios del gobierno central, un proceso que no está ajeno de la manipulación política partidaria y la obsesión por el poder de algunos líderes con el objeto de enriquecerse y gozar de prebendas personales en círculos familiares y de amigos”, dijo al Nuevo Diario en septiembre del 2001 el exalcalde de Bluefields, Moisés Arana.

Según Dolene Miller, exintegrante del Comité Nacional de Demarcación y Titulación (CONADETI) el gobierno de Daniel Ortega observó que la demarcación territorial representaba un obstáculo para las concesiones de recursos naturales en los comunidades indígenas y afrodescendientes.

Gobiernos paralelos obedientes a lineamientos del Frente Sandinista

De acuerdo con las fuentes consultadas para este reportaje, los gobiernos paralelos impulsan una agenda partidaria en detrimento de los derechos a la autodeterminación y la autonomía de las minorías étnicas. Estos son utilizados para avalar proyectos extractivos y usurpar tierras, con lo cual, el Estado justifica la aplicación de la normativa internacional requerida para los procesos de consulta previa, libre e informada. 

Los gobiernos paralelos son estructuras impuestas por el régimen de Daniel Ortega como parte de su estrategia para suplantar a las directivas de los gobiernos tradicionales de las comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe y sus funciones.

Los gobiernos paralelos no son electos por la comunidad sino por operadores políticos del Frente Sandinista con la venia del Consejo Regional que, en lugar de autorizar y certificar a las autoridades comunales y territoriales, termina avalando a las personas impuestas por el régimen de Daniel Ortega “En el año 2016 para las elecciones del Consejo Regional ya había interés de agregar, sesgo político partidario, porque es el Consejo Regional que certifica los gobiernos tradicionales. Si el Consejo Regional no te certifica, prácticamente no tienes una especie de personería jurídica para realizar tus gestiones incluyendo la gestión ante el Ministerio de Hacienda para tramitar el 25% de los fondos, la intención era alinear todo en una sola visión política partidaria”, dice Dolene.

Las consecuencias de la imposición de los Gobiernos Paralelos La consecuencia de esta imposición ha sido letal para la autonomía regional y se manifiesta en la pérdida de la autoridad tradicional. Y, por ende, en la entrega de los territorios indígenas y afrodescendientes a los intereses extranjeros. Con el control del poder comunitario, el Gobierno Central tiene “Cancha abierta” para otorgar concesiones de exploración y explotación de recursos naturales, energéticos, pesqueros, madereros y mineros, como en efecto ocurrió con la concesión del Canal Interoceánico, entregada en junio de 2013 por la Asamblea Nacional y avalada ilegalmente por el Consejo Regional. El 52% de la ruta seleccionada está en tierras indígenas y afrodescendientes y el 93% en territorios reclamados por la Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields.

Consulte acá la cronología de los Recursos de Amparo presentados por las Autoridades Indígenas y Afrodescendientes con relación al Canal Interoceánico por Nicaragua.  

En la mayoría de los casos, los gobiernos paralelos se han creado en los territorios donde existe explotación o exploración de aprovechamiento de recursos naturales por grandes transnacionales como el gran canal, (Bluefields), la hidroeléctrica Tumarin en el municipio de La Cruz del Rio Grande, el puerto de aguas profundas, la construcción de la carretera a Bluefields, el aprovechamiento de oxígeno en la cuenca de Laguna de Perlas, entre otros.

Dolene Miller, exintegrante de la CONADETI señala que “hay áreas de mucha importancia en la Costa Caribe que están en manos de los gobiernos comunales y territoriales, por ejemplo, la empresa brasileña Galvao para el proyecto de la hidroeléctrica de Tumarin y parte de este proyecto está localizado en territorio indígena que administra el gobierno Awaltara en La Desembocadura del Río Grande.

El Gobierno Territorial de Awaltara reclaman ese territorio como un área complementaria a su territorio que estaba haciendo demarcado, pero unos meses después de que les entregaron el título en el 2008, la zona donde está el proyecto hidroeléctrico quedó casi a 500 metros de la línea de la demarcación del territorio.

“Lo que encontramos fue que el gobierno necesitaba esas tierras fuera de las manos de la comunidad porque la comunidad tenía derecho de decidir sobre su participación en el proyecto”, señala Miller.

“Para mí empezó un mal manejo lo que hizo la comunidad de Awaltara fue de aceptar el territorio con la promesa de que ellos podían solicitar el área complementaria, pero hasta el momento no ha sido tomada en cuenta y ahí fue donde empezamos a ver que el gobierno empieza a identificar que el proceso de la demarcación territorial pudiera crear un conflicto para el Estado, especialmente cuando había intereses de proyectos grandes megaproyectos”, asegura Dolene Miller.

En abril del 2008, el gobierno otorgó dos contratos de exploración y explotación de petróleo y reserva de gas natural en el mar caribe a las empresas estadounidenses: MKJ Exploraciones Internacionales S.A., socio del consorcio Noble Energy e Infinity Energy Resources, INC. En Julio del 2013, el Estado también entregó una concesión a la empresa española Repsol Exploración S. A. para hacer exploración de petróleo en la región.

“Recuerdo que, en una de las presentaciones del proyecto para la concesión de hidrocarburos, habían venido funcionarios del Ministerio de Minas. Ellos prácticamente parecían que fueran los dueños del proyecto; entonces nosotros les dijimos: un momento aquí ustedes vienen por parte del Ministerio de Minas como supervisores o para proteger a nosotros, porque a como están hablando parecían socios de la empresa Infinity”, recuerda Dolene.

Miller les cuestionó por qué el Consejo Regional iba a avalar la concesión sin haber hecho la consulta previa, libre e informada. “Ellos decían que el Estado Nicaragua, tiene todo el derecho de hacer estos proyectos, pero nosotros le recordamos que también existen leyes que obligaban al Estado a cumplir los procedimientos”.

Las concesiones madereras en el área de Tasbapounie y la palma africana de Kukra Hill que colinda con Bluefields y Laguna de Perlas, también son casos en los cuales se reflejan los intereses económicos y políticos, expresa Dolene Miller.

“Ellos siempre han temido que la comunidad despierte su interés de conocer cuáles son sus derechos.  Al final lo único que estamos demandando es la consulta previa libre e informada a cualquiera concesión y antes que el Consejo Regional otorgue un aval, tiene que pasar por la concesión de las comunidades”, sostiene la líder.

Al ver que había mucha oposición de base a este tipo de proyectos el Gobierno Central prefirió “eliminar esa resistencia” creando los gobiernos paralelos. “Estos fueron incidentes definitivos para crear los gobiernos paralelos, para mí, fueron suficiente para que el gobierno dijera: no podemos dejar en manos de estos comunitarios la decisión de estos megaproyectos (…) por lo tanto tenían que buscar una estrategia para controlar y que las comunidades no estuviesen cuestionando las decisiones del Estado”, explica Dolene Miller.

Para Miller, la estrategia para suplantar a las autoridades legítimas utiliza a algunos pastores de iglesias Creole como supuestos mediadores. “Como se ha corrompido la conciencia con bonos de tierra, estos hacen eco de los demandantes al decir que entorpecen el desarrollo”.

Otra situación que observa Miller es que la estrategia busca alinear a todas las estructuras de gobierno, sin que se discutan las decisiones del gobierno central, en nombre de la llamada “disciplina partidaria”.

Rendell Heberth, miembro de la comunidad indígena Ulwa de Karawala y expresidente del Consejo Regional por las comunidades indígenas de la Desembocadura del Rio Grande, señala que esta estrategia del gobierno de Daniel Ortega de crear gobiernos paralelos no es nueva ya que, desde la anexión forzada de estas regiones al resto del país, ha dominado una relación colonialista de ocupación manejada por los caudillos de turno.

“Desde Zelaya hasta Somoza, desde Arnoldo hasta Ortega, la forma de gobernar ha sido imponer un sistema neocolonial, administradas por caudillos poderosos, es una especie de “Plan Colonia”, asevera Rendell Heberth.

“Zelaya anexó el territorio, pero no lo dominó y eso es lo que ha pretendido hacer el Frente desde los años 80s, controlar y dominar el Caribe, nadie en la Costa olvida la navidad roja de Tomas Borge, cuando intentó arrodillar al pueblo miskito”, añade.  

Para el académico costeño en ciencias políticas, Joseph Smith, la implantación de gobiernos paralelos responde a una política de gentrificación del Estado para para despojar a grupos minoritarios de sus propiedades. “Esto funciona de la siguiente manera: las entidades poderosas como el gobierno, se juntan con los ricos y crean problemas artificiales dentro de las comunidades para quitarle sus territorios, para quitarle sus propiedades y después ellos se asientan sobre esas propiedades”.

“El pobre o el lugareño ya no puede volver otra vez a su a su propiedad y un ejemplo de eso es lo que ha ocurrido con la presa de Tumarín, donde se tomaron todas esas tierras para decir que habían creado una presa, y nos dimos cuenta de que era un completo fraude. Esas tierras nunca regresaron a su dueño originales. Quiénes se adueñaron de esa tierra”, cuestiona Smith.

El caso del gobierno comunal Criole de Bluefields (GCCB)

La Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields es la comunidad afrodescendiente más numerosa de Nicaragua. La mayor parte de su población está ubicada en en el municipio de Bluefields. Según datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) de 2005 tiene 35,242 habitantes, de los cuales el 25.9 por ciento se auto identifica como Creole. No obstante, los lideres consideran que los datos de población Creole del INIDE están subestimados

El Territorio de esta comunidad está localizado en los municipios de Bluefields, Kukra Hill, Rama, Nueva Guinea, Muelle de los Bueyes y el Ayote; y parte del departamento del Río San Juan. 

La profesora Nora Newball recuerda que, en 2003, cuando participó en una de las primeras asambleas comunales en la escuelita del Barrio Beholden, no tenía idea a lo que se enfrentaba como líder comunitaria, joven afrodescendiente y madre de tres hijos.

“Yo escuchaba a nuestros líderes diciendo que debíamos recuperar nuestro territorio, los escuchaba en la radio, en las calles, en las asambleas. Ese día yo me encontraba en esa reunión de la escuelita y escuché que la gente me proponía como directiva para lo que sería el Gobierno Comunal Creole de Bluefields, tenía mis temores, pero como sabía que era un reclamo histórico acepté”, señala Nora.

Así se constituyó el Gobierno Comunal Creole de Bluefields (Black Creole Indigenous Government of Bluefields) integrada por los 18 barrios de la Ciudad de Bluefields, incluyendo a El Bluff. En sus inicios, la profesora Nora estaba animada y comenzó a concretar la idea del gobierno comunal, a pesar de los pocos recursos con los que contaba.

“Pedimos un espacio en el Consejo Regional y ahí comenzamos poco a poco a establecernos para funcionar. En ese momento, éramos sujetos de risa y burla de algunos funcionarios que me decían: Vos y tu gobierno”, señala.

Nora recuerda que se quedó sola, sin el apoyo de nadie; incluso, los operadores políticos del Frente Sandinista, en se momento, opositores, se habían ido del país y regresaron a Bluefields previo a las elecciones presidenciales de 2006.

Los diferentes líderes afrodescendientes coinciden que el Frente Sandinista cuando estaba en la oposición era un animador para el desarrollo de las organizaciones locales, pero una vez que llegaron al gobierno empezaron a querer el control absoluto de las estructuras territoriales organizadas.

“En el año 2008, que empezó el gobierno el gobierno sandinista, vino a abortar completamente el proceso, creando Gobiernos paralelos, que respondieran a sus intereses políticos y partidarios”, señala Nora.

La líder afrodescendiente agrega que el problema para los sandinistas fue el reclamo de los territorios ancestrales de más de un millón de hectáreas que incluyen los municipios de Bluefields, El Rama, Muelle de los Bueyes, Nueva Guinea y El Ayote. Estos municipios geográficamente pertenecen a la Región del Caribe Sur, pero son administrados por Chontales.  

En diciembre de 2006, el Gobierno Comunal Creole de Bluefields inició el proceso para lograr la demarcación de su territorio ante la Comisión Nacional de Demarcación Territorial (CONADETI). La petición fue admitida en 2010, sin embargo, la propuesta de las autoridades auténticas permanece estancada, en el 2016 el gobierno de Ortega entregó al gobierno paralelo del territorio Creole de Bluefields título por 940.50 km2 menos del 5% del territorio reclamado.

El Gobierno Comunal Creole logró en este periodo organizar directivas comunales en las 18 comunidades y barrios de Bluefields y El Bluff; así como, representaciones en los territorios reclamados de El Rama, Muelle de los Bueyes, Kukra Hill y Nueva Guinea, logrando acuerdo del traslape de sus territorios con los pueblos colindantes, sobre el territorio Rama y Creole de la Cuenca de Laguna de Perlas. Asimismo, logró diseñar su propio diagnóstico base para fundamentar su demarcación, cuenta con su reglamento interno y trabajó un censo parcial de la comunidad como representación legítima de este pueblo.

Pero, haber alcanzado este nivel de organización les costó a sus representantes afrodescendiente Nora Newbal y Dolene Miller una serie de ataques, despojos, agresiones e intimidaciones.

Cuando Nora Newball estaba a punto de darse por vencida, le recomendaron que buscara la ayuda de Dolene Miller, una socióloga afrodescendiente que había trabajado en la CONADETI y podía acompañarle en esta lucha.

“Fui donde Dolene, ella me explicó muchas cosas que no entendía de todo este proceso, y desde ese día hasta ahora estamos aquí (18 años)”. Así juntas con el acompañamiento de líderes afrodescendiente como: Wade Hawking (QEPD), Owen Hodgson, entre otras personas notables y organizaciones, han hecho frente a la escalada de obstáculos del Gobierno Central.

Nora y Dollene realizan un programa de radio llamado: “Demarcation Now” desde el 2005 para sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la demarcación y titulación de sus territorios, pero por orientaciones políticas del Gobierno Sandinista, les cerraron las puertas en las radios Punto 3 de Anthony Mathew y la Bluefields Estéreo del gobierno regional. Actualmente, transmiten el programa en la emisora más pequeña de Bluefields, Estéreo 99, incluso han sido tildadas por operadores políticos negros a fines al régimen, de hostigadoras, asesinas y confrontativas por explicar, exigir y demandar sus derechos.

“Nos sacaron de cada radio, por estar creando conciencia a nuestra población sobre sus derechos, nosotros hablamos de todo el proceso de demarcación que nos mandata la ley 445, porque el pueblo no sabe nada de eso, de esta parte de la historia, nosotros no lo estudiamos en las clases de historia o de Geografía, eso no existe en el programa educativo porque siempre se ha ocultado la verdadera historia de la Costa Caribe”, recuerda Nora.

Por esta lucha coherente, ambas han sido relegadas. El 4 de febrero de 2014, Merando Hodgson interpuso un Recurso de Amparo conta la presidenta del Consejo Regional de la RACCS, en la que pone en entredicho la legalidad de la certificación en la que se reconoce la elección de la Junta Directiva del GCCB del 21 de diciembre de 2013, presidido por Nora Newball. Este recurso fue usado por los funcionarios públicos como creador de un supuesto vacío de poder en el GCCB, que dio origen a la ilegal conformación del gobierno paralelo representado por Ralph Mullins (QEPD) Posteriormente, Hodgson aseguró públicamente que después de haber presentado el Recurso no se presentó ante la Corte Suprema de Justicia. Lo cual, según la Ley de Amparo, dejaría el recurso sin efecto.

En septiembre del 2014 el gobierno sandinista impuso el primer gobierno comunal paralelo a través del secretario político Johnny Hodgson, quien junto a los concejales regionales y municipales y pastores con intereses económicos incentivaron e instalaron una junta directiva que responde a los intereses políticos partidarios del Frente Sandinista, esto suscitó la reacción de la comunidad Creole, pero fueron intimidados, agredidos, desalojados de sus instalaciones y vapuleados por antimotines, señala la profesora Nora Newbal

Newbal señala que, pese a toda esta maraña de obstáculos en contra de estas autoridades representativas del pueblo Creole, el GCCB no sólo ha resistido la maquinaria política partidaria de los operadores políticos y la mafiosa articulación del poder central para socavar esta organización que no acepta arrodillarse ante el estado tirano y opresor, y hoy en día pueden mostrase como la única representación autentica y legitima del pueblo Creole.

Mientras tanto, Dolene fue apartada de la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (CONADETI).  Miller, tercer vocal de la junta directiva de CONADETI, recurrió de amparo contra Judy Abraham, presidenta de la CONADETI por permitir que Ralph Mullins, presidente del gobierno paralelo, usurpara su cargo en la directiva. El 2 de septiembre de 2015, la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua resolvió NO HA LUGAR al recurso de Dolene Miller.    

Golpe al Gobierno Territorial de Laguna de Perlas

En Laguna de Perlas el Gobierno Territorial presidido por Warner Cayasso fue suplantado. En su lugar, el partido gobernante impuso un gobierno paralelo. Cayasso no era la persona que el Frente Sandinista necesitaba en ese puesto porque él siempre estaba demandando el cumplimiento de los procedimientos para las exploraciones y explotación de recursos, desde las concesiones para la palma africana, la explotación de los bancos de piedras para la construcción de la carretera, la instalación de las plantas procesadoras de mariscos, el proyecto de café robusta y hasta la negociación del carbono en la Cuenca de Laguna de Perlas.  

El 11 de agosto de 2020, Warner recurrió de amparo ante el Tribunal de Apelaciones de Bluefields en contra de la certificación otorgada por el Consejo Regional al señor: Roggie Glendon Humphreys Nickens, como nuevo presidente del Gobierno Paralelo Territorial de la Cuenca de Laguna de Perlas. No obstante, la gestión de Warner no tuvo éxito.

Humphreys era coordinador de la Juventud Sandinista en la comunidad de Haulover, y el acta de esta certificación fue firmada por Shaira Downs Morgan; presidenta del Consejo Regional, Kensei Sambola; segunda secretaria, Betty McCrea; segunda vocal, Elvin Benavidez y Dumar Quiroz, asesores legales.

El pecado de Warner Cayasso fue no avalar un acuerdo entre el Gobierno Regional y el Gobierno Territorial Indígena y Afrodescendiente de la cuenca de Laguna de Perlas para la transferencia de la titularidad exclusiva ante el programa de reducción de emisiones por deforestación.

“Nos habían citado en Bluefields en noviembre del 2019 para la firma de ese documento. Mi error fue preguntar los detalles de ese acuerdo, en qué beneficia a nuestras comunidades (…) Yo les decía que no podía firmar si aún no habíamos hecho la consulta a las 10 comunidades de la cuenca”, señala.

Warner recuerda que ese día estaba tensionado. Recibía llamadas presionándolo para que firmara. “Eran días difíciles por tan sólo tratar de hacer las cosas correcto, porque yo, solo represento a la comunidad, no decido por mí mismo cuando son asuntos que involucra a la gente”, señala.

Igual ocurrió con la concesión del banco de piedra que explotó la empresa MECO para la construcción de la carretera entre Kukra Hill y Laguna de Perlas, donde el mismo Gobierno Regional le dio la potestad a la Comunidad de Haulover para esa explotación, incentivando pugnas internas entre las comunidades.

En 2018, la concejal regional Shaira Downs -exliberal y ahora aliada al Frente Sandinista- en ese tiempo coordinadora del Gobierno de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur; actualmente presidenta del Consejo Regional envió una carta a la empresa MECO solicitándole entregar el pago de la extracción del banco de material a una cuenta mancomunada entre la comunidad de Haulover y el gobierno regional, usurpando los derechos patrimoniales del Gobierno territorial de Laguna de Perlas.

“No estoy de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno, porque me siento como esclavo todavía, ellos quieren que yo solo diga si y que no puedo pensar”, asegura Warner Cayasso, presidente del Gobierno Territorial de las 10 comunidades indígenas y afrodescendientes de la Cuenca de Laguna de Perlas  

Warner señala que los comunitarios se resisten a recibir órdenes de los funcionarios políticos del Frente Sandinista de Bluefields por su forma de operar al enviar cartas a última hora, llegar a las comunidades sin avisar, coordinar y dar poder a los miembros del partido sandinista para que organicen y desarrollen las actividades comunitarias para proyectarlas como actividades de apoyo al régimen.

Frente Sandinista vetó elección de Princess Barberena  

En noviembre de 2018, Princess Barberena fue electa presidenta del Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTRK), pero el Consejo Regional no le otorgó la certificación, ni la acreditó como tal, aduciendo que el proceso no fue transparente.

El Consejo Regional prefirió extender por seis meses el periodo del presidente del GTR-K, Héctor Thomas.  En junio de 2019, promovió y dirigió una asamblea para elegir a las nuevas autoridades, extralimitándose en sus funciones y competencias, donde impuso a Teodoro Jaime William, indígena del Pueblo Rama afín al partido de gobierno.

“Siento que fue una discriminación sólo por ser mujer, porque soy mujer negra”, considera Princess, quien recurrió de amparo, pero no tuvo ninguna repuesta. En un proceso de negociación con la comunidad fue nombrada vocal del GTRK.

El exconcejal regional, William Brown, quien ocupó el cargo de presidente de la comisión étnica del Consejo Regional durante el periodo 2014-2019, acompañó esa elección de parte del Consejo Regional, revela que el bloqueo a Princess Barberena no sólo fue un asunto de discriminación como ella piensa, sino que se trató de un montaje político.

“Cuando ella salió electa todas las actas estaba firmadas, pero la parte política del Frente en la región no estaba de acuerdo y no se le certificó porque ella no simpatiza con el gobierno. Yo fui personalmente donde Judith Abraham que era la presidenta del Consejo Regional y le dije: Judith por qué no se le va a certificar y ella me respondió: estamos consultando con Managua porque a ella la tienen como autoconvocada. Actualmente, los concejales regionales hacen sus funciones como un trabajo normal para ganarse un salario, a ellos no les importa si violentan el derecho de los costeños”, señala Brown.

Agrega que “existe una estrategia para mantener a los pueblos indígenas y negros en conflicto” para descabezar la autonomía regional y dar paso a los gobiernos paralelos. “Como dice el dicho divide y se vencerá (…) Cuando el Frente era oposición apoyó estos gobiernos comunales, pero ahora en el poder, es otra cosa”, asevera Brown.

Esta misma estrategia, amplía Brown, se la montaron al Gobierno Comunal Garífuna de Orinoco sustituyendo a la Junta Directiva de Carmela Baptist porque tampoco es sandinista y en su lugar llenaron de personas que realizan el trabajo político de ese partido en las comunidades garífunas de la Cuenca de Laguna de Perlas.

El caso de Awaltara

El territorio de Awaltara Luhpia Nani Tasbaya que, en español significa, la Unidad de los Hijos e Hijas del Río Grande de Matagalpa, está conformado por 16 comunidades: Tumarin Indígena, Walpa Dakra, Matagalpa, Siawas, Makantakita, Makantaka, Betania, Agloamérica, Company Creek, Guadalupe, La Esperanza, Kara, Karawala, La Barra, Walpa y Sandy Bay Sirpi. Además, incluye ocho Cayos: Botton Ki, Man of war Ki, Sula Ki, Waham Ki, Hawksbill Apaika Ki, Wiw kira Ki, Clarck Ki y Tairi Ki, este fue el sexto territorio en lograr su titulación.

Las autoridades legítimamente electas en Awaltara también fueron relegadas y sustituidas por afines al Frente Sandinista.  

El Gobierno Territorial Paralelo de Awaltara Lupia Nani Tasbaya (GTA) conformada por 16 comunidades indígenas Ulwas y Miskitas de la Desembocadura del Rio Grande, está liderado por el mestizo Moisés Loáisiga, como presidente de la directiva, a pesar de que no reside en ese territorio, pero es una ficha del partido Frente Sandinista en la Cruz del Rio Grande, un municipio bastión del liberalismo, que colinda y traslapa con territorios indígenas.

Hace unos meses el gobierno otorgó fondos por casi 6 millones de córdobas para la construcción de la Casa del Gobierno Territorial Awaltara, informó a la Radio Oficialista Bluefields Estéreo el 2 de septiembre.

La imagen de esta obra muestra en esencia la operación del gobierno de Daniel Ortega para suplantar las autoridades tradicionales por partidarios que responden a los lineamientos sin ningún cuestionamiento, es lo que llaman coordinación en lugar de dominio, control y manipulación.

Heberth recuerda que los caudillos son quienes animan estos paralelos para la usurpación de los territorios indígenas. “Todas nuestras comunidades están mostrando resistencia a la venta de tierras comunales y la toma de tierra por medio de la ganadería extensiva y el monocultivo en nuestras zonas que no son de vocación ganadera y son el botín para militares retirados, jefes de policías, familiares y allegados al gobierno”.

Heberth sostiene que la empresa de palma africana explota los recursos de forma ilegal porque ninguna autoridad territorial debidamente acreditada y representada, autorizo su operación, y el Consejo Regional es cómplice de este y otros proyectos de aprovechamiento ostentoso en la región.

Rayfield Hodgson, el político costeño que ha permanecido más tiempo en el poder, alternándose entre el Consejo y el Gobierno Regional, con cuatro periodos que le representan más de 15 años, en su papel de operador político del Frente Sandinista ha sido uno de los encargados de organizar las asambleas comunales paralelas.

Para él, lo que existen son pugnas internas, inmadurez, ambición y corrupción en los liderazgos. “El pueblo mismo es cómplice, si usted llama hoy a elecciones para cambiar al gobierno Creole, si usted no viene con dos millones de córdobas en la mano no lo va a quitar porque ellos también manejan el dinero, y ellos van a pagar a la gente o prometer un pedazo de tierra”, manifiesta Rayfield, quien agrega que, desde el 2003, los costeños a través de la CONADETI han recibido millones de dólares anuales y no se ha avanzado en el saneamiento de los territorios.

Guy Cox, quien también fungió como coordinador del Gobierno Regional  del Caribe Sur dice que alimentar las pugnas internas siempre ha sido tarea de los diversos gobiernos centrales. “Solo en nuestra región ha creado más de 16 juntas directivas paralelas, en Bluefields hemos tenido hasta tres juntas directivas del gobierno comunal con choques frontales. Esta instauración de los gobiernos paralelos es para mantener el control absoluto”, señala Cox.  

El manual para formalizar la imposición

En agosto del 2020, el consejo regional dominado por los sandinistas aprobó el manual de procedimiento para la certificación de autoridades territoriales y comunales del caribe sur, un instrumento que busca legitimar a los gobiernos paralelos

Dolene Miller, asesora del Gobierno Comunal Creole de Bluefields, señala que “este manual viola de forma flagrante la ley 445 y los derechos de las asambleas comunales como la máxima autoridad.

El Consejo Regional ha sido responsable de crear gobiernos comunales paralelos y de aprobar concesiones para la explotación de los recursos naturales en tierras comunales sin la realización del proceso de consulta previa, libre e informada de las comunidades, que son las que posee el dominio pleno de sus tierras comunales.

Por su parte, Rendel Heberth, señala: “Este manual es la patente para certificar juntas directivas partidarias leales al régimen con el propósito de asegurar los megaproyectos, eso es como consultar a la militancia de ese partido en lo concerniente al consentimiento de nuestras comunidades para estos proyectos”.

Los considerandos cinco y seis del dictamen, CA No. 01-18-08 -20, por la comisión de Autonomía del Consejo Regional señalan claramente la puesta en marcha de la estrategia política.

“Qua la Junta Directiva en su Resolución 1104-ó3-12-2018 ha mandato la creación del "Manual de procedimiento para la certificación de autoridades territoriales y/o comunales de la Región Autónoma Costa Caribe Sur" en consideración de las irregularidades que se han venido dando recurrentemente en elecciones comunales y territoriales, la que ha redundado en la interposición de recursos de amparo contra el Consejo Regional y la anulación de certificaciones”

“Que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) en el Plan Nacional de Desarrollo Humano y la Estrategia de Desarrollo Humano para la Costa Caribe 2019 - 2029 definió un modelo de desarrollo, que establece como pitar fundamental fortalecer la gobernanza territorial, la implementación del mecanismo da consulta en las comunidades indígenas y afrodescendientes del Caribe Nicaragüense.

La aprobación de dicho “Manual”, fue recurrida de amparo ante el Tribunal de Apelaciones de Bluefields y la Corte Suprema de Justicia por las autoridades comunales y territoriales de la RACCS, pero no han tenido respuesta.

La ruta de la imposición de gobiernos comunales paralelos en la Costa Caribe de Nicaragua

La Ley 445 establece que los Consejos Regionales Autónomos son los llamados a certificar a las autoridades comunales. Los artículos 6, 7 y 8 de esta ley definen claramente las competencias del Consejo Regional, limitándolo simplemente a extender la certificación de las autoridades comunales y territoriales electas en sus asambleas:

Arto. 6. Las elecciones, reelecciones, destituciones y periodos de mandato de las autoridades comunales y territoriales se harán de acuerdo con las costumbres y procedimientos tradicionales de las comunidades indígenas y comunidades étnicas.

Arto. 7. Las elecciones de las autoridades comunales se llevarán a cabo, con la presencia de un miembro de las autoridades territoriales, donde existieren, y un representante del Consejo Regional respectivo, quien certificará la elección de la autoridad correspondiente.

Arto. 8. Las elecciones de las autoridades territoriales, se llevarán a cabo por lo menos con la presencia de un representante del Consejo Regional Autónomo correspondiente, como testigo comisionado para tal efecto, por la Junta Directiva de dicho órgano.

El secretario de la Junta Directiva del Consejo Regional emitirá la debida certificación en un plazo no mayor de ocho días posteriores a la elección. En caso de ausencia de la autoridad señalada la asamblea territorial remitirá el acta de elección al Consejo Regional para su registro y certificación

En caso que el Secretario no extienda la Certificación en el plazo señala la deberá extender de mero derecho, el Presidente del Consejo Regional correspondiente, por otra parte en el proceso de la demarcación territorial, el Estado de Nicaragua a través de la CONADETI, reconoció el derecho y dominio pleno de las tierras comunales en donde  las autoridades comunales y territoriales electas tienen la responsabilidad de resguardar  el patrimonio comunal/territorial por tanto en los artículos 16, 17 y 18 de la ley 445, obliga al Estado nacional a establecer un proceso de negociación con la comunidad para la exploración y explotación de los recursos que se encuentran en las tierras comunales.

En este sentido los artículos obligan al Estado a respetar la autoridad comunal y territorial y también las decisiones que en la comunidad y territorio toman en sus asambleas.

Antes de que Nicaragua fuese República, la Costa Caribe era una región cosmopolita, económicamente activa y poblada por diversos grupos étnicos que compartían un territorio y mantenían un régimen autonómico de acuerdo con sus tradiciones y costumbres. En ese momento era llamada La Mosquitia. La primera Constitución Política de Nicaragua fue promulga el 12 de noviembre de 1838, pero la Costa estaba bajo el protectorado y control de Inglaterra.

En 1894, bajo el mando del General José Santos Zelaya, Nicaragua ocupó militarmente la región. Desde aquel tiempo, la población del Caribe Norte y Sur, han vivido 127 años en una relación de dominio, dependencia, despojo y reclamos históricos vigente hoy en día.

Desde el presidente Zelaya hasta el régimen de Daniel Ortega, los diversos gobiernos han tratado esta región como “la gallinita de los huevos de oro, una caja chica, una alcancía para lucros personales, premios y dividas de tierras y recursos, exploraciones y explotaciones, enriquecimiento ilícito, pero las comunidades indígenas y afrodescendientes se resisten a la homogenización cultural y la pérdida de su identidad”.