"Farsa" en “juicios” contra presas y presos políticos en Nicaragua

El Ministerio Público de Nicaragua anunció el pasado lunes, el inicio de los juicios a unos 46 presas y presos políticos, encarcelados entre los meses de mayo y noviembre de 2021. En este grupo destacan siete personas que aspiraban ser candidatas y candidatos presidenciales para los comicios del pasado siete de noviembre, pero que por su condición de encancerlados políticos, no pudieron evitar que Daniel Ortega se reeligiera y se alzara por quinta ocasión en el poder, la cuarta de forma consecutiva.

La Fiscalía anunció que los juicios darían inicio el pasado martes primero de febrero y que el lugar donde se realizarían las audiencias para las personas detenidas sería en las instalaciones de Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocido como “El Nuevo El Chipote”.

Los primeros casos conocidos en ser enjuiciados fueron Yader Parajón, Yaser Vado. En ambos casos se sabe que fueron declarados culpables por el delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, por lo cual este viernes estaba previsto se les dictaría sentencia, el cual se presume podría ser de entre 10 y 15 años de presión.

El miércoles 2 de febrero le tocó el turno a Ana Margarita Vijil, quien fue declarada culpable por el régimen, también por el delito de “cometer menoscabo a la integridad nacional”, que es igual a decir, “traición a la patria”.

En el juicio que se extendió por varias horas y a puertas cerradas al interior del Nuevo Chipote, se conoció que la sentencia condenatoria será dictada el próximo lunes siete de febrero.

La madre de Vijil, Pinita Gurdián, rechazó la culpabilidad de su hija y denunció anomalías en el proceso. “Este juicio es ilegal e ilegítimo porque condenó a mi hija por delitos que no ha cometido y se le imputan. El régimen la declaró culpable por su labor de defensa de derechos humanos, por soñar una Nicaragua en libertad”, declaró Gurdián. 

Por su parte la exguerrillera e histórica combatiente sandinista Dora María Téllez, fue declarada culpable el jueves por el mismo delito de “Conspiración para menoscabar la integridad nacional”. Al mismo tiempo, el líder estudiantil Lesther Alemán fue declarado culpable, bajo el mismo supuesto delito de los anteriores. En 2018, Lesther Alemán encaró a Daniel Ortega durante la primera sesión del diálogo nacional, lo que le ha generado constantes ataques de parte de fanáticos del régimen. Para la mayoría de los casos, la Fiscalía ha solicitado entre 10 y 15 años de prisión.

Este viernes continuaron los juicios contra las presas y presos políticos. Y en esta ocasión el periodista Miguel Mora, quien aspiraba ser candidato presidencial, es quien encaró la justicia del régimen orteguista. Y como estaba previsto, Mora compartió el mismo veredicto de culpabilidad de sus antecesores; fue declarado culpable por un delito que entre los entendidos no tiene ni pie ni cabeza en contra de las personas acusadas. A la misma vez, María Fernanda Flores, esposa del expresidente Arnoldo Alemán, también fue declarada culpable durante esta jornada. 

Hasta el momento todas y todos los enjuiciados han sido señalados por violar la Ley 1055, Ley de Soberanía, por el supuesto que implica “traición a la patria”. La mencionada, es una Ley ampliamente cuestionada por diversos sectores nacionales e internacionales porque de fondo lo que busca es perseguir y encarcelar las voces críticas al régimen Ortega Murillo.

El abogado defensor Maynor Curtis, quien lleva el caso del también preso político, el periodista y cronista deportivo Miguel Mendoza Urbina (programado para el martes 8 de febrero) y otros cuatro casos más, explico que el hecho de que las audiencias se realicen en las instalaciones de Auxilio Judicial, es una flagrante violación al artículo 121 del Código Procesal Penal. “El juez debe hacer todas sus actuaciones en su cede y aunque se le permite hacer diligencias como inspecciones fuera, lo que está ocurriendo es una más de las violaciones a este proceso. Y es preocupante porque al celebrar audiencia de juicio oral y “público” en el Chipote, de hecho, crea indefensión por esa violación a las reglas procesales”, explicó el defensor.

En anteriores meses, familiares denunciaron que varios presos políticos fueron llevados a audiencias secretas sin la compañía de sus abogados y en algunos casos fueron suspendidas sin que se conocieran las razones.

Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), calificó de “insólito” el comunicado del Ministerio Público del pasado lunes, donde consideró que los calificativos empleados contra las personas acusadas “vaticinan una segura condena”. “Estos no son juicios, son farsas represivas que el régimen utiliza para emitir sentencias condenatorias y seguir intimidando a la población hasta su sometimiento total”, agregó Núñez.

Los 46 detenidos en 2021 son parte de unos 170 presos políticos que permanecen encarcelados desde 2018, a raíz de las protestas sociales que fueron reprimidas con violencia por parte del gobierno de Ortega y Murillo. Diversas organizaciones internacionales de derechos humanos hacen cuentas de unos 355 asesinatos, más de 2.000 personas heridas y más de 100,000 nicaragüenses que salieron al exilio para resguardar sus vidas frente a la violencia estatal.

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