¡Libertad para Miguel Mendoza! demandan periodistas y familiares

Miguel Mendoza cumple 233 días en las celdas de El Nuevo Chipote, por difundir sus ideas y ejercer su derecho a la libertad de expresión a través de sus redes sociales. Este martes, enfrenta un juicio en el que se le acusa de “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”, según el artículo uno y único de la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, aprobada el 21 de diciembre de 2020 y con la que se ha justificado el encarcelamiento de personas de la oposición. 

Luden Quiroz García es el juez a cargo del juicio de este juicio que ha sido calificado como “ilegal” por todas las irregularidades con las que se ha llevado cabo.

En entrevista con Onda Local, Ramón Mendoza hermano de Miguel Mendoza, aseguró que en el caso de Miguel ha persistido la ilegalidad, “que te agarren sin una orden judicial ya desde ahí viene viciado el proceso y luego tenerlo tres meses secuestrado donde la familia no sabíamos nada sobre su estado, sabíamos que estaba ahí en el Nuevo Chipote, por la nota de prensa de la policía, pero fue hasta tres meses después que Margin Pozo, su esposa, logró verlo por primera vez y desde ahí hemos visto la tortura psicológica que Miguel ha tenido desde su aprensión”.

Para Ramón y su familia, que Miguel Mendoza no pueda ver a su abogado, no pueda tener una frazada, sus alimentos, que esté en una celda de castigo y sea interrogado a cualquier hora del día es, “una total violación a los derechos humanos, por lo tanto para nosotros es un proceso nulo, no lo reconocemos”, agregó.

Ramón expresó que toda persona presa tiene derechos, pero a Miguel no se le han respetado, “debían permitirle hacer una llamada a su familia o a su abogado, luego suspendieron el proceso y lo reabren seis meses después”. El hermano de Miguel destaca que como familia desde el inicio dieron a conocer que el abogado no ha tenido acceso al expediente del periodista, no ha tenido una visita privada y desconocen si los recursos aparecen en el expediente, “lo único que nosotros sabemos es que el abogado asistió a la audiencia inicial y es el único momento en que el abogado lo ha visto”.

Sobre la acusación a Miguel, Ramón Mendoza asegura que su hermano “no ha aplaudido sanciones, no ha solicitado intervención extranjera y era muy responsable con las publicaciones que difundía. Yo no sé en qué se basa la fiscalía, para verlo como prueba las publicaciones que él ha hecho, porque es lo único que hay, tampoco sé cuáles serán los testigos, porque testigo es toda Nicaragua en relación con la inocencia de Miguel y lo que ha publicado en sus páginas, eso todo mundo lo sabe”.

Después de siete meses, Ramón visitó a su hermano el pasado 22 de enero, “fue impactante, ver su estado físico, pregunta por nuestra mamá que es una anciana de 90 años y por su pequeña hija, en esa visita también vi su fortaleza espiritual, sé que Miguel está fuerte”.

La libertad de expresión que ejercía Miguel Mendoza en las redes sociales es respaldada por la Constitución Política de Nicaragua, el artículo 30 refiere que, “los nicaragüenses tienen derecho a expresar libremente su pensamiento en público o en privado, individual o colectivamente, en forma oral, escrita o por cualquier otro medio”.

Periodistas en el exilio protestan en Costa Rica

Un grupo de periodistas nicaragüenses en el exilio protestó en las afueras del Colegio de Periodistas de Costa Rica en demanda de la libertad de prensa en Nicaragua y la liberación del periodista Miguel Mendoza, quien también integra Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN).

Minutos después de la protesta, PCIN dio a conocer un pronunciamiento  con respecto al juicio en contra de Miguel Mendoza, al que catalogan como “un juicio ilegal y plagado de arbitrariedades que sólo tiene como fin tratar de silenciar las voces de las mujeres y hombres de prensa que a diario informan a pesar del riesgo que representa en Nicaragua”.            

En el comunicado repudian “todo acto de crueldad, abuso de poder y malicia" cometido en contra del periodista y continúan demandando al Estado de Nicaragua el respeto a la libertad de prensa y expresión en el país, "seguimos y seguiremos ejerciendo el periodismo desde donde estemos a pesar de las amenazas, persecución y leyes arbitrarias", finalizaron.