GTRK denuncia presiones para firmar convenio de El Canal
- 10 Ene 2016
- 5:35 p.m.
Mediante un comunicado, autoridades del Gobierno Territorial Rama-Kriol (GTR-K) denunciaron que están siendo presionados para firmar el “Convenio de Consentimiento Previo, Libre e Informado para la Implementación del Proyecto de Desarrollo del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua”.
La Clausula Segunda del Arriendo Perpetuo del Área Requerida, afirma que el Área Requerida, siendo propiedad comunal y respetando lo establecido en la Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de la Costa Caribe de Nicaragua y los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz (Ley 445), permanecerá bajo el pleno dominio de los Pueblos Rama y Kriol.
Agrega que para el uso del Área Requerida, la Comisión Nacional de Desarrollo del Gran Canal de Nicaragua y el Gobierno Territorial Rama y Kriol suscribirán un Contrato de Arrendamiento Perpetuo en el que se definirá el canon de arrendamiento anual, pagadero en dólares de los Estados Unidos de América a partir de la firma del presente Convenio de Consentimiento, el cual será de carácter vinculante.
“Damos a conocer al pueblo nicaragüense y a la comunidad internacional que los funcionarios del Estado de Nicaragua, Michael Campbell, funcionario de ProNicaribe; Danilo Chang, el delegado del megaproyecto del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua en la Región Autónoma del Caribe Sur (RACS), y Rubén López, ejecutivo del Gobierno en la RACS, están presionando desde el día 8 de enero de 2016 a los miembros del Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR-K) para que firmen un documento supuestamente dando el “Consentimiento Libre, Previo e Informado” del pueblo indígena Rama y de las comunidades Kriol que lo conforman para realizar en su territorio el megaproyecto y sus subproyectos”, afirma el comunicado.
Lo anterior ocurrió durante una cesión del GTR-K promovida y auspiciada por dichos funcionarios estatales, realizada los días 8 y 9 de enero de 2016. No obstante, ante la negativa de las autoridades indígenas y afrodescendientes de firmar, los funcionarios plantearon trasladarlos a Managua para hacerlos firmar.
El megaproyecto atravesaría el territorio Rama y Kriol sobre el cual el 18 de diciembre del año 2009 el Estado de Nicaragua, emitió “Título de Pleno Dominio” a favor de las 9 comunidades que integran el Territorio Rama y Kriol, habiéndose titulado a su favor 406,849.30 hectáreas de tierra firme de lo que fuera su territorio tradicional, así como 22 cayos integrados al título y 441,308 hectáreas de área marítima otorgadas para el desarrollo de la pesca artesanal. El título les fue entregado en ceremonia solemne en la Casa de los Pueblos de la mano de Daniel Ortega.
Según el comunicado, “ahora estos funcionarios pretenden que el GTR-K entregue a la Comisión Nacional de Desarrollo del Gran Canal de Nicaragua 263Km2 (Doscientos Sesenta y Tres Kilómetros Cuadrados) para la implementación del megaproyecto, por medio de un “contrato de arrendamiento perpetuo” el que “Una vez aprobado, firmado y sellado el Presente Convenio de Consentimiento Previo, Libre e Informado para la Implementación del Proyecto del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y Sub Proyectos, tanto por el Gobierno Territorial Rama y Kriol como por la Comisión Nacional de Desarrollo del Gran Canal de Nicaragua, esta adquiere carácter de Ley y debe ser publicada en La Gaceta, Diario Oficial de las y los Nicaragüenses”. Todo esto aunque el artículo 24 de la Ley 445 establece: “El Estado reconoce el Derecho que tienen las Comunidades Indígenas y Étnicas sobre las tierras que tradicionalmente ocupan… y reconoce y garantiza la inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad de las mismas.”
Las autoridades indígenas y afrodescendientes han solicitado la asistencia técnica de un abogado de su confianza que les permita entender las implicaciones del documento a firmar, la presencia de un observador internacional y conocer los resultados del Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS). De acuerdo al comunicado, los funcionarios les dijeron que el abogado no era necesario, y que cuando firmaran, les explicarían lo del EIAS.