Dictadura eliminó a más de mil oenegés en su intento de desarticular la sociedad civil organizada

En el futuro o en el presente inmediato, las consecuencias de esta acción del régimen Ortega Murillo serán la disminución de la cooperación externa, el aumento de la pobreza y una sociedad civil fragmentada, propensa a la violencia generalizada y el conflicto social, advierte sociólogo.

***

Desde 2018, año en que se agudizó la crisis política en Nicaragua producto de la represión del régimen orteguista contra la ciudadanía que salió a manifestarse, al menos 1,174 organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales y extranjeras, han sido canceladas.

El 27 de julio les tocó el turno a 100 organizaciones más. Entre las recientes oenegés canceladas por la Asamblea Nacional, controlada por el orteguismo, se encuentra la Asociación Centro de Asistencia Legal a los Pueblos Indígenas (Calpi) que denunciaban las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua y que ha denunciado constantemente la complacencia del gobierno ante el despojo de las tierras indígenas por parte de colonos.

Además de Calpi, también fueron eliminadas organizaciones ambientales, religiosas, de productores de alimentos, entre otras.

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, “condena la cancelación arbitraria de la personalidad jurídica de 100 organizaciones no gubernamentales por supuestamente incumplir la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley de Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”.

El colectivo de derechos califica los procesos contra las ONG como arbitrarios e inconstitucionales. “El propósito de estas cancelaciones es ejercer un control absoluto y silenciar a la sociedad; perseguir a quienes opinan diferente y establecer un pensamiento único, violentando los derechos humanos del pueblo nicaragüense”, señala la organización.

Con el actuar del régimen orteguista se vulnera el derecho de libertad de asociación, participación política, el legal y debido proceso, precisa el colectivo.

Las consecuencias inmediatas o a futuro

El sociólogo y docente de filosofía política, Enmanuel Mongalo, explica que al eliminarse las ONG, el primer impacto negativo es el desempleo del personal técnico, profesional y académico que laboraba en esas organizaciones.

De igual forma, este acto lesiona la capacidad organizativa, de autogestión y asociación de la sociedad civil.

Mongalo considera que estas organizaciones realizan funciones como cuidado y preservación del medio ambiente. A través de proyectos sociales estas ONG ayudan a reducir la pobreza. También por medio de la creación de capacidades para resolver problemas de salud sexual y reproductiva, problemas de salud y educación, señala el sociólogo.

“Todos esos ejes los organismos no gubernamentales los cubrían y aunque el gobierno los cubre, estos organismos lo que hacen es fortalecerlos. La función de las ONG es positiva”, afirma Mongalo.

En el futuro o en el presente inmediato, las consecuencias de esta acción del régimen serán la disminución de la cooperación externa con Nicaragua, el aumento de la pobreza y una sociedad civil fragmentada, propensa a la violencia generalizada y el conflicto social, advierte el sociólogo.

El argumento del régimen

Por todos los medios de propaganda del régimen se repite una y otra vez el argumento legal o la justificación para cancelar a las organizaciones no gubernamentales.

La página web de radio La Primerísima publicó una nota en la que menciona que las 100 ONG que fueron canceladas este 27 de julio, “no presentaron sus estados financieros, donaciones previas, provenientes del exterior y sus directivas se encontraban acéfalas”.

Sin embargo, muchas de las organizaciones que han sido eliminadas denunciaron que el Ministerio de Gobernación, institución que regula a las ONG, no recibió sus estados financieros a propósito.

Lo que sigue después, es que el régimen se apodera de los bienes de estas organizaciones, como sucedió con el Centro Humboldt, el Cenidh, el Programa Feminista La Corriente, entre otros.