Régimen de Ortega obliga a empleados públicos a verificarse

Ya hemos visto en el pasado que el régimen de Daniel Ortega hace uso de su poder para obligar a las personas que trabajan en el Estado a que voten por su partido, violando el derecho que tienen las y los nicaragüenses de elegir libremente a sus representantes, como lo manda el Art. 30 de la Ley Electoral, “El sufragio universal, igual, directo, libre y secreto, es un derecho de los ciudadanos nicaragüenses” señala la ley.

Pero Ortega y sus estructuras no se rigen por la Constitución, en las pasadas elecciones presidenciales, el régimen cometió una serie de delitos electorales, como el uso de bienes del Estado para su campaña electoral, movilizaron a la población para que fueran a los centros de votación y a funcionarios para presionar a sus subordinados a que votaran por el partido de gobierno, según señaló el grupo de Abogados de Acción Penal en octubre de 2021.

La violación de los derechos políticos en Nicaragua continúa a la orden del día. Este miércoles 24 de agosto, Urnas Abiertas denunció que docentes del Ministerio de Educación (MINED) y personal del Ministerio de Salud (MINSA) están siendo obligados a participar de la Verificación Ciudadana, la cual fue anunciada el pasado 18 de agosto por el Poder Electoral, subordinado a Ortega.

Según Urnas Abiertas operadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) están solicitando a las Instituciones del Estado, las listas de las personas que están cumpliendo con la Verificación Ciudadana. Estás listas deben ser enviadas a los secretarios políticos. “Además están utilizando medidas coercitivas como: verificarse de forma presencial en los centros de cómputos habilitados o bien, verificarse en línea y enviar captura a sus jefes inmediatos”.

Votaciones municipales en menos de tres meses

De acuerdo con los registros históricos del Consejo Supremo Electoral, desde el año 2000 es la primera vez que se convoca a elecciones municipales faltando menos de tres meses. En 2017 fueron convocadas un cinco de mayo, por lo que se organizaron en seis meses.

Esto se debe a las reformas realizadas a la Ley Electoral aprobadas en mayo por la Asamblea Nacional, en donde se redujo el tiempo de campaña, de 75 a 30 días para las elecciones generales (presidenciales y legislativas) y de 20 días para las municipales.

Olga Valle, directora de Urnas Abiertas refirió en un informe publicado en las redes sociales del organismo, que “el CSE sigue comprometiendo la integridad electoral y nacional al convocar a unas elecciones municipales con tan poco tiempo”. Valle agregó que la demora en la convocatoria de las elecciones, además de ser una práctica sistemática, es una decisión discrecional del CSE que afecta la posibilidad de que exista una verdadera organización, participación y fiscalización ciudadana.

Las “elecciones” municipales se llevarán a cabo el próximo 06 de noviembre, en el que se “asignarán” los cargos de alcaldes, alcaldesas, vicealcaldes y vicealcaldesas municipales de los 153 municipios del país.