Daniel Ortega nacionaliza a otro ciudadano salvadoreño investigado por corrupción

El régimen de Daniel Ortega otorgó este 26 de septiembre la nacionalidad nicaragüense al salvadoreño Víctor Roberto Zaldívar Iraheta, quien fungió en su momento como diputado suplente del Partido de Concertación Nacional (PCN) en el periodo 2003-2006 y estaba siendo investigado en el 2017 por presuntas irregularidades en sus declaraciones de patrimonio.

Zaldívar Iraheta fue uno de los 76 exfuncionarios de distintas administraciones y órganos del Estado de El Salvador investigado por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de ese país.

De acuerdo con la resolución del Ministerio de Gobernación publicada este lunes en la Gaceta, diario Oficial, Zaldívar Iraheta, obtuvo la nacionalidad, debido a que “cumplió con los requisitos y formalidades establecidas en las leyes”.

También menciona que es inversionista, que tiene un vínculo de consanguinidad con ciudadana nicaragüense y que acreditó su residencia permanente en Nicaragua desde el 31 de enero de 2014.

Según medios oficialistas, Zaldívar es un empresario del Grupo Mega y es dueño de 39 tiendas con el nombre y línea de Megaboutique.

No es la primera vez que el régimen otorga la nacionalidad nicaragüense a políticos salvadoreños que están siendo investigados y acusados de corrupción, ya que el 30 de julio de 2021 la dictadura nacionalizó al expresidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén, quien es buscado por la Justicia de su país por cargos de supuesta corrupción.

También la familia de Sánchez Cerén ha sido nacionalizada. El pasado viernes 23 de septiembre, el regimen les concedió la nacionalidad nicaragüense a tres nietos del expresidente y a los padres de los menores les fue dada el 07 de abril del presente año.

El primer político salvadoreño que la dictadura nacionalizó fue el expresidente Mauricio Funes, quien obtuvo la nacionalidad nicaragüense el 30 de julio de 2019.  

Ambos expresidentes tienen una orden de captura internacional, pero la Constitución Política de Nicaragua, en su artículo 43 expresa que, “los nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional” y al obtener la nacionalidad nicaragüense gozan de este derecho.