Presidente de Costa Rica no puede pasar por encima de lo que su país ha ratificado para proteger a refugiados, sostienen expertos en Migración

Hasta septiembre de 2022, unos 179,132 nicaragüenses solicitaron refugio en Costa Rica. De esa cantidad, un poco más de 4,000 han recibido su estatus oficial de refugiado.

La exrelatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos de las personas migrantes, Gabriela Rodríguez Pizarro, señaló que el mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves, no puede "pasar por encima de lo que el país ha firmado y ratificado" en materia de protección migratoria. "No es un asunto solo del presidente de la República".

Así se refirió la exrelatora tras las declaraciones realizadas este miércoles por el mandatario tico, quien con el argumento de que hay migrantes que abusan del sistema de refugio costarricense y que la comunidad internacional no le ha colaborado a como debe, anunció que no aceptarán más a "migrantes económicos" que piden refugio solo para establecerse en su país.

Las críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos han salido al paso de las declaraciones del presidente. El Servicio Jesuita para Migrantes, en un fuerte comunicado, rechazó categoricamente las advertencias emitidas porque "pueden colocar en circunstancias de mayor vulnerabilidad a las personas refugiadas en Costa Rica".

Rodríguez Pizarro aseguró que Chaves no puede hacer este tipo de declaraciones que son una amenaza. "Porque lo que hizo ayer fue una amenaza. Él habló de una forma que no se espera de un presidente de la Republica. Es absolutamente inesperado. Costa Rica ha recibido enormes beneficios de la mano de obra, principalmente, de la población nicaragüense", agregó.

Chaves lanza critica a OIM y Acnur

El mandatario costarricense criticó la falta de apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia Central de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) para enfrentar el fenómeno migratorio.

Desde que iniciaron en abril de 2018 las manifestaciones sociales en contra de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, miles han tenido que huir del país ante las represalias políticas. En su mayoría se movilizaron con destino a Costa Rica. Desde esa fecha hasta septiembre de 2022, al menos 179,132 nicaragüenses solicitaron refugio en esta nación.

Las autoridades migratorias han manifestado que esta ola de personas ha sobrepasado sus capacidades, por lo que el nivel de respuestas no ha sido ágil. Hasta la actualidad, un poco más de 4,000 nicaragüenses han recibido su estatus oficial de refugiado. Lo que representa más del 2.4% del total de solicitudes.

Mientras que, hasta esa misma fecha, la Dirección General de Migración y Extranjería  de Costa Rica le ha denegado la condición de persona refugiada a más de 4.800 nicaragüenses.

No reducir el término de refugiado

La exrelatora de la ONU sostuvo que el "calificar de manera despectiva a las personas que deciden pedir refugio en el país podrían promover tratos xenofóbicos". "La gestión de la migración en Costa Rica debe darse de una manera ordenada, siguiendo los parámetros establecidos en los tratados y convenios internacionales firmantes", dijo la especialista.

En un reclamo directo al presidente tico, el Servicio Jesuita para Migrantes le objetó que debe saber muy bien que las personas llegan "porque han tenido que huir para resguardar su integridad física y emocional". "Es fundamental no caer en un tratamiento ligero de la tragedia que significa la movilidad forzada de personas y la complejidad de los flujos migratorios que suceden en Costa Rica y el resto del continente", puntualizó la organización.

Con la crítica que realiza el Servicio Jesuita para Migrantes sobre el mal uso del término de "refugio" que usó el mandatario durante su comparencia, también coincide la exrelatora Rodríguez Pizarro.

"No es correcto el término refugio político, ni refugio económico, esos términos no existen. Son refugiados y ya. Un refugiado no es solamente un refugiado político. Hay gente que no tiene qué comer, hay gente que está siendo perseguida por el crimen organizado internacional y que huye por salvar su vida”, señaló Rodríguez Pizarro .

Por su parte, la Asociación Nicaraguense por un Futuro Mejor se sumó al rechazo de la posición del mandatario tico. "El Estado de Costa Rica, al ser un país signatario de Tratados Internacionales de Derechos Humanos, está obligado a recibir a toda persona que solicite asilo o refugio en su territorio. De lo contrario, estaría incurriendo en violación al Derecho Internacional, Tratados Internacionales y su propia Carta Magna".

En un comunicado público, Jhoswel Martínez, director ejecutivo de dicha asociación, le recordó al Poder Ejecutivo que "este tipo de discursos que hablan de los migrantes con narrativas no aclaratorias y con cierto grado de populismo, alienta al crecimiento del nacionalismo agresivo y fomenta la cultura de la xenofobia".

El aporte nica a la economía tica

El catedrático costarricense Carlos Granados Chaverri, destacó en una entrevista publicada por República 18 en agosto de este año, que la economía de Costa Rica “no es viable y no es concebible sin el trabajo de los nicaragüenses”. Asimismo, comentó que su país no podría mantener los negocios si no tiene el apoyo de “la fuerza de trabajo de Nicaragua".

Los migrantes nicaragüenses aportan un 12% al Producto Interno Bruto (PIB) de Costa Rica, según un estudio de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización Mundial del Trabajo (OIT), publicado en 2018. También señala que los trabajos que los nicaragüenses realizan son escasamente demandados por la mano de obra tica.

En Costa Rica, históricamente las personas migrantes nicaragüenses han trabajado principalmente en cuatro sectores de la economía: agrícola, construcción, pesca y servicios.

Priorizar los derechos antes que reclamos

La Ley General de Migración y Extranjería de Costa Rica, indica en el artículo 106, que el reconocimiento de la condición de refugiado estará sujeto a las normas estipuladas en los instrumentos internacionales aprobados, ratificados y vigentes por el Gobierno de Costa Rica sobre la materia.

La Ley señala que se entenderá como refugiada a la persona que "debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, por causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país".

Para el Servicio Jesuita es fundamental no reducir el concepto de persona refugiada a una persecución por razones políticas. "Es urgente que la administración del señor Rodrigo Chaves priorice, por encima de los reclamos que hace a la comunidad internacional, la protección, la seguridad jurídica y la eficiencia en la prestación de servicios públicos a los que está obligado el Estado Costarricense, para con las personas refugiadas en el país", recordó.

Rodríguez Pizarro sostiene que Costa Rica se ha convertido en un país que ha acumulado a migrantes que han “quedado en el medio” durante su viaje del Sur hacia el Norte. Se refiere a los miles de venezolanos que, tras el cierre de la frontera de Estados Unidos a ciudadanos de Venezuela, quedaron varados sin poder retornar a su país de origen. 

También recomendó que “para esta crisis no hay una solución única. Pero no puede perjudicarse así (cerrándoles la frontera) a personas que están en muy malas condiciones. Es muy triste ver niños migrantes en la calle pidiendo dinero, recogiendo basura. Y no puede ser que nos dediquemos a hacer este tipo de cosa” que atentan contra los derechos humanos.

Ciudadanía nica consciente de sus compromisos

"Tengo la responsabilidad de aclararle respetuosamente que miles de nicaragüenses hemos venido a Costa Rica pidiendo refugio, pero no pidiendo limosna”, replicó ante las declaraciones del mandatario tico el académico Adrián Meza Soza, rector de la Universidad Paulo Freire, quien huyó de Nicaragua por persecución política luego que el régimen de Daniel Ortega le cancelara la personería jurídica a la academia que él dirigía.

Meza, quien aperturó este año la Universidad Paulo Freire en Costa Rica tras su cierre obligatorio en Nicaragua, manifestó que los migrantes y refugiados "están dispuestos a pagar o seguir pagando los impuestos que corresponden" con el propósito de no ser ninguna carga para el Estado.

Solicitantes de refugio ocupan trabajos de baja calificación y bajos salarios

Por otro lado, el Plan Nacional de Integración para Costa Rica 2018-2022 estima que los nicaraguenses representan el 75% de la población migrante y refugiada total en Costa Rica, de esta cantidad la mayoría llega a ocupar puestos de trabajo de baja calificación y bajos salarios.

El Plan también revela que “los trabajadores inmigrantes de ambos sexos procedentes de Nicaragua, no se ocupan con alta frecuencia en Costa Rica en la misma ocupación que poseían en su país. De hecho, se incorporan en las ocupaciones a las que pueden acceder, frecuentemente, sobre todo en el caso de las mujeres, de peor cualificación".

Destacan que las personas migrantes, refugiadas o solicitantes de refugio están sujetas a recibir bajos salarios y discriminación salarial en razón con el estatus migratorio. Están sujetos, además, a condiciones de grave vulnerabilidad y falta de acceso a una vivienda digna por los altos costos de vida en Costa Rica.