Régimen cocina estrategia de control de las tecnologías

A través de un convenio suscrito con Rusia, la dictadura Ortega Murillo dio un paso más para concretar su plan para “prevenir, detectar, investigar el uso incorrecto, abusivo y delictivo de las TIC”, así lo expresó el canciller orteguista Denis Moncada el pasado martes durante la firma del convenio en la que participó el embajador ruso en Managua, Alexander Khokhólikov, el secretario adjunto del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, Oleg Khramov y el hijo de la pareja dictatorial, Laureano Ortega.

Moncada hizo alusión a la Ley 1042 o Ley Especial de Ciberdelitos, creada en el contexto de las protestas para criminalizar a ciudadanos nicaragüenses que se expresaran en las redes contra el gobierno. “Nicaragua tiene una ley de ciberseguridad que establece promover, preservar y garantizar el uso soberano y confiable del ciberespacio” afirmo el canciller.

Varias personas vinculadas a la oposición guardan prisión en las cárceles de nicaragua tras ser acusados de cometer ciberdelitos o de propagar noticias falsas, solo por el hecho de criticar al régimen a través de las diferentes plataformas digitales.

La Ley 1024, también conocido como “Ley Mordaza” fue aprobada el 27 de octubre de 2020 y entró en vigencia el 30 de diciembre del mismo año.

El canciller orteguista refirió también que el convenio suscrito con Rusia, “es un elemento clave para la seguridad internacional y la paz”, agregó además que “las seguridades internacionales enfrentan amenazas ante el uso no pacífico de las tecnologías, que ilícitamente pueden ser utilizadas para afectar la soberanía de los Estados con injerencias en los asuntos internos y desestabilizando en los ámbitos políticos, económicos y sociales”.

Por su parte Oleg Khramov, cuyas declaraciones reprodujeron medios oficialistas, refirió que “El contenido principal de esta cooperación tiene que ser la defensa de la soberanía nacional de cada uno de los partes participantes. Nosotros estamos listos para cooperar en las condiciones de la lucha ante la amenaza creciente en este ámbito informático”.

“Uso indebido y abusivo” es práctica del régimen

El uso indebido y abusivo de las TIC, que ahora el régimen pretende controlar, ha sido una práctica recurrente de la misma dictadura, un ejemplo claro son las granjas de troles que partir de las protestas ciudadanas del 2018, Telcor habilitó en distintas instituciones estatales, como un intento de contrarrestar con propaganda partidaria y mensajes de odio contra la oposición, la masiva concurrencia del pueblo nicaragüense a expresarse en las redes sociales, luego de que la dictadura prohibiera las protestas en las calles. 

El primero de noviembre del año pasado, la empresa Meta, en ese momento propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram, a través de un informe dio a conocer que eliminó 937 cuentas de Facebook, 140 páginas, 24 grupos y 363 cuentas en Instagram, vinculadas al gobierno de Nicaragua y que operaban “para engañar a las personas alrededor del mundo, ya sean extranjeras o locales”. Meta agregó que estas redes de troles “publicaban contenido positivo acerca del gobierno y comentarios negativos sobre la oposición, usando cientos de cuentas falsas para promover sus posts”.

Ortega amenazó a empresa de telecomunicaciones

El 10 de noviembre pasado, durante la clausura del Congreso Nacional de la Juventud Sandinista, Ortega hizo alusión a los millonarios ingresos que perciben las empresas de telecomunicaciones, de las cuales dijo no existe una relación justa entre sus lucrativos ingresos y los impuestos que pagan.

“Esas empresas tienen ingresos multimillonarios, es cierto que tienen que pagar un impuesto, pero no es una relación justa la que tenemos. Ahí habrá que ver con ellos cómo se habla para que puedan aportar más”, dijo el dictador, lo que también se ha interpretado por sectores de la oposición como parte del control que el régimen quiere ejercer sobre el uso de las telecomunicaciones en el país.

En Nicaragua operan actualmente varias compañías transnacionales pero las más importantes son América Móvil que opera con la marca Claro y Millicom, propietaria de la marca Tigo.

A raíz de las protestas cívicas del 2018, la dictadura Ortega Murillo ha confiscado y clausurado medios de comunicación independientes, entre canales de televisión, radioemisoras y medios impresos, tanto de cobertura nacional como local, pero hasta la fecha no ha podido controlar a los medios digitales que a diario informan a través de sus plataformas en internet.