Mujeres indígenas: “La violencia nos despoja de la tierra y nos arrebata la vida”

En Nicaragua 57 mujeres y niñas han sido asesinadas de enero a noviembre de 2022, según el Observatorio Voces. Catorce de estos femicidios ocurrieron en la Costa Caribe, diez femicidios en el Caribe Norte y cuatro en el Caribe Sur.

Apenas comenzaba el 2022 cuando el país se conmovió con el asesinato de la blufileña Martha Robinson a manos de su expareja Bernardo Melecio Ruiz Chow. Hoy condenado a cadena perpetua. En ese momento la familia de Martha denunció ante los medios de comunicación la negligencia de la policía orteguista. “A las dos de la mañana llegaron a la policía de Bluefields, fueron a poner la denuncia, pero la policía dijo que en pleitos de pareja no se metían y no fueron. Mi hermana vivía a menos de media cuadra, bien podían caminar, pero dijeron que la camioneta andaba en otro servicio”, nos relató entre lágrimas Roger José Robinson Aragón, uno de los hermanos de Martha.

Desde entonces los femicidios no han parado. El 13 de marzo, después de días de haberla reportado como desaparecida, el cuerpo de Marling Martínez Fenly de 21 años, fue encontrado con signos de violencia. La violaron y estrangularon hasta quitarle la vida. Marling era miskita y habitaba en el territorio indígena de Li Aubra. Su caso sigue en la impunidad.

El 14 de julio de 2022, Marlon Noel Ríos Rizo le arrebató la vida a Kenia López de 20 años, originaria de Matiguás, pero vivía en Bonanza. Doce días después, el 26 de julio, en Puerto Cabezas, Costa Caribe Norte, fue asesinada Keyli Jasmira Roberteau Matute de 27 años. Su entonces pareja Elián Alfonso Jiménez Mayorga, de 21 años la violó y asfixió. Aunque simuló la escena para que pareciera un suicidio las investigaciones revelaron que fue femicidio.

A los casos anteriores se suman los femicidios en grado de frustración. El lunes 31 de octubre, en Laguna de Perlas, Costa Caribe Sur, Anielka Goff López de 30 años decidió separarse de Tayron Martínez Estrada de 35 años. A dos meses de esa decisión, Tayron la agredió con un machete causándole lesiones. Hoy se encuentra prófugo.

Otra mujer que se salvó de ser asesinada fue Lisa Reyneria Willians Michael, de 22 años, quien fue agredida por su expareja, Lenin Pasquier Salvador de 25 años, en la comunidad de Waspado, municipio de Rosita, en el Caribe Norte.

Olvidadas por el Estado

Las mujeres indígenas que viven en comunidades alejadas con poco acceso a información y atención son las más desprotegidas por el Estado. La falta de aplicación de la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, hace que los esfuerzo que han hecho las organizaciones de la sociedad civil para la prevención y erradicación de la violencia de género no tengan los resultados esperados. Es oligación del Estado mejorar las políticas públicas de prevención de la violencia hacia las mujeres.

Una líder de la comunidad Yahbra Tagni del territorio indígena Kipla Sait Tasbaika Kum, señala que las mujeres indígenas se enfrentan a múltiples violencias. La violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica, violencia sexual y embarazos forzados.  

“Porque se ha normalizado que los hombres embarazasen a las mujeres, a las jovencitas, les mienten que les van a apoyar y luego de embarazarlas huyen a otra comunidad y simplemente no se hacen cargo, y la sociedad ve esto normal, entonces las mujeres tienen que cargar doblemente con esta responsabilidad de los hijos, por esta razón también hay mucha violencia emocional”, explica.

La situación se complejiza cuando las mujeres tienen varios hijos y deciden conformar una familia. “Por el machismo es muy común que los padrastros maltraten a sus hijastras, también hay muchos casos donde los padrastros embarazan a las hijas de sus parejas, y nadie dice nada, se ha normalizado. Prevalece ahorita los embarazos en adolescentes y la mayoría son de hombres que le doblan la edad, hombres mayores e incluso de la tercera edad”.

• El Código Penal de Nicaragua, Ley 641, establece en el artículo 168 que quien sostenga relaciones sexuales con personas menores de 14 años comete el delito de violación y será sancionado con penas que van desde los 12 a 15 años de prisión.  El delito de Estrupo (cuando una persona mayor de edad sostiene relaciones sexuales con adolescentes) es sancionado con penas de dos a cuatro años de prisión.

A los diversos obstáculos que las mujeres indígenas enfrentan se suma la falta de acceso a la justicia. “Ni siquiera tenemos una policía, una comisaría, como son comunidades pequeñas simplemente, tenemos autoridades como los famosos whistas (jueces comunales), pero ellos no priorizan estas problemáticas, están enfocados en otros asuntos” refiere la comunitaria.

Las mujeres de estas zonas han planteado la situación en las iglesias, se lo han informado a líderes locales, han buscado ayuda para que los casos sean llevados a la vía legal y sean judicializados, pero no han encontrado respuestas. “Esto beneficia a los agresores, por ejemplo, si a tu hija la violaron o alguien la embaraza o la agrede no hay acceso, por eso la violencia se sigue reproduciendo en las comunidades”.

La líder relata que cuando se reúnen en la comunidad siempre hablan de la necesidad del acceso a la justicia, de la importancia de una comisaría, de lo urgente de recibir capacitaciones para conversar con otras mujeres, que nunca han escuchado y reconocido los daños que causa la violencia y por ese mismo desconocimiento la normalizan.  

Otra mujer que vive en la comunidad La Esperanza, territorio de Li Aubra denuncia que muchas mujeres están sufriendo debido a que colonos o terceros, secuestran y matan a sus parejas e hijos por defender sus territorios. “El gobierno manda a los colonos a nuestras tierras. Hay mucha tristeza en nuestros hogares, como mujeres ya no podemos trabajar nuestras tierras, para mantener a nuestros hijos”, refiere.

La demanda de estas mujeres es clara. “En este día nuestra demanda es que saquen a los colonos de nuestras tierras, solo así podremos tener paz en nuestros territorios, antes vivíamos plenamente con nuestras familias, todos nos apoyábamos para subsistir, ahora vivimos con la incertidumbre de qué nos va a pasar. Seguimos demandando justicia y clamamos saneamiento”.

También demandan tener las mismas oportunidades que tienen quienes habitan en otros territorios. “Porque en el resto del país por muy pequeño que sea, ya sea la comarca tienen cierto acceso, pero nosotras las mujeres indígenas de la Costa Caribe vivimos con esta problemática durante décadas y nunca vemos progreso, la violencia sigue igual como vivían nuestras ancestras y no es posible”, denuncia.

Las mujeres indígenas no quieren más violencia en sus vidas y sus territorios. Desean poder beber su wabul en paz, vivir sin miedo y poder alzar la voz sin temor a ser secuestrada, abusada o asesinada.