“Jugosos viáticos” a cambio de firmas

“Jugosos viáticos y pasajes en avión”, fueron ofrecidos a miembros del Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR-K), en el Municipio de Bluefields, Región Autónoma del Caribe Sur, a cambio de firmar un acuerdo para la construcción de El Canal Interoceánico. Así lo expresa un  comunicado emitido por comunidades indígenas y afrodescendientes.

Según dicho comunicado, hoy 3 de mayo de 2016, representantes del Gobierno de Nicaragua, “llevaron a Managua a algunos miembros del GTR-K”, con el fin de que firmaran un contrato de arrendamiento por el uso de unos 263 kilómetros cuadrados. Sin embargo, no se realizó el debido proceso de consulta de conformidad con los estándares requeridos por la normativa nacional e internacional.

En el comunicado se afirma que un Representante de la Presidencia de la República, intentó llevarse con engaños a Wendy Queenn, vicepresidenta del Gobierno Comunal de Monkey Point, una de las nueve comunidades que conforman el Territorio Rama y Kriol, diciéndole que el Presidente de Monkey Point la estaba esperando en Managua. No obstante, al descubrir que era mentira, se negó a viajar, al igual que otros líderes comunales.

Desde enero de 2014, líderes de las comunidades de Monkeyn Point, Wiringkay y Bangkukuk Taik, zonas que serán afectadas de llevarse a cabo la construcción del megaproyecto, han venido denunciando la falta de un proceso de consulta, así como la violación de los estatutos del Territorio Rama y Kriol y de las resoluciones tomadas por su Asamblea Territorial, según la Ley 445.

Ver: Gente y comunidades en la ruta de El Canal

Funcionarios del gobierno nacional y regional, refiere el comunicado, han ido a las comunidades Rama y Kriol a divulgar que el megaproyecto traerá toda clase de bondades, sin embargo, no mencionan que la comunidad de Bangkukuk, sería desplazada de su territorio tradicional y titulado por el Estado en el año 2009.

A mediados de mayo de 2016, se realizó una sesión del GTR-K, donde se decidió por mayoría, que “no firmarían ningún documento por la falta de asesoría legal en todo el proceso, así como por no haber contado con un observador internacional, como lo ordenó la Asamblea Territorial del Territorio Rama y Kriol en diciembre de 2013”.

Según el comunicado emitido, en los próximos días líderes del GTR-K y de las comunidades afectadas, presentarán un Recurso de Amparo ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), denunciando violaciones al proceso de consulta libre, previa e informada.

El GTR-K, está integrado por 18 miembros de cada una de las nueve comunidades que lo conforman.