Feministas salvadoreñas suman sus voces en demanda de justicia por el caso de Beatriz

En el marco del Día Internacional de las Mujeres, activistas feministas y defensoras de derechos humanos realizaron el radiatón “Somos la Fuerza de Beatriz”,  este 07 de marzo en el que dieron a conocer la historia de Beatriz y la demanda contra del Estado salvadoreño quien le negó el derecho al un aborto.

Durante el evento Sara García, integrante de Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador destacó que este espacio es una lucha por la memoria histórica, “recordar la fuerza Beatriz que fue quien interpeló y se atrevió a desafiar la justicia patriarcal salvadoreña y puso al centro el querer vivir y eso nos ha dado apertura de hablar sobre el derecho a decidir”.

García señaló que en gran parte de la región centroamericana como es el caso del El Salvador, Honduras y Nicaragua tienen penalizado el aborto, formas punitivas de tratar un tema de salud pública.

Parte de las reflexiones de Sara es que la penalización del aborto también afecta a la familia de las mujeres. “Beatriz, tuvo que pasar 81 días para poder acceder a una interrupción del embarazo, que terminó siendo una histerectomía y eso significó estar en cuidados intensivos, perder sangre, estar lejos de su familia, haber enfrentado esas formas de tortura y estas violencias de Estado no solo le afectaron a ella sino también a su familia”

Al menos 91 millones de mujeres en edad reproductiva viven actualmente en países que prohíben el aborto por completo según cifras del Centro de Derechos Reproductivos, esta organización también señala que la incapacidad de acceder a un aborto legal, seguro y gratuito afecta a 700 millones de mujeres en el mundo. Al respecto la Organización Mundial de la Salud en 2022 informó que unas 47,000 mujeres mueren cada año como resultado de los 25 millones de abortos inseguros que se practican.

Amnistía Internacional ha dicho que “los derechos sexuales y reproductivos, la capacidad de las mujeres para controlar su fertilidad y reproducción, el acceso al aborto, son fundamentales para la realización plena de los demás derechos humanos”, el organismo concluye que cuando los Estados criminalizan el aborto no protegen sus derechos, ya que al impedirlo solo hace que este sea menos seguro y vulnere la vida de las mujeres.

En 2004 durante una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos destacó que el feto no se considera una persona directamente protegida por el artículo 2 de la Convención de Derechos Humanos que está referido al derecho a la vida, porque si así fuera, “se limitarían de manera abusiva los derechos establecidos a las personas ya nacidas”.

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La lucha por la despenalización del aborto

Según cifras de Amnistía Internacional más de 50 países han modificado su legislación para permitir el acceso al aborto en los últimos 25 años. Sin embargo, aún existen 24 países en los que la práctica continúa prohibida entre este grupo se encuentran El Salvador, Honduras y Nicaragua.

En El Salvador el aborto está prohibido en todas las circunstancias, incluso cuando el embarazo sea a causa de una violación o la vida de la embarazada esté en riesgo. Según la legislación de este país una mujer acusada de abortar puede ser condenada a 40 años de cárcel y quienes le ayuden incluyendo el personal médico pueden ser condenados a 12 años de cárcel.

En 2013 el caso de Beatriz, una joven de una zona rural de El Salvador dio la vuelta al mundo. Beatriz padecía de Lupus Eritematoso Sistémico, una enfermedad que complicó su primer parto en 2012. Nueve meses después, Beatriz descubrió que nuevamente estaba embarazada, pero esta vez era de mucho mayor riesgo debido a sus enfermedades y a los antecedentes de su embarazo anterior. Además, un ultrasonido que se realizó determinó que el feto padecía de anencefalia, es decir que no presentaba partes de su cerebro y cráneo, tampoco la posibilidad de vida fuera del útero.

Ante esta situación Beatriz solicitó interrumpir su embarazo, pero el médico por el que fue atendida le dijo que su solicitud era ilegal, pese a que este procedimiento podría salvar su vida. Es importante mencionar que, las autoridades salvadoreñas aseguraron que su petición representaba “una amenaza a los derechos del no nato”.

Durante este proceso Beatriz denunció recibir amenazas y ser hostigada por el personal de salud, por lo que solicitó el apoyo de organizaciones sociales para exponer su situación. Ante esta situación, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgaron medidas cautelares y provisionales a Beatriz.

El 3 de junio Beatriz comenzó con trabajo de parto, fue sometida a una cesárea y el feto falleció cinco horas después.

Según medios locales, el 29 de noviembre de 2013 con el apoyo de distintas organizaciones, Beatriz presentó una demanda contra el Estado de El Salvador ante la Corte IDH, pero Beatriz falleció en octubre de 2017 tras un accidente en motocicleta y no encontró justicia ante su caso.

En 2022, la Comisión IDH solicitó a la Corte IDH que concluya y declare la responsabilidad internacional del Estado de El Salvador por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, vida privada, igualdad ante la ley, protección judicial, y derecho a la salud.

No es la primera vez que El Salvador es denunciado internacionalmente por violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En noviembre de 2021, el Estado salvadoreño fue condenado responsable de la muerte de Manuela, una mujer condenada a 30 años de prisión por tener una emergencia obstétrica que le hizo perder su embarazo y que murió en custodia policial por no recibir atención médica adecuada.

Después de la muerte de Beatriz, su familia continuó con el proceso y consiguieron junto a organizaciones feministas llevar el caso a tribunales internacionales, para que el Estado salvadoreño sea condenado y que esto se traduzca en “cambios estructurales”. Este 2023 se cumplen diez años del caso Beatriz y el juicio se realizará este próximo 22 y 23 de marzo ante la Corte IDH.