OEA analizará el “desacato permanente” del Estado de Nicaragua

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Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos • Foto: OEA

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) tendrá una sesión ordinaria el miércoles 29 de marzo de 2023, donde examinará “la situación de desacato permanente del Estado de Nicaragua y la desprotección absoluta de los benefiarios” de las medidas provisionales que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha emitido en favor de 46 nicaragüenses.

"La posición asumida por Nicaragua…no hay ninguna voluntad de cumplir con lo ordenado por la Corte, constituye un acto de evidente desacato de las decisiones de esta Corte, contrario al principio internacional que impone al Estado el deber de acatar sus obligaciones convencionales de buena fe, así como un incumplimiento del deber de informar a este tribunal", dice una resolución emitida por la Corte IDH en noviembre de 2022.

El 20 de noviembre de 2022 la Corte IDH declaró al Estado nicaragüense en "desacato permanente", por no cumplir con ninguna de las medidas provisionales emitidas entre junio de 2021 y octubre de 2022.

El 24 de junio de 2021 la Corte IDH había emitido las primeras medidas provisionales a favor de Juan Sebastián Chamorro García, José Adán Aguerri Chamorro, Félix Alejandro Maradiaga Blandón y Violeta Mercedes Granera Padilla. En julio, la Corte IDH otorgó medidas provisionales a favor de Tamara Dávila. El nueve de septiembre, amplió las medidas a favor de Lesther Alemán y Freddy Navas López.

En noviembre de 2021 y mayo de 2022 estas medidas se extendieron a favor de Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro, Walter Gómez, Marcos Fletes.  Pedro Vásquez, Arturo Cruz, Luis Rivas, Miguel Mora, Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil, Suyen Barahona, Hugo Torres, Víctor Hugo Tinoco, José Pallais, Michael Healy, Álvaro Vargas, Medardo Mairena, Pedro Mena, Jaime Arellano, Miguel Mendoza, Max Jerez, Mauricio Díaz y Edgar Parrales.

En estas resoluciones se requirió al Estado de Nicaragua que procediera a la liberación inmediata de cada una de estas personas, sin embargo la dictadura ignoró las seis resoluciones de la Corte IDH.

Nueve meses después de la última resolución emitida por la Corte donde se exigía la liberación de 46 personas, el régimen de Daniel Ortega desterró a 222 personas presas políticas, violentando sus derechos al quitarles la nacionalidad nicaragüense. Otras 94 personas se sumaron a la lista de nicaragüenses desterrados y convertidos en apátridas.

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo aún mantiene bajo prisión a 37 personas. Entre ellas, Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, a quien el régimen mostró el pasado 25 de marzo después de 40 días de aislamiento. Álvarez se encuentra detenido en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro de Tipitapa, condenado a 26 años de prisión.

La Corte informó que Nicaragua ha remitido comunicaciones donde expresa su total rechazo a las medidas provisionales “por considerar que las mismas siguen un guión impuesto por los Estados Unidos de Norteamérica” e “incluyen una narrativa parcializada”.

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