Detenciones exprés y libertad condicional, la nueva modalidad de represión de Daniel Ortega

Eran las 6:30 de la tarde del miércoles 03 de mayo de 2023 cuando una vecina del barrio Buena Vista Sur, municipio de Rivas, informó a Onda Local que agentes policiales con pasamontaña subieron a una patrulla policial al Octavio Ortega Arana, conocido activista nicaragüense, quien en años anteriores demandó la derogación de la Ley Canalera (Ley 840) porque esta comprometía la soberanía nacional y el lago de Nicaragua.

Al mismo tiempo, empezaron a circular alertas sobre redadas policiales en varias partes del país. En Estelí, norte de Nicaragua, el periodista William Aragón, fue sacado de la casa donde reside y trasladado en una patrulla policial con rumbo desconocido. La detención de Aragón en pleno Día Mundial de la Libertad de Prensa provocó indignación y preocupación entre periodistas independientes.  

Estas redadas de la Policía Nacional contra periodistas, personas opositoras y líderes territoriales fueron catalogadas por personas defensoras de derechos humanos como una ola represiva de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El Monitoreo Azul y Blanco informó que, durante el operativo, 22 mujeres y 35 hombres fueron víctimas de secuestro por parte de la Policía. No se tiene certeza de cuántas personas fueron detenidas esa noche.   

La Unidad Nacional Azul y Blanco reportó que las detenciones fueron ejecutadas en los municipios de Managua, Chontales, Masaya, Granada, Madriz, Chinandega, Rivas, Estelí, Nueva Segovia y la Costa Caribe. La acción de carácter represivo se manifestó en interrogatorios para las personas detenidas, confiscación de sus celulares, computadoras, pasaportes, documentos de trabajo, dinero y hasta escrituras de propiedad.   

En la madrugada del 4 de mayo, cuando el orteguismo celebra el Día de la Dignidad Nacional, las personas fueron dejadas en libertad condicional y regresadas a sus casas. Hasta entonces trascendió que fueron llevadas a la Dirección de Auxilio Judicial (DAG) donde les celebraron audiencias exprés y les informaron de que estaban siendo acusadas por los supuestos delitos de conspiración y propagación de noticias falsas. No tuvieron acceso a abogados y se les dejó en libertad con la obligatoriedad de presentarse a firmar diariamente en las delegaciones policiales o juzgados de sus municipios.

Se trata de la imposición de un régimen de país por cárcel, afirman personas defensoras de derechos humanos. “Se acerca la conmemoración del 30 de mayo, Día de la Madre en Nicaragua, y esta es la antesala a una escalada represiva”, dijo la Unidad Azul y Blanco en un comunicado publicado en sus redes sociales. El 30 de mayo de 2018, el régimen de Daniel Ortega, atacó una gigantesca marcha en Managua y otros departamentos del país, dejando a varios jóvenes asesinados.  

Onda Local tuvo acceso a una lista de 50 personas que fueron detenidas esa noche  y cuyas acusaciones están registradas en el sistema en línea de la Corte Suprema de Justicia. En esta, aparecen el periodista William Aragón, el activista Octavio Ortega, casos que fueron dados a conocer a través de Onda Local. También, Maricruz Bermúdez, madre de Richard Pavón Bermúdez,  el primer joven asesinado en el contexto de las protestas de 2018. En la lista aparecen otras personas comunicadoras cuyos nombres se mantienen bajo anonimato.   

El viernes 5 de mayo, la periodista Hazel Zamora, su hija de 13 años y su hijo de 6,  viajaban en un bus de Managua a Bluefields, Costa Caribe Sur de Nicaragua, cuando la policía les bajo.  Zamora fue detenida y trasladada a una delegación policial de Managua. Posteriormente fue dejada en libertad condicional con la obligación de presentarse a formar diariamente.  

El periodista William Aragón dijo a Onda Local que fue trasladado a las instalaciones del Chipote en Managua y como a la una de la madrugada, un juez le dijo que estaba en una "audiencia informativa por difundir noticias falsas".  

Desde el viernes Aragón y las demás personas afectadas, asisten desde muy temprano a las instalaciones policiales de sus localidades, aunque en el caso del periodista, se le obligó a reportarse al municipio de Somoto, pese a ser originario de Estelí, lo que ha generado un golpe emocional y económico. "Tendré que destinar 120 córdobas diarios sin incluir comida u otros gastos… Prácticamente perderé el día y no tendré tiempo para seguir trabajando en fontanería, con lo que me he estado defendiendo desde que cerraron La Prensa". Según Aragón, intentó hacerle ver su situación al juez, pero este le dijo que se callara y “que agradeciera” que lo dejaban ir.  

Danny Ramírez Ayérdiz del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh), dijo que, lo ocurrido, “es una nueva fase del terrorismo de Estado” del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes intentan promover el miedo generalizado en la sociedad nicaragüense.

Mencionó Ramírez que este tipo de situaciones donde se utiliza a la autoridad, como es el caso del Poder Judicial y los mecanismos coercitivos del Estado como la Policía, son propios del terrorismo de Estado, porque lo que se busca es realizar gigantescos actos de demostración de poder en perjuicio de las personas opositoras; “para que el resto de la población no se atreva a expresar lo que está viviendo el país”.

Agregó que, la acción se cataloga como “crimen de lesa humanidad de detención arbitraria”, lo que está prohibido por el derecho penal internacional y la misma legislación nicaragüense.

Por su parte Ivania Álvarez, defensora de derechos humanos e integrante del Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas, enfatizó que los patrones represivos más fuertes del régimen se realizan entre abril y mayo de cada año. Afirma Álvarez que esto responde al temor de la dictadura de que se dé otro  levantamiento cívico como el que ocurrió en 2018.

“Hemos tenido jornadas altas de detenciones como las elecciones del 2021 donde fueron más de 30 detenidos (…) pero esto que pasó la noche del 3 de mayo, es solo comparable con la operación limpieza”, manifestó.

Asimismo, Carla Sequeira de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, ahora radicada en Estados Unidos, analizó que la idea de Daniel Ortega es la de “reafirmar el Estado Policial de facto” que ha impuesto desde el 2018, donde el segmento de ciudadanía que piense diferente no tiene derecho a expresar ningún tipo de idea ante la sociedad.

“El régimen pretende crear un ambiente de incertidumbre en la población. Su objetivo también permanece en los presos políticos que aún mantiene en los sistemas penitenciarios, para que estos no puedan manifestarse como lo hicieron en 2019 otros disidentes secuestrados por la dictadura.