Suspensión de abogados en Nicaragua es “aberración jurídica” y “terrorismo de Estado”
- 12 May 2023
- 9:00 p.m.
La magistrada Alba Luz Ramos, presidenta del Poder Judicial, acompañada por el otrora vocero de ese poder del Estado, Roberto Larios, hoy desterrado por la dictadura y también inhabilidad de por vida para ejercer como abogado. • Foto: El 19 Digital
Las resoluciones emitidas por de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), controlada por Daniel Ortega, en las que se inhabilita de por vida a 26 juristas nicaragüenses, ha tenido una serie de reacciones tanto por parte de las personas afectadas, como de personalidades internacionales y diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos.
La abogada Yonarqui Martínez, la primera en ser suspendida, a través de una sentencia emitida por la CSJ el pasado 9 de mayo, señaló que no reconoce la suspensión porque no se le permitió la defensa ni acceder a los archivos.
Martínez relató que le notificaron que debía entregar sus títulos profesionales, lo que aseguró “no lo he hecho, no lo voy hacer, no reconozco las irregularidades que ha cometido el Poder Judicial”.
La jurista agregó que presentarse ante las oficinas de ese poder, significa darle credibilidad. “Así que como abogada no voy a prestarme a tal represalia” aseguró. También dijo que su labor como defensora no va terminar, porque dicha suspensión la hace asumir un mayor compromiso con la ciudadanía y ahora como víctima.
Martínez se solidarizó con los 25 colegas que posterior a ella, también fueron despojados de su libre ejercicio como abogados y notarios.
Este 11 y 12 de mayo el Poder Judicial emitió dos resoluciones adicionales en la que inhabilita de por vida del ejercicio de las profesiones de abogados y notarios a 25 personas, que meses atrás ya habían sido despojadas de la nacionalidad nicaragüense.
De igual manera otras personas que forman parte de la lista han reaccionado desde el destierro a la ilegal resolución de la dictadura.
Solidaridad internacional
La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), publicó en su cuenta de Twitter este viernes 12 de mayo: “La FIDH rechaza enfáticamente la privación del ejercicio de la abogacía contra abogados nicaragüenses, entre ellos, reconocidas personas defensoras de derechos humanos como Vilma Núñez de Escorcia, Secretaria General Adjunta de la FIDH”. La entidad internacional, agrupa a 188 organizaciones de derechos humanos en 116 países.
El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH), también emitió un comunicado en el que expresa que la resolución de la CSJ de Nicaragua es nula por su contraposición con el principio de legalidad y la violación al debido proceso.
En tanto el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, expresó al respecto, también a través de twitter, que “sin derecho de defensa no puede haber justicia o democracia”, y agregó que, con la inhabilitación definitiva de los abogados, el régimen en Nicaragua solo intenta disfrazar su autoritarismo.
“Aberración jurídica” y “terrorismo de estado”
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, emitió un comunicado repudiando la inhabilitación de por vida como abogados y notarios públicos a 25 nicaragüenses a quienes criminaliza y castiga por haber acompañado a personas presas políticas y sus familiares en su demanda de justicia y libertad.
En su comunicado el Colectivo califica la suspensión como una “aberración jurídica, totalmente arbitraria, ilegal e inconstitucional”.
Por su parte el director ejecutivo de Instituto Interamericano por la Democracia, Carlos Sánchez Berzaín, también se manifestó a través de sus redes condenando la decisión de la justicia orteguista, acción a la que calificó como “persecución y terrorismo de estado”, a la vez dijo es una violación infraganti de los derechos humanos.
CALIDH en consonancia con Sánchez Berzaín, señala que el régimen busca atemorizar a los abogados que están en nicaragua para ejercer un control férreo sobre ellos, como parte de las dinámicas de terrorismo de estado. “CALIDH se solidariza con las y los abogados afectados y confía que en el futuro transicional estas decisiones serán derogadas sin más.” Finaliza diciendo el comunicado.
La jurista y catedrática nicaragüense, Asunción Moreno, también en el exilio, reaccionó a la decisión del régimen, señalando que Ortega y Murillo sigue tejiendo una cadena de graves violaciones de derechos humanos, esta vez contra los abogados, quienes primero fueron desnacionalizados. Moreno calificó la acción como “otra pena ilegal infame”.
Encabezan la lista de personas inhabilitadas, Edgar Parrales, José Pallais, Noel Vidaurre, Roberto Larios, José Talavera y Hugo Rodríguez. También fueron suspendidos, Ana Margarita Vijil, María Oviedo, Moisés Astorga y Roger Reyes.
El canal de aguas turbias inundado por la corrupción del régimen Ortega Murillo
En una segunda resolución aparecen, entre otras personalidades, Uriel Pineda, Mónica López Baltodano, Eliseo Núñez, Vilma Núñez, Héctor Mairena, Gonzalo Carrión y Álvaro Leiva. Así como el escritor Sergio Ramírez.
Cabe resaltar que en la lista también están incluidos personajes que otrora fueron aliados del régimen como el exmagistrado de la CSJ, Rafael Solís, el exvocero de la misma institución, Roberto Larios y Marlon Sáenz, conocido como el Chino Enoc.
